Cabos sueltos en la historia sobre Goulart
El derrocado y exiliado presidente Goulart era vigilado noche y día por los servicios argentinos. Cuando murió, los peritos dijeron que fue a causa de “una enfermedad”. No hubo autopsia. Su nombre figuraba en la lista del Plan Cóndor.
Por Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
La Comisión de la Verdad decidió exhumar los restos de João Goulart, el presidente derrocado por un golpe militar el 1964 y que murió exiliado en la provincia argentina de Corrientes el 6 de diciembre de 1976. La familia, que desde 2006 pide reiteradamente que se investigue la verdad de la muerte de Goulart, dice que hay razones consistentes para creer que él fue envenenado. La versión oficial de los peritos argentinos es tan corta como absurda: ‘enfermedad’. No aclara qué tipo de enfermedad. Vale recordar que en 1976 Argentina vivía su propio infierno bajo la dictadura de Jorge Rafael Videla, el general genocida. No había razón para tener mayor cuidado a la hora de registrar lo que causó la muerte de un ex presidente constitucional derrocado doce años antes en el vecino Brasil.
Goulart era vigilado noche y día por los servicios argentinos, atendiendo a pedidos de sus pares brasileños. Querían saber cada paso del hombre que pretendió impulsar reformas de base en Brasil y terminó barrido por un golpe que entronizó a los militares en el poder a lo largo de una larga noche que duró 21 largos años.
Goulart, un progresista que quiso llevar a cabo una reforma agraria profunda, universalizar la educación pública laica y gratuita, estrechar lazos del país con el resto del continente y controlar la ganancia de rapiña de las multinacionales, terminó exiliado primero en Uruguay y, luego del golpe de 1973, buscó abrigo en el interior de Argentina. Heredero de una familia de poderosos hacendados en Brasil, tenía tierras en la provincia de Corrientes.
Al decidir abrazar el pedido de los hijos del presidente muerto, la Comisión de la Verdad se lanza en la más importante de sus investigaciones. Hay muchos cables sueltos en esa historia, y ahora surge la posibilidad de aclarar un panorama de tinieblas.
Al día siguiente de la muerte de Goulart, el entonces dictador brasileño, general Ernesto Geisel, autorizó que sus restos fuesen sepultados en Brasil, a condición de que no se realizara ninguna autopsia. Empezaron ahí las sospechas: el presidente muerto era uno de los nombres más sonoros en la lista del Plan Cóndor, el macabro operativo que reunía a los servicios de inteligencia de las dictaduras de Chile, Argentina, Paraguay, Bolivia, Uruguay y Brasil para perseguir, reprimir y liquidar opositores en sus territorios. El Cóndor se formalizó en 1975, pero fue a partir del golpe de Argentina, en marzo de 1976, que sus acciones se multiplicaron.
En mayo de aquel año fueron secuestrados y muertos en Buenos Aires dos nombres de proa de la resistencia uruguaya, el senador Zelmar Michelini y el diputado Héctor Gutiérrez Ruiz. Los dos fueron sacados de sus habitaciones del hotel Liberty, en plena avenida Corrientes, el mismo en que Goulart se hospedaba cuando iba a la capital argentina. El había salido dos días antes.
En junio, el general Juan José Torres, un militar boliviano de espíritu abierto y generoso, un izquierdista que había presidido su país por un corto y esperanzado año –entre octubre de 1970 y agosto de 1971– hasta ser derrocado por el siniestro Hugo Bánzer, fue muerto en la silla de un peluquero de barrio, en una ciudad de provincia, a unos 100 kilómetros de Buenos Aires.
En agosto, un dudoso accidente mató, en la ruta que une Río y San Pablo, a Juscelino Kubitschek, un demócrata que presidió Brasil entre 1955 y 1960, creó Brasilia, trajo la industria automovilística al país y era extremamente popular.
En septiembre, fue asesinado en Washington el ex canciller de Salvador Allende, Orlando Letelier, voz poderosa e incansable en las denuncias contra las barbaridades de Augusto Pinochet. Y en diciembre murió, también en Argentina y “de enfermedad”, Goulart, último presidente constitucional antes de que se implantara la dictadura en Brasil.
Esa formidable secuencia de muertes puede sonar a cualquier cosa menos a coincidencia. La eficacia del Plan Cóndor estaba comprobada. Lo que llama la atención en la decisión de exhumar los restos de Goulart es el nuevo rumbo y la clara profundización de los trabajos de la Comisión de la Verdad en Brasil.
La iniciativa cuenta con la aprobación de la presidenta Dilma Rousseff, que pasó a exigir más osadía de la Comisión y determinó que se pusieran todos los esfuerzos necesarios para aclarar la participación del país en el Plan Cóndor.
Son décadas de indiferencia de la sociedad brasileña sobre su pasado, desde el retorno de la democracia, en 1985. De poco valieron, en ese sentido, los movimientos iniciados en las presidencias de Fernando Henrique Cardoso (1995-2002) y Lula da Silva (2003-2010), ambos perseguidos por la dictadura.
Pues hay señales de que ahora, con Rousseff, la primera mujer que preside el mayor país latinoamericano y que, más que persecución, padeció cárcel y tortura, Brasil buscará la verdad que sigue sepultada en una tierra oscurecida e indigna, la del olvido cobarde y cómodo.
Tumba sin protección
El Ejército de Brasil rechazó un pedido para custodiar la tumba del ex presidente João Goulart, cuyos restos serán exhumados por orden judicial, y a solicitud de la Comisión de la Verdad, ante la sospecha de que haya sido envenenado. El jefe del Segundo Regimiento de Caballería Mecanizada, teniente coronel André Alvares, informó que esa unidad no enviará efectivos para garantizar la inviolabilidad del sepulcro de Goulart. Lo hizo en respuesta a un pedido oficial del alcalde de São Borja, Farelo Almeida, quien formó un grupo de trabajo para garantizar la seguridad de los restos con vista a su exhumación. Oficialmente se informó que la causa de su deceso fue “una enfermedad”, pero tiempo después se divulgó la sospecha de que pudo haber sido envenenado en el contexto del Plan Cóndor, la coordinación de persecución a opositores por parte de las dictaduras que gobernaban entonces a los países del Cono Sur. La familia del ex mandatario solicitó que el cadáver fuera analizado por peritos internacionales ante la sospecha de que hubiera sido envenenado.
13.05.2013
La Comisión de la Verdad teme que el mausoleo sea violado
El Ejército brasileño se negó a custodiar la tumba de Goulart
Los restos del ex presidente derrocado en 1964 serán exhumados, ante la sospecha de que pudiera haber sido envenenado por los militares, pero el jefe del destacamento de São Borja no está dispuesto a movilizar efectivos.
El teniente coronel Andre Alvares, jefe del Segundo Regimiento de Caballería Mecanizada del estado de Río Grande del Sur, sorprendió ayer al anunciar que no está dispuesto a ordenar que efectivos de esa guarnición se movilicen para garantizar la inviolabilidad de la tumba de "Jango", enterrado desde 1976 en el cementerio de la ciudad de São Borja, situada al oeste de ese estado y fronteriza con la localidad argentina de Santo Tomé, en la provincia de Corrientes.
Alvares respondió con una tajante negativa y sin argumentos a un pedido oficial presentado por el alcalde de São Borja, Farelo Almeida, responsable de un grupo de trabajo que asumió la responsabilidad de garantizar la seguridad de los restos del ex presidente, que serán exhumados en el correr de este año para ser analizados por un equipo de antropólogos forenses de Brasil, Argentina y Uruguay. Hasta anoche no se conocía ninguna reacción oficial del gobierno de Dilma Rousseff y en el Ministerio de Defensa guardaron absoluto silencio.
La Comisión de la Verdad –establecida en 2011 para investigar los crímenes y otras violaciones a los Derechos Humanos cometidos durante la dictadura cívico-militar (1964-1985)– y la Secretaría de Derechos Humanos de la Presidencia consideran necesaria la exhumación de los restos de Goulart, fallecido durante su exilio en la provincia argentina de Corrientes, el 6 de diciembre de 1976, ante los indicios crecientes de que su muerte fue un magnicidio ejecutado en el marco del Cóndor.
Ante las sospechas de que el infarto que causó la muerte de Jango haya sido acelerado por un veneno suministrado por agentes de las fuerzas de seguridad del Plan Cóndor, la Comisión de la Verdad decidió el 3 de mayo pasado acoger un pedido de la familia de Goulart. La decisión fue trasladada a la justicia y la fiscal Suzete Bragagnolo le dio curso, y anunció que para garantizar la seriedad de la investigación se invitará a forenses de Argentina y Uruguay, con vasta experiencia en la materia. La fecha de la exhumación aún no fue definida.
Rosa Cardoso, abogada de la Comisión de la Verdad, justificó la decisión afirmando que "hay indicios concretos" de que Goulart fue vigilado en el exilio –desde que llegó a Uruguay, en 1964, hasta que murió en Argentina, en 1976– por agentes de ambos países y de Brasil, y que existe la posibilidad de que haya sido asesinado por orden de la dictadura brasileña, tal como lo sostiene la familia. Entre los indicios, mencionó las sospechas de que el ex presidente fue envenenado con una pastilla con potasio y clorato deshidratado por orden del comisario Sergio Fleury, uno de los principales comandantes brasileños de la represión durante los años de la dictadura.
Goulart murió a los 56 años y fue enterrado en su natal São Borja. La familia había denunciado que la dictadura había obstruido la realización de una autopsia en 1976. "Sabemos que hubo una orden del general Ernesto Geisel para que nadie pudiera abrir el cajón", dijo João Vicente, hijo mayor del ex gobernante y presidente de la fundación que lleva su nombre.
La familia se convenció de la importancia de realizar la exhumación a casi 37 años del entierro, porque ahora hay certeza de que las modernas tecnologías detecten la presencia de un veneno suministrado hace tantos años. Además, la exhumación "ofrecería una prueba material para comprobar la causa de la muerte y podría corregir la historia oficial, informando que un presidente de la República fue asesinado", dijo el hijo de Goulart. El esclarecimiento del hecho podría coincidir con el 50º aniversario del golpe de Estado cívico-militar de 1964.
el otro
plan: tres años antes
Tres años antes de derrocar al gobierno constitucional de João Goulart, los militares brasileños habían montado un operativo para asesinar al presidente cuando aún no había asumido el cargo y viajaba desde China para asumir en lugar de Janio Quadros. La noticia se conoció la semana pasada, medio siglo después, por boca de un militar retirado que se negó a participar del plan urdido en 1961 y contó su versión a la Comisión de la Verdad. Goulart, que gobernó el país durante tres años, hasta 1964, moriría 15 años después en la provincia argentina de Corrientes.
El coronel aviador Roberto Baere contó los detalles del plan que se había preparado para matar a Goulart: derribar el avión que lo llevaría desde Porto Alegre, capital del estado de Río Grande del Sur, hasta Brasilia. La revelación se conoció un día después de que la Justicia anunciara que, por pedido de la Comisión de la Verdad, se exhumará el cadáver del ex presidente para determinar si fue envenenado, en lo que sería el primer magnicidio del Plan Cóndor. La conspiración había sido montada por militares de ultraderecha que pretendían impedir que el 25 de agosto de 1961 Goulart llegara a Brasilia para asumir tras la renuncia de Quadros a la jefatura de Estado, forzada por los militares.
El dato
Autopsia
La familia denunció que la dictadura había obstruido la realización de una autopsia en 1976.
Fuente:TiempoArgentino
Una jueza paró la privatización del Maracaná por irregularidades
Es por pedido del Ministerio Público. La misma firma que hizo el estudio de viabilidad de la concesión sea la que se adjudicó la gestión por 35 años, la renta prometida al Estado y las obras complementarias "que afectarían a la comunidad".
El recurso interpuesto por Faria prohíbe al gobierno de Río de Janeiro firmar cualquier contrato referente al proceso de concesión, hasta que la justicia se pronuncie sobre una demanda en la que el Ministerio Público cuestiona la licitud de la privatización. Además, la jueza determinó que, en caso de incumplimiento de su orden, la gobernación de Río deberá pagar una multa de 5 millones de reales (unos 2,5 millones de dólares).
El consorcio integrado por la constructora Odebrecht (90%), la empresa IMX (5%), controlada por el multimillonario Eike Batista, y la compañía estadounidense AEG (5%) había sido anunciado recientemente como vencedor de la licitación para administrar el Maracaná a partir del 2 de junio. Había ofrecido pagar por la concesión 181,5 millones de reales (unos 90,7 millones de dólares) en 33 cuotas anuales.
Leé la nota completa en el sitio de Tiempo Argentino - Una jueza paró la privatización del Maracaná por irregularidades
Fuente:INfoNews
Un polémico operativo
Autoridades nacionales y policiales de Brasil anunciaron que investigarán el caso de un operativo realizado el año pasado por la Policía Civil de Río de Janeiro en una favela, luego de que se divulgara un video en el que se observan abusos y la manipulación de un cadáver para alterar la escena. Las imágenes, divulgadas ayer por el diario Extra, de la Red Globo, fueron obtenidas mediante dos cámaras, una dispuesta en uno de los dos helicópteros que sobrevolaban la favela Do Rola, y otra colocada en la gorra de uno de los agentes que participó del operativo. El video comienza mostrando a efectivos de la Coordinadora de Recursos Especiales), un grupo de elite, sobrevolando en helicóptero un bar que funciona como punto de venta de drogas ilícitas y que es vigilado por delincuentes portando fusiles. Minutos después se ve que desde otro helicóptero policías abren fuego contra el bar, frente al cual pasaban transeúntes, incluso niños. En la escena siguiente, los agentes ya están en tierra, dentro del comercio, y se los ve festejando entre risas y abrazos el hallazgo de tres cadáveres ametrallados. Un cuarto cadáver es encontrado en una casa próxima al bar y, al constatar que la víctima no estaba armada, los efectivos transportan el cuerpo, de manera descuidada hacia el interior del bar. La ministra de Derechos Humanos, Maria do Rosário Nunes, advirtió que exigirá explicaciones sobre el caso a la gobernación carioca. “Son imágenes muy fuertes, el objetivo de la Policía debe ser localizar y detener a los delincuentes, jamás perseguir y matar”. La ministra agregó que el caso encierra una serie de violaciones a los derechos humanos. “¿Qué clase de práctica es esa de sobrevolar una comunidad disparando? ¿Qué tipo de práctica es esa de modificar una escena de muerte?”, se preguntó indignada.
Fuente:Pagina12
Fuente:Pagina12
No hay comentarios:
Publicar un comentario