Luego de que el pasado 6 de mayo se diera inicio al juicio por los delitos de lesa humanidad cometidos en Capilla del Rosario (Catamarca) entre el 11 y el 12 de agosto de 1974, contra 14 miembros del Ejército Revolucionario del Pueblo (ERP), este lunes 20 de mayo, a partir de las 9:00hs se reanudarán las audiencias en el Tribunal Oral Federal (TOF) de calle Sarmiento 695.
En la sesión pasada, el abogado de la defensa, Lucio Montero, planteó al tribunal la nulidad de todo el proceso judicial basándose en que el fiscal federal que instruyó esta causa, Santos Reynoso, no poseía un título de abogado y ejercía su cargo ilegítimamente. Asimismo, denunció a los querellantes por “asociación ilícita”, pues motivados por “un afán desmedido de venganza” estarían tergiversando los hechos, enmarcándolos como delitos de lesa humanidad cuando, según Montero, se trató de “un enfrentamiento circunstancial con terroristas armados”. Finalmente, el tribunal rechazó la totalidad de estos planteos y decidió pasar a un cuarto intermedio hasta este lunes 20 de mayo.
Para esta nueva audiencia se espera que declaren los primeros testigos. Según está previsto se comenzará a partir de las 9:00am y habrá cuarto intermedio para retomar por la tarde. Quienes deseen presenciar la audiencia pueden hacerlo concurriendo este lunes al TOF con DNI.
PORQUE AQUEL PASADO ES HOY PRESENTE: JUICIO Y CASTIGO A LOS REPRESORES DEL PUEBLO CATAMARQUEÑO!!
AHORA Y SIEMPRE!! AHORA Y SIEMPRE!!
Comisión de Apoyo a los Juicios por Delitos de Lesa Humanidad – Catamarca
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NOTA DE ARCHIVO
EL ANCASTI
POLICIALES/JUDICIALES
Catamarca - Miércoles 30 de agosto de 2006
EL ANCASTI accedió a documentos que permanecieron ocultos desde hace 32 años Autopsias confirman que se ejecutó a los guerrilleros Aunque las pericias eran claras, la Justicia nunca investigó de oficio lo sucedido. Todos los cuerpos presentan heridas certeras, casi todas en el tórax.
Uno de ellos recibió tres balazos en la parte posterior de la cabeza, en lo que fue una clara ejecución. 1974, confirman que éstos no murieron en un enfrentamiento sino que fueron ejecutados. Los protocolos de dichas pericias, llevadas a cabo por tres médicos forenses de la Policía provincial, se encuentran ahora incorporada a la causa iniciada a partir de la denuncia que realizaron representantes de organismos defensores de los Derechos Humanos y se convirtieron en una de las pruebas más contundentes para afirmar que miembros del Ejército Argentino y posiblemente de la Policía provincial cometieron entonces delitos de lesa humanidad, por lo tanto imprescriptibles para la ley penal.
E L ANCASTI tuvo acceso a esos documentos, en los que se detallan y muestran gráficamente las heridas de bala sufridas por cada uno de los integrantes del ERP: todos recibieron disparos certeros efectuados a corta distancia, que afectaron órganos vitales e incluso en algunos casos miembros superiores, usados en un gesto defensivo reflejo. Un caso es paradigmático y por demás elocuente: el del guerrillero identificado entonces como Norberto Carlos Rufino o José Eduardo Gruss: la pericia indica que presentaba cuatro disparos de arma de fuego, tres en el cráneo con orificio de entrada en región parietal posterior izquierda, occipital y temporo-occipital izquierda, con salida en región frontal, cavidad orbitaria y región auricular derecha respectivamente”.
El cuarto disparo lo recibió en la parte posterior de la muñeca izquierda. Es decir, le dispararon desde atrás y posiblemente intentó cubrirse la cabeza con sus manos antes de ser ejecutado Denuncias Esta situación ya había sido denunciada públicamente en 1974, aún a costa de su seguridad personal, por los abogados Mardonio Díaz Martínez, Mario Marca y Alfredo “Cuqui” Curuchet. Éste último letrado apareció asesinado con 50 balazos, en La Plata. La última vez que se lo vio con vida fue abordando el ómnibus desde la Terminal de Catamarca. Se sospecha que el homicidio lo cometió la Triple A.
Sin embargo, ni con las denuncias realizadas entonces -los abogados mencionaron que las heridas tenían rastros de pólvora, lo que indica que los disparos se hicieron a corta distancia- ni con las pericias oficiales a la vista, la Justicia jamás inició una causa de oficio para investigar las circunstancias de lo ocurrido en Capilla del Rosario. Sí fueron juzgados y condenados en el fuero federal trece guerrilleros capturados en distintos puntos del Valle Central. Recién en diciembre de 2004, con la denuncia que hicieron Mirta de Clérici, Ana Radusky, Jorge Alberto Perea y Guillermo Díaz Martínez con el patrocinio de los abogados Claudio Orosz y Martín Fresneda, y con el posterior requerimiento del fiscal Santos Reynoso, comenzó a instruirse en el Juzgado Federal de Catamarca la causa para determinar las circunstancias y autores de la masacre, como también procurar la identificación de los cinco cuerpos que fueron sepultados en 1974 como NN en elcementerio municipal.
El expediente comenzó a ser tramitado por entonces juez federal Pedro Armando Navarro -secretaría de Manuel Moreno (h)- y evidenció importantes avances desde entonces, ya que se incorporó el expediente inicial, se citó a varios testigos que presenciaron aquellos hechos y se exhumaron los cinco cadáveres que estaban sepultados en el cuadro 24 del cementerio local.
Uno de ellos ya fue identificado y resultó ser, tal como se sospechaba, un guerrillero uruguayo que se había sumado a la intentona rebelde, Rutilio Dardo Betancour Roth. Sus familiares no sólo reclaman los restos mortales que permanecieron sepultados más de treinta años sin ser identificados. Van más allá. Con la reciente constitución como querellantes particulares, sus hermanas quieren que se conozca la verdad de lo sucedido y que se castigue a los responsables de la masacre.
Daniel Saseta
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Masacre de Capilla del Rosario
Declararon testigos del aniquilamiento
La primera ronda de testigos aportó importantes datos sobre lo ocurrido el 12 de agosto de 1974.
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En una larga jornada que se extendió desde las 9 de la mañana hasta 19, luego de la abstención de los acusados declararon los primeros cinco testigos que con sus testimonios, además de establecer el contexto histórico, confirmaron la existencia de un plan de aniquilamiento orquestado desde el Ejército y el gobierno de Estela Martínez de Perón, que fue más allá del fusilamiento de los militantes.
Asimismo, unos de los testimonios, el del periodista Carlos Humberto Barrionuevo, fue fundamental para situar en el escenario de los hechos al imputado Carrizo Salvadores como quien daba las órdenes -situación que el exjerarca militar niega- y tenía a su mando el operativo. Barrionuevo en aquel año era cronista del diario La Unión y fue uno de los que cubrió el evento periodístico junto a Juan de la Cruz Saseta. Además de describir que quien estaba al mando del operativo del Ejército era Carrizo Salvadores, aseguró que él pudo observar cómo sacaban los cuerpos de los abatidos del monte en un helicóptero, y que luego los arrojaban desde una considerable altura a la ruta. “Nunca me voy a olvidar del ruido que hacían los cuerpos al dar con el suelo”, recordó. Y que los restos eran tratados con un “total desprecio por la condición humana”.
También declararon los abogados Jorge Marcas y Roberto Díaz, quienes fueron defensores de los sobrevivientes y de los familiares, y que luego sufrieron en carne propia la persecución. En el caso de Marcas, narró que aquel lunes 12 de agosto tuvo conocimiento de los enfrentamientos y que se entrevistó con el ministro Toro y le propuso interceder ante los guerrilleros para “salvarles la vida” a los militantes que terminaron siendo fusilados. Explicó que Toro se comunicó con el comandante Cubas y que éste le respondió que era imposible hacer nada, porque ya estaba dada la orden de aniquilamiento. Marcas trabajó luego con los abogados Frondizi y Curuchet -que se transformaron luego en víctimas-. Y él mismo estuvo nueve años detenido como preso político. Recordó detalles de la autopsia que se había realizado a los cuerpos, que evidenciaban signos de defensa y disparos a corta distancia frontales que se corresponden a un fusilamiento.
Otro testimonio desgarrador fue el del militante del FIP (Frente de Izquierda Popular) Simón Gómez. Él junto con otros referentes políticos de Catamarca, como Mardonio Díaz Martínez, se entrevistaron con el vicegobernador Vicente Saadi -el gobernador Mott estaba de viaje- con la intención de conformar una comisión de varios partidos políticos e interceder. Pero pese a que describió la buena intención de Saadi, nada se pudo hacer porque el Ejército ya tenía la orden bajada.
Fue conmocionante el relato de Gómez cuando narró las consecuencias de haber intervenido, ya que fue apresado, torturado y sufrió un atentado en su vivienda. Su mujer, embarazada, fue encarcelada en Córdoba, donde fue sometida a trabajos forzosos, lo que derivó en el parto prematuro de su bebé ochomesino, quien vivió apenas treinta y seis horas. “Mi hijo nació y murió en la cárcel”, resumió Gómez.
Historia oculta
El último testigo, que declaró por más de tres horas fue el historiador Jorge Perea, quien realizó una investigación académica sobre la masacre y dio minuciosos detalles sobre los documentos y las fuentes consultadas. Aportó detalles que, en su investigación, acreditan que las catorce víctimas fueron fusiladas y no víctimas de un enfrentamiento armado. Perea consideró que el Ejército intentó mantener oculta su intervención en los hechos, a tal punto de que la única víctima uniformada, un cabo de apellido Barrionuevo a quien le explota una granada, jamás fue siquiera homenajeado por el Ejército.
El testimonio de Perea podría abrir una nueva investigación, ya que señaló que hubo otro conscripto que apareció asesinado en el dique Las Pirquitas a fines de 1974, de apellido Ormachea. Tanto éste último como Barrionuevo, eran investigados por el represor Berges como supuestos “infiltrados” de la “guerrilla”. Por ello, los abogados querellantes solicitaron que se incorporen testimonios de fuentes de Perea, y que se incorporen documentos a los que alude en su investigación.
Fuente:http://www.elesquiu.com
Envío:Agnddehh
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