Una reforma que va camino a ser ley
El oficialismo se prepara para sancionar la iniciativa que amplía el número de consejeros y dispone su elección a través del voto. También serán tratados el ingreso igualitario a la Justicia, la publicidad de las decisiones de la Corte y las declaraciones juradas.
Por Sebastian Abrevaya
La sesión en la Cámara de Senadores empezará al mediodía y se anticipa que será extensa.Imagen: DyN
El Senado tratará hoy la reforma del Consejo de la Magistratura y otros tres proyectos del paquete de medidas anunciado por la presidenta Cristina Fernández para la “democratización de la Justicia”. En una extensa sesión, que arrancará pasado el mediodía, el Frente para la Victoria espera convertir en ley la iniciativa que amplía a 19 el número de miembros del Consejo y propone la elección mediante el voto popular de los representantes de sus distintos estamentos, entre otras cosas. Además, se sancionará la publicidad de las decisiones de la Corte Suprema, el acceso a las declaraciones juradas de los tres poderes del Estado y el ingreso igualitario al Poder Judicial, que recibirá modificaciones y volverá a Diputados. La oposición realizó ayer una actividad en el Congreso, donde convocó a especialistas y a dirigentes políticos para criticar la reforma.A las 11 de la mañana, los presidentes de los distintos bloques se reunirán para ultimar los detalles de la sesión en la que se abordarán estos cuatro temas. Fuentes parlamentarias anticiparon que dada la complejidad y las resistencias que generó podría discutirse por separado la reforma del Consejo de la Magistratura y conjuntamente las otras tres cuestiones referidas a la Justicia.
La reforma del Consejo ya había sido aprobada por el Senado el 17 de abril, luego de un tratamiento en comisión del que no había formado parte la oposición. Con 39 votos a favor y 31 en contra, el proyecto pasó a Diputados, donde sufrió modificaciones por pedido de la Corte Suprema de Justicia, que remitió una carta de la Junta de Cámaras Federales. En la nota, los magistrados advertían sobre una eventual parálisis que podría producirse si la administración de los recursos recayera en manos del Consejo, a pesar de que así lo establece la Constitución Nacional en su artículo 114. El oficialismo aceptó este cambio, manteniendo el manejo presupuestario en la Corte Suprema.
Otro cambio, introducido esta vez por el oficialismo, es el requisito para presentar candidatos a consejeros: sólo podrán presentar candidatos los frentes electorales o partidos que tengan la misma denominación en al menos 18 distritos. Tanto en la tumultuosa sesión de Diputados como en la reunión de comisión de la semana pasada, la oposición calificó esta condición como “proscriptiva”, ya que casi ningún partido, con excepción del Frente para la Victoria, mantiene el mismo nombre en tantos distritos.
Más allá de estos cambios, el corazón del proyecto se mantiene. Se pasa de 13 a 19 integrantes en el Consejo, conformado por tres jueces, tres abogados, seis académicos (no necesariamente de Derecho), seis legisladores y un representante del Poder Ejecutivo. Los 12 representantes estamentales (jueces, abogados y académicos) dejarán de elegirse entre ellos para ser votados en elecciones generales. Además se modifica la mayoría con la que se inicia el proceso de juicio político a los magistrados. Hasta ahora se requerían dos tercios de los votos para activar el jury de enjuiciamiento, mientras que ahora se podría hacer con la mitad más uno de sus miembros. Desde el oficialismo, sin embargo, aclararon que se mantienen los dos tercios requeridos en el jury para la remoción del juez.
Estas características fueron duramente cuestionadas por la oposición, asociaciones de magistrados y organizaciones no gubernamentales vinculadas con la Justicia por considerar que afectan “la independencia del Poder Judicial” y la “división de poderes”. La UCR, el FAP y el peronismo disidente realizó ayer una actividad donde sonaron reiteradas críticas a los proyectos. Entre otras voces estuvo la de la jueza Graciela Medina, integrante de la Cámara Civil y Comercial, que tuvo intervención a favor del Grupo Clarín en su causa contra la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. También concurrieron el constitucionalista Félix Loñ, el auditor general de la Nación, el radical Leandro Despouy, y el legislador de Proyecto Sur Julio Raffo, entre otros.
Además de convertir en ley la reforma del Consejo, cuya impugnación judicial ya fue anunciada por legisladores opositores y asociaciones de magistrados, se aprobará la publicación obligatoria de las decisiones emanadas de la Corte Suprema y de las Cámaras Federales; y también la declaración jurada patrimonial de magistrados y funcionarios públicos.
Por último, y también a pedido de la Corte, se modificará el proyecto aprobado ya en Diputados que establece el ingreso igualitario al Poder Judicial. El máximo tribunal solicitó que se permita la designación directa de dos secretarios letrados por parte de los magistrados. Tras este cambio volverá el tema a Diputados, con el que se concluiría el paquete de iniciativas enviado por el Ejecutivo, que también contempla la regulación de las medidas cautelares y la creación de tres Cámaras de Casación.
Designación de conjueces
El Senado tratará también los pliegos de 21 conjueces para ocupar eventuales vacantes en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia. La nómina fue aprobada por el oficialismo en la Comisión de Acuerdos el 30 de abril, pero fue rechaza por la oposición. Los opositores denuncian que la mayoría de los candidatos a conjueces son funcionarios de Santa Cruz y Chubut, a quienes vincula con el gobierno nacional. Entre los casos citados figuran los de Eduardo Javier González, funcionario del gobierno de Santa Cruz durante el mandato de Néstor Kirchner y actual asesor del Banco Hipotecario. También a Mauricio Marini, titular de la Dirección Jurídica de la AFIP en Río Gallegos; Facundo González Figueroa, asesor del Ministerio de Gobierno en Santa Cruz; Leticia Jaramillos, síndica de Enargas y de servicios públicos.
POR LA INCONSTITUCIONALIDAD DE LA LEY DE CAUTELARES
Un planteo rechazado “in limine”
Si no hay un “caso” concreto, no se puede declarar la inconstitucionalidad de una norma. Con ese argumento central la jueza en lo Contencioso Administrativo María Alejandra Biotti rechazó in limine un planteo que había hecho el Colegio Público de Abogados de la Capital Federal (Cpacf) contra la ley que modifica el régimen de medidas cautelares. La entidad alegaba que los límites que establece la nueva norma en el trámite de las cautelares contra el Estado atentan contra el trabajo de los abogados.
“No compete a los jueces hacer declaraciones generales o abstractas, sino decidir colisiones efectivas de derechos”, y “la declaración de inconstitucionalidad sólo puede ser efectuada frente a casos concretos”, subrayó la jueza Biotti.
El Colegio de Abogados había planteado lo que se denomina “acción declarativa de inconstitucionalidad”, frente a lo cual la jueza explicó que “resulta procedente en tanto no tenga un carácter simplemente consultivo ni importe una indagación especulativa”.
“Se pretende esa declaración en abstracto, prescindiendo de las circunstancias fácticas que puedan justificarla, que sólo pueden ser apreciadas por los jueces de cada proceso”, dijo Biotti. “El control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere que el requisito de la existencia de un ‘caso contencioso’, ‘causa’ o ‘controversia’ sea observado rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino para la trascendente preservación del principio de división de poderes”, evaluó la magistrada en su resolución frente al planteo.
En su presentación judicial sobre la nueva reglamentación de las cautelares el Colegio de Abogados había señalado en medio centenar de páginas la inconstitucionalidad de la norma. La entidad basó su planteo en que la ley restringirá y limitará el servicio que los abogados pueden ofrecer a los clientes.
El titular del Colegio, Jorge Rizzo, cuestionó la actuación de la jueza y anunció que apelará. Sostuvo que Biotti es “una rehén” del Gobierno porque todavía no fue nombrada en forma definitiva en el cargo que ocupa. Y advirtió que, en otra ocasión, hizo lugar a una presentación de la misma entidad por la ex caja complementaria de jubilaciones de los abogados (Cassaba), en una causa en la que tampoco había un caso concreto.
Biotti está tercera en el concurso 264 para ocupar los juzgados de primera instancia 5 y 8 del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y que se encuentra en el Gobierno a la espera de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner elija a dos de los seis postulantes para enviar los pliegos al Senado. Rizzo dice que no reconoce su actuación porque “no cumplió todo el mecanismos de designación”.
“Para la vigencia de un estado de derecho es esencial la confianza de la población en las instituciones. Y para que eso suceda, las instituciones deben ser transparentes.” El comienzo de la descripción breve y concisa que Gils Carbó realizó ayer del Programa de Transparencia, que planea aplicar a las diferentes áreas del organismo que dirige con el objetivo de “rendir cuentas a la sociedad”, comenzó con esa frase y llegó luego de las palabras que pronunciaron el asesor especial del PNUD Bernardo Kliksberg, el coordinador de la Comisión de Seguimiento contra la Corrupción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el diputado Angel Bruno, y el presidente del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, Víctor Abramovich. Los tres definieron al Poder Judicial como un ámbito caracterizado por una “fuerte opacidad” que “hay que transparentar”. “La lucha por la transparencia es una de las más importantes del mundo actual. Es un hecho importante que un organismo estatal busque ese objetivo”, valoró Kliksberg.
Acerca del plan, que se presentó en el salón de actos de la Procuración, Gils Carbó mencionó que en su primera etapa apuntará a “ampliar los canales de información con los que la sociedad se entera de las funciones y acciones de los fiscales”. Para eso detalló que durante ese primer paso se elaborarán estadísticas, se reacondicionarán los portales de Internet existentes y se crearán nuevos que “permitan a la gente saber qué hace un fiscal”. Entre las nuevas iniciativas figura la creación de un portal web especialmente dedicado a la publicación de declaraciones juradas de los fiscales.
Según apuntó, esa primera etapa de aplicación del programa de transparencia culminará con la elaboración de un código de ética del Ministerio Público “que refleje esa diversidad de roles que tenemos los fiscales, los diferentes objetivos y criterios para actuar en pos de la función que le dio la Constitución al ministerio: la de defensor de la legalidad y del interés de la sociedad”.
Los “mecanismos para cumplir con esa función” serían, en palabras de Gils Carbó, algunos de los objetivos que cumplirá el código a redactar, junto con los conflictos de intereses. Y en ese momento, aludió a la actuación del fiscal federal Guillermo Marijuán para ejemplificar un caso especial de conflicto de intereses y describió que incurre en “doble estándar”.
“En estos días hemos tenido en los diarios dos causas de lavado de activos que lleva un mismo fiscal federal –mencionó la procuradora, en referencia al fiscal Marijuán–. En una de esas causas, el fiscal se ha expresado con un ímpetu investigativo, que es el que queremos desde el Ministerio Público, porque es el deber de los fiscales, mientras que en la otra, una causa en la que están en riesgo intereses de grandes grupos económicos, ese ímpetu está ausente”, determinó. En ese sentido, apuntó que “la sociedad tiene derecho a que se den explicaciones sobre la actuación de los fiscales, tiene derecho a que se despejen las dudas de que haya una posibilidad de conflictos de intereses y que se den explicaciones de por qué en situaciones iguales el Ministerio Público se comporta de manera diferente”.
Desde el público, integrado sobre todo por funcionarios del Ministerio Público, de otras áreas del Poder Judicial y de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la búsqueda de transparencia en las instituciones públicas, el fiscal Jorge Auat festejó la iniciativa de la Procuración, a la que consideró “el comportamiento que busca ser vanguardia dentro de la cultura que prima en el Poder Judicial”. En tanto, consideró que la “transparencia es la clave ideológica del movimiento por una Justicia Legítima”, espacio que comparte con Gils Carbó.
La facultad de mantener en órbita de la Corte la administración del Poder Judicial y que pueda mantener la decisión en la designación de empleados por concurso obligó a reformular varios artículos de este dictamen y cambiar el proyecto de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, que también será debatido en la sesión.
El Senado discutirá también la Ley de ingreso democrático al Poder Judicial que, si es aprobada, deberá regresar a Diputados para una segunda revisión ya que fue modificado en cinco artículos a propuesta del oficialismo. La iniciativa le otorga al Supremo Tribunal poder para, por ejemplo, disponer de la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos ya que, además, se constituirá en la autoridad de aplicación.
Los senadores debatirán además la ley de Acceso Directo a las Declaraciones Juradas de los tres Poderes del Estado y de la Ley de Publicidad de los Actos del Poder Judicial, que en caso de ser aprobadas quedarán convertidas en ley.
Fuente:Pagina12
El Colegio de Abogados había planteado lo que se denomina “acción declarativa de inconstitucionalidad”, frente a lo cual la jueza explicó que “resulta procedente en tanto no tenga un carácter simplemente consultivo ni importe una indagación especulativa”.
“Se pretende esa declaración en abstracto, prescindiendo de las circunstancias fácticas que puedan justificarla, que sólo pueden ser apreciadas por los jueces de cada proceso”, dijo Biotti. “El control encomendado a la Justicia sobre las actividades ejecutiva y legislativa requiere que el requisito de la existencia de un ‘caso contencioso’, ‘causa’ o ‘controversia’ sea observado rigurosamente, no para eludir cuestiones de repercusión pública, sino para la trascendente preservación del principio de división de poderes”, evaluó la magistrada en su resolución frente al planteo.
En su presentación judicial sobre la nueva reglamentación de las cautelares el Colegio de Abogados había señalado en medio centenar de páginas la inconstitucionalidad de la norma. La entidad basó su planteo en que la ley restringirá y limitará el servicio que los abogados pueden ofrecer a los clientes.
El titular del Colegio, Jorge Rizzo, cuestionó la actuación de la jueza y anunció que apelará. Sostuvo que Biotti es “una rehén” del Gobierno porque todavía no fue nombrada en forma definitiva en el cargo que ocupa. Y advirtió que, en otra ocasión, hizo lugar a una presentación de la misma entidad por la ex caja complementaria de jubilaciones de los abogados (Cassaba), en una causa en la que tampoco había un caso concreto.
Biotti está tercera en el concurso 264 para ocupar los juzgados de primera instancia 5 y 8 del fuero en lo Contencioso Administrativo Federal y que se encuentra en el Gobierno a la espera de que la presidenta Cristina Fernández de Kirchner elija a dos de los seis postulantes para enviar los pliegos al Senado. Rizzo dice que no reconoce su actuación porque “no cumplió todo el mecanismos de designación”.
GILS CARBO PRESENTO UN PROGRAMA DE TRANSPARENCIA PARA EL MINISTERIO PUBLICO FISCAL
“Fortalecer el acceso a la información”
Bruno, Gils Carbó y Abramovich participaron del lanzamiento junto a Kliksberg.Imagen: Pablo Piovano
El programa lanzado por la procuradora apunta a que la ciudadanía conozca las actividades y funciones del Ministerio Público. También se elaborará un código de ética para los fiscales. Sin dar nombres, Gils Carbó aludió a casos de “doble estándar”.
La Procuración General de la Nación presentó ayer el Programa de Transparencia, cuyo objetivo es “fortalecer el acceso a la información de la sociedad acerca de las actividades” que desarrolla el Ministerio Público Fiscal. La procuradora general, Alejandra Gils Carbó, destacó la elaboración de un código de ética que “refleje la diversidad de roles que los fiscales tienen dentro del Poder Judicial”, entre los diversos puntos que integran la primera etapa del programa, “un proceso de implementación paulatina”. En ese marco, la funcionaria mencionó las “muchas situaciones de conflicto de intereses” en las que pueden verse enredados los “defensores del interés general de la sociedad”, y remarcó como ejemplo, aunque sin dar nombres, “la actuación de un fiscal (que) puede disminuir en función de quién sea la persona o el denunciante”. En clara referencia al fiscal federal Guillermo Marijuán, Gils Carbó remarcó cómo actuó con “ímpetu investigativo” en la causa que involucra al empresario Lázaro Báez en un caso de lavado de dinero, mientras que ese ímpetu “está ausente” en la investigación sobre la actuación del Grupo Clarín en la venta de títulos de AFJP sobrevaluados.
“Para la vigencia de un estado de derecho es esencial la confianza de la población en las instituciones. Y para que eso suceda, las instituciones deben ser transparentes.” El comienzo de la descripción breve y concisa que Gils Carbó realizó ayer del Programa de Transparencia, que planea aplicar a las diferentes áreas del organismo que dirige con el objetivo de “rendir cuentas a la sociedad”, comenzó con esa frase y llegó luego de las palabras que pronunciaron el asesor especial del PNUD Bernardo Kliksberg, el coordinador de la Comisión de Seguimiento contra la Corrupción de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el diputado Angel Bruno, y el presidente del Instituto de Políticas Públicas del Mercosur, Víctor Abramovich. Los tres definieron al Poder Judicial como un ámbito caracterizado por una “fuerte opacidad” que “hay que transparentar”. “La lucha por la transparencia es una de las más importantes del mundo actual. Es un hecho importante que un organismo estatal busque ese objetivo”, valoró Kliksberg.
Acerca del plan, que se presentó en el salón de actos de la Procuración, Gils Carbó mencionó que en su primera etapa apuntará a “ampliar los canales de información con los que la sociedad se entera de las funciones y acciones de los fiscales”. Para eso detalló que durante ese primer paso se elaborarán estadísticas, se reacondicionarán los portales de Internet existentes y se crearán nuevos que “permitan a la gente saber qué hace un fiscal”. Entre las nuevas iniciativas figura la creación de un portal web especialmente dedicado a la publicación de declaraciones juradas de los fiscales.
Según apuntó, esa primera etapa de aplicación del programa de transparencia culminará con la elaboración de un código de ética del Ministerio Público “que refleje esa diversidad de roles que tenemos los fiscales, los diferentes objetivos y criterios para actuar en pos de la función que le dio la Constitución al ministerio: la de defensor de la legalidad y del interés de la sociedad”.
Los “mecanismos para cumplir con esa función” serían, en palabras de Gils Carbó, algunos de los objetivos que cumplirá el código a redactar, junto con los conflictos de intereses. Y en ese momento, aludió a la actuación del fiscal federal Guillermo Marijuán para ejemplificar un caso especial de conflicto de intereses y describió que incurre en “doble estándar”.
“En estos días hemos tenido en los diarios dos causas de lavado de activos que lleva un mismo fiscal federal –mencionó la procuradora, en referencia al fiscal Marijuán–. En una de esas causas, el fiscal se ha expresado con un ímpetu investigativo, que es el que queremos desde el Ministerio Público, porque es el deber de los fiscales, mientras que en la otra, una causa en la que están en riesgo intereses de grandes grupos económicos, ese ímpetu está ausente”, determinó. En ese sentido, apuntó que “la sociedad tiene derecho a que se den explicaciones sobre la actuación de los fiscales, tiene derecho a que se despejen las dudas de que haya una posibilidad de conflictos de intereses y que se den explicaciones de por qué en situaciones iguales el Ministerio Público se comporta de manera diferente”.
Desde el público, integrado sobre todo por funcionarios del Ministerio Público, de otras áreas del Poder Judicial y de organizaciones de la sociedad civil relacionadas con la búsqueda de transparencia en las instituciones públicas, el fiscal Jorge Auat festejó la iniciativa de la Procuración, a la que consideró “el comportamiento que busca ser vanguardia dentro de la cultura que prima en el Poder Judicial”. En tanto, consideró que la “transparencia es la clave ideológica del movimiento por una Justicia Legítima”, espacio que comparte con Gils Carbó.
REFORMA DEL PODER JUDICIAL
La reforma del Consejo de la Magistratura a punto de ser ley
El oficialismo en el Senado prevé que tendrá los votos necesarios para sancionar el proyecto que amplía a 19 los miembros de ese cuerpo y establece la elección de ellos a través del voto popular. En la sesión especial se sancionarán, además, los proyectos de publicidad a los actos de justicia y las declaraciones juradas de funcionarios públicos. También se votará y enviará para una segunda revisión a la Cámara de Diputados al proyecto de acceso democrático a la carrera judicial.
Los detalles sobre el orden del temario serán definidos durante la reunión de Labor Parlamentaria que se realizará antes de la sesión prevista para el mediodía.
Entre los cambios propuestos al proyecto de la Magistratura figura la posibilidad de que la Corte Suprema se ocupe de la administración de los recursos del Poder Judicial y del personal.
La facultad de mantener en órbita de la Corte la administración del Poder Judicial y que pueda mantener la decisión en la designación de empleados por concurso obligó a reformular varios artículos de este dictamen y cambiar el proyecto de ingreso democrático e igualitario al Poder Judicial, que también será debatido en la sesión.
El Senado discutirá también la Ley de ingreso democrático al Poder Judicial que, si es aprobada, deberá regresar a Diputados para una segunda revisión ya que fue modificado en cinco artículos a propuesta del oficialismo. La iniciativa le otorga al Supremo Tribunal poder para, por ejemplo, disponer de la integración de los órganos encargados de sustanciar los concursos ya que, además, se constituirá en la autoridad de aplicación.
Los senadores debatirán además la ley de Acceso Directo a las Declaraciones Juradas de los tres Poderes del Estado y de la Ley de Publicidad de los Actos del Poder Judicial, que en caso de ser aprobadas quedarán convertidas en ley.
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