REPARACIÓN. Se pretende conocer cuántos detenidos hubo en regímenes de factoEstá en marcha el registro de presos políticos de Entre Ríos
La iniciativa no es obligatoria ni persigue un beneficio económico sino que apunta a registrar la situación que atraviesan los ex detenidos políticos. El trabajo lo realizarán los integrantes de “La Solapa”, a través de una recorrida por todos los departamentos entrerrianos.
Mario MacDonald (derecha) aclaró que el registro es voluntario. Estuvo en EL DIARIO junto a Alejandro White.
Los organismos de derechos humanos realizan un registro de ex presos políticos con el objetivo conocer la situación en que se encuentran aquellas personas que estuvieron detenidas en condiciones legales o ilegales durante los distintos regímenes antidemocráticos que se sucedieron en el país desde 1955 y hasta 1983.
“Hoy, a casi 30 años de la recuperación de la democracia, todavía no se sabe qué cantidad de detenidos políticos legales e ilegales hubo durante la última dictadura en todo el país”, explicó Mario MacDonald, presidente de la Asociación de ex Presos Políticos y Exiliados de Entre Ríos “La Solapa”. “Se habla de entre 12 mil y 15 mil personas que pasaron por las cárceles, a los que hay que sumar quienes estuvieron en los centros clandestinos de detención”, se explayó.
A través de esta iniciativa, que no es obligatoria, se pretende conocer y registrar la situación que atraviesan los ex detenidos políticos tanto desde el punto de vista económico, familiar o de salud física o psíquica, como en materia de vivienda, obra social, trabajo y situación previsional, entre otros puntos.
El proyecto surgió a partir de una inquietud de la Asociación Nacional de ex Presos Políticos, que llevó el proyecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando estaba a cargo de Eduardo Duhalde, y entonces se decidió elaborar un registro nacional que actualmente funciona en el Instituto Espacio para la Memoria (ex ESMA), aunque la recolección de los datos se realiza con la dinámica que se disponga en cada provincia. En el caso de Entre Ríos, a través de “La Solapa”.
GIRA PROVINCIAL. Hace dos semanas se realizó la primera incursión, en Diamante, donde se registraron 17 ex detenidos políticos, 15 hombres y 2 mujeres, según refirió MacDonald en diálogo con EL DIARIO. Pero la experiencia se repetirá en cada uno de los departamentos entrerrianos durante los próximos seis meses, tal plazo que se impusieron los organismos de derechos humanos.
—¿Cuál es la importancia de tener un registro de ex presos políticos?
—Nos va a permitir saber cuál fue el comportamiento de la represión en cada lugar. Paraná, por ejemplo, tuvo una serie de detenidos en cada lugar y hubo presos legales e ilegales; en Diamante, en cambio, fue mucho menor y es como que se ajustó más a la legalidad. De todos modos, hay que decir que así como no es obligatorio registrarse, tampoco quedarán excluidos de cualquier reparación que se pueda conseguir aquellos que no lo hagan.
—¿Quiénes pueden registrarse?
—Se puede registrar cualquier persona que haya estado detenida desde 1955 en adelante y que pueda demostrar o relatar su detención. En el Centro de Jubilados de Paraná, por ejemplo, funciona una comisión para recordar a los fusilados de 1956 y ellos tienen una base de datos que nos dijeron que van a compartir. Nosotros, por nuestra historia, abarcamos el período 1976-1983, pero sin descartar por ello el período de la resistencia peronista y la dictadura de 1966-1973. Y tampoco hay un límite respecto del tiempo que estuviera detenido cada uno, porque como no tiene un objetivo de reparación económica, el registro sirve a los efectos de corroborar que una persona haya estado detenida aunque sea unos días.
—¿Qué van a hacer con la información que surja de los ex presos políticos?
—Nosotros somos claros en una cosa: no vamos por un beneficio, sino que se pretende conocer y evaluar cuál es la situación en que se encuentran nuestros compañeros. Del relevamiento que se hizo en Tucumán, por ejemplo, la urgencia mayor que surgió fue el problema de la salud, entonces se hizo un planteo para que la obra social provincial incorpore a los ex detenidos políticos. En Entre Ríos sabemos que hay necesidades en materia de vivienda, entonces una posibilidad es que el IAPV nos contemple como un grupo con una necesidad particular y nos adjudique un cupo; otra de las cuestiones es que muchos están en edad de jubilarse, pero no tienen los aportes, y se plantea como un reclamo que el Estado democrático repare lo que generó el Estado terrorista.
De costa a costa
Para la elaboración del registro de ex presos políticos, el Ministerio de Gobierno realizó un aporte que les permitirá a los integrantes de “La Solapa” y del Registro Único de la Verdad moverse por toda la provincia. “En principio tenemos previsto hacer dos giras por las principales ciudades, aquellas donde hay mayor cantidades de compañeros”, enfatizó MacDonald. “En Diamante la recepción fue muy buena y la oficina donde estuvimos, en la terminal, quedó como referencia para quienes quieran inscribirse”, acotó el santafesino que durante la dictadura estuvo detenido en las cárceles de La Plata, Devoto, Sierra Chica y Rawson.
En los próximos días se anunciarán los próximos destinos, que podrían ser Nogoyá y Villaguay; mientras que en la siguiente instancia viajarán a Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que son las ciudades donde hubo mayor cantidad de detenidos políticos durante la última dictadura.
En tanto, en Paraná, se atiende de lunes a viernes en el Registro Único de la Verdad, sito en calle La Paz 225.
“Hoy, a casi 30 años de la recuperación de la democracia, todavía no se sabe qué cantidad de detenidos políticos legales e ilegales hubo durante la última dictadura en todo el país”, explicó Mario MacDonald, presidente de la Asociación de ex Presos Políticos y Exiliados de Entre Ríos “La Solapa”. “Se habla de entre 12 mil y 15 mil personas que pasaron por las cárceles, a los que hay que sumar quienes estuvieron en los centros clandestinos de detención”, se explayó.
A través de esta iniciativa, que no es obligatoria, se pretende conocer y registrar la situación que atraviesan los ex detenidos políticos tanto desde el punto de vista económico, familiar o de salud física o psíquica, como en materia de vivienda, obra social, trabajo y situación previsional, entre otros puntos.
El proyecto surgió a partir de una inquietud de la Asociación Nacional de ex Presos Políticos, que llevó el proyecto a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, cuando estaba a cargo de Eduardo Duhalde, y entonces se decidió elaborar un registro nacional que actualmente funciona en el Instituto Espacio para la Memoria (ex ESMA), aunque la recolección de los datos se realiza con la dinámica que se disponga en cada provincia. En el caso de Entre Ríos, a través de “La Solapa”.
GIRA PROVINCIAL. Hace dos semanas se realizó la primera incursión, en Diamante, donde se registraron 17 ex detenidos políticos, 15 hombres y 2 mujeres, según refirió MacDonald en diálogo con EL DIARIO. Pero la experiencia se repetirá en cada uno de los departamentos entrerrianos durante los próximos seis meses, tal plazo que se impusieron los organismos de derechos humanos.
—¿Cuál es la importancia de tener un registro de ex presos políticos?
—Nos va a permitir saber cuál fue el comportamiento de la represión en cada lugar. Paraná, por ejemplo, tuvo una serie de detenidos en cada lugar y hubo presos legales e ilegales; en Diamante, en cambio, fue mucho menor y es como que se ajustó más a la legalidad. De todos modos, hay que decir que así como no es obligatorio registrarse, tampoco quedarán excluidos de cualquier reparación que se pueda conseguir aquellos que no lo hagan.
—¿Quiénes pueden registrarse?
—Se puede registrar cualquier persona que haya estado detenida desde 1955 en adelante y que pueda demostrar o relatar su detención. En el Centro de Jubilados de Paraná, por ejemplo, funciona una comisión para recordar a los fusilados de 1956 y ellos tienen una base de datos que nos dijeron que van a compartir. Nosotros, por nuestra historia, abarcamos el período 1976-1983, pero sin descartar por ello el período de la resistencia peronista y la dictadura de 1966-1973. Y tampoco hay un límite respecto del tiempo que estuviera detenido cada uno, porque como no tiene un objetivo de reparación económica, el registro sirve a los efectos de corroborar que una persona haya estado detenida aunque sea unos días.
—¿Qué van a hacer con la información que surja de los ex presos políticos?
—Nosotros somos claros en una cosa: no vamos por un beneficio, sino que se pretende conocer y evaluar cuál es la situación en que se encuentran nuestros compañeros. Del relevamiento que se hizo en Tucumán, por ejemplo, la urgencia mayor que surgió fue el problema de la salud, entonces se hizo un planteo para que la obra social provincial incorpore a los ex detenidos políticos. En Entre Ríos sabemos que hay necesidades en materia de vivienda, entonces una posibilidad es que el IAPV nos contemple como un grupo con una necesidad particular y nos adjudique un cupo; otra de las cuestiones es que muchos están en edad de jubilarse, pero no tienen los aportes, y se plantea como un reclamo que el Estado democrático repare lo que generó el Estado terrorista.
De costa a costa
Para la elaboración del registro de ex presos políticos, el Ministerio de Gobierno realizó un aporte que les permitirá a los integrantes de “La Solapa” y del Registro Único de la Verdad moverse por toda la provincia. “En principio tenemos previsto hacer dos giras por las principales ciudades, aquellas donde hay mayor cantidades de compañeros”, enfatizó MacDonald. “En Diamante la recepción fue muy buena y la oficina donde estuvimos, en la terminal, quedó como referencia para quienes quieran inscribirse”, acotó el santafesino que durante la dictadura estuvo detenido en las cárceles de La Plata, Devoto, Sierra Chica y Rawson.
En los próximos días se anunciarán los próximos destinos, que podrían ser Nogoyá y Villaguay; mientras que en la siguiente instancia viajarán a Concordia, Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, que son las ciudades donde hubo mayor cantidad de detenidos políticos durante la última dictadura.
En tanto, en Paraná, se atiende de lunes a viernes en el Registro Único de la Verdad, sito en calle La Paz 225.
Fuente:ElDiario
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