¿Se hace realmente justicia contra la corrupción en España?
Por Marco Schwartz (EL MONO POLÍTICO - LA MAREA)
Desde hace algún tiempo, casi no pasa semana sin que salte una noticia sobre corrupción en España. Los jueces llevan a cabo instrucciones interminables, anuncian centenares de imputaciones, citan legiones de testigos y, en ocasiones, hasta dictan sentencias, pero entre los ciudadanos crece la percepción de que, al final, todos se van “de rositas”, que nadie paga por su culpa y que, incluso en los casos en que se hace justicia, esta llega tan tarde que pierde todo su sentido de ejemplaridad. Eso en el mejor de los casos. En el peor, la lentitud del proceso permite que prescriban delitos o que cambien las circunstancias de los acusados de modo que ya no se les puedan exigir responsabilidades.
En estos momentos están en marcha 1.661 investigaciones de corrupción en 798 juzgados, de las cuales 302 son “macroprocesos”. El CGPJ ha pedido 64 jueces, 18 secretarios judiciales y 150 funcionarios de apoyo para dar un impulso a esas causas. Hasta el momento no se conoce la respuesta del Ministerio de Justicia, al que parece preocupar mucho más la reforma de la ley del aborto.
Veamos algunos de los casos más sonados de los últimos tiempos, que, vistos en conjunto, pueden dar una imagen más integral del problema.
1. Caso Gürtel. Comenzó a instruirse hace ya cinco años. Su primer juez instructor, Baltasar Garzón, fue apartado de la carrera judicial. Hay más de un centenar de imputados en numerosas piezas separadas. En una de ellas, la de los trajes, el expresidente de la Generalitat valenciana Francisco Camps resultó absuelto por un jurado popular. El cabecilla de la red, Francisco Correa, estuvo tres años en prisión preventiva y quedó en libertad en junio de 2012 tras pagar una fianza de 200.000 euros. En Valencia, seis imputados son en este momento parlamentarios autonómicos. Milagrosa Martínez, para quien la fiscalía pide 10 años de prisión, es alcaldesa de Novelda. Una de la ramificaciones del caso Gürtel era Fundescam, fundación del PP madrileño que financió las campañas de 2003 que llevaron a Esperanza Aguirre a la presidencia de la comunidad de Madrid. Esta causa se archivó, pues el delito de financiación ilegal prescribe a los cuatro años.
El caso Gürtel está ligado al caso de los papeles de Bárcenas, en el cual el juez Ruz acaba de citar como imputados a ocho empresarios por presuntos donativos ilegales al PP. Dos jueces se disputaron este último caso, en vez de que se decidiera que uniesen esfuerzos. Y la instrucción sigue y sigue, como el dickensiano proceso de Casa Desolada.
2. Caso Pallerols. Escándalo de financiación ilegal de Unió Democràtica, mediante el desvío, a las arcas del partido, de subvenciones públicas a la formación profesional. Pasaron 14 años desde que comenzó la instrucción hasta la sentencia. Los acusados -un empresario andorrano y dos excargos de Unió- alcanzaron un pacto con el fiscal para declararse culpables a cambio de devolver el dinero desviado y recibir unas penas inferiores a los dos años para eludir la cárcel, pues carecían de antecedentes penales. En enero pasado, la Audiencia de Barcelona los condenó a las penas pactadas, pero decidió que fueran a prisión, por considerar que era necesario enviar un mensaje de “ejemplaridad” a la sociedad. Pero la supuesta ejemplaridad ha quedado aplazada. El 29 de abril pasado, la Audiencia suspendió el ingreso en prisión hasta que el Gobierno central se pronuncie sobre el indulto a los tres condenados que han solicitado sus abogados.
3. Caso Palma Arena. La instrucción, que partió de una denuncia por el sobrecoste de un velódromo en Palma de Mallorca, se prolonga ya cinco años. El caso es una telaraña judicial con más de 25 piezas separadas. El expresidente de Baleares y exministro de Aznar Jaume Matas fue condenado en marzo de 2012 por apenas la primera de las causas -beneficiar a un periodista que le escribía discursos- a seis años de prisión. El 2 de abril pasado, elconfidencial.es publicó un artículo con el siguiente titular: ”El condenado Jaume Matas cena a la luz de la luna sin pasar por prisión“. Una de las piezas separadas de esta macrocausa es el caso Nóos, en el que están imputados Iñaki Urdangarín y (por ahora) la infanta Cristina.
4. Caso Fabra. En 2004, hace más de nueve años, el juzgado número 1 de Nules comenzó a investigar una denuncia contra el todopoderoso presidente de la diputación de Castellón, Carlos Fabra. El caso acabó abarcando supuestos delitos de tráfico de influencias, cohecho y delitos fiscales. Fabra se sentía tan impune que proclamaba que su dinero opaco lo había ganado con la lotería. El presiente del PP, Mariano Rajoy, lo calificó de “ciudadano ejemplar”. Ocho jueces desfilaron por el juzgado de Nules hasta que el noveno ha decidido abrir, el próximo otoño, el juicio oral. “Ya era hora”, exclamó con cinismo Fabra. Este, pese a los escándalos judiciales en que está envuelto, revalidó su mayoría en la diputación de Castellón en 2011 -”las urnas me han absuelto”, proclamó-, aunque después abandonó el cargo. No obstante, siguió hasta marzo pasado como presidente de la sociedad pública Aerocas, que gestiona el costoso aeropuerto sin aviones que construyó bajo su mandato.
5. Caso Sáenz. En marzo de 2011, 17 años después de inicada la investigación judicial, el Tribunal Supremo condenó al consejero delegado del Banco Santander, Alfredo Sáenz, a tres meses de prisión por un caso de acusación falsa para cobrar una deuda millonaria que se remonta a cuando presidía Banesto. Los cuatro empresarios a los que denunció falsamente estuvieron presos durante un tiempo. La condena del Supremo implicaba para Sáenz la pérdida de “honorabilidad” y la obligación de abandonar para siempre el ejercicio bancario. Pero Sáenz seguía en el cargo dos años después de la sentencia del Supremo, hasta que lo abandonó de manera “voluntaria” el 29 de abril pasado sin pasar por el trago de ser destituido por el Banco de España. Entre medias, el Gobierno de Zapatero, en noviembre de 2011, intentó salvar al banquero mediante un indulto, y el Gobierno de Rajoy aprobó una reforma de la normativa que le abrió la posibilidad de seguir en el cargo si el Banco de España daba su beneplácito.
¿En qué quedará toda esta hojarasca judicial?.
Fuente:Argenpress
LOS MOVIMIENTOS SOCIALES OCUPAN VIVIENDAS VACIAS PARA ALOJAR A LAS PERSONAS QUE ESTAN PERDIENDO SUS CASAS
Plan B contra los desalojos en España
Para frenar el drama de los desahucios, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca pusieron en marcha un nuevo plan de acción: la ocupación de departamentos que las entidades financieras acumulan tras años de crisis inmobiliaria.
Por Flor Ragucci
Desde Barcelona
En el edificio de Sabadell se instalaron cuatro familias que fueron expulsadas de sus casas.
En España hay 3,4 millones de viviendas vacías, según cifró recientemente su Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, cada día son más las personas que se ven obligadas a dormir en la calle por no poder pagar su crédito a los bancos. Para frenar el drama de los desahucios, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) pusieron en marcha un nuevo plan de acción: la ocupación, para quienes están perdiendo su casa, de departamentos que las entidades financieras acumulan tras años de crisis inmobiliaria.
En Sabadell, un municipio vecino a Barcelona, las cerca de 250 personas que participan del colectivo antidesahucios celebraron la primavera, el pasado 13 de abril, abriendo un bloque de 40 viviendas nuevas que dormía vacío desde hace cuatro años. “Fue una fiesta increíble, bailábamos de alegría”, cuentan Nabila y Rafik, la primera pareja en entrar a vivir, con sus tres hijas, en el edificio liberado.
El bloque de la calle Sant Ferran nunca estuvo habitado porque a sus promotores les fue imposible vender los departamentos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Originariamente eran propiedad de un banco local, Caixa Penedès-Banc Mare Nostrum (BMN), pero al ser intervenido por el Estado, sus bienes fueron traspasados a lo que en España se conoce como “banco malo”, el Sareb, una sociedad anónima creada expresamente para la gestión de los activos “tóxicos” de las entidades nacionalizadas. Como este inmueble, cientos. Y como la ocupación que llevó a cabo la PAH Sabadell, hubo ocho ya en Cataluña. Es tan sólo el inicio de una campaña que las más de 130 plataformas antidesahucios del Estado español lanzaron de manera conjunta con el nombre de Obra Social la PAH, en irónica alusión a las entidades que los bancos dedican a proyectos comunitarios.
“Es vergonzoso que sean las cajas y los bancos el agente social que más bienes inmuebles acumulan mientras se quitan la responsabilidad en este drama y se niegan a ceder viviendas a la administración”, declara en un comunicado el colectivo de Sabadell. El propio gobierno se comprometió a no criticar públicamente las ocupaciones de la PAH, desbordado por la incapacidad de dar respuesta a las decenas de familias que cada semana se quedan en la calle. Ante la negativa de los bancos de cederle a la administración parte de su patrimonio edilicio, los servicios sociales no hallan solución para el creciente número de afectados que acuden a sus oficinas. Por eso, según asegura Emma Giné, una de las impulsoras de la PAH Sabadell, cada semana se acercan a la asamblea de la plataforma entre diez y veinte casos nuevos, derivados directamente por los trabajadores sociales.
En el edificio de esta localidad catalana se instalaron, de momento, las cuatro familias que, una vez agotadas todas las vías legales y administrativas, no pudieron evitar ser expulsadas de sus casas. “En los próximos días, irán incorporándose más personas, siempre de acuerdo con la urgencia de cada caso y a lo que se decida entre todos en la asamblea”, explica Emma.
En vez de dormir en la calle, Felipe, su esposa y sus tres hijos tienen ahora la oportunidad de rehacer su vida en un hogar que no sólo está en perfectas condiciones sino que hasta dispone de lavavajillas y secarropas, electrodomésticos con telarañas que jamás habían sido utilizados. El edificio no cuenta aún con electricidad, pero “si hay algo que no nos faltan son albañiles” dicen, entre apenados y contentos, los nuevos inquilinos, muchos de ellos antiguos empleados de la construcción y hoy parados de larga data. Felipe, por ejemplo, en los últimos dos años sólo pudo trabajar tres meses. Como su mujer tampoco encontraba empleo, tuvieron que dejar de pagar la hipoteca y solicitaron un alquiler social al banco, topándose con las paradoja de que se les exigía un sueldo de mil euros para acceder a este tipo de ayudas. Toda la familia abandonó entonces el departamento y ocupó una planta baja que de inmediato la policía (por orden del banco propietario) dio dos días para desalojar. Felipe, desesperado, fue en busca de ideas a la biblioteca municipal y mirando Internet encontró información sobre el movimiento de las PAH. Esa misma tarde ya estaba participando en la asamblea y al día siguiente, acompañado por algunos de los activistas, fue al juzgado y consiguió que le dieran un mes de plazo para encontrar otro sitio donde alojarse. “La verdad es que no extraño mi casa. Aquí, como no tenemos tele, hacemos tertulia todas las noches con los demás compañeros y nos la pasamos muy bien”, cuenta Felipe, en su nueva residencia.
Si hay algo en lo que coinciden todos los participantes de la PAH de Sabadell es en la importancia del apoyo mutuo. Pese a que no se conocían desde antes, lo que los une ahora es tan fuerte que se sienten parte de una gran familia. Además del trabajo colectivo en la asamblea, una vez por semana se reúnen en lo que llaman “la comisión de soporte”, un espacio pensado para que los afectados por el drama de los desahucios puedan desahogarse y compartir sus experiencias. “La primera vez que fui entré llorando y salí riendo, ¡no hay mejor psicólogo que éste!”, confiesa Miguel, otro habitante de una de las 40 viviendas ocupadas.
Emma Giné, activista de la PAH, también hace hincapié en la transformación que viven las familias al involucrarse en la lucha colectiva. “Llegan avergonzados y con un gran sentimiento de culpa por creer que han fracasado en su proyecto de vida –explica– y a los pocos días se dan cuenta de que, al igual que tantos otros, han sido víctimas de un fraude generalizado.” El perfil de los usuarios es mayormente el de personas que nunca antes habían militado en un movimiento social y que, sin embargo, ahora se manejan de forma natural con las dinámicas asamblearias y la acción solidaria. “Enseguida toman conciencia de que aquí no vienes a resolver tu caso, sino el tuyo y el de todos los demás”, concluye Emma.
Pero el respaldo no proviene sólo desde dentro de la PAH. No bien ocupado, muchos vecinos de Sabadell se acercaron al bloque de viviendas con comida, ropa y muebles. Así lo testifica Nabila, una mujer marroquí, madre de tres niños pequeños que, junto a su marido, habitan en el inmueble luego de haber perdido su casa. Ambos se muestran muy agradecidos y Rafik, que viene de declarar en el juzgado como imputado en la ocupación del 13 de abril, apunta que hasta la municipalidad y los jueces le manifestaron su apoyo. De hecho, los funcionarios les permitieron empadronarse allí para que los niños puedan seguir yendo a la escuela y los magistrados resolvieron, en vez de hacer un desalojo cautelar del edificio, abrir un proceso para estudiar con más tiempo la denuncia del banco.
El plan de acción de la PAH es iniciar una negociación con el Sareb para conseguir que las personas que habitan los bloques ocupados (éste es ya el tercero en Sabadell) puedan constituirse jurídicamente como una comunidad de vecinos y pagar así, al banco, un monto similar al de un alquiler social.
La campaña de ocupación de viviendas vacías es la vía que las PAH de todo el Estado decidieron llevar adelante tras ver tumbada por el partido de Mariano Rajoy la Iniciativa Legislativa Popular que, con el respaldo de 1,4 millón de firmas, reclamaba la dación en pago de los pisos hipotecados, la paralización de los desalojos y la instauración de un alquiler social. Por eso, el colectivo antidesahucios de Sabadell asegura: “No nos dejan más opción que desobedecer el absurdo”.
Fuente:Pagina12
En España hay 3,4 millones de viviendas vacías, según cifró recientemente su Instituto Nacional de Estadística. Sin embargo, cada día son más las personas que se ven obligadas a dormir en la calle por no poder pagar su crédito a los bancos. Para frenar el drama de los desahucios, las Plataformas de Afectados por la Hipoteca (PAH) pusieron en marcha un nuevo plan de acción: la ocupación, para quienes están perdiendo su casa, de departamentos que las entidades financieras acumulan tras años de crisis inmobiliaria.
En Sabadell, un municipio vecino a Barcelona, las cerca de 250 personas que participan del colectivo antidesahucios celebraron la primavera, el pasado 13 de abril, abriendo un bloque de 40 viviendas nuevas que dormía vacío desde hace cuatro años. “Fue una fiesta increíble, bailábamos de alegría”, cuentan Nabila y Rafik, la primera pareja en entrar a vivir, con sus tres hijas, en el edificio liberado.
El bloque de la calle Sant Ferran nunca estuvo habitado porque a sus promotores les fue imposible vender los departamentos tras el estallido de la burbuja inmobiliaria. Originariamente eran propiedad de un banco local, Caixa Penedès-Banc Mare Nostrum (BMN), pero al ser intervenido por el Estado, sus bienes fueron traspasados a lo que en España se conoce como “banco malo”, el Sareb, una sociedad anónima creada expresamente para la gestión de los activos “tóxicos” de las entidades nacionalizadas. Como este inmueble, cientos. Y como la ocupación que llevó a cabo la PAH Sabadell, hubo ocho ya en Cataluña. Es tan sólo el inicio de una campaña que las más de 130 plataformas antidesahucios del Estado español lanzaron de manera conjunta con el nombre de Obra Social la PAH, en irónica alusión a las entidades que los bancos dedican a proyectos comunitarios.
“Es vergonzoso que sean las cajas y los bancos el agente social que más bienes inmuebles acumulan mientras se quitan la responsabilidad en este drama y se niegan a ceder viviendas a la administración”, declara en un comunicado el colectivo de Sabadell. El propio gobierno se comprometió a no criticar públicamente las ocupaciones de la PAH, desbordado por la incapacidad de dar respuesta a las decenas de familias que cada semana se quedan en la calle. Ante la negativa de los bancos de cederle a la administración parte de su patrimonio edilicio, los servicios sociales no hallan solución para el creciente número de afectados que acuden a sus oficinas. Por eso, según asegura Emma Giné, una de las impulsoras de la PAH Sabadell, cada semana se acercan a la asamblea de la plataforma entre diez y veinte casos nuevos, derivados directamente por los trabajadores sociales.
En el edificio de esta localidad catalana se instalaron, de momento, las cuatro familias que, una vez agotadas todas las vías legales y administrativas, no pudieron evitar ser expulsadas de sus casas. “En los próximos días, irán incorporándose más personas, siempre de acuerdo con la urgencia de cada caso y a lo que se decida entre todos en la asamblea”, explica Emma.
En vez de dormir en la calle, Felipe, su esposa y sus tres hijos tienen ahora la oportunidad de rehacer su vida en un hogar que no sólo está en perfectas condiciones sino que hasta dispone de lavavajillas y secarropas, electrodomésticos con telarañas que jamás habían sido utilizados. El edificio no cuenta aún con electricidad, pero “si hay algo que no nos faltan son albañiles” dicen, entre apenados y contentos, los nuevos inquilinos, muchos de ellos antiguos empleados de la construcción y hoy parados de larga data. Felipe, por ejemplo, en los últimos dos años sólo pudo trabajar tres meses. Como su mujer tampoco encontraba empleo, tuvieron que dejar de pagar la hipoteca y solicitaron un alquiler social al banco, topándose con las paradoja de que se les exigía un sueldo de mil euros para acceder a este tipo de ayudas. Toda la familia abandonó entonces el departamento y ocupó una planta baja que de inmediato la policía (por orden del banco propietario) dio dos días para desalojar. Felipe, desesperado, fue en busca de ideas a la biblioteca municipal y mirando Internet encontró información sobre el movimiento de las PAH. Esa misma tarde ya estaba participando en la asamblea y al día siguiente, acompañado por algunos de los activistas, fue al juzgado y consiguió que le dieran un mes de plazo para encontrar otro sitio donde alojarse. “La verdad es que no extraño mi casa. Aquí, como no tenemos tele, hacemos tertulia todas las noches con los demás compañeros y nos la pasamos muy bien”, cuenta Felipe, en su nueva residencia.
Si hay algo en lo que coinciden todos los participantes de la PAH de Sabadell es en la importancia del apoyo mutuo. Pese a que no se conocían desde antes, lo que los une ahora es tan fuerte que se sienten parte de una gran familia. Además del trabajo colectivo en la asamblea, una vez por semana se reúnen en lo que llaman “la comisión de soporte”, un espacio pensado para que los afectados por el drama de los desahucios puedan desahogarse y compartir sus experiencias. “La primera vez que fui entré llorando y salí riendo, ¡no hay mejor psicólogo que éste!”, confiesa Miguel, otro habitante de una de las 40 viviendas ocupadas.
Emma Giné, activista de la PAH, también hace hincapié en la transformación que viven las familias al involucrarse en la lucha colectiva. “Llegan avergonzados y con un gran sentimiento de culpa por creer que han fracasado en su proyecto de vida –explica– y a los pocos días se dan cuenta de que, al igual que tantos otros, han sido víctimas de un fraude generalizado.” El perfil de los usuarios es mayormente el de personas que nunca antes habían militado en un movimiento social y que, sin embargo, ahora se manejan de forma natural con las dinámicas asamblearias y la acción solidaria. “Enseguida toman conciencia de que aquí no vienes a resolver tu caso, sino el tuyo y el de todos los demás”, concluye Emma.
Pero el respaldo no proviene sólo desde dentro de la PAH. No bien ocupado, muchos vecinos de Sabadell se acercaron al bloque de viviendas con comida, ropa y muebles. Así lo testifica Nabila, una mujer marroquí, madre de tres niños pequeños que, junto a su marido, habitan en el inmueble luego de haber perdido su casa. Ambos se muestran muy agradecidos y Rafik, que viene de declarar en el juzgado como imputado en la ocupación del 13 de abril, apunta que hasta la municipalidad y los jueces le manifestaron su apoyo. De hecho, los funcionarios les permitieron empadronarse allí para que los niños puedan seguir yendo a la escuela y los magistrados resolvieron, en vez de hacer un desalojo cautelar del edificio, abrir un proceso para estudiar con más tiempo la denuncia del banco.
El plan de acción de la PAH es iniciar una negociación con el Sareb para conseguir que las personas que habitan los bloques ocupados (éste es ya el tercero en Sabadell) puedan constituirse jurídicamente como una comunidad de vecinos y pagar así, al banco, un monto similar al de un alquiler social.
La campaña de ocupación de viviendas vacías es la vía que las PAH de todo el Estado decidieron llevar adelante tras ver tumbada por el partido de Mariano Rajoy la Iniciativa Legislativa Popular que, con el respaldo de 1,4 millón de firmas, reclamaba la dación en pago de los pisos hipotecados, la paralización de los desalojos y la instauración de un alquiler social. Por eso, el colectivo antidesahucios de Sabadell asegura: “No nos dejan más opción que desobedecer el absurdo”.
Fuente:Pagina12
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