Los ex gerentes procesados
Por Ailín Bullentini
La jueza Alicia Vence procesó a tres ex directivos de la empresa trasnacional –Pedro Müller, Guillermo Galarraga y Héctor Sibilla– por considerarlos partícipes de los secuestros y torturas que 24 trabajadores sufrieron durante la dictadura.
La planta de Ford en Pacheco fue señalizada el año pasado como centro clandestino.Imagen: Télam
La jueza federal Alicia Vence ordenó lo que ex trabajadores de la empresa Ford esperaban desde que los secuestros, torturas, robos y desapariciones sucedidos durante la última dictadura son considerados delitos de lesa humanidad: en un amplio y detallado fallo, la titular del Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional número 2 de San Martín procesó a tres ex gerentes de la planta que la trasnacional tenía en Pacheco, al norte del conurbano bonaerense, por considerarlos partícipes primarios penalmente responsables en 24 casos de privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional, con violencia y amenazas, e imposición de tormentos. En nueve de esos casos, la jueza encontró un agravante más: el hecho de haberse sostenido los delitos atribuidos durante más de un mes. “Hace diez años que trabajamos en esta causa –remarcó el abogado Tomás Ojea Quintana– y el objetivo principal siempre fue probar la complicidad civil en los delitos cometidos contra los trabajadores”, muchos de ellos involucrados en la actividad gremial de la empresa. Es el tercer caso en el que la Justicia considera la responsabilidad de civiles, siempre vinculados con grandes empresas, en esta clase de delitos y el primero en el que se involucra a una compañía trasnacional.La causa en la que Vence aceleró el trámite desde marzo último, cuando citó a declarar a los ex gerentes hoy procesados, investiga el secuestro, las torturas y los homicidios de decenas de trabajadores de la sede de Ford en Pacheco, y está en manos de la Justicia federal desde hace una década. “El general (Santiago) Riveros fue fácilmente procesado, pero el objetivo fue siempre probar la complicidad de los civiles”, señaló Ojea Quintana para dimensionar la importancia del fallo de Vence.
En 150 fojas, la jueza imputó al ex gerente de Manufacturas de Ford en época de la última dictadura, Pedro Müller; su par entonces en Relaciones Laborales Guillermo Galarraga, y a quien era el jefe de Seguridad en la planta de Pacheco, Héctor Sibilla, por “haber arbitrado los medios necesarios para señalar e indicar al personal militar del ámbito jurisdiccional de la Zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a los delegados y empleados –menciona los nombres de las 24 víctimas consideradas– para que de ese modo pudieran ser detenidos por las fuerzas militares, y así ejecutar el plan de represión implementado por el entonces gobierno militar en el interior de esa empresa”. El procesamiento dictado fue sin prisión preventiva, punto discutido por la querella de los ex trabajadores. Hace poco menos de tres meses, Müller y Galarraga desistieron de declarar. Sibilla negó todo.
Las víctimas supieron de la novedad el lunes a última hora, cuando la noticia comenzó a circular. “Fue una explosión de alegría y de fuerza. Muchos se estaban cansando de luchar”, resumió Ojea Quintana, que analizó como “lo más interesante del fallo” la postura de la jueza frente a la complejidad que significa el análisis de la responsabilidad civil durante el genocidio: “Vence plantea que si en Argentina la ley penal permitiera imponer penas a personas jurídicas, en este caso está claro que la empresa Ford es responsable de las torturas y los secuestros. Es importante, porque ratifica lo que siempre dijimos: que la Ford tiene responsabilidad y que como política de Memoria, Verdad y Justicia, y para evitar que se repita, es necesario que estas entidades respondan”, concluyó.
En base a legajos de la Conadep y, sobre todo, a las declaraciones de las víctimas –los 24 trabajadores fueron “blanqueados” después de pasar “entre 40 y 60 días” secuestrados en forma ilegal–, Vence dio por probado que Müller, Galarraga y Sibilla “aportaron, suministraron o de algún modo brindaron la información necesaria para que los militares de la Zona de Defensa IV pudieran detener ilegítimamente y someter a condiciones inhumanas de vida, sometiendo a golpizas a cada una de las víctimas”. La jueza también los imputó por “haber permitido que se montara un centro de detención en el interior de la fábrica, en los sectores del Campo de Deportes”, donde las víctimas “fueron golpeadas, maniatadas, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría”, según puntualiza el fallo.
Fuente:Pagina12
22.05.2013
Por el secuestro y las torturas aplicadas a 24 obreros dentro de la planta de Pacheco, durante el terrorismo de Estado
Procesaron a tres ex directivos de Ford por delitos de lesa humanidad
Lo dispuso la jueza Alicia Vence, que no dictó la prisión preventiva a los acusados, pero sí embargó a cada uno en $ 750 mil. La medida llegó tras 12 años de iniciada la causa y sentó un precedente clave para otros casos similares.
Por: Gimena Fuertes
"Es lo que corresponde, después de 38 años de lucha", se alegró Carlos Propato, una de las víctimas. "Es un paso gigante para la historia del movimiento obrero de este país que procesen a directivos de una empresa multinacional como Ford", definió el ex primer oficial de pintura de la planta automotriz, en diálogo con Tiempo Argentino.
El lunes por la noche, la jueza federal de San Martín Alicia Vence procesó al ex gerente de Manufactura de la planta automotriz Pedro Müller, al ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga y al ex jefe de Seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla. La magistrada no les ordenó la prisión preventiva, pero sí un embargo de 750 mil pesos a cada uno, según el fallo difundido ayer.
Los gerentes fueron procesados como partícipes necesarios del secuestro de 24 obreros en 1976, cuyos datos personales y fotografías se suministraron a los represores, y por haber permitido montar un centro clandestino de detención dentro del predio de la fábrica.
Los procesados, residentes en Córdoba, deberán comunicar al juzgado cambios de domicilio, presentarse una vez por mes en la delegación de la Policía Federal más cercana y no dejar su vivienda por más de 24 horas. El entonces presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás Courard, también estaba imputado, pero murió en Chile en 1989.
La decisión judicial sienta precedente para el caso de otras grandes empresas cuyas comisiones internas fueron desaparecidas durante el terrorismo de Estado, y marca el camino para identificar a los responsables civiles. "Si bien sabemos que van a apelar, este fallo es por los 30 mil desaparecidos que se alegran desde algún lugar, es un gran paso para que se juzgue a los responsables de las desapariciones en Ledesma, Acindar, Mercedes Benz, Astarza, entre otras empresas", destacó Propato.
La jueza incluso señaló que "la violación de los Derechos Humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales" y que "antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos".
Los secuestros fueron perpetrados por militares de la zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a cargo del ya condenado ex general Santiago Omar Riveros. "Lo más bravo fue la tortura, nos tuvieron durante siete horas en el quincho de la empresa, y luego estuvimos secuestrados 70 días en zona norte, y después nos pasaron a Devoto", recordó Propato.
El fallo detalla que los obreros "fueron golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino". También agrega que, "en muchos de los casos, ante la ausencia laboral de los secuestrados, los despedían 'con justa causa'".
Para la jueza Vence, "pareciera casi inocente preguntarse" si los altos directivos implicados "no tenían una posición de garante sobre la seguridad física de sus empleados y subordinados".
Fuente:TiempoArgentino
21.05.2013
Lo dispuso la jueza federal de San Martín Alicia Vence
Procesan a ex directivos de Ford por secuestro de 24 obreros de la planta Pacheco de la automotriz
En el interior de la planta Pacheco de Ford funcionó un centro clandestino de detención, y lo sabían los directivos
Dos ex gerentes y el ex jefe de seguridad de la empresa Ford en la última dictadura cívico- militar fueron procesados como partícipes necesarios del secuestro de 24 obreros en 1976, cuyos datos personales y fotografías se suministraron a los militares, y por haber permitido montar un centro clandestino de detención dentro del predio de la fábrica. La decisión de la jueza federal de San Martín Alicia Vence recayó sobre el ex gerente de Manufactura de la planta automotriz Pedro Müller, el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de Seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, quienes fueron procesados sin prisión preventiva y embargados en 750.000 pesos cada uno, según el fallo difundido hoy.
Lo dispuso la jueza federal de San Martín Alicia Vence
Procesan a ex directivos de Ford por secuestro de 24 obreros de la planta Pacheco de la automotriz
Dos ex gerentes y el ex jefe de seguridad de la empresa Ford en la última dictadura cívico- militar fueron procesados como partícipes necesarios del secuestro de 24 obreros en 1976, cuyos datos personales y fotografías se suministraron a los militares, y por haber permitido montar un centro clandestino de detención dentro del predio de la fábrica. La decisión de la jueza federal de San Martín Alicia Vence recayó sobre el ex gerente de Manufactura de la planta automotriz Pedro Müller, el ex gerente de Relaciones Laborales Guillermo Galarraga y el ex jefe de Seguridad Héctor Francisco Jesús Sibilla, quienes fueron procesados sin prisión preventiva y embargados en 750.000 pesos cada uno, según el fallo difundido hoy.
"La violación de los derechos humanos no es únicamente patrimonio exclusivo de los agentes estatales, antes bien se concreta con la colaboración de actores privados, y en particular, por empresas que participan, apoyan y facilitan como actores económicos tales actos, en cuanto la violación beneficie sus intereses económicos", señala el fallo. En ese marco, destaca que "es importante no solo perseguir judicialmente a los autores estatales, sino también a los privados".
En la resolución se consideró que los secuestros perpetrados entre el 24 de marzo y el 20 de agosto de 1976 fueron delitos de lesa humanidad e imprescriptibles. "A los nombrados se les imputa el haber facilitado los datos personales de cada uno de los empleados involucrados, junto a sus fotografías y domicilios particulares, para que de esa forma puedan ser habidos", afirmó la magistrada. Además, "se les hace el cargo de haber permitido que se montara un centro de detención en el interior del predio de esa fábrica, en los sectores del Campo de Recreativo y/o de Deporte, para que fueran interrogados".
"Allí fueron, golpeados, maniatados, tapándoseles sus rostros para que no pudieran observar lo que ocurría y golpeados por el personal que intervino. En muchos de los casos, ante la ausencia laboral de los secuestrados, los despedían `con justa causa`", detalla el fallo.
"Pareciera casi inocente preguntarse si el directivo de una empresa multinacional como Ford S.A., el gerente general que hacía las veces de vicepresidente, el gerente de relaciones laborales y el jefe de seguridad no tenían una posición de garante sobre la seguridad física de sus empleados y subordinados", analizó.
La jueza los encontró partícipes primarios de "privación ilegal de la libertad doblemente agravada por haber sido cometida por abuso funcional y con violencia y amenazas, reiterada en 24 hechos, nueve de ellos agravados por haber transcurrido más de un mes e imposición de tormentos, reiterados en 24 ocasiones".
Los procesados, residentes en Córdoba, deberán comunicar al juzgado eventuales cambios de domicilio, presentarse una vez por mes en la delegación de la Policía Federal más cercana y no dejar su vivienda por más de 24 horas.
El entonces presidente de Ford Motors Argentina, Nicolás Courard, también estaba imputado, pero el juzgado recibió constancias de su fallecimiento en Chile en 1989. Los secuestros fueron perpetrados por militares de la zona de Defensa IV del Comando de Institutos Militares, a cargo del ya condenado general Santiago Omar Riveros. Las víctimas fueron: Pedro Norberto Troiani, Carlos Rosendo Gareis, Jorge Enrique Constanzo, Marcelino Víctor Reposi, Adolfo Omar Sánchez, Francisco Guillermo Perrotta, Juan Carlos Ballestero, Pastor José Murúa, Rubén Manzano, Juan Carlos Amoroso.
También fueron secuestrados Fernando Mario Groisman, Luciano Bocco, Juan Carlos Conti, Ricardo Avalos, Vicente Ismael Portillo, Carlos Alberto Propato, Luis María Degiusti, Eduardo Norberto Pulega, Hugo Adolfo Núñez, Rubén Traverso, Raimundo Cayetano Robledo o Mirco Robledo, Carlos Enrique Chitarroni, Roberto Cantelo y Héctor Subarán.
En el fallo, la jueza aludió a precedentes internacionales como los procesos abiertos a empresas alemanas por su colaboración con el nazismo. Además de ser delitos imprescriptibles, "no se puede soslayar que se trata de eventos tan aberrantes que ofenden a toda la comunidad internacional -delitos universales-", advirtió. Y recordó los casos de las causas abiertas a firmas alemanas por ejemplo por vender a los nazis el pesticida que se usaba en las cámaras de gas para asesinar a millones de judíos.
Fuente:Telam
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