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Calle 51 ( entre 9 y 10)
Salon Astor Piazzola
14 horas: acreditaciones
14, 30 horas: Aperturas a cargos de Baltasar Garzon, la Defensora General de la Nación Stella Maris Martinez y la Procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbo.
A las 15,30
Panel Acceso a la justicia
Representantes fabricas recuperadas, movimientos campesinos, pueblos originarios, comunidades homosexuales argentina, etc
A las 17
Panel Trabajadores de la justicia
Representantes de Encuentro de la Militancia Judicial, Comision interna de Empleados del MPF, etc
18 horas
LANZAMIENTO DE LA ASOCIACION JUSTICIA LEGITIMA
Envío:Agnddhh
SEGUNDO ENCUENTRO NACIONAL DE “JUSTICIA LEGITIMA”
Con una magistrada como presidenta
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Los integrantes del espacio “Justicia legítima” realizarán hoy el Segundo Encuentro Nacional en la ciudad de La Plata, donde también se presentarán orgánicamente como asociación civil sin fines de lucro. En el evento estará presente el ex juez español Baltasar Garzón y se anunciará que la presidenta de la agrupación judicial será la presidenta de la Cámara del Crimen, María Laura Garrigós de Rébori. El encuentro se desarrollará a partir de las 14 en el Teatro Argentino y lo abrirán la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó; la defensora general de la Nación, Stella Maris Martínez, y Garzón.
Durante la jornada habrá un panel en el que integrantes de fábricas recuperadas, movimientos campesinos, pueblos originarios y de la Comunidad Homosexual Argentina debatirán sobre el acceso a la Justicia. En otra mesa hablarán representantes de trabajadores judiciales que se opusieron a las medidas de fuerza impulsadas por la conducción de la Unión de Empleados Judiciales que encabeza Julio Piumato –que responde a Hugo Moyano– contra los proyectos de reforma de la Justicia que el gobierno nacional envió al Congreso y que terminaron de ser aprobados ayer a la madrugada.
“Justicia legítima” nació a fines de enero pasado, en respuesta a un comunicado firmado por la Junta Federal de Cortes, la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional y la Federación Argentina de la Magistratura, en donde se cuestionaba la supuesta injerencia del poder político sobre la Justicia, en particular respecto de las medidas que frenaron la puesta en marcha de la ley de medios. Como respuesta a ese planteo, distintos funcionarios judiciales firmaron una solicitada en la que señalaban que la independencia no debía ser sólo respecto del poder político, sino también de las corporaciones mediáticas, económicas, eclesiásticas y judiciales. A partir de allí se gestó el espacio que tuvo su primer encuentro a fines de febrero en la Biblioteca Nacional, en el que se analizó el funcionamiento del sistema judicial y su acercamiento a la sociedad.
“Nos mueve el propósito de reconciliar al sistema de administración de Justicia con la ciudadanía, en tanto fuente única de su legitimidad, en virtud del desprestigio al que lo han llevado años de aislamiento”, indicaron en la solicitada de diciembre de 2012. “Los jueces cumplen una función esencial en el sistema democrático y, por tanto, su conducta –como la del resto de los funcionarios públicos– debe estar sujeta al escrutinio estricto de la ciudadanía”, dijeron entonces.
María Laura Garrigós de Rébori es, además de jueza, docente de derecho penal en la UBA. Fue definida como una “garantista convencida”. Como jueza correccional intervino en el caso de los desmanes provocados por los “batatas” del Mercado Central en La Rural y fue una de las primeras en dictaminar la inconstitucionalidad de la norma que obligaba a los jueces correccionales a ser investigadores y juzgadores al mismo tiempo. Ese criterio fue avalado luego por la Corte Suprema.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
OPINION
Por Jorge Auat *
Por quién doblan las campanas
Cuando el 6 de diciembre del año pasado la Comisión Nacional de la Independencia Judicial junto con la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, entre otros, publicó el comunicado declamando y reafirmando la independencia del Poder Judicial, la que está garantizada por la propia Constitución conforme ellos mismos lo señalan, tuve la convicción de que estábamos en presencia de una expresión más del espíritu corporativo cuyo ADN se evidencia –aunque quizá como nunca antes– en cada circunstancia en la cual la Justicia se saca la venda. Cuando se recluye, cuando no puede dar explicaciones, ahí el ropaje jurídico le sirve de coartada.
Esto produjo una reacción en cadena de singular magnitud: éramos muchos los que no teníamos nada que ver con ese comunicado. No nos sentíamos representados. Y en consecuencia nació el foro de autoconvocados que disparó una discusión que en rigor estaba postergada, o peor aún, deliberadamente ignorada: había que cambiar la historia.
Y claro, era la oportunidad. Estamos en estado de emergencia institucional y hay que instalar la discusión para un urgente cambio de paradigmas. Sin duda muchos tuvieron ataques de tos. Estábamos alborotando el gallinero y les había llegado la hora: terminar con privilegios oprobiosos que irritan a la sociedad y generan consecuentemente un rechazo visceral que profundiza y agudiza el desprestigio. El comunicado del 6 fue una carta marcada, la jugada era evidente. Entre tantos ditirambos por la independencia judicial había un grito que no se podía silenciar, que era el de la corporación. Tanto es así que se cura en salud: “... esta manifestación no puede ser confundida con la defensa de intereses corporativos”. Como me dijo un amigo alguna vez: “Jugá la carta que te la vi”.
El funcionamiento corporativo del sistema judicial no es moco ‘e pavo. Conspira gravemente contra el Estado de Derecho. Esa corporación fue –como tal– funcional a las dictaduras. Lo decía con claridad José Massoni hace unos días en este mismo espacio: desde el año 1930 en adelante compartieron la marquesina con los gobiernos de facto. Fueron operadores eficaces de los estados policiales y creo no haber escuchado nunca en aquellos tiempos ignominiosos que se haya reclamado independencia judicial. Es más, un testimonio cabal de la patología que describo lo constituyen las causas por los crímenes de lesa humanidad: magistrados y funcionarios ponían cepos insalvables para avanzar en las investigaciones y esto no era otra cosa que el cuño de la corporación. En esas causas hay nombres de jueces, fiscales y secretarios directamente vinculados con los hechos. Las denuncias en el Consejo de la Magistratura corrían la misma suerte que las causas que las motivaban. Casos graves, quizás el más emblemático fue el de Olivera Pastor en Jujuy, un secretario a cargo del juzgado cuyo expediente estuvo más de tres años en manos de un consejero sin trámite, paralizado hasta que renunció por una movilización de los organismos de DD.HH. y de la Tupac Amaru. Todo ello con pleno conocimiento de la Cámara Federal de Salta que tiene superintendencia en esa jurisdicción. Inclusive, uno de sus integrantes, Renato Rabbi Baldi Cabanillas, ensayó una defensa de ese juez en la Comisión Interpoderes de la Corte, con argumentos inadmisibles. Cómo no se iba a enseñorear la impunidad en semejante escenario. Nos cacheteaba la cara, nos hacía un corte de manga. En definitiva, una muestra impúdica del poder corporativo, el último y el más estratégico de los instrumentos para garantizar esa impunidad. Los procesos judiciales por los crímenes de lesa humanidad han sido y son quizás el lugar más patético donde se desnudó la corporación. Allí también se oía con frecuencia “independencia judicial”. Claro, cómo no van a huir por ese camino, si la estaban poniendo a prueba. Había que rendir cuentas y ése era el problema. Cuando se habla tanto de la independencia me viene a la memoria una expresión de Scalabrini Ortiz: “Quieren liberar a los argentinos de la intromisión de los argentinos”.
Hubo un episodio que encaja cono anillo al dedo con lo que vengo describiendo, que pinta el poder de la corporación: para cubrir una vacante en la Cámara de Casación Penal, al margen de la ley aplicable al caso –que establece un mecanismo de sorteo entre los jueces de las distintas Cámaras del país–, Luis Cabral, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios (antes miembro del Consejo de la Magistratura reemplazado por Ricardo Recondo y éste antes presidente de la Asociación, es decir un cambio de funciones) fue propuesto por uno de los integrantes de la propia Cámara, Raúl Madueño, quien no sólo llevó la propuesta, sino que además votó a favor de su incorporación. A una presentación que hice como fiscal cuestionando esa designación –antes ya lo había hecho el CELS–, la Cámara lo ratifica y el propio Cabral está presente en la deliberación. Un ejercicio de musculatura de la corporación que marca claramente quién tiene el Poder (corresponde aclarar que el juez Alejandro Slokar votó en disidencia).
El poder corporativo tiene hacia adentro un tinte casi pastoral que le da vigor, permanencia y vigencia, y es por eso que el comunicado que firma la Asociación (de la que soy socio) lo hace en mi nombre y el de todos, porque la tecnología de ese poder le permitió hablar en nombre de todos, del rebaño, siguiendo a Foucault.
Viene bien, a propósito, citar a Alberdi en su Peregrinación de luz del día, parangonando a la libertad con la tan mentada independencia judicial de la que hablamos: “Aunque impotente y confinada en la inacción, ella vive disputada por dos clases de enemigos o pretendientes, a saber: los bribones de un lado y los imbéciles de otro. Los unos la explotan so pretexto de servirla, los otros acaban de arruinarla so pretexto de defenderla. El jefe de los primeros, siento decirlo, es nuestro amigo Tartufo; el de los segundos, es nuestro Don Quijote”. Pobre Independencia.
Desde luego no es fácil salir del rebaño. Es probable un escenario de réprobos y salvos. Pero si no lo intentamos, esto no cambia. El desafío está lanzado, no hay vuelta atrás. A partir del 27 nada va a ser igual. “No preguntes por quién doblan las campanas. Doblan por ti.” *Fiscal general a cargo de la Unidad fiscal de coordinación y seguimiento de las causas por violaciones a los derechos humanos cometidas durante el terrorismo de Estado.
Fuente: Pagina 12, 23 de febrero 2013
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