Un engranaje más dentro del plan criminal
Los fiscales consideraron, con apoyo del fallo del Tribunal Oral que el año pasado condenó a represores de Bahía Blanca, que Vicente Massot, como responsable del diario, tuvo un rol específico dentro del plan del terrorismo de Estado. Antecedentes del nazismo y Ruanda.
Por Diego Martínez
Para los fiscales, “el compromiso” de Vicente Massot con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”.Imagen: Pablo Piovano
La unidad fiscal que investiga delitos de lesa humanidad en Bahía Blanca pidió la detención de Vicente Massot, director del diario La Nueva Provincia, por su participación en el plan criminal implementado por la última dictadura. La responsabilidad de los directivos del diario ya había sido señalada por el Tribunal Oral que condujo en 2012 el primer juicio a represores locales. “No estamos hablando de periodismo ni de simpatía por una posición política, sino de la concreción de una etapa del plan criminal, específicamente diseñada, que La Nueva Provincia ejecutó a la perfección, sin fisuras y con un compromiso mayor incluso que muchos de los condenados”, destacaron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. El pedido de detención alcanza a Mario Gabrielli, entonces jefe de redacción del diario bahiense. La decisión sobre el futuro de Massot y Gabrielli está ahora en manos del juez federal Santiago Martínez.Los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti marcaron en su sentencia la “campaña de desinformación y propaganda negra” de LNP, no sólo para “imponer la versión de los victimarios”, sino para crear “un estado tal de anomia legal en la sociedad, que permitió el ejercicio brutal de violencia irracional” desde el Estado. El tribunal enfatizó el rol de los Massot en “la inducción de culpa sobre la propia víctima, familiares y amigos, la persuasión al silencio de toda la población y la incitación a considerar a los opositores como inadaptados sociales, que conduce a la deshumanización del grupo humano”. Recordaron que el propio Adel Vilas, cara visible de la dictadura en Bahía, aludió a LNP como un “valioso auxiliar de la conducción” militar. “La actuación de los directivos de LNP, por protagonismo, fluidos contactos, confianza, trato directo o ‘prima facie’ complicidad, con las autoridades del 5º Cuerpo, no se halla alejada de toda la ilegalidad que existía en la época”, escribieron.
Para los fiscales, LNP tuvo una “participación criminal concreta y específica” que “se disfrazó bajo el ropaje de la actividad periodística”. “El compromiso” con el genocidio se materializó en “el ejercicio de funciones de acción psicológicas”, explicaron. El detalle incluye fusilamientos presentados como enfrentamientos, elogios a la “eficacia” militar, datos sobre militancias “extremistas”, todo ilustrado con fotos robadas por los militares. “A ese nivel de complicidad, compromiso y acuerdo llegaba el ‘diario del sur argentino’ con la dictadura. Un nivel que lo ubica en el plano de la coautoría funcional, desplegando un rol específico y perfectamente delineado en los reglamentos de operaciones psicológicas y de inteligencia”, apuntaron Nebbia y Palazzani.
El documento de 137 fojas incluye hallazgos notables. “Estamos ganando la batalla en el campo militar y perdiéndola en el cultural”, editorializó LNP en abril de 1978. La primera persona del plural “es reflejo fiel de su pertenencia al plan de las Fuerzas Armadas, cumpliendo su rol de propaganda y a la vez de alerta para que la ‘guerra’ siguiera en el campo cultural”, advierten. En una de tantas notas para denostar a Jacobo Timerman como “responsable ideológico de la subversión”, los Massot destacaron su rechazo por los “plumíferos comunistas” de La Opinión y confesaron: “No es éste el lugar para dar sus nombres, cosa que hemos hecho en lugar y momentos adecuados; nombres de argentinos algunos y de excrecencias extranjeras otros”.
Diana Julio de Massot, directora hasta su muerte, fue “la cabecilla del grupo”, recordaron. El rol de Vicente Massot “era múltiple”. Desde 1974, cuando se modificó el contrato social de la empresa, fue socio, léase dueño. Según un acta de septiembre de 1975, la dirección decidió que “todo trato con el personal se canalizará por intermedio del señor Vicente Massot”. Fue en esos meses cuando el conflicto con los gráficos llegó a su pico y cuando la dirección denunció la “labor disociadora” de los delegados Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, que meses después serían fusilados. El 24 de marzo de 1976, Massot se paseó por la rotativa con su mamá, bandera en mano, para provocar a los gráficos. En marzo de 1977 representó a la empresa en una reunión de la Sociedad Interamericana de Prensa, donde destacó que al enfrentar el país la “escalda del marxismo internacional” era lógico que se tomaran decisiones “lesivas respecto de determinadas libertades”. En 1979, ante declaraciones de Juan Pablo II sobre la violencia en la Argentina, editorializó en su radio (LU2) que el Papa se dejó influir por “madres cuyo dolor será muy entendible, pero que no es justificable, o bien por determinadas camarillas en el Vaticano que apoyan todo tipo de reivindicaciones marxistas o subversivas”. “Es inconcebible”, se ofuscó. En 1980, como “asistente de dirección”, visitó con su mamá a Albano Harguindeguy, ministro del Interior de la dictadura.
Los fiscales citaron dos antecedentes de directivos de periódicos condenados por su rol en genocidios. El Tribunal de Nuremberg condenó al dueño de Der Sturmer por “su labor de propaganda del régimen genocida”. Entendió “que era posible que no estuviese directamente implicado en la comisión física de los asesinatos de los judíos, pero que había alentado y conocía tales actos”. Los dueños de LNP “conocían la metodología que se estaba empleando, al punto de exigir que se modificara y se comenzara a fusilar masivamente”, recordaron. Igual que Vilas, “el criminal de guerra Himmler dijo que Der Sturmer ‘ha contribuido enormemente a descubrir al enemigo de la humanidad’”. El Tribunal Penal Internacional para Ruanda condenó al dueño del periódico Kangura por instigación directa y pública a cometer genocidio. Desde el diario “se promovía el odio y se hacía un llamado al exterminio” y “se manipulaba la conciencia de los lectores instigándolos al odio”, fundamentó. A partir de un análisis de derecho internacional y jurisprudencia sobre libertad de expresión, el tribunal concluyó que “la incitación a la violencia, las amenazas, los libelos o los falsos anuncios no pueden considerarse amparados por la libertad de expresión, ya que en el derecho internacional este principio no es incompatible con la prohibición de la discriminación y de los discursos del odio”.
Fuente:Pagina12
DD HH/JUICIOS/EN BA.BCA./LA NUEVA PCIA /2013.V.2 LOS
FISCALES Piden la detención de Vicente Massot
Un repaso de la época
por las notas del diario, permite determinar una acción psicológica en línea con
los reglamentos castrenses.
En los últimos años, se ha visualizado, además, su rol en
otro plano delictual, como el configurado por los asesinatos de los obreros
gráficos Heinrich y Loyola.
D. K.
“Ha
sonado la hora”. “Llegó el momento”. Una frase, la primera, corresponde a
Leopoldo Lugones, quien la dijo en 1924 en su penosamente célebre discurso de
Ayacucho, con el que prefiguró la matriz discursiva castrense que se repetiría
en casi todas las proclamas con que se anunciaron los golpes militares desde
1930. La segunda fue impresa en la edición del 24 de marzo de 1976 del diario La Nueva Provincia ,
que de ese modo saludó a la dictadura cívico militar que venía reclamando desde
que en 1973 concluyó la anterior.
Pero
el reloj de la Historia
no se detiene y ahora los momentos que han llegado y las horas que han sonado
parecen ser los de la
Justicia. La Unidad Fiscal de Derechos Humanos bahiense a
cargo de los doctores José Nebbia y Miguel Palazzani solicitó el jueves 2 de
mayo al juez federal Santiago Martínez que detenga, indague y prohíba la salida
del país al empresario Vicente Massot, actual propietario y director del diario
La Nueva Provincia
de Bahía Blanca y a su secretario de redacción durante la dictadura, Mario
Gabrielli, a quienes imputó por su participación en el plan criminal que
configuró el genocidio sufrido en nuestro país durante la segunda mitad de la
década del ’70. En tal sentido ha quedado también subrayada la responsabilidad
que cupo en el plan criminal a la madre de Massot, Diana Julio y a uno de sus
hermanos, Federico. Todos ellos formaban parte del grupo medular con poder de
decisión en el diario del que Julio era directora durante el periodo en
cuestión. Bajo la dictadura y mientras en el mismo edificio funcionaba un
Centro Clandestino de Detención (CCD), Vicente Massot visitaba en la ESMA al represor Jacinto
Chamorro. Su madre, Diana Julio, hacía lo propio en la Base Naval de Puerto
Belgrano con el Jefe de Operaciones Navales Luis María Mendía, a quien también
recibía en su despacho. Su otro hijo, Federico, trataba de “cagones” a los
represores navales que “no se animaban a fusilar” públicamente a los secuestrados.
El
documento donde Nebbia y Palazzani plasmaron la acusación responde a un
señalamiento formulado por el Tribunal Oral Federal integrado por los jueces
Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, que al dictar sentencia en el primer
juicio contra represores en Bahía Blanca ordenaron “extraer testimonio de las
constancias respecto de las publicaciones que daba cuenta el diario La Nueva Provincia de
esta ciudad y remitirla al Juzgado Federal que por turno corresponda, a fin de
que se investigue la posible comisión de delitos de acción pública por parte de
los directivos de dicho órgano de prensa”. El Juzgado Federal que recibió la
causa fue el del juez Santiago Martínez, quien delegó la investigación en la Unidad de Nebbia y
Palazzani. Los fiscales se abocaron al trabajo y hallaron elementos suficientes
para formular las acusaciones ante el propio magistrado, que deberá ahora
decidir.
Con
el pedido elevado se abre una nueva arista en el debate acerca de la
complicidad civil con la dictadura en niveles que hasta el momento sólo habían
sido denunciados por organismos de derechos humanos y un pequeño grupo de
medios y periodistas. Además, el hecho marca un precedente a nivel mundial: si
bien acusaciones similares se enmarcaron en los juicios por los crímenes de
lesa humanidad de la Alemania
nazi y Ruanda, en ambas oportunidades se trató de determinaciones de Tribunales
internacionales. En este caso, son el Poder Judicial y el Ministerio Público
argentinos quienes avanzan en esta línea de investigación e imputación. Repasar
los antecedentes más conocidos del diario bahiense sirve para ilustrar su
historia de compromiso con la última dictadura, al tiempo que permite
determinar que su actuación en dicho periodo no se limitaba a hacer uso del
derecho a la libertad de expresión, que fue por otra parte ferozmente cercenado
en la época.
“Un
medio de difusión fundamental”
La
acusación sobre los cuatro mencionados mandamases – dos de los cuales se
encuentran fallecidos, por lo que la acción penal se extinguirá luego de certificados
sus decesos pero no así su responsabilidad histórica – sobreviene luego de
señalados en la prensa y la
Justicia un conjunto de hechos que vinculan a la plana mayor
de La Nueva Provincia
con la represión clandestina.
El
primero de ellos es el caso de los obreros gráficos Enrique Heinrich y Miguel
Ángel Loyola. Para 1975 ambos eran delegados gremiales en la empresa y en
reclamo de la aplicación efectiva un convenio colectivo ya firmado por las
partes, fueron las caras visibles de un paro que durante tres semanas hizo que
el diario no apareciera. Cuando el matutino volvió a los kioscos, el primer día
de septiembre de ese año, su directora acusó a los gremialistas de liderar una
“labor disociadora” y les advirtió que sus “fueros parecieran hacerles creer,
temerariamente, que constituyen una nueva raza invulnerable de por vida”.
Dos
meses después, la
Prefectura de Zona del Atlántico, cuya participación en la
represión clandestina se estructuraría bajo la órbita de la Armada a cuyos altos mandos
Diana Julio daba indicaciones, elaboró el borrador de su “Estudio sobre el
diario La Nueva
Provincia (guerrilla sindical)”, que incluía una nómina del
“personal a SER RALEADO DE UN MEDIO DE DIFUSIÓN FUNDAMENTAL” (sic). Heinrich y
Loyola figuraban a la cabeza de la lista.
El
30 de junio, ambos delegados gremiales fueron secuestrados de sus hogares. Por
espacio de cuatro días completos permanecieron desaparecidos. Tal novedad no
motivó la extrañeza del periodista Norman Fernández, hoy segunda línea de
Vicente Massot, que en una reciente entrevista dijo que no había visto “nada
raro” dentro de la empresa en esos años. El 4 de julio los cadáveres de ambos
trabajadores fueron hallados a la vera de una ruta. Estaban maniatados, con
signos de torturas y sobre ellos se habían disparado más de cincuenta balazos.
El periodista Carlos Iaquinandi, que para 1976 era una de las voces del
informativo de LU3 y tenía activa militancia gremial, comprendió entonces que
debía irse del país. Hoy opina que los homicidios de Heinrich y Loyola, por los
que ya hay elevados a juicio varios militares, contenían además un claro
mensaje mafioso.
Tras
un manto de neblina
Los
otros aspectos de la actuación de la cúpula del matutino durante la dictadura
se enmarcan en los extractos observados
en septiembre por el Tribunal Oral Federal, que daban cuenta de la forma
en que La Nueva
Provincia , comandado por sus directivos, participó del plan
criminal. Para comprobarlo, basta leer las páginas del diario durante la época
en cuestión.
Por
un lado, se encuentra la actuación que el medio desarrolló en acciones de
propaganda ante la opinión pública, en un contexto específico en que no
existían ni la internet ni la Tv
por cable y el diario y el multimedios del que formaba parte eran la principal
y casi única fuente de acceso a la información en la región, un derecho de sus
vecinos que el matutino también obstruyó.
Estas
acciones de manipulación de la opinión pública se plasmaron en las páginas del
“diario del sur argentino” en consonancia con reglamentaciones castrenses como
el Reglamento de Operaciones Sicológicas que firmó el dictador Alejandro
Lanusse en 1968 y el represor Adel Vilas entregó a la Cámara Federal
bahiense ante la que declaró casi veinte años más tarde. El título de la
normativa, que detallaba el rol que cabía a cada sector de la comunicación en
la acción militar, habla por sí mismo.
El
mecanismo de acción propagandística y psicológica incluía la promoción de controles y
delaciones hacia el común de la población y la construcción de las víctimas
como “delincuentes subversivos”. En eso, justamente, se basa el delito de
genocidio: la atribución a un “otro”, determinado por cuestiones de edad,
género o pertenencia política, de conductas o características que lo convierten
en un elemento a exterminar. En la metáfora bíblica de los capellanes navales,
“separar la cizaña del trigo”. En la extendida versión biologicista, erradicar
el “virus subversivo”.
La
acción psicológica descripta, se complementaba y verificaba con la narración de
cada hecho de la represión clandestina, lo que daba cierre al circuito. De este
modo, el diario se ocupó de presentar relatos ficticios de los acontecimientos,
tal como lo advirtió en su fallo el TOF que en septiembre dictó sentencia en
Bahía Blanca al ordenar abrir líneas de investigación en tal sentido.
La
práctica incluía no sólo la reproducción de comunicados o la omisión de datos,
sino también la presentación seriada de notas cuyos titulares remitían siempre
a la figura de los “enfrentamientos” fraguados que ya habían sido refutados por
Rodolfo Walsh para marzo de 1977. Los ejemplos de este tipo de narraciones son
decenas y todos dan cuenta del esmero del diario por encubrir los crímenes,
objetivo para el que contaban además con documentación que sólo podían obtener
a través del contacto con fuentes de primera mano.
Un
ejemplo ilustrativo y terrible entre los muchos que se encuentran repasando las
páginas del diario en la época es la crónica que reseña la muerte de Fernando
Jara.
Jara
fue secuestrado a mediados de 1976 y desde el principio sus secuestradores le
habían anticipado que sería asesinado el 16 de diciembre de ese año, día en que
se cumplía el primer aniversario de las muertes de los militares Bruno Rojas y
René Papini, en que los represores le atribuían participación. Citando a
Roberto Arlt, el fiscal Abel Córdoba explicó la particular perversión del caso
durante su alegato en el juicio a diecisiete represores del Ejército que
concluyó en septiembre. “Lo habían torturado todo el tiempo y pesaba sobre él
una sentencia macabra”, explicó. Se trataba de una “tortura a plazo fijo. Todos
tenemos la noción de la muerte incorporada, pero vivimos a partir de la
incertidumbre de ese momento, a partir de allí es que podemos vivir y ocuparnos
de otras cosas. Los últimos seis meses de su vida, Jara no pudo hacer eso. Se
lo sentenció con la certeza que iba a ser fusilado en determinado momento y que
no podría hacer nada al respecto. Ni el recurso subjetivo a la angustia tuvo”.
Una
testigo narró el operativo que se hizo en Cerrito y Casanova. “¡No me maten!”,
fue lo último que se le oyó decir a Jara. Al día siguiente, el diario de Massot
armó una crónica donde se detallaba incluso el clima imperante. “Cubría la
ciudad un gran manto de niebla” al momento de perpetrado el crimen, que el
matutino encubrió presentándolo como un intercambio de disparos surgido cuando
el “delincuente subversivo”, que desde hacía meses se encontraba secuestrado,
circulaba por el lugar y había pretendido eludir una patrulla policial,
cubriendo su salida con disparos de un arma que no podía poseer. Pero el diario
de los Julio-Massot no se quedaba allí. Agregaba el dato que había dado origen
a la sentencia que los asesinos habían hecho caer sobre Jara, como modo
particular y perverso de tortura tan pronto como lo tuvieron en su poder: en
ese lugar, recordaba la redacción, exactamente un año antes, habían ocurrido
las muertes de los militares Rojas y Papini.
30.000 Compañeros Detenidos
-Desaparecidos Presentes!
H.I.J.O.S. Bahía Blanca.
(Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido
y el Silencio)
SE LE ACABÓ
¡MARCHE
PRESO!
Envío:IEPPES-Antonio Coria
11.05.2013
lesa humanidad
Para la APDH, el rol del diario "La Nueva Provincia" estuvo vinculado a un "plan de acción psicológica"
lesa humanidad
Para la APDH, el rol del diario "La Nueva Provincia" estuvo vinculado a un "plan de acción psicológica"
El secretario de la Asociación Permanente por los Derechos Humanos de Bahía Blanca, Eduardo Hidalgo, afirmó hoy que "las pruebas están escritas, está el rol del diario en donde no se puede adjudicar a una cuestión de libertad de expresión sino que está enmarcado en un plan de acción psicológica".
Hidalgo formuló hoy estos conceptos en referencia al pedido que solicitó la Unidad Fiscal de Derechos Humanos ante un juez Federal de Bahía Blanca para detener al titular del diario "La Nueva Provincia", Vicente Massot, y al periodista, Mario Gabrielli, quien se desempeñó como secretario de redacción.
Se trata de la Unidad a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani quienes solicitaron ante el juez Federal Santiago Martínez que el empresario y el periodista habrían formado parte del plan criminal durante la última dictadura militar.
"Esto forma parte del mismo cuerpo de investigación de Lesa Humanidad de los cuales nosotros trabajamos desde 1986 y hoy se da la historia jurídica a partir de lo que resolviera el Tribunal Oral en el juicio que conluyó el 12 de septiembre pasado y lo investigado por los fiscales", agregó Hidalgo.
El año pasado y en el marco del primer juicio por delitos de Lesa Humanidad cometidos en Bahía Blanca, el Tribunal a cargo de los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti ordenó que se investigue "la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de La Nueva Provincia durante la última dictadura militar”.
Durante el fallo en el que fueron condenadas 17 personas, el Tribunal dictaminó "extraer constancias documentales respecto de la publicaciones que daba cuenta el diario y remitirlas al juzgado federal”.
Hidalgo recordó que previamente el entonces fiscal Abel Darío Córdoba "había pedido el allanamiento del Diario La Nueva Provincia lo cual el ex juez Eduardo Tentoni se había negado con una conducta cobarde".
"Ahora vamos sobre la misma situación ya que son acusaciones concretas que surgen del propio medio", dijo Hidalgo.
Para el titular de la APDH "en este caso las pruebas están escritas, el rol del diario en todo el diario, no se puede adjudicar loque dice el diario a una cuestión de libertad de expresión y del medio porque está enmarcado en todo lo que tiene que ver el plan de acción psicológica".
"Ahora como el juez no realizó la investigación y derivó el testimonio de parte del Tribunal a la Fiscalía para que investigara, dá como resultado ésto por lo que se los fiscales solicitan la indagatoria y detención", agregó Hidalgo.
En ese contexto y sobre el juez Federal Martínez, el titular de APDH sostuvo que "vamos a ver qué medidas toma y esperemos que sean las que corresponda".
"Esta es una primera etapa, no empieza y termina acá, es el primer paso de la etapa más profunda de la investigación, se sigue investigando ya que tiene otros cuerpos y trabajos que no se han incorporado en la medida que avance ésto", puntualizó.
Se trata de la Unidad a cargo de los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani quienes solicitaron ante el juez Federal Santiago Martínez que el empresario y el periodista habrían formado parte del plan criminal durante la última dictadura militar.
"Esto forma parte del mismo cuerpo de investigación de Lesa Humanidad de los cuales nosotros trabajamos desde 1986"
"Esto forma parte del mismo cuerpo de investigación de Lesa Humanidad de los cuales nosotros trabajamos desde 1986 y hoy se da la historia jurídica a partir de lo que resolviera el Tribunal Oral en el juicio que conluyó el 12 de septiembre pasado y lo investigado por los fiscales", agregó Hidalgo.
El año pasado y en el marco del primer juicio por delitos de Lesa Humanidad cometidos en Bahía Blanca, el Tribunal a cargo de los jueces Jorge Ferro, Martín Bava y José Triputti ordenó que se investigue "la posible comisión de delitos de acción pública por parte de los directivos de La Nueva Provincia durante la última dictadura militar”.
Durante el fallo en el que fueron condenadas 17 personas, el Tribunal dictaminó "extraer constancias documentales respecto de la publicaciones que daba cuenta el diario y remitirlas al juzgado federal”.
Hidalgo recordó que previamente el entonces fiscal Abel Darío Córdoba "había pedido el allanamiento del Diario La Nueva Provincia lo cual el ex juez Eduardo Tentoni se había negado con una conducta cobarde".
"Ahora vamos sobre la misma situación ya que son acusaciones concretas que surgen del propio medio", dijo Hidalgo.
Para el titular de la APDH "en este caso las pruebas están escritas, el rol del diario en todo el diario, no se puede adjudicar loque dice el diario a una cuestión de libertad de expresión y del medio porque está enmarcado en todo lo que tiene que ver el plan de acción psicológica".
"Ahora como el juez no realizó la investigación y derivó el testimonio de parte del Tribunal a la Fiscalía para que investigara, dá como resultado ésto por lo que se los fiscales solicitan la indagatoria y detención", agregó Hidalgo.
En ese contexto y sobre el juez Federal Martínez, el titular de APDH sostuvo que "vamos a ver qué medidas toma y esperemos que sean las que corresponda".
"Esta es una primera etapa, no empieza y termina acá, es el primer paso de la etapa más profunda de la investigación, se sigue investigando ya que tiene otros cuerpos y trabajos que no se han incorporado en la medida que avance ésto", puntualizó.
Fuente:Telam
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