Operaciones en paraísos fiscales
La diputada nacional Juliana Di Tullio y el constitucionalista Eduardo Barcesat realizaron ayer una denuncia ante la Procuraduría Adjunta de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac) “contra todas aquellas personas físicas o jurídicas” que sean “autores, partícipes o encubridores” de operaciones sospechadas de lavado de dinero en paraísos fiscales. La denuncia, que convoca a la Unidad de Investigación Financiera (UIF) a que asuma el rol de querellante, está basada en información difundida en los últimos días que confirmaría la titularidad de los directivos del Grupo Clarín en once sociedades anónimas constituidas en Panamá con dinero no declarado en Argentina.
Barcesat informó que “los depósitos en paraísos fiscales provenientes de la Argentina de personas físicas, jurídicas o en representación de, alcanzarían la cifra de 400 mil millones de dólares, lo que nos pone en un lugar de oscuro privilegio en el ranking de países evasores, octavos a nivel mundial y cuartos si se computa la población”, como una manera de focalizar la atención en la gravedad del asunto que, junto con Di Tullio, denunció ayer ante la Procelac en base a “datos concretos” aportados por el diario Tiempo Argentino en las ediciones de los últimos días.
La diputada Di Tullio había insistido ayer en que la Justicia “tiene la obligación de investigar” las once sociedades no declaradas a nombre de directivos del Grupo Clarín en Panamá y también “la obligación de decir si (Héctor) Magnetto y el Grupo han lavado dinero” a través de empresas que, en su mayoría, fueron constituidas en 1979, en plena dictadura militar. En ese sentido, Barcesat consideró que “lo del Grupo Clarín fue un puntapié de arranque, teniendo en cuenta las cifras del GAFI, para que la UIF se constituya en parte querellante y obviamente darle igual tratamiento al universo de casos”.
El abogado constitucionalista destacó que, en cuanto a la denuncia contra Clarín, “aparentemente se recolectaron más elementos de prueba y es una punta para iniciar la investigación”, ya que el multimedio “no desmintió o no ha desconocido la constitución de esas sociedades”.
Según consta en el documento, el objetivo de la denuncia es “impulsar una amplia investigación sobre lavado de dinero (según las leyes 25.246 y 26.683) y figuras penales conexas” para que “se investigue y apliquen sanciones” contra toda persona jurídica o física que desarrolle su actividad permanente en el país y “haya efectuado la constitución societaria o colocado fondos en los denominados paraísos fiscales”. Un texto difundido tras la presentación, explicó que entre las consecuencias del presunto delito investigado se destaca “la grave afectación a los intereses nacionales que deriva de haberse expatriado fondos en moneda extranjera obtenidos de la explotación de recursos y riquezas naturales que son de titularidad del pueblo argentino”.
Fuente:Pagina12
Derivaciones de los artículos de Tiempo Argentino del fin de semana
Justicia: Denunciaron a Clarín por las sociedades en paraísos fiscales
La diputada Juliana Di Tullio presentó una demanda ante la Procelac para que se investigue a las firmas constituidas en Panamá y Delaware (EEUU), presuntamente dirigidas por Héctor Magnetto y sus socios.
Por: Mariano Beristain
Tres de estas firmas –que Tiempo Argentino difundió el pasado domingo– fueron de hecho parte de la presentación del ex banquero junto a otras empresas y personas físicas como Ledesma, Pampa Holding y Constantini .
Además, la denuncia de Di Tullio busca equiparar el tratamiento judicial de todos los casos, para que se resuelva un problema de fondo de la Argentina, como la fuga de capitales.
En el escrito, Eduardo Barcesat, abogado patrocinante de Di Tullio, especifica el pedido de "que se investigue y se apliquen las sanciones legales previstas en la Ley 25.246 (ley antilavado) contra todas aquellas personas físicas que por sí, o en representación de las personas jurídicas que integran y/o representan, sea en calidad de autores, coautores, partícipes o encubridores, penalmente responsables, hayan constituido fondos, empresas, formulando depósitos o efectuado transferencias en moneda extranjera, que tuvieren su domicilio real o el de la administración societaria en territorio argentino (…) y que hayan efectuado las constituciones societarias y colocaciones de fondos en territorios extranjeros, en los comúnmente denominados 'paraísos fiscales'".
La denuncia pide que se investigue "la existencia de once sociedades que se habrían constituido en la ciudad de Panamá y en Delaware, Estados Unidos, dos paraísos fiscales identificados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), hechos que comprenden al denominado 'Grupo Clarín' y a sus principales directivos". La referencia es a las once sociedades anónimas, presuntamente creadas en 1979 por los directores Héctor Magnetto, Lucio Pagliaro, José Aranda y sus familiares. Las firmas en cuestión son Lafone International Corp, Hazel International SA, Harland Investment SA, Tayben Consultants SA, Luarán SA, Rultand SA, Inmobiliaria Valdivia, AGEA, Semar, Lexsol, Noirland. Estas últimas tres firmas figuran en las empresas que Arbizu ya denunció en 2008 y sobre las que el juez federal Sergio Torres pidió informes a Suiza y a organismos internacionales, en una causa que estuvo congelada cinco años y que se reactivó en forma indirecta con el impacto en la opinión pública que generó la investigación por presunta fuga de capitales y lavado de activos por parte del empresario cercano al kirchnerismo Lázaro Báez.
Entre las medidas preliminares, la denuncia pide que "se convoque a la Unidad de Información Financiera (UIF) a aportar todos los datos e informes sobre el objeto procesal de esta denuncia" y solicita que el organismo "se presente en la causa como representante del gobierno nacional con legitimación activa para impulsar la acción e investigación penal".
Asimismo, se pide que "se libre oficio vía rogatoria diplomática a efectos de que el GAFI remita toda la información que haya colectado sobre la situación de fondos, depósitos y transferencias en moneda extranjera efectuados por personas físicas y jurídicas, la cuantía de las operaciones y los mecanismos de que se valieran para sacar los fondos del territorio de la Nación argentina." Y también requiere que "se libre oficio al Banco Central (BCRA) para que remita copias de todas las investigaciones o sumarios en curso, sobre remesas de moneda extranjera al exterior, así como toda la información vinculada a las mismas".
Según la denuncia, otro de los organismos que deberá informar será la Administración Federal de Imgresos Públicos (AFIP), "a efectos que remita fotocopias certificadas de las declaraciones juradas patrimoniales de las empresas que componen el denominado Grupo Clarín y sus directores". En la misma línea, el texto requiere que "se libre oficio a la Comisión Nacional de Valores (CNV)", para que preste la misma información que el resto de los organismos.
Por último, piden que la ONG Tax Justice Network remita copias de sus informes de los años 2011 y 2012, con los datos sobre lavado de dinero de Argentina. Justamente, en otra parte de la denuncia, Di Tullio cita un artículo del diario Perfil publicado hace unos días, donde se intenta mensurar el impacto económico de la fuga de capitales. La denuncia apunta que "los dineros provenientes de las actividades productivas realizadas en territorio argentino que han sido desviados, mediante distintos mecanismos, alcanzan la impensable cifra de 400 mil millones de dólares estadounidenses, sumas colocadas en empresas e instituciones bancarias radicadas o con sucursales en los denominados paraísos fiscales que identifica la referida investigación periodística y que, además, invisten la condición de lo 'público y notorio'".
Luego de haberse presentado ante la Procelac, Di Tullio manifestó en diálogo con distintos medios de prensa que en la Argentina de las 150 causas abiertas por lavado de activos, solo dos tienen condenas y se trata de "perejiles", mientras el fiscal Guillermo Marijuan "tiene frenada una investigación por 5000 millones de dólares", en relación al dinero de supuesta evasión que denunció Arbizu y al que se sumarían las 11 empresas de Clarín en Panamá. "Es un delito que en general pone como responsables a personas muy poderosas", dijo Di Tullio, y detalló que las condenas a las que hizo alusión son las de los casos Acosta Aguilera y Altamira, donde se produjo un decomiso de 5580 pesos.
están involucradas las firmas más grandes del país
La megacausa por presunta evasión y lavado de dinero promovida a partir de las denuncias del ex JP Morgan Hernán Arbizu tiene como protagonistas a algunas de las fortunas más grandes del país. La causa recayó en el juez federal Sergio Torres, quien recientemente le dio un nuevo impulso y solicitó pedidos de informes a diversos organismos nacionales e internacionales. Entre estos últimos figura un requerimiento a la justicia de Suiza sobre la existencia de cuentas (y su correspondiente saldo) en ese país de 469 personas físicas y jurídicas, entre las que sobresalen los principales directivos del Grupo Clarín, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble (también su hijo Felipe Noble Herrera), Héctor Aranda y Lucio Pagliario. Tal como informó este diario en su edición del 30 de abril, otros nombres relevantes del listado confeccionado por Torres incluyen a Eduardo Constantini y familiares, al ex titular del banco HSBC Enrique Ruete Aguirre, a la sociedad Nordelta, la compañía Embotelladora Andina y a Pampa Holding SA, dedicada a la generación, transmisión y distribución de energía en la Argentina, entre otros. Según Arbizu, las operaciones superarían los 5000 millones de dólares. Entre las pruebas solicitadas por Torres, también figura un pedido a la UIF para que le requiera a su par de los Estados Unidos sobre la existencia o no de cuentas a nombre de las 469 personas físicas y jurídicas que figuran en el listado, y otro a la Cancillería local para que agilice por la vía diplomática una respuesta del Departamento de Justicia estadounidense sobre cuentas de clientes radicadas en el JP Morgan Chase sucursal Buenos Aires, "encareciendo un prioritario y preferencial tanto a la reiteración a las autoridades como la obtención de las respuestas".
Fuente:TiempoArgentino
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