Buscan tumbas secretas
La Justicia uruguaya autorizó ayer la realización de excavaciones en un predio rural del departamento de Cerro Largo, a unos 380 kilómetros al nordeste de Montevideo, en busca de restos de desaparecidos durante la última dictadura (1973-1985).
Las tareas se inician hoy y están a cargo de un equipo que dirige el antropólogo José Luis López Mazz, quien realizó trabajos similares en predios militares de Montevideo donde se encontraron los restos de los militantes Ubagesner Chávez Sosa, Fernando Miranda, Julio Castro y Ricardo Blanco.
El profesional declaró ayer que allí puede haber restos de desaparecidos, aunque aclaró que es la jueza quien maneja los datos sobre las posibles víctimas que hayan sido enterradas allí.
Aparentemente, se habrían realizado enterramientos clandestinos durante el gobierno de facto en el cementerio.
Además, el cementerio es lindero a un campo que fue propiedad de un general de la dictadura llamado Manuel Núñez.
Diversos medios uruguayos indicaron que la investigación se inició por la denuncia del secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero.
La semana pasada, la Justicia uruguaya condenó al general Miguel Dalmao a 28 años de prisión por los crímenes cometidos durante la dictadura. Dalmao se convirtió en el primer militar en actividad condenado.
Fue hallado culpable por el asesinato de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, de 24 años, cometido en 1974.
Fuente:Pagina12
15.05.2013
El proyecto tiene similitudes con la normativa argentina
Mujica enviará un proyecto de ley de medios al Congreso uruguayo
Los detalles de la ley se desconocen, aunque circula una versión publicada por el semanario Brecha donde se destaca que son 190 artículos consensuados con académicos, sindicalistas y representantes de los empresarios.
El presidente José Mujica decidió elevar al Congreso un proyecto de Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) con ciertas similitudes con la normativa argentina de octubre de 2009. El gobierno dejó trascender la posibilidad de que el texto ingrese esta semana al Legislativo, pero su contenido sigue siendo un misterio hasta para los senadores y diputados del oficialista Frente Amplio y sólo se conocen algunos aspectos a través de los trascendidos periodísticos.
Según el semanario Brecha, el proyecto –unos 190 artículos consensuados por un grupo de trabajo compuesto por 15 estudiosos designados por los sindicatos, el mundo académico, organizaciones no gubernamentales y representantes de las cámaras empresariales del sector–apunta a regular el sistema de medios audiovisuales.
Un borrador que publicó Brecha dos meses atrás incluye un marco de principios y disposiciones garantistas de la libertad de expresión. En primer lugar, considera a la comunicación audiovisual como un servicio cultural, además de tener un carácter económico. El proyecto establecería que el sistema de medios debe funcionar bajo las convenciones internacionales de protección de la libertad de expresión, libertad de información y la Convención sobre Diversidad de Expresiones Culturales adoptada por la Unesco. De acuerdo al trascendido periodístico fija, además:
l Garantías a la libertad de expresión y la independencia de los medios, reconoce la libertad editorial y prohibiría expresamente que el Estado emplee mecanismos de censura indirecta o presiones para afectar la independencia de los medios.
l Una "cláusula de conciencia" para proteger a los periodistas de la manipulación que pretendan ejercer los empresarios periodísticos. Establece un despido especial ante un cambio de línea editorial del medio que afecte en forma grave su integridad profesional o ética. También incluye el derecho a no firmar una producción propia que ha sido manipulada.
l Que el Estado prevenga y actúe para impedir la formación de oligopolios y monopolios, aunque mantiene vigente la actual estructura de medios, al menos durante 20 años más. No cambian los límites actuales de concentración. Cuando se constate que uno o varios grupos económicos superen el límite de frecuencias que puedan mantener en su poder, el proyecto prevé cinco años para adecuarse a la nueva situación.
l Mecanismos para la protección de grupos vulnerables, como las personas con discapacidades y los niños y adolescentes. Regula la exhibición de espectáculos de alto interés público, garantizando un mínimo de eventos deportivos en la televisión abierta.
l Disminuye levemente los tiempos máximos de publicidad por hora y prohíbe la publicidad encubierta o subliminal, así como que las televisoras presten servicios de telecomunicaciones (telefonía y transmisión de datos). A su vez, prohíbe a las empresas telefónicas prestar servicios de televisión.
buscarán restos de desaparecidos
Un grupo de antropólogos está a la espera de la orden judicial para iniciar las excavaciones en un antiguo cementerio ubicado a 70 kilómetros de Melo, capital del departamento de Cerro Largo, al noreste de Uruguay, donde se presume que fueron sepultados desaparecidos durante la dictadura militar (1973-1985). El cementerio es lindero a un campo que fue propiedad de un general de la dictadura. La investigación judicial se inició por la denuncia del secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero.
La semana pasada la justicia uruguaya condenó al general Miguel Dalmao a 28 años de prisión por los crímenes cometidos durante la dictadura. Dalmao, de 61 años, se convirtió en el primer militar en actividad condenado y fue encontrado responsable del homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, de 24 años, en una unidad militar en 1974.
Cifras oficiales sitúan en 37 las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura, mientras que organizaciones de defensa de los Derechos Humanos afirman que son más de 200.
Fuente:TiempoArgentino
14.05.2013
última dictadura
Excavarán un cementerio uruguayo en busca de restos de desaparecidos
última dictadura
Excavarán un cementerio uruguayo en busca de restos de desaparecidos
Un grupo de antropólogos espera la autorización de la justicia para iniciar mañana excavaciones en un antiguo cementerio del departamento de Cerro Largo, al noreste de Uruguay, donde se presume fueron sepultados desaparecidos durante la dictadura (1973-1985), informaron hoy fuentes oficiales.
José López Mazz, jefe del equipo de antropología de la Universidad de la República que realiza excavaciones para buscar restos de desaparecidos en predios militares, confirmó que se encuentra a la espera de recibir la orden de la jueza de Cerro Largo, Verónica Pena Molina, para iniciar las tareas de excavación en la zona, según publica hoy la agencia EFE.
Aparentemente, en el cementerio, ubicado a unos 70 kilómetros de Melo, capital del departamento de Cerro Largo, limítrofe con Brasil, se habrían realizado enterramientos clandestinos durante el gobierno de facto.
Además, el cementerio es lindero a un campo que fue propiedad de un general de la dictadura llamado Manuel Núñez, según informó Prensa Latina.
Diversos medios uruguayos indican que la investigación se inició por la denuncia del secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero.
La semana pasada la Justicia uruguaya condenó al general Miguel Dalmao, a 28 años de prisión por los crímenes cometidos durante la dictadura.
Dalmao, de 61 años, se convirtió en el primer militar en actividad condenado y fue encontrado responsable del homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, de 24 años y profesora de literatura, cometido en 1974 en una unidad militar.
El 27 de junio de 1973 es considerado el punto de inicio de la dictadura uruguaya, en el momento en que el presidente uruguayo Juan María Bordaberry, aliado con sectores conservadores y militares, decretó la disolución del Parlamento, declaró ilegales los partidos políticos y otorgó más poderes al estamento castrense, dando inicio así a una dictadura que se prolongaría hasta 1985.
Cifras oficiales sitúan en 37 las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que son más de 200.
Aparentemente, en el cementerio, ubicado a unos 70 kilómetros de Melo, capital del departamento de Cerro Largo, limítrofe con Brasil, se habrían realizado enterramientos clandestinos durante el gobierno de facto.
Además, el cementerio es lindero a un campo que fue propiedad de un general de la dictadura llamado Manuel Núñez, según informó Prensa Latina.
Diversos medios uruguayos indican que la investigación se inició por la denuncia del secretario de la Presidencia de la República, Homero Guerrero.
La semana pasada la Justicia uruguaya condenó al general Miguel Dalmao, a 28 años de prisión por los crímenes cometidos durante la dictadura.
Dalmao, de 61 años, se convirtió en el primer militar en actividad condenado y fue encontrado responsable del homicidio de la militante comunista Nibia Sabalsagaray, de 24 años y profesora de literatura, cometido en 1974 en una unidad militar.
El 27 de junio de 1973 es considerado el punto de inicio de la dictadura uruguaya, en el momento en que el presidente uruguayo Juan María Bordaberry, aliado con sectores conservadores y militares, decretó la disolución del Parlamento, declaró ilegales los partidos políticos y otorgó más poderes al estamento castrense, dando inicio así a una dictadura que se prolongaría hasta 1985.
Cifras oficiales sitúan en 37 las personas detenidas-desaparecidas durante la dictadura, mientras que organizaciones de defensa de los derechos humanos afirman que son más de 200.
Fuente:Telam
14-05-2013El forense no descarta que los huesos sean de desaparecidos
Ayer visitó el sitio del hallazgo. Coincidió con la APDH en la necesidad de convocar a científicos.
“Nos llevamos una impresión bastante fea, ahí hay algo raro”, dijo el médico forense Ricardo Torres, que ayer a la mañana visitó las instalaciones abandonadas del viejo hospital provincial, donde hace casi dos semanas hallaron restos óseos de al menos cinco personas.
La sordidez de la edificación en desuso, en la manzana de avenida Lafinur, Pedernera, Junín y Falucho, le hizo pensar que “tal vez haya sido un lugar al que llevaron desaparecidos durante la dictadura militar”.
El perito aclaró que esa impresión se la causó el ambiente donde fueron hallados los restos y no el estudio de los esqueletos, que recién está en su etapa inicial.
De todos modos, Torres señaló que según la observación preliminar, los restos “tienen una data de más o menos treinta o cuarenta años”. La dictadura del “proceso de reorganización nacional” comenzó en 1976, hace treinta y siete años.
Por eso, dijo el forense, “es necesario hacer un relevamiento y hablar con los vecinos, a ver si algún memorioso recuerda si en aquella época vio o escuchó que llevaban a alguien a ese lugar”.
El dirigente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH), delegación San Luis, Norberto Foresti, aseguró ayer a El Diario que las instalaciones del viejo hospital nunca fueron mencionadas por testimonios, rumores o indicios de que hayan funcionado como lugar de actividades ilegales por parte de los represores.
“La verdad es que nunca tuvimos conocimiento de que en esa zona hubieran llevado a cabo actividades que tuvieran que ver con interrogatorios o alguna sala de torturas”, dijo.
“Estimo que en esa época (1976-1983) estaba (la dirección provincial de) Hidráulica, o Arquitectura, no era pensado para nada” como un centro clandestino de detención, agregó.
Igual, el miembro y abogado de la APDH quiere que la investigación sea exhaustiva. “Hablamos con Ricardo Torres de la necesidad de que intervenga un perito geólogo del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que vea el lugar y nos dé una noción mejor”, dijo.
El forense ya había mencionado el interés en que los asistan especialistas de otras ciencias. Ayer, consultado por El Diario, lo reiteró: “Vamos a estirarnos hasta donde nos den las colchas, después llamaremos a gente que tiene experiencia y sabe de esto”, dijo.
Fuente:ElDiariodelaRepublica
No hay comentarios:
Publicar un comentario