COMENZO EL SEGUNDO JUICIO POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD EN LA CIUDAD
Ocho acusados en Bahía Blanca
Bahía Blanca comenzó a vivir ayer el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en jurisdicción del V Cuerpo de Ejército. Los acusados son ocho militares retirados o dados de baja, que rinden cuentas por secuestros, torturas y homicidios contra 87 víctimas y por las apropiaciones ilegales de dos niños nacidos en cautiverio en el centro clandestino La Escuelita. El gran ausente es el coronel Carlos Alberto Arroyo, imputado en dos homicidios agravados, quien decidió fugarse para no afrontar el proceso. El Ministerio de Justicia ofrece una recompensa de 100 mil pesos para quien brinde información que permita dar con su paradero. Esta tarde, en tanto, se realizará un acto homenaje a Enrique Heinrich y Miguel Angel Loyola, los delegados gremiales y obreros gráficos del diario La Nueva Provincia asesinados en 1976, por cuyos crímenes el Ministerio Público Fiscal imputó al dueño y director de esa empresa, Vicente Gonzalo Massot.
El juicio, oral y público, se realiza en el auditorio del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, en pleno centro bahiense. El Tribunal Oral Federal es el mismo que condenó al primer grupo de 17 represores el año pasado y, ante la falta de garantías de los jueces locales, lo integran tres subrogantes ajenos a la corporación local: Jorge Ferro, de Mar del Plata; José Triputti, de Santa Rosa, y Martín Bava, de Azul. En representación del Ministerio Público, tras la designación de Abel Córdoba en la Procuraduría de Violencia Institucional, asumieron los fiscales José Nebbia y Miguel Palazzani. Las querellas representan a la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos local, a la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación y a familiares de las víctimas.
Tres de los acusados actuaron bajo el mando del condenado Jorge Mansueto Swendsen; Alejandro Marjanov y Carlos Stricker fueron subjefes del Batallón 181 y llegaron al grado de coronel; Ricardo Gandolfo, ex jefe de sección, fue dado de baja en 1978 como subteniente. Los coroneles José Héctor Fidalgo y Miguel Antonio Villegas rinden cuentas por su rol en los “consejos de guerra” que se utilizaron para blanquear a los secuestrados en la cárcel. Los baqueanos Bernardo Cabezón y Felipe Ayala fueron guardias de La Escuelita. El primero se retiró como sargento en 2002, en tanto Ayala fue dado de baja tras su paso por Bahía Blanca. El octavo imputado es Fernando Antonio Videla, jefe de los suboficiales que fueron guardias de La Escuelita, y fue dado de baja del Ejército en 1982.
El juicio debió tener una decena de imputados. A la huida de Arroyo, que a pesar de los insistentes pedidos de los fiscales estaba excarcelado, se sumó la baja de otro ex guardia de La Escuelita, Armando Barrera, alias Pato, en el centro clandestino, quien morirá impune luego de que dos juntas médicas dictaminaran que no está en condiciones de ser juzgado. “Lo de Barrera es parte de lo que llamamos impunidad biológica. Estas personas ya son añosas y sus funciones vitales comienzan a declinar. La demora en llegar a los debates orales produce estas injusticias”, destacó el fiscal Palazzani.
Miembros de organismos de derechos humanos manifestaron ayer tener “mucha expectativa” por el juicio.
Eduardo Hidalgo, sobreviviente de La Escuelita y secretario de la APDH, lamentó que “se ha retrasado el proceso: a esta altura del año tendríamos que estar cerca de iniciar la causa de la Armada”, el proceso por delitos de lesa humanidad en las bases de Puerto Belgrano y Baterías, que ya tiene a una treintena de marinos y prefectos en condiciones de ser juzgados. Consultado sobre la posibilidad de que surjan datos sobre el paradero de los niños nacidos en cautiverio, Hidalgo dijo que los imputados “saben dónde está uno de los chicos o por lo menos quién se lo llevó, y (el juicio) debería ser un punto de inflexión importante para ese tema”. Alejandra Santucho, de HIJOS, destacó que “pasaron 36 años y cada día que corre nos juega un poco en contra: está la impunidad biológica, los represores se mueren de viejos, entonces necesitamos que los juicios sean rápidos y que se aceleren”.
Hoy, a las 18.30, en la Escuela de Artes Visuales de Bahía Blanca, el centro de estudiantes y la Comisión de Apoyo a los Juicios designarán dos aulas con los nombres de Heinrich y Loyola. El domingo a la noche se cumplirán 37 años de sus secuestros. Los pedidos de detención de Massot y del ex secretario de redacción de La Nueva Provincia Mario Gabrielli fueron rechazados por el juez federal subrogante Santiago Martínez y están ahora en manos de la Cámara Federal de Bahía Blanca.
Fuente:Pagina12
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Seis represores están en la sala, otros dos seguirán la audiencia por videoconferencia. De derecha a izquierda: Stricker, Ayala, Videla, Cabezón, Marjanov y Fidalgo.
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Seis represores están en la sala, otros dos seguirán la audiencia por videoconferencia. De derecha a izquierda: Stricker, Ayala, Videla, Cabezón, Marjanov y Fidalgo.
El juicio arranca mañana a las 10 en la sede del Rectorado de la Universidad Nacional del Sur. Se juzgarán los casos de 89 víctimas de torturas, secuestros y homicidios y dos casos de niños apropiados. La fiscalía destacó que en el debate se analizará el rol de los consejos de guerra que se utilizaron en la dictadura para formalizar detenciones ilegales.
El juicio comenzará con la ausencia del militar Carlos Arroyo, quien estaba excarcelado y nunca acudió a un control médico que estaba previsto para el 6 de mayo pasado, día desde cual se computa su fuga. Tampoco será juzgado el ex suboficial Armando Barrera, sindicado como guardia del centro clandestino La Escuelita, dado que dos juntas médicas dictaminaron que no se encuentra en condiciones de afrontar el proceso.
Las audiencias en Colón 80 son públicas, solo tenés que acreditarte ante el Tribunal Oral enviando nombre y DNI a milagros.franco@pjn.gov.ar
Ocho militares comenzarán a ser juzgados desde mañana por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Bahía Blanca, acusados de haber cometido crímenes de lesa humanidad cometidos en el ámbito del Cuerpo V del Ejército.
Los fiscales de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos de Bahía Blanca, Miguel Ángel Palazzani y José Nebbia, representarán al Ministerio Público en el segundo juicio oral por hechos del terrorismo de Estado que se celebrará en la ciudad. La audiencia está prevista para las 10 y, como es de rigor, comenzará con la lectura de los requerimientos de elevación a juicio.
Los imputados son los militares retirados Alejandro Marjanov, Carlos Stricker, José Fidalgo, Bernardo Cabezón y Miguel Villegas, el ex militar y empresario Ricardo Gandolfo, y los ex militares Felipe Ayala y Fernando Videla. El objeto de la causa está integrado por 89 víctimas de privación ilegal de la libertad, tormentos y homicidios, y dos apropiaciones de hijos -aún no hallados- de desaparecidos.
El Tribunal, que sesionará en el Rectorado de la Universidad Nacional del Sur, estará integrado por los jueces Jorge Ferro, José Triputti y Martín Bava, los mismos que celebraron el primer juicio oral llevado a cabo en aquella ciudad entre 2011 y 2012, que terminó con catorce condenados a prisión perpetua y otros tres a penas mayores a los diecisiete años de prisión. Como juez sustituto o cuarto juez fue designado el magistrado del Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Rosa, Marcos Javier Aguerrido.
“En este segundo tramo se podrá visibilizar un método de tortura y privación ilegal de libertad y –como tal– un aspecto del terrorismo de Estado que no ha sido tan explorado en los distintos juicios en el país: el Consejo de Guerra. Asimismo, se juzgará a los guardias, los últimos –e indispensables– eslabones del horror”, señaló el fiscal Palazzani.
Los imputados
Stricker y Marjanov fueron, en distintos períodos, segundo jefe del Batallón de Comunicaciones 181 y del Área de Defensa 511.
De acuerdo con el requerimiento de elevación a juicio de los fiscales Abel Córdoba (hoy, titular de la Procuraduría contra la Violencia Institucional) y Antonio Castaño, el Batallón de Comunicaciones 181 funcionó como un centro clandestino de detención y, al mismo tiempo, servía de paso para los prisioneros que eran trasladados al centro clandestino La Escuelita, que funcionaba en la sede del V Cuerpo.
Marjanov y Gandolfo, quien fue jefe de sección de la Compañía “A”, actuaron bajo el mando del condenado Jorge Mansueto Swendsen en el Batallón de Comunicaciones 181.
En tanto, Fidalgo y Villegas serán juzgados por su participación en el Consejo de Guerra Especial Estable de la Subzona de Defensa 51, organismo extrajudicial que en el marco de parodias de juicio intentó formalizar las detenciones ilegales de varias de las víctimas.
Por su parte, Cabezón y Ayala están imputados por su rol como guardias del centro clandestino de detención La Escuelita, y Videla, por haber sido su jefe.
La Unidad Fiscal de Bahía Blanca informó que “seis de los ocho acusados están detenidos en la unidad penitenciaria de Villa Floresta”, mientras que Gandolfo y Villegas seguirán el proceso por el sistema de videoconferencia. El primero, desde el hospital del complejo penitenciario federal de Ezeiza; mientras que el segundo, que goza de arresto domiciliario en la ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo hará desde una de las salas del Consejo de la Magistratura de la Nación.
La fiscalía, asimismo, señaló que el comienzo del juicio a los ocho ex militares se da en el contexto de un total de 35 imputados de la denominada causa “Ejército”, que ya se encuentran en condiciones de afrontar el proceso oral y público. La Unidad Fiscal añadió que, por otro lado, en la investigación por los crímenes cometidos por la Armada y Prefectura en las bases de Puerto Belgrano y Baterías hay más de 60 acusados. “La mitad de ese universo comenzará a ser juzgada cuando concluya el juicio que comienza el martes; sobre la otra mitad resta que la Cámara Federal de Bahía Blanca confirme sus procesamientos”, precisó la fiscalía.
Fuentes: Procuración y propias.
Segundo juicio
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El martes 25 a las 10 comienza el segundo debate oral en la causa que juzga los crímenes de lesa humanidad cometidos desde el V Cuerpo de Ejército durante la dictadura cívico militar religiosa. Hay diez represores acusados, uno de ellos prófugo. Se les imputan los hechos que sufrieron más de noventa víctimas. Las audiencias en Colón 80 son públicas, solo tenés que acreditarte ante el Tribunal Oral enviando nombre y DNI a milagros.franco@pjn.gov.ar
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