REFERENCIA EN EL DISCURSO PRESIDENCIAL Y BUSQUEDA DE DATOS EN MEDIO DE UN MOSAICO QUE SE MUEVE
El gobierno argentino, con un ojo en Brasil
Cristina Fernández de Kirchner dijo una palabra significativa, “regionales”, cuando habló de qué problemas había que afrontar. La opinión de Calcagno. El análisis de Farias, del PT. La discusión de los números sociales. La decisión de Genro. ¿Plebiscito o referéndum?
Por Martín Granovsky
Dilma Rousseff y Cristina Kirchner extraen lecciones de la protesta social en Brasil.Imagen: DyN
En su discurso de Argentinos Juniors, ayer, la Presidenta ensayó una línea argumental que le resultó útil en 2011. En tono de campaña presidencial dijo que no convenía cambiar el rumbo en medio de un mundo inestable. Sonó como un llamado a redoblar el apoyo a su gestión cuando aún quedan dos años de mandato. Cuando habló de los problemas, no solo se refirió a la crisis de los países de-sarrollados. También introdujo una palabra asociada a esos problemas: “regionales”. No dijo “Brasil”, pero a buen entendedor, pocas palabras.
- - -En su discurso de Argentinos Juniors, ayer, la Presidenta ensayó una línea argumental que le resultó útil en 2011. En tono de campaña presidencial dijo que no convenía cambiar el rumbo en medio de un mundo inestable. Sonó como un llamado a redoblar el apoyo a su gestión cuando aún quedan dos años de mandato. Cuando habló de los problemas, no solo se refirió a la crisis de los países de-sarrollados. También introdujo una palabra asociada a esos problemas: “regionales”. No dijo “Brasil”, pero a buen entendedor, pocas palabras.
Rebotes. El kirchnerismo casi no habla en público de lo que sucede en Brasil. El diputado del Frente para la Victoria Eric Calcagno elogió al gobierno brasileño por su decisión de escuchar las demandas sociales, darles una respuesta política y canalizarlas institucionalmente. En privado, funcionarios y dirigentes se tomaron la cuestión de Brasil en serio. No cayeron, por caso, en una visión futbolera al estilo de “a ellos también les tocó” o “tan buenos no eran”. Al revés. Desde el principio buscaron acopiar datos y relevar tendencias de comportamiento. “No queremos que se instale ningún tipo de inestabilidad regional”, dijo a este diario un funcionario que pidió reserva de su nombre. “Los conservadores argentinos que elogiaban a Lula y Dilma para criticar a Néstor y Cristina hacían ese juego para castigarnos, pero ya dejaron de hacerlo, porque su opción no es ni Lula ni Dilma ni Néstor ni Cristina sino las opciones que están a la derecha”, resumió otro.
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Marco. Diana Tussie, directora del área internacional de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, puso un marco de análisis que parece útil. Dijo que las turbulencias en Brasil muestran “la crisis del Estado oligárquico y el cuestionamiento al apartheid social” para cuya liquidación todavía falta mucho pese a los avances desde que Lula asumió, el 1ª de enero de 2003.
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Carapintada. Uno de los análisis más interesantes sobre Brasil partió del propio Partido de los Trabajadores. Lo hizo Lindbergh Farias, senador por Río de Janeiro y precandidato a gobernador para 2014. Farias, de 43 años, tiene una historia personal relacionada con los movimientos de protesta en la calle. Fue presidente de la Unión Nacional de Estudiantes en 1992 y resultó uno de los líderes de los llamados “carapintadas”. A diferencia de la Argentina, no eran integristas militares que se rebelaban, camuflados, contra el orden constitucional sino grupos de jóvenes que fueron claves en las manifestaciones en favor del juicio político al entonces presidente Fernando Collor de Mello. Ese momento marcó, también, uno de los grandes saltos masivos del PT, cabeza de aquella campaña. En un reportaje largo concedido a la web de Folha, dijo que el tema del transporte no es cualquier tema. “En Río o San Pablo la gente pasa tres o cuatro horas por día presa en un transporte público que además es caro”, dijo. La paradoja que describe Farias es que en los últimos diez años hubo grandes avances, como 40 millones de personas que ascendieron socialmente y muchos hijos de trabajadores que inclusive llegaron a la universidad, pero que “la vida en las grandes metrópolis es un infierno”. Los que protestan son jóvenes irritados, en parte de la periferia, de la llamada clase media. Y se concentran en parte en la Copa del Mundo porque la ven alejada de las necesidades cotidianas.
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Agenda. El pronóstico de Farias es que los movimientos de masas no decaerán de aquí a la Copa de 2014 sino lo contrario. Y como poco después de la Copa llegarán las presidenciales de octubre, donde hasta ahora el PT plantea la reelección de Dilma Rousseff, “las respuestas de los gobiernos deberían apuntar a una agenda que discuta transporte, seguridad pública, salud y educación”. La ventaja, para el senador del PT, es que los movimientos no están dirigidos especialmente contra Dilma y que los reclamos cuestionaban más a los gobiernos estaduales que al federal. La desventaja es que en parte los movimientos son “contra todo”. Según Farias, “si nos quedamos con la agenda de los últimos diez años vamos a ser superados”. La agenda de los diez años es el gran cambio de Brasil. Para la agenda nueva hay un ejemplo: “Entre las obras para la Copa estará el bus de tránsito rápido del Aeropuerto de Galeao a la Barra de Tijuca. Pero es para los turistas. O sea que hay desfase con las necesidades de la gente común”. Y para el ex dirigente estudiantil, el propio PT quedó desfasado.
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Cifras. Un lector, Henrique Júdice Magalhâes, consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, compartió por mail un análisis en el que sugiere sopesar mejor algunos datos. Andar en colectivo en Brasil “sale como promedio tres reales, unos 8 pesos al cambio oficial de la Argentina”. Agrega el texto: “Me acuerdo de que cuando Macri quiso fijar el boleto de subte a 3,50 pesos, mucha gente puso el grito al cielo, y con razón. ¿Le parece disparatado que los brasileños salgamos a las calles para no pagar 8 pesos por servicios que son, quizá con la excepción de Río de Janeiro, bastante peores que el de Buenos Aires en términos de confort, horarios, etcétera? A mí parece que no, sobre todo si se considera otro dato: los ingresos de los trabajadores. En Brasil, el salario mínimo es de 678 reales (1800 pesos). Como hay acá una ley que permite a los estados fijar mínimos para las categorías que no los tengan establecidos en convenio colectivo (el salario de convenio, sin embargo, puede ser inferior a los montos fijados por los Estados, aunque no al salario mínimo nacional), se puede considerar que es un poquitito mayor en San Pablo (755 reales), Rio Grande do Sul (770) y Santa Catarina (765), algo mayor en Rio de Janeiro (802) y bastante mayor en Paraná (915 reales), que son los Estados que ejercen esa prerrogativa. Así tenemos que si el salario mínimo de Brasil apenas supera, con excepción de Paraná, la mitad del argentino, y si el boleto del colectivo acá cuesta 4,5 veces más que en Argentina, (estoy considerando la tarifa de Buenos Aires como 1,60, que es lo que se paga con la SUBE), cada viaje en colectivo sale 8 o 9 veces más caro para un brasileño que cobre el mínimo que para un argentino en igual situación. Y ojo que acá las asignaciones familiares son mucho menores que en Argentina y las cobra mucho menos gente, así que si se considera el presupuesto familiar, la situación en Brasil se vuelve todavía peor”. Otro punto que el lector propone discutir es que “en Brasil las líneas oficiales de pobreza e indigencia no están vinculadas con la canasta familiar como en la Argentina: las fija el gobierno por decreto, de modo totalmente arbitrario, y son muy bajas: 140 reales (372 pesos) por persona para pobreza, 70 reales (186 pesos) para indigencia. Ni el Indec intervenido ha llegado a tal punto, pero acá muy poca gente cuestiona eso. Cuando el gobierno brasileño dice que sacó de la indigencia 40 millones de personas, está diciendo, en verdad, que hizo (con el Bolsa-família) que el ingreso de esas personas alcanzara esa línea de indigencia bajísima”.
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Encuestas. Un sondeo de Datafolha difundido ayer muestra que el 30 por ciento de los brasileños consideran buena u óptima la gestión de Dilma. En la primera semana de junio, la cifra total era del 57 por ciento. Y Dilma había alcanzado antes el 65 por ciento. La caída, pues, es un gran pozo de aire y según la empresa si las elecciones fuesen hoy la presidenta no tendría asegurado un triunfo en primera vuelta frente al candidato de Fernando Henrique Cardoso Aecio Neves, la verde Marina Silva o eventualmente el gobernador de Pernambuco Eduardo Campos. Una parte de la encuesta introduce un matiz que siempre es crucial para el análisis político: el conteo de quienes se enrolan en una opinión regular, que en términos electorales, por ejemplo, muchas veces se suma a la opinión buena. Al preguntar sobre el desempeño presidencial frente a las protestas, el 32 por ciento dijo que fue óptimo o bueno, el 38 por ciento lo consideró regular y solo el 26 por ciento opinó que había sido malo o pésimo. En cambio es muy alta la opinión positiva sobre el anuncio presidencial de llamar a un plebiscito para la reforma política: 68 por ciento a favor. En otro orden, aunque emparentado con los datos anteriores, el 65 por ciento está de acuerdo con la realización de la Copa del Mundo en Brasil.
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Lista sábana. Cuando el PT habla de reforma política, se refiere entre otras cosas a eliminar el financiamiento privado de las campañas y a terminar con la posibilidad de elegir candidatos con margen autónomo respecto de las listas de partidos. En la Argentina la cuestión de las listas sábana fue muy discutida durante años. El debate partía, quizá, de un prejuicio: que los desconocidos habían sido los responsables de los mayores desastres. Era un prejuicio porque siempre los responsables de las mejores hazañas o los peores resultados son los más conocidos. No por una cuestión de fama sino porque esa fama deriva habitualmente de su cuota de poder relativamente más importante que el de otros. En Brasil, el PT siempre opinó que la personalización de las candidaturas llevó al transfuguismo, al debilitamiento de las instituciones y a la necesidad de tejer alianzas no ya partidarias sino personales en el Parlamento y en los Estados. Por eso, una de las repuestas del PT y de Dilma a las protestas fue tratar de instalar la necesidad de una reforma política. Por esa razón, también, una de las movidas de Dilma fue hablar delante de los gobernadores de los Estados y de los intendentes de las capitales estaduales. Quiso comprometerlos.
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Constitución. El abogado Pedro Estevan Serrano suele ser consultado por el semanario Carta Capital sobre temas jurídicos. Le preguntaron si conviene una Constituyente originaria reformadora o no. Opinió que no. Dijo que “es posible realizar la reforma política sometiendo sus principales cuestiones al voto popular directo, lo que mitigaría la presencia de posibles desvíos en la deliberación parlamentaria”. La discusión hoy, en Brasil, opone a los partidarios del plebiscito y a los simpatizantes del referéndum, encabezados por el líder opositor Aecio Neves, del Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, neoliberal). La diferencia elemental es que el plebiscito precede a la discusión parlamentaria. El referéndum, en cambio, vendría después. El plebiscito pondría un marco político al debate legislativo. El referéndum solo daría su aprobación posterior o marcaría el desacuerdo popular con lo que hubiera sido legislado antes. “Aunque la decisión final sea del parlamento, no tendría la osadía de contrariar la voluntad directa expresada por el pueblo”, dijo Serrano. Su defensa de la posición de no abrir la Constitución es que la Carta Magna vigente, la de 1988, surgió de “un gran pacto nacional que dio sustentación a nuestra democracia”. Romper con la Constitución del ’88 podría abrir la puerta para que “en el futuro mayorías arbitrarias y ocasionales pasen por encima de valores y derechos fundamentales para la existencia libre y civilizada”.
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Reacción. El gobernador de Río Grande do Sul, el petista Tarso Genro, ya anunció que implementará el boleto libre en Porto Alegre y las ciudades más importantes del Estado. También convocó a discutir la reforma política no solo por los canales tradicionales sino a través de las redes de Internet.
OPINION
Un espejo cruelPor Eric Nepomuceno
Desde Río de Janeiro
Cuando la pregunta a los entrevistados se limita al voto en 2014, hasta la primera semana de junio Dilma obtenía 54 por ciento de votos seguros. Ahora, logra 30 por ciento. La difusa Marina Silva, que ni siquiera tiene partido, creció de 16 a 21 por ciento. El candidato del principal partido de oposición, Aécio Neves, del PSDB, fue de 14 a 17 por ciento. Y el gobernador de Pernambuco, el socialista Eduardo Campos, ha sido el único que no logró salir del lugar en que se encontraba: tenía 6 por ciento, ahora tiene 7 por ciento.
Más que el crecimiento de Marina Silva, una mezcla rara de ambientalista radical que militó por décadas en el PT hasta sumar a su raíz original la de militante activa de sectas evangélicas, y más aún que el tímido crecimiento de Aécio Neves, impacta el desplome de Dilma Rousseff. Ella sigue siendo favorita, pero ya no como antes.
Los analistas dicen que es natural que haya ocurrido ese desplome, y que todavía hay mucho espacio para que Dilma recupere el terreno perdido, inclusive logrando reelegirse en la primera vuelta. Pero el escenario, para la presidenta, cambió de manera radical.
La rara mezcolanza de partidos que integran la base aliada del gobierno reaccionó con estupor. Todos se dicen sorprendidos, como si no fuese evidente que la imagen del gobierno como un todo, y de la presidenta en particular, serían duramente afectados. Asesores de Dilma dicen que no hay que sorprenderse, sino esperar que las cosas decanten, pasada la tensa emoción del momento, y el panorama vuelva a aclararse.
El mismo sondeo que indica la fuerte caída de la presidenta y de su gobierno indica que un 58 por ciento de la población aprueba la respuesta de esa misma presidenta y de ese mismo gobierno a los reclamos de las calles.
El resultado del sondeo, realizado por la Datafolha, vinculada con el diario Folha de S. Paulo, ocurre en el momento en que el país realiza una especie de catarsis. Las manifestaciones callejeras pusieron en evidencia una insatisfacción colectiva que se encontraba represada y era ignorada por todos, gobierno y oposición, y, en buena medida, por la misma población.
Ha sido necesario que las multitudes saliesen a las calles para que los quejosos se sintieran identificados, conociesen a sus pares.
Es, vale reiterar, un movimiento difuso, sin organicidad, sin organización, sin líderes visibles, lo que significa también sin interlocutores representativos junto a los canales institucionales, o sea, las autoridades. ¿Con quién conversar? ¿A quién, de esa masa multiforme y sin forma, invitar al debate, a la negociación?
Brasil vive un momento curioso, delicado, único y, quizá por eso, estimulante. Y peligroso, muy peligroso.
Hay energía en las calles, nadie lo puede negar. Hay un impulso renovador, que, bien aprovechado, puede ayudar a mejorar al país, a sus instituciones, a la misma democracia recuperada.
Además, lo que ocurre pone en evidencia una serie de desviaciones que resultaron en que nadie se sienta representado por los pilares básicos de la democracia, o sea, los canales institucionales.
Nadie siente que los partidos políticos los represente. Se impone la impresión de que los partidos tienen pautas electorales, pero no proyectos para el país. Queda evidente que el Poder Legislativo, cuya misión sería fiscalizar al Poder Ejecutivo, promover el debate de los grandes temas nacionales y, finalmente, legislar, no hace nada de eso.
En lugar del debate democrático, lo que existe es la negociación. Y esa negociación no siempre busca una solución que lleve al bienestar común: busca solamente satisfacer a intereses menores y, en la mayoría de los casos, indignos.
El Poder Judicial igualmente está acosado. ¿Cómo seguir justificando que se pague a los jueces un “auxilio alimentación” retroactivo a diez años? ¿Qué otra clase de trabajador brasileño tiene ese derecho?
Y más: ¿cómo seguir justificando vacaciones de 90 días a los señores magistrados? ¿Y ajustes salariales decididos por ellos mismos, al margen de cualquier negociación con los demás poderes? ¿Cómo justificar las prebendas y ventajas de un sistema cerrado? En Brasil, cuando un integrante del Poder Judicial es flagrado en delito, su única condena es jubilarse y seguir cobrando su sueldo integral. El Poder Judicial, que pretende juzgar la corrupción, se asegura una impunidad inadmisible. ¿Con qué derecho semejante poder puede juzgar a alguien?
En los últimos días, y a razón de la presión de las calles, se votaron proyectos a todo vapor en el Congreso. Por ejemplo: hace catorce años –catorce– duermen en algún rincón del Poder Legislativo una enmienda constitucional que decidía la apropiación, por parte del Estado nacional, de tierras donde se comprobase la práctica de trabajo esclavo. La esclavitud fue abolida por ley en Brasil en 1888. Pero sigue existiendo.
Bueno: catorce años después, esa mudanza legislativa fue aprobada en un par de horas. ¿Por qué tardó tanto? Sin el clamor de las calles, ¿pasaría algo?
Todo eso puede sonar bien a oídos entusiasmados o ingenuos. Pero hay que ver que, al mismo tiempo, el Congreso brasileño, integrado en buena parte por diputados y senadores de los cuales se puede decir cualquier cosa, menos que sean íntegros y dedicados al interés nacional, aprueba proyectos inviables, absurdos, con tal de satisfacer a la opinión pública. Asumen compromisos que nadie podrá cumplir, en nombre de atender las voces de la calle.
Ese es el laberinto en el cual vaga, solitaria y buscando un norte, la presidenta Dilma Rousseff.
Enfrenta adversarios y enemigos, y también deslealtades y traiciones entre aliados y en el mismo PT.
Lo que el país vive muestra que lo que está en jaque no es un gobierno, ni un partido, y menos una presidenta. Es el mismo sistema político, la estructura de las instituciones, el funcionamiento de los partidos, las muchas farsas creadas en nombre de la gobernabilidad.
Brasil es, hoy, un país que se enfrenta a un espejo que le devuelve una imagen que el sistema prefería seguir desconociendo.
ENTREVISTA A MATHEUS RANDO PRIES, 19 AÑOS, MILITANTE DEL MOVIMIENTO POR EL PASE LIBRE
“Queremos derribar las injusticias y la exclusión”
La chispa del MPL devino incendio. Detrás de los reclamos contra el aumento del colectivo y el metro vinieron las demandas por mejor salud pública, educación, el repudio a la represión, la corrupción y el derroche mundialista.
Por Darío Pignotti
Desde Brasilia
El Movimiento por el Pase Libre (o por el pasaje gratuito, MPL) encabezó las marchas paulistas hace un mes, donde ganó credibilidad en el movimiento popular al conquistar lo que parecía imposible, la baja del precio del transporte público.
Fue sólo el comienzo, detrás de los reclamos contra el aumento del colectivo y el metro vinieron las demandas por mejor salud pública, educación, el repudio a la represión policial, la corrupción y el derroche en la organización de la Copa del Mundo. La chispa del MPL devino incendio. Y si bien Dilma no es el principal blanco de los manifestantes que dejaron el país patas para arriba, la aprobación de su gobierno cayó verticalmente del 57 al 30 por ciento, según una encuesta aparecida ayer y la reelección ya no es incontestable, su intención de voto bajó del 51 al 30 por ciento, según la misma encuesta.
–¿El desgaste del gobierno favorece la estrategia del MPL?
–Nosotros no queremos derribar a nadie, no estamos metidos en una disputa partidaria o por la conquista del gobierno. Nuestra disputa es para que se apliquen otras políticas públicas, lo que nosotros queremos es derribar las injusticias... derribar la exclusión.
–¿Dilma es una compañera o una enemiga?
–Ehhh, en fin... después de la reunión que tuvimos con ella el lunes (úlimo, en el Palacio del Planalto), decimos que en el actual momento en que nos encontramos de la lucha por el transporte, todas las propuestas de ella fueron iguales a las de la patronal. Queremos seguir bajando las tarifas con más inversiones en el transporte, llegar a cero, y ella lo que hace es dar una rebaja en el boleto reduciéndoles los impuestos a los empresarios, sin tocarles las ganancias, esto no resuelva nada.
–¿Ven diferencias entre Rousseff y el Partido de la Socialdemocracia Brasileña (PSDB, principal fuerza de derecha)?
–No son lo mismo, si el PSDB (de Fernando Henrique Cardoso) estuviera en la presidencia la represión sería mucho más descarada, desvergonzada, la policía vendría abiertamente a atacarnos, como lo hizo al principio de las marchas en San Pablo. El PT (Partido de los Trabajadores de Dilma) es distinto al PSDB, el PT es contradictorio, por un lado está contra la represión y por otro lado apostó en el desgaste de nuestro movimiento. El PT es menos duro que el PSDB en la defensa de los patrones.
–Después de la reunión entre ustedes y Dilma, el secretario general de la presidencia Gilberto Carvalho declaró que no existe democracia sin partidos. ¿Coincide?
–Mi opinión, no la de todo el MPL, es que no se necesitan partidos para que haya democracia. Partido se necesita para tener el poder de un Estado burgués, pero nosotros nos organizamos por fuera de la institucionalidad, los partidos obstruyen nuestra lucha queriendo amarrarla a sus intereses.
No se precisa de un programa totalizante para pelear por el transporte gratis, nosotros somos de izquierda pero no partimos de un planteo totalizante para pelear por el boleto, damos la pelea, y luego vamos a lo ideológico –sostiene el muchacho de la remera negra con el símbolo del molinete hecho trizas, vestimenta que iguala a los activistas del MPL.
Tal vez Brasil no vuelva a ser el país que era después de 15 días de protagonismo popular primario. Aluvional. Hay una disputa abierta por el sentido ideólogico de la revuelta, de momento inclinada a la izquierda, y el rumbo político hacia donde marchan los millones de indignados en Río, Brasilia, Salvador, Belo Horizonte y decenas de ciudades, luego de que el minúsculo MPL irrumpió como un rayo en la Avenida Paulista, la principal de San Pablo, catalizando la rabia por lo caro y malo del transporte en la mayor ciudad del país.
–El origen de la revuelta tuvo una inspiración progresista, con el correr de los días se vieron grupos diciendo “Lula andate a Cuba” y hasta quienes reivindicaron a los militares.
–Seguramente esa gente fue apareciendo en las marchas, vemos esos grupos con mucho cuidado, para que no copen las marchas, pero en ningún momento el sentido amplio, social, de izquierda se ha perdido. Creo que se mantiene el control político de las movilizaciones, pero no- sotros no somos la dirección de todo esto.
–¿El MPL se define como una organización que hace uso de la violencia política?
–La violencia existe desde el Estado que nos impone este transporte, esta educación, y nosotros nos oponemos a aceptar esas imposiciones que parecen algo natural. Nuestro lema es “si el boleto no baja, la ciudad para”, nosotros utilizamos una violencia política para impedir el funcionamiento de la ciudad, no estamos a favor de agredir a nadie, ni atacar predios públicos. Es una violencia que está en el símbolo de la ruptura del molinete, violencia contra una ciudad donde las personas circulan como mercaderías. El discurso de la paz esconde las contradicciones de la sociedad, nosotros estamos contra ese discurso pacifista de la prensa hegemónica. La realidad es que no existe paz, el Estado manda la policía a matar en la periferia, los hospitales matan a la gente con un servicio malo.
Los chicos del MPL, en general no pasan de 25 años, son un éxito mediático en Brasil y en la prensa internacional, donde aún prevalece la matriz de opinión anglosajona que equipara al fenómeno brasileño con la “primavera árabe” sin reparar en otras analogías existentes en Latinoamérica.
–El caso brasileño es lo suficientemente ecléctico, pero ¿no sería más apropiado compararlo con el proceso encabezado por los jóvenes “pingüinos” de Chile antes que con el mundo árabe?
–Es verdad, hay comparaciones erradas. Yo no discutí esto con mis compañeros, pero creo que tal vez sea más preciso ser comparados con los estudiantes chilenos que con los jóvenes árabes, porque nosotros igual que los chilenos peleamos por una agenda puntual, ellos por la educación gratuita y pública, acá nosotros por el transporte. No-sotros no vamos a la calle como los árabes que iban contra algunas dictaduras, contra el sistema. Nosotros usamos un método parecido al de los chilenos, enfrentar a todo el Estado en un punto claro, el transporte, con acciones directas. En Chile se inviabilizó el funcionamiento de las universidades, en San Pablo la ciudad dejó funcionar. Nosotros no pedimos la caída de Dilma contra los egipcios que pedían la salida de (Hosni) Mubarak.
Después del transporte, otra demanda cada vez más extendida en las marchas es el repudio a los gastos excesivos y no siempre transparentes para la Copa de las Confederaciones, que concluye hoy con el choque entre Brasil y España, en el Maracaná.
–Es curioso que en el país del fútbol haya tamaña protesta contra la Copa.
–Nosotros estamos viendo que esto fue creciendo en cada partido de la Copa (Confederaciones), nos parece que las cosas están creciendo como para que haya una multitud protestando el domingo frente al Maracaná.
Hace dos meses había movilizaciones fuertes en Río contra el dinero gastado para reformar el Maracaná, por el desalojo de los indígenas (ocupantes de un predio que debe ser demolido), pero no se puede comparar con lo que puede pasar el domingo en la final. Además, se suma la indignación por la masacre de 10 personas en la favela Maré, el lunes. En Río al principio las marchas eran de clase media, ahora empieza a sumarse la periferia. Igual está pasando en San Pablo, en las últimas marchas vimos que comenzó a sumarse mucha gente que viene de los movimientos barriales del Este, donde están las favelas más importantes.
–Pelé recomendó no ir a las marchas y ver los partidos en casa.
–Eso muestra su falta de compromiso completo con la realidad política que está saltando en todas partes. Es una pena que una figura pública importante esté incentivando a la gente a no manifestarse, que considere que sea más importante el fútbol que las reivindicaciones sociales.
A mí me gusta el fútbol, no soy hincha, me gusta jugarlo, pero lo de Pelé no me gusta nada.
Inspiración zapatista
Por Darío Pignotti
Pries resume al Movimiento por el Pase Libre como un colectivo surgido en 2005 en el marco del Foro Social Mundial, inspirado en algunas tesis del mexicano Ejército Liberación Nacional Zapatista.
“No somos tan ambiciosos como los zapatistas, no llegamos tan lejos como ellos, que lograron organizar comunidades autónomas del Estado en Chiapas, nosotros impulsamos reivindicaciones que dependen del Estado, nosotros no estamos en una disputa por el control del Estado, pero peleamos por que cambie sus políticas de transporte. Somos autonomistas, esto lo tomamos de los zapatistas, porque no estamos ligados al Estado ni a ningún partido, no renunciamos a nuestra agenda para amoldarnos a un acuerdo con partidos, nosotros construimos poder popular autónomamente.“Casi todos nuestros militantes están contra el Estado, porque dentro de nuestra organización hay anarquistas, comunistas, apartidarios. Somos horizontales, somos contrarios a liderazgos que pretendan asumir nuestra conducción. Como Movimiento Pase Libre, no nos planteamos luchar por la disolución del Estado. No luchamos para que la sociedad sea así o asá. Nuestra propuesta es luchar por transporte, para que sea gestionado colectivamente, de manera popular. Hay teóricos que dan una importancia excesiva a la organización a través de las redes sociales. Escuché hablar de (el teórico español Manuel) Castells, pero no lo leí. Lo que puedo comentar es que por sí solas las redes no explican las movilizaciones políticas, lo que explica todo esto que pasa es la construcción de una pauta política fuerte, convocante, real. Facebook es utilizado como un instrumento superficial de comunicación, sirve para llamar a una reunión, para denunciar cuando los compañeros caen presos. Lo bueno es que en Internet nosotros tenemos el control de lo que sale. En la prensa, como es casi toda de derecha, se tergiversa. Nos permite hacer correr nuestros comunicados sin que los manipule la TV Globo.
“En el primer momento, Globo intentó criminalizar al movimiento, caracterizaba a los manifestantes como delincuentes. Después vieron que el apoyo es tan grande que cambiaron de estrategia. Ahora hacen una manipulación más encubierta, escondiendo lo que se dice en la calle, y empiezan a torcer la pauta. Dicen que la gente sale para denunciar la corrupción, y la corrupción es una bandera de la derecha.”
CONTRA EL DESPILFARRO POR EL MUNDIAL 2014
Protesta en la final
Un grupo de organizaciones no gubernamentales preparó una protesta en la final de la Copa de las Confederaciones, que se jugará hoy en el estadio Maracaná de Río de Janeiro.
Vigilancia policial en las puertas del Maracaná.Imagen: EFE
Organizaciones sociales convocaron a una nueva manifestación para la final de la Copa Confederaciones que se jugará hoy, mientras la aprobación al gobierno de Dilma Rousseff cayó 27 puntos en tres semanas, por lo que se ha cancelado la presencia de la mandataria en la ceremonia de clausura. El Comité Popular del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 ratificó que hará hoy una manifestación en las cercanías del estadio Maracaná –donde Brasil y España disputarán la final del torneo– por los gastos del Mundial.
Organizaciones sociales convocaron a una nueva manifestación para la final de la Copa Confederaciones que se jugará hoy, mientras la aprobación al gobierno de Dilma Rousseff cayó 27 puntos en tres semanas, por lo que se ha cancelado la presencia de la mandataria en la ceremonia de clausura. El Comité Popular del Mundial 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016 ratificó que hará hoy una manifestación en las cercanías del estadio Maracaná –donde Brasil y España disputarán la final del torneo– por los gastos del Mundial.
El representante de la organización no gubernamental Justicia Global e integrante del Comité, Renato Cosentino, dijo que espera que la marcha no se encuentre con ningún tipo de impedimento policial para llegar hasta el estadio, aunque aclaró que los organizadores no intentarán vulnerar un eventual cordón policial. La marcha comenzará con una concentración en la Plaza Saens Peña, a un kilómetro del estadio, y desde allí seguirá rumbo al Maracaná, cerca del comienzo de la final del torneo, a las 19 hora local.
Un contingente de 10.600 policías y 7400 militares de apoyo protegerá la final de la Copa Confederaciones entre Brasil y España en Río de Janeiro, que será el epicentro de una ola de protestas durante el partido final.
El tamaño del despliegue queda claro en comparación con los 5646 agentes que patrullan usualmente las calles de las ciudades de Río de Janeiro y Niteroi, que están unidas por un puente y donde viven unos siete millones de habitantes. Dentro del estadio habrá otros 1300 guardias privados, después de que el Comité Organizador local de la Copa anunciara un aumento de los efectivos. Algunas de las protestas de las últimas semanas han sido dispersadas por la policía con gases lacrimógenos después de que los manifestantes intentaran atravesar el cerco en torno de los estadios y terminaron en batallas campales con incendios y saqueos. Ese fue el caso en Fortaleza y, especialmente, en Belo Horizonte, donde hubo enfrentamientos entre manifestantes y agentes durante los encuentros de semifinales.
Por otro lado se conocieron ayer los resultados de una encuesta que refleja que la aprobación del gobierno cayó 27 puntos, del 57 por ciento de consultados que la juzgó buena o excelente en la primera semana del mes, al 30 que le da ahora esos calificativos. El sondeo de Datafolha, del diario Folha de Sao Paulo, evalúa al gobierno como un todo y no a la imagen personal de Rousseff, y registra que se elevó del 9 a 25 por ciento el nivel de brasileños que considera mala o pésima la gestión del Ejecutivo. La nota promedio dada al gobierno cayó de 5,8 a 7,1 en tres semanas, y sobre la posición de la presidenta ante las protestas, el 26 por ciento consideró que fue mala, el 32 por ciento la midió excelente o buena y para el 38 fue regular.
Las manifestaciones, que se iniciaron con la protesta contra el aumento del transporte público en San Pablo, fueron invadidas por sectores de clase media que reclamaban contra la corrupción y por los críticos a la organización del Mundial 2014 y de la Copa Confederaciones.
El sondeo de Datafolha muestra también un apoyo masivo, del 68 por ciento, a la propuesta de un plebiscito para favorecer una reforma política. Rousseff debió retroceder de su posición de reforma constitucional específica sobre asuntos del sistema político luego de la falta de acuerdo con su principal aliado, el PMDB del vicepresidente Michel Temer, que controla la presidencia de las dos cámaras del Congreso. Rou-sseff trabajará para revertir la caída de 27 puntos que mostró la encuesta, según afirmó hoy el ministro de las Comunicaciones, Paulo Bernardo, quien se reunió con la mandataria en el Palacio de la Alvaorada, junto a la titular de Comunicación Social, Helena Chagas, y al de Educación, Aloízio Mercadante.
Por lo pronto, medios locales adelantaron que Rousseff no irá mañana a la final del Copa en Río, tras haber sido abucheada en el partido inaugural del torneo, el 15 de junio. Pese a que la movilización no estaba dirigida expresamente contra Rousseff, que tendió la mano a los manifestantes, la explosión de un descontento hasta entonces oculto le ha ocasionado una importante erosión política que la obliga a resguardarse de los acontecimientos públicos de carácter masivo.
Fuente:Pagina12
30.06.2013
Dispar repercusión de las protestas en la imagen de Dilma
cae la aprobación pero apoyan la consulta
En una reunión el pasado lunes para evaluar la dimensión de las manifestaciones con alcaldes y gobernadores, Rousseff presentó el programa de contratación de médicos foráneoscomo una respuesta a la demanda de un mejor sistema de salud.
La jefa de Estado propuso contratar a médicos cubanos, españoles y portugueses, pese al rechazo de los colegios profesionales brasileños. En Río de Janeiro, por ejemplo, hubo una marcha de profesionales hasta la sede del Consejo Regional de Medicina, portando carteles en los que pedían mejores condiciones salariales y de trabajo para desplazarse a las zonas más distantes de Brasil.
El ministro de Salud, Alexandre Padilha, comentó al portal IG que "no puede ser un tabú en Brasil tener una política de atracción de médicos extranjeros" aunque apuntó que la convocatoria que prepara el Gobierno dará prioridad a los profesionales brasileños que quieran ocupar las plazas vacantes.
Brasil, de manera gradual, pretende contratar 35.000 médicos hasta 2017 para atender las necesidades de salud en todo el país. El Consejo Federal de Medicina indicó que a pesar de que el país tiene 1,8 médicos para cada 1.000 habitantes, 22 de los 27 estados están por debajo de ese promedio, diferente de países con un sistema único de salud pública, como Inglaterra, que tiene 2,7 médicos por cada millar de personas.
Una encuesta publicada por el diario Folha de Sao Paulo asegura que un 30% de los entrevistados consideró que el gobierno de Rousseff es "grandioso/bueno", una evidente caída con respecto al 57% que había respondido de la misma manera en sondeos realizados tres semanas antes del inicio de las protestas.
Pero para la encuestadora del periódico, Datafolha, el 68% de los brasileños cree que Rousseff actuó bien al proponer una consulta popular para hacer la reforma política mediante una Asamblea Constituyente específica.
Fuente:TiempoArgentino
Una protesta social que sorprende al gobierno y a la oposición
La otra cara del milagro brasileño
Por Por Alfredo Grieco y Bavio, desde Porto Alegre
27.06.2013
Cientos de miles en las calles provocaron una crisis política con pocos precedentes en Brasil. Los cambios que propone Dilma Rousseff y un futuro incierto.
La otra cara del milagro brasileño
Por Por Alfredo Grieco y Bavio, desde Porto Alegre
27.06.2013
Cientos de miles en las calles provocaron una crisis política con pocos precedentes en Brasil. Los cambios que propone Dilma Rousseff y un futuro incierto.
Marchas y sorpresa. Los brasileños en las calles reclaman
por educación, salud y contra la corrupción. Dilma Roussef busca una salida a la crisis.
Las protestas que se iniciaron pacíficamente tres semanas atrás en la ciudad de San Pablo por un aumento en las ya altas tarifas de los transportes públicos, pronto se encendieron en todo Brasil y cobraron una violencia que ya se cobró más de una decena de muertos en la represión de las fuerzas policiales que ya entraron a patrullar las favelas. El gobierno del Partido de los Trabajadores (PT) y la presidenta Dilma Rousseff confiaron en un comienzo en que la bonanza económica general y la proximidad del Mundial de Fútbol disuadirían a los manifestantes de salir a las calles. Ocurrió todo lo contrario: la economía nacional, la corrupción del gobierno, sus aliados y la administración estadual y los gastos y aun la oportunidad de la Copa FIFA 2014 fueron puestos en cuestión por los manifestantes. A los sectores de clases medias se sumaron otros más marginales y más activos. Después de la sorpresa inicial y de la falta de respuestas, y tras varias marchas y contramarchas, la presidenta Rousseff alcanzó el miércoles un amplio acuerdo en torno a su iniciativa de someter a plebiscito una reforma política en el país, la más polémica de las propuestas que presentó en la búsqueda por atender las demandas de quienes siguen tomando las calles en protesta.
Terremotos políticos. Después de que la idea inicial de Rousseff de convocar un plebiscito para instalar una Asamblea Constituyente destinada a debatir la reforma política provocara un “terremoto” político, con críticas de actores clave como la Cámara de Diputados y varios ministros de la Suprema Corte, la presidenta dio marcha atrás y acabó anunciando que la reforma política será sometida directamente a una consulta popular.
Según informó el ministro de Educación, Aloizio Mercadante, el gobierno evaluó que no hay “tiempo hábil” para realizar una Constituyente. El ministro explicó que la propuesta es que la población responda en la consulta popular a cuestiones específicas sobre la reforma política que desea. Esas cuestiones serán definidas en forma conjunta por el gobierno y por líderes de los partidos aliados y opositores al gobierno, que se reunirán ya esta semana. La nueva propuesta alcanzó el acuerdo no sólo del presidente de la Cámara baja, sino también del presidente del Senado nacional, Renan Calheiros.
Cuestionario Brasil. Según informó el diario Folha de São Paulo, los congresistas acordaron en primera instancia con la presidencia que el cuestionario contendrá preguntas específicas sobre alteraciones en la legislación electoral y partidaria, y, eventualmente, en párrafos de la Constitución vinculada con la organización política del país. Tanto la presidencia como ahora su aliado Congreso corren contra el tiempo para definir los alcances del plebiscito, de manera de que la consulta popular sea realizada, como máximo, en octubre. El fin es que los cambios votados ya estén en vigor en las elecciones generales de julio del año que viene.
Voto express. Los manifestantes sumaron otro logro en sus protestas: lograron acelerar, el miércoles y el jueves, la tradicional lentitud del Congreso en tratar y votar leyes. Veloz, la Cámara de Diputados rechazó por arrolladora mayoría el proyecto de enmienda constitucional (PEC) 37, que limitaba los poderes de investigación criminal del Ministerio Público (fiscalía) para concedérselos a las policías Federal y Civil. Conocido popularmente como “PEC de la Impunidad”, el repudio a este proyecto estuvo entre las mayores reivindicaciones que los manifestantes llevaron a las calles en los últimos días. Después de haber sido aprobado en la Comisión de Constitución y Justicia y en una comisión especial instaurada para su análisis, la polémica medida fue rechazada por 430 votos contra nueve y dos abstenciones.
La voz de las calles. Las protestas de las últimas semanas llevaron así al Congreso brasileño a votar en carácter de emergencia una serie de proyectos que “dormían” desde hace meses en la sede del Poder Legislativo, en Brasilia, en una maratónica y trasnochada jornada en que los parlamentarios atendieron asuntos clave de la “agenda popular”. La “votación express” constituye la victoria más palpable alcanzada por “la voz de la calles”, como llamó la presidenta Dilma Rousseff a las demandas populares. Entre las medidas aprobadas entre la noche del martes y la mañana del miércoles, algunas de las cuales deben ser ratificadas en otras instancias de votación, están la asignación del 75% de las regalías del petróleo a la Educación y el 25 restante a la Salud y el fin al voto secreto cuando los legisladores estén decidiendo la destitución o no de senadores y diputados acusados de diversos delitos.
Fútbol y masas. En cuanto a una de las más sonadas críticas de las calles, vinculada a los millonarios y poco transparentes gastos del gobierno para la realización de la Copa Confederaciones y el Mundial de 2014, la Cámara baja rechazó una norma que permitía la transferencia de 43 millones de reales (unos 20 millones de dólares) para uso de la FIFA durante el Mundial en el área de telecomunicaciones. En general, todos los proyectos, enmiendas y normativas que fueron aprobados o rechazados por los diputados a lo largo de la madrugada de hoy atienden directamente a las demandas populares, que envuelven críticas a la corrupción y reclamos de más recursos para la salud, vivienda, seguridad, educación y transporte público. Más aún, el presidente del Senado, Renan Calheiros, anunció que está dispuesto a suspender el habitual receso parlamentario del mes de julio hasta que sean votadas una serie de propuestas que están relacionadas con el “gran pacto nacional” que propuso la presidenta Rousseff para salir de la peor crisis social que atraviesa su gobierno. Se trata de unos diez proyectos que deberán ser analizados por los senadores en los próximos 15 días, los cuales también contemplan los temas más reivindicados por la población.
Pasen y vean. En un espaldarazo al origen de las protestas, el aumento de las tarifas de transporte público, Calheiros presentó un proyecto de su autoría que crea un “pase libre” de autobús para estudiantes debidamente inscritos en instituciones de enseñanza que frecuenten regularmente.
Otros proyectos del decálogo que el Senado se apresta a votar al ritmo de las revueltas son destinar 10% del Producto Interno Bruto (PIB) a la Educación y el 5% a la Salud Pública, ampliar la exoneración de impuestos a los transportes públicos; castigar penalmente a jueces y fiscales condenados por delitos y crear un sistema nacional de seguridad que aumente las penas a narcotraficantes e incentive la socialización y tratamiento de los adictos.
Corrupción escrita con sangre. El Senado brasileño aprobó también un proyecto de ley que define a la corrupción como un delito grave, tal como demandaban los miles de manifestantes que protestan desde hace dos semanas en todo el país. El proyecto aprobado por los senadores coloca dentro de los crímenes más graves la corrupción activa y pasiva. Las penas previstas a partir de la nueva legislación van de un mínimo de cuatro años de prisión hasta doce años. La lucha contra la corrupción había sido una de las reivindicaciones más demandadas durante las protestas que hasta hoy se realizan en decenas de ciudades brasileñas.
Brasil a la baja. Entretanto, la contracara del milagro brasileño, y las causas del descontento, empiezan a salir a la luz. El Banco Central de Brasil revisó a la baja la previsión de crecimiento económico del país para 2013, que pasó de 3,1 a 2,7%, al tiempo que elevó tres décimas la inflación prevista (de 5,7 a 6%), según consta en el Informe Trimestral de Inflación (RTI) divulgado el jueves.
Por su parte, el mercado financiero es un poco más pesimista que el Banco Central en relación con el crecimiento económico, pero más optimista respecto del aumento de precios. Según analistas de las principales entidades bancarias consultados semanalmente por el banco, la expansión económica en 2013 será de 2,46%, y la inflación de 5,86 por ciento. La contención de la inflación y el impulso al crecimiento económico han sido en 2012 y lo que va de 2013 las principales batallas que ha dado el gobierno de la presidenta Rousseff. Los avatares últimos de esta guerra, que ha derivado en la crisis política mayor de la democracia brasileña en el siglo XXI, aún están por verse.
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Un maracanazo perfecto
Si los rusos siempre confiaron en los fríos de su país (el general “Invierno”) como mejor arma para derrotar a los ejércitos invasores, el gobierno brasileño tiene fe en que los ardores del triunfo deportivo apaciguarán a las masas. Los hinchas esperan coronar el domingo los éxitos de la selección nacional en la Copa Confederaciones con una fiesta en su templo del fútbol, el Maracaná. Tanto dentro como fuera del mítico estadio hay peligros agazapados que amenazan con arruinar el sueño de la verdeamarela. El riesgo mayor proviene de las protestas populares que aunque se les opusieran frenos o barreras efectivas recorren el país desde hace casi un mes. Con motivo del fútbol, y en su propio ámbito, una escalada de violencia arreció el miércoles en Belo Horizonte, con los violentos enfrentamientos entre manifestantes y policía durante el partido en que Brasil pasó a la final tras derrotar por 2-1 a Uruguay en el también mitológico estadio Mineirão.
En lo estrictamente futbolístico, varios analistas advierten que el masivo apoyo de la “torcida” brasileña a la selección nacional tras las cuatro victorias consecutivas en la Confederaciones podrá desaparecer el domingo si los dirigidos por Luiz Felipe Scolari sufren una derrota humillante en el partido decisivo. Los jugadores de la “seleção” no ignoran los riesgos, pero prefieren concentrarse en la final deportiva antes que en las alternativas de la protesta. “Todo empezó en forma pacífica, pero ahora hay violencia, incendios de vehículos, invasiones... Sabemos que Brasil enfrenta protestas, debatimos todo lo que pasa, pero tenemos que concentrarnos en nuestro trabajo. Esperamos que haya una solución”: así resumió a los medios la situación el arquero Julio César, quien inició su carrera brillando en el Maracaná por el club carioca Flamengo.
Fuente:Veintitres
Año 6. Edición número 267. Domingo 30 de junio de 2013
Por Miradas al Sur internacional@miradasalsur.com
Apenas la presidenta Dilma Rousseff intentó orientar la movilización popular hacia las reformas democráticas pendientes, fue trabada por las corporaciones, los medios y la policía. La lucha por el poder se intensifica.
Si querés venir a una manifestación, aguantá los palos.” Con esta fórmula didáctica, un oficial de la Policía Militar (PM) de Brasilia le explicó al estudiante Ernaldo Vieira, en la noche del miércoles 26, por qué habían encerrado a los manifestantes que protestaban contra la corrupción y por la reforma política en la llamada Explanada de los Ministerios, antes de ahogarlos con gas lacrimógeno. La represión policial, el freno corporativo y la cooptación de las movilizaciones por los medios conservadores dominantes se combinan en la respuesta de la derecha al intento de la presidenta Dilma Rousseff de orientar las protestas hacia reformas democráticas que consoliden las políticas sociales de la última década y aseguren su reelección. Son dos proyectos antagónicos que pujan por el poder en Brasil.
Ante 27 gobernadores estaduales y 26 alcaldes de las principales ciudades del país, reunidos en el Planalto, Rousseff propuso en la tarde del lunes 24 la adopción de cinco pactos nacionales destinados a impulsar reformas democráticas largamente pendientes: 1) Responsabilidad fiscal y control de la inflación; 2) Plebiscito para convocar a una asamblea constituyente sobre la reforma política; 3) Salud; 4) Educación, y 5) Transportes. Miles de millones de reales deben fluir hacia los municipios para mantener sin alzas los boletos del transporte público urbano. A Salud y Educación debe destinarse el 100% de los ingresos que se obtengan por la explotación del petróleo de la cuenca submarina frente a Río de Janeiro. Limitar el sobreendeudamiento de estados y municipios es una consigna compartida por todas las fuerzas políticas.
Pero es el plebiscito para convocar la asamblea constituyente específica que debe introducir reforma política lo que se ha convertido en piedra de toque de la lucha por el poder asumida por la presidenta.
Dilma no consultó ni a su propio partido para hacer los anuncios del lunes 24. Evidentemente, sólo un “núcleo duro”, y seguramente su mentor Lula, participaron el fin de semana pasado en la toma de esta decisión estratégica. Convocar al pueblo a decidir sobre la reforma política mediante un plebiscito vinculante implica saltar por sobre el Congreso y la Justicia y devolver la soberanía a su dueño originario. “Es un recurso bolivariano”, dijo un columnista de Folha de São Paulo.
El vicepresidente Michel Temer, del centrista PMDB, se quejó por la falta de consulta y rechazó la convocatoria a asamblea constituyente. El ministro de Educación, Aloisio Mercadante, ofició toda la semana de vocero presidencial, desplazando a la jefa de la Casa Civil, senadora Gleisi Hoffman, aspirante a gobernar el Estado de Paraná a partir de 2014 con el apoyo de la hidroeléctrica Itaipú Binacional.
Aunque la presidenta desistió al día siguiente de convocar a una asamblea constituyente, porque –como dijo el presidente del PT, Rui Falcão– “llevaría demasiado tiempo reunirla”, mantuvo el llamado a realizar um plebiscito, para que el pueblo imponga la reforma política. Se trata de reformar las leyes de partidos políticos y de elecciones prohibiendo el subsidio a los partidos por personas jurídicas, estableciendo el financiamento público de los mismos y la lista cerrada para forzar la lealtad de los candidatos a los partidos, ajustando la representación al número de habitantes de cada distrito y colocando un piso del 3% de los votos para mantener la personería de los partidos y así disminuir el número de siglas. El régimen electoral y partidario vigente da a los candidatos una gran autonomía respecto de sus propios partidos y les permite financiarse con donaciones de empresas que más tarde se cobran con licitaciones públicas. Se calcula que las empresas de la construcción destinan en promedio el 5% de sus ganancias a las donaciones electorales.
No por casualidad fue Joaquim Barbosa, presidente del Supremo Tribunal Federal (STF) y del Consejo Nacional de Justicia (CNJ) quien presentó públicamente la alternativa conservadora. Luego de su reunión con la presidenta, el martes 25, declaró que “el país precisa una reforma política que disminuya la influencia de los partidos en la selección de los candidatos y aumente la participación popular”. Y agregó: “Pienso que hay una voluntad del pueblo brasileño de disminuir o mitigar el peso de los partidos políticos sobre la vida política del país”. Barbosa resaltó que no defiende la “supresión” de los partidos, pero que está a favor de candidaturas individuales para todos los cargos, incluso la presidencia de la República, no atadas a siglas partidarias.
El presidente del STF saltó a la fama de manos de los medios hegemónicos el año pasado cuando se destacó como impiadoso castigador de los procesados por el affaire del “mensalão”. En un país sin tradición de luchas populares como Brasil, cuyo pueblo mayoritariamente todavía anhela la venida de un San Jorge justiciero que mate de un lanzazo al dragón de la corrupción, el primer miembro negro del máximo tribunal –cuyo mandato vence precisamente el año próximo– prepara su plataforma para lanzarse a competir con Rousseff por la presidencia de Brasil. Encuestas realizadas la semana anterior por DataFolha lo ubicaron como el preferido de las jóvenes clases medias movilizadas, aunque él todavía diga que no es candidato a nada.
Todos los políticos brasileños se dedican por estos días a halagar los reclamos de las manifestaciones. No hizo falta esfuerzo para que la Cámara de Diputados desistiera de sus resistencias de meses y resolviera el miércoles 26 destinar el 70% de los futuros réditos petroleros a la educación y el 30% al mejoramiento del Sistema Único de Salud (SUS).
Igualmente oportunista resultó la liberación de impuestos sobre el transporte automotor urbano colectivo para mantener sin cambios las tarifas. Así se garantiza, a costa del Estado, que las empresas concesionarias de ómnibus (unos pocos consorcios que atienden la gran mayoría de los municipios) sigan llevándose el 70% del ingreso por boletos.
También fue unánime el apoyo parlamentario al endurecimiento de las leyes que castigan la corrupción activa y pasiva y delitos conexos, convirtiéndolos en delitos graves sancionables con penas de prisión. Al mismo tiempo, la Cámara baja rechazó por 430 votos contra 6 la Propuesta de Enmienda Constitucional 37 que proponía reafirmar la facultad constitucional exclusiva de la Policía Federal para investigar delitos penales. Si bien esta facultad fue establecida por el art. 114 de la Constitución federal de 1988, con los años se hizo habitual que las fiscalías investigaran por su cuenta. Ante la falta de controles democráticos sobre el accionar del Ministerio Público, la presidenta había propuesto hace dos años la PEC 37 para reforzar el mandato constitucional. Esto hubiera implicado que las fiscalías podrían iniciar investigaciones penales que la PF debería ejecutar, pero no llevarlas adelante por su cuenta. Sin embargo, como los medios hegemónicos y la corporación judicial consiguieron exitosamente instalar en las manifestaciones de junio la consigna del rechazo a la reforma, la mayoría del Parlamento que hasta hace dos semanas apoyaba la PEC votó el miércoles masivamente por su rechazo. Todos los medios festejaron alborozados “el triunfo de la democracia”. Ahora pueden seguir sin límites dirigiendo la agenda de las fiscalías.
Dilma reaccionó rápidamente a la presión de las calles asumiendo sus consignas y orientándolas hacia la profundización de las reformas democráticas, pero sus oponentes no se quedaron atrás y pasaron a hacer como si se adhirieran al proceso reformista, pero a costas de las finanzas públicas y desviando las manifestaciones hacia la denostación del gobierno. Para ganar esta carrera, la presidenta se reunió el lunes 24 con representantes del Movimiento Pase Libre, el martes con el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST) y el miércoles con las cinco centrales sindicales que convocaron a una huelga general para el 11 de julio.
No obstante, para conquistar la calle, la presidenta precisa líderes de los que no dispone. Descabezada la conducción del PT, el partido se adocenó y se alejó de sus bases. La presidenta tampoco cultivó el contacto con el pueblo al que era tan afecto Lula.
La lucha por la conducción de las movilizaciones se está agudizando. En la semana que pasó éstas cambiaron su eje y base de apoyo. A excepción de la gran manifestación en Belo Horizonte durante el partido Brasil-Uruguay, en las grandes ciudades se redujo la presencia en la calle de la clase media y aumentó la de los sectores populares de las periferias. El martes se movilizaron en Río de Janeiro varios miles de habitantes de Rocinha –con 250.000 habitantes la favela más grande del continente– para reclamar al gobernador del Estado de Río de Janeiro Sergio Cabral (PMDB) la satisfacción de reivindicaciones largamente levantadas por esa población marginal. El jueves 27 la Policía Militar paulista desalojó en la zona Este de la metrópolis a activistas del MTST que habían ocupado un predio largamente vacío solicitando su expropiación para un proyecto de viviendas populares.
Las movilizaciones callejeras todavía están capturadas por los medios hegemónicos que las orientaron hacia la lucha contra la PEC 37, pero Dilma reaccionó rápida e inteligentemente, cambiando su agenda. Parece haber dejado atrás un período de gobierno aparentemente “técnico”, para hacer más política. Mientras duró la bonanza económica externa, los servicios públicos se podían financiar con las rentas extraordinarias, pero actualmente se trata de redistribuir los ingresos tributarios, aumentando los impuestos de los más ricos y destinando el excedente para el mejoramiento de los derechos y los servicios públicos. Por eso es que se discute tanto sobre la mejora de los servicios públicos. Éstos fueron privatizados en los años ’90, se rigen por el lucro y en consecuencia carecen de inversiones.
La educación pública básica y secundaria sufre por los bajos salarios de los maestros y profesores y la falta de inversiones. La educación superior, por su parte, se expandió notablemente en los últimos diez años, pero en las nuevas universidades faltan infraestructuras y residencias para alojar a estudiantes que muchas veces vienen de muy lejos y tienen bajos recursos, y los nuevos profesores están pésimamente formados. El Servicio Único de Salud, en tanto, padece enormes carencias materiales y personales. El sistema de ómnibus urbanos, finalmente, devora enormes subsidios, pero es carísimo y de mala calidad. La situación sólo cambiará si el Estado interviene planificando y regulando.
Para encabezar esta nueva política, Dilma debe movilizar sus apoyos sociales. La clase trabajadora brasileña está muy fragmentada. Además de los obreros fabriles hay una nueva clase trabajadora predominantemente joven que ascendió mediante la enseñanza superior privada a la que accedió gracias a las becas estatales, que consume más y tiene mayores expectativas, pero que no ve perspectivas de futuro en el mercado de trabajo. Por eso vive bajo una tensión permanente que puede ser canalizada tanto por la izquierda como por la derecha.
Además, existe otra fracción mucho más numerosa, que todavía vive en la pobreza y constituye la principal base del lulismo. Según el investigador André Singer, esta fracción quiere cambios pero rechaza la radicalización política porque la asocia al desempleo y a la carestía. Para conquistar su apoyo, la estrategia de los gobiernos de Lula y Dilma consistió en evitar la radicalización. De hecho, este sector fue muy beneficiado por la baja de la pobreza y la desigualdad, pero el avance es muy lento y las transferencias se hacen a costas de los ingresos del Estado, para evitar choques con los grupos dominantes.
Sin embargo, en la situación económica actual, esta estrategia está atrapada en una paradoja: el gobierno quiere evitar la radicalización política por miedo a la crisis económica, la inestabilidad y la fuga de capitales que aumentarían el desempleo precisamente de los sectores más pobres de la población, lo que los arrastraría hacia la derecha. Súmese a todo esto el dato de que la clase media tradicional es hoy la más perjudicada por el proceso distributivo y el tipo de crecimiento económico y es la más dispuesta a ocupar las calles con consignas protofascistas, como ya sucedió en 1964.
En un contexto de bajísimo crecimiento económico y –aunque baja– creciente inflación, si Dilma quiere forzar la intervención estatal en la oferta de mejores servicios públicos y transferir renta para financiarlos, marchará inevitablemente al choque con la derecha. Para triunfar, esta estrategia precisa movilizar y organizar a la nueva clase trabajadora.
El lulismo necesita evitar la radicalización y prepararse para la polarización inevitable, como lo demuestran las movilizaciones. Como respuesta superadora, Rousseff hizo dos movimientos osados: legitimó en las manifestaciones a los interlocutores de izquierda como el MPL y el MTST y lanzó a los manifestantes contra el Congreso. Éste ya acusó el golpe y calificó de autoritaria la convocatoria a la Constituyente, pero no pudo negarse al plebiscito sobre la reforma política.
Las protestas van a continuar en todo el país porque son incontrolables. La derecha está en las calles y en los medios intentando cooptar la revuelta. La agenda presidencial se dirige a contrarrestarla con sus banderas reformistas. Dilma respondió con perspicacia al clamor de las manifestaciones. Contra sus consignas democráticas se alzan las que levantó Joaquim Barbosa: menos política, menos partidos, más candidatos individuales manipulables por los medios y las grandes finanzas. La coronación de esta estrategia sería derrotar a Dilma en 2014 con un “Napoleón de toga”. Como dijo en 1860 el príncipe Tomaso di Lampedusa, “il Gattopardo”: “Cambiar algo, para que nada cambie”. El juego está abierto.
Fuente:MiradasalSur
Un campeón sin festejos
Año 6. Edición número 267. Domingo 30 de junio de 2013
Por Miradas al Sur internacional@miradasalsur.com
Telam
Opinión.
Para muchos, la masividad de las protestas fue sorpresiva, aunque sus causas resultan comprensibles. Es que Brasil sufrió una profunda transformación sociodemográfica. Triplicó su población en cuarenta años, pasó de 60 millones en 1960 a 180 el año 2000, incluso alcanzando los 200 millones durante la gestión de Inácio Lula da Silva. Esta expansión generó ese “baby boom” que hoy se manifiesta en las calles.
Esta nueva dinámica de desarrollo inclusivo, que implicó la concreción del “Fome Zero” (Hambre Cero), base del gobierno de Lula, se contrasta con componentes estructurales de Brasil. La fuerte descentralización de la política, fortalece la lógica territorial y el empoderamiento a los prefeitos (intendentes) de los municipios, quienes están más preocupados en garantizar su carrera política que en cubrir las necesidades de infraestructura de ciudades que receptan ese crecimiento demográfico.
Para graficar la situación, Brasil tiene unas 40 ciudades con más de medio millón de habitantes y unas 10 con más de un millón. Además, destacan Belo Horizonte, Salvador, Brasilia y Fortaleza con 2,5 millones; Río de Janeiro con 6 millones y, especialmente, San Pablo, con 12 millones y un conurbano de otros 10 millones de habitantes. Estas cifras permiten descifrar la magnitud de los escenarios donde transcurrieron las manifestaciones. Los déficits en infraestructura de estas ciudades, que refieren a educación, salud, vivienda y transporte, son la base de la agenda de estas movilizaciones.
Es claro, que la inclusión social de millones de brasileños conlleva a nuevas demandas desde una perspectiva de una ciudadanía integral, especialmente en lo que refiere al hábitat de vida. En ese marco, los jóvenes que reciben sus tablets para cursar el nivel medio, además quieren tener acceso a la educación superior, hoy altamente restringida. Para dar dimensión, Brasil con 200 millones de habitantes tiene 2,4 millones de estudiantes universitarios al igual que Argentina, con una población de 40 millones.
En tal sentido, los gastos en los megaeventos (Copa Confederaciones, Mundial 2014 y Olimpíadas 2016) que alcanzan unos 13 mil millones de dólares y podrían duplicarse hasta que arranquen los torneos, irritan a una población que ve cómo los lobbies empresariales, aliados a la CBF y la FIFA, junto a prefeitos, se embolsan cuantiosas ganancias en una infraestructura que poco los beneficia, porque no está pensada para el desarrollo cotidiano, sino para espectadores que van del aeropuerto al hotel y al estadio, y viceversa, cuando lo que necesitan son medios para ir al trabajo o a la escuela.
En tal sentido, el Movimiento Pase Libre, impulsor de las manifestaciones, centraba su protesta en evitar que la ciudadanía pagara los costos de un evento de ganancias para pocos. La masividad de su convocatoria, más allá de su desborde y violencia, colocaró en agenda los problemas más profundos referidos a las necesidades en educación y salud.
Sin duda, las masivas protestas marcaron una nueva agenda política en Brasil, no sólo porque lograron frenar los aumentos en el transporte, sino porque además provocaron que el Parlamento rechazara la PEC 37 (Propuesta de Enmienda Constitucional) que buscaba reducir capacidades de investigación de varios organismos públicos, entendiéndolo como un aval a la corrupción, y lograron la aprobación en Diputados de la asignación de las regalías petroleras a la inversión en Educación y Salud.
En ese marco, Dilma Rousseff logra utilizar esa fuerza casi como un pase de aikido para reorientarla a las profundas transformaciones que necesita Brasil. Logró sentar a los gobernadores y prefeitos involucrados junto a los principales referentes de las manifestaciones para llegar a un acuerdo fiscal sobre la transparencia y responsabilidad de los fondos públicos, no como un acuerdo neoliberal de restricción de gastos, sino como una forma democrática de deliberar y resolver sobre las inversiones públicas.
A su vez, la presidenta impulsa ahora la reforma política como marco para contrarrestar un sistema institucional que diseñó la dictadura militar y que provoca que un Ejecutivo elegido con el 50% de los votos nunca pueda superar el 25% de representación parlamentaria, obligando a los mecanismos de acuerdos y negociaciones, propicios a formas de corrupción, que en gran parte debilitan la gestión de gobierno. Tarea nada sencilla: de hecho tuvo que desistir de una consulta popular y es remota la posibilidad de que un cambio salga de un Parlamento cuyo actual sistema lo favorece. Sin embargo, es una batalla que recién comienza.
Fuente:MiradasalSur
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