OPINION
Santos se suma a la conjuraPor Atilio A. Boron *
Todo acuerdo económico es a la vez un acuerdo político. El pensamiento neoliberal presenta sus opciones políticas (por ejemplo, promover el enriquecimiento de los ricos y el despojo de los pobres) como si resultaran de un cálculo técnico cuando lo cierto es lo contrario. Lo anterior vale tanto para los acuerdos sellados en el plano doméstico como en el internacional. Por eso no puede sorprender la provocación en que incurrió el gobierno de Juan M. Santos –ahora dice que todo fue un “malentendido”– al recibir al perdidoso candidato de la derecha venezolana, Henrique Capriles. Al hacerlo, el presidente colombiano convalidó sus denuncias –refutadas por sucesivas auditorías practicadas sobre los resultados electorales del 14 de abril– y se alineó irresponsablemente con el líder del ala fascista y más radical y golpista de la derecha venezolana. ¿Sólo con ésta? No, porque la estrategia de desgaste del antichavismo no es creación original venezolana sino de directivas que emanan desde Washington para concretar su proyecto destituyente y borrar al chavismo de la faz de la Tierra. Por eso la Casa Blanca continúa sin reconocer la legalidad y la legitimidad del triunfo de Nicolás Maduro en las pasadas elecciones presidenciales. El empecinamiento del insólito Premio Nobel de la Paz no es inquina personal sino el meticuloso cumplimiento del proyecto de reversión de la correlación internacional de fuerzas en el hemisferio que, en 2005, provocara el naufragio del ALCA en Mar del Plata. Componente fundamental de ese proyecto es la desestabilización de los gobiernos bolivarianos y progresistas de la región. El sueño imposible es volver a la Latinoamérica anterior a la Revolución Cubana, cuando las órdenes de la Casa Blanca eran obedecidas sin chistar. Esta es la razón de ser de la tan publicitada y alentada Alianza del Pacífico, conformada por México, Colombia, Perú y Chile (¡siete cumbres en poco más de un año!): su objetivo es principalmente político y, en menor medida, económico. Lo primero, porque quiere rehacer el mapa sociopolítico regional acabando con los gobiernos bolivarianos e inclusive con sus aliados, como los de Argentina y Brasil, “cómplices”, según Washington, de la derrota del ALCA. Y en lo económico, porque la AP es la más importante pieza de la contraofensiva imperialista destinada a concretar un ALCA con otro nombre y, a la vez, para potenciar el papel de “caballos de Troya” que Washington les tiene asignados a los gobiernos de la AP para socavar desde dentro proyectos que suscitan el visceral rechazo de la Casa Blanca, como la Unasur, la Celac y, en menor medida, el Mercosur.
Pero ese engendro norteamericano, del cual Santos es el principal articulador (recordar que la última y fundamental reunión se hizo el 22/23 de mayo en Cali), requiere de sus protagonistas una abyecta sumisión a los edictos imperiales. Para la Casa Blanca hoy nada es más importante que aprovechar el momentáneo desconcierto provocado por la muerte de Hugo Chávez para reordenar lo que el secretario de Estado John Kerry denominara peyorativamente “el patio trasero” de Washington. Y Santos obedeció el mandato y recibió a un desprestigiado político amparado por lo peor de la derecha latinoamericana y europea –principalmente el corrupto Partido Popular de España, cuyo jefe en las sombras es José M. Aznar– y culpable de haber instigado actos criminales que culminaron con la muerte de once chavistas y más de un centenar de heridos, amén de la destrucción de numerosos centros de salud y oficinas públicas. El objetivo de la gira latinoamericana de Capriles es desprestigiar al gobierno de su país, inclusive deteriorando las difíciles relaciones colombiano-venezolanas. No hay límites éticos ni escrúpulos para aislar al gobierno de Venezuela y debilitarlo ante el ataque de Washington. Para ello, se combinarán estrategias de hipócrita seducción –Joe Biden bendiciendo a Brasil como potencia ya “emergida”, pero sin hablar de que es el país al cual EE.UU. ha rodeado de bases militares– con otras más brutales, como las que seguramente habrá comunicado Roger Noriega en su viaje a Colombia al presidente Santos. Cabe destacar el honroso gesto del presidente Rafael Correa que, por boca de su canciller, hizo saber que ese país jamás recibiría a Capriles.
* Director del PLED/Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini.
Fuente:Pagina12
01.06.2013analista internacional
Arlente Tickner: "Sectores buscan estropear el diálogo de paz en Colombia"
Arlente Tickner: "Sectores buscan estropear el diálogo de paz en Colombia"
El primer acuerdo sobre el tema agrario alcanzado por el gobierno colombiano y las FARC es “fundamental”, porque “está totalmente ligado” al resto de los temas que seguirán tratando durante el proceso de paz, dijo la analista internacional Arlente Tickner"
“Me parece que es un acuerdo fundamental. Cualquier escenario es exitoso en cuanto a escenario de paz en Colombia”, dijo la analista y profesora de la Universidad de Los Andes, con sede en Bogotá, en una entrevista telefónica con Télam.
Para Tickner el tema agrario, primer punto de la agenda en el diálogo que mantienen en La Habana la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, “está en el fundamento de la esencia de conflicto en Colombia dada a la desigualdad tan alta en la distribución de tenencia de la tierra”.
“Pese a la demora que muchos han señalado, (el diálogo comenzó en noviembre y el último domingo se cerró el primer punto), el tema de la tierra es uno de los más delicados y fundamentales, y haber llegado a un acuerdo abre el camino para empezar a negociar sobre los otros temas que forman parte de la negociación”, opinó.
Tickner –que dicta la materia Relaciones Internacionales-, sostuvo que este primer entendimiento es “muy positivo” y que está “totalmente ligado” al resto de los temas como los esquemas de desarrollo alternativo que "permitirán reducir la dependencia de ciertos grupos de campesinos al cultivo de la coca”.
“Es necesario definir lo que se refiere al cómo acompañar a los campesinos que cultivan hojas de coca, y en la negociación se va a discutir de qué manera se van a implementar esquemas funcionales de desarrollo alternativo que permitan reducir la dependencia a ese cultivo”.
Por eso, para Tikcner fue clave cerrar este primer punto, ya que para enfrentar temas como el de las drogas y el desarrollo alternativo se “requiere un acuerdo previo en el tema de las tierras”, aclaró.
“Muchas de las zonas donde se concentran estos ilícitos están controlados por las FARC, y por ello, la participación de las FARC en ese punto es determinante”, agregó.
La analista señaló que lo que abre la puerta para hablar de desarrollo alternativo es "la participación en el manejo de la tierra en general" y lograr un reconocimiento por parte del Estado de que en Colombia "hay un gran problema de desigualdad en la tenencia de la tierra”.
“Es imposible que los grandes terratenientes no reconozcan que hay desigualdad en la tenencia de las tierras y muchos ahora hablan de una reapropiación pese a que Santos cuando lo negoció aclaró que eso no es lo que va a pasar”.
Tickner subrayó que el mensaje que dio el gobierno, aún reconociendo obstáculos, es que hay suficientes tierras para efectuar ese proceso sin chocar con propiedades de actores legales en el país, es decir, incluyendo a los grandes terratenientes para que no se especule con casos de expropiación.
Sobre la falta de detalles que el gobierno de Santos y la delegación de las FARC difundieron sobre este primer acuerdo, Tickner cree que eso es parte de una estrategia comunicaciones; “se comunica lo que se puede comunicar sin poner en riesgo el proceso”, dice.
“Hay distintos estropeadores, uno de ellos es el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) que hace uso de toda la información que sale de La Habana en función de estropear el proceso de paz”.
“Creo que la información sobre este primer acuerdo tiene un timing político claro; el de de emitir un mensaje sobre hay avances significativos pero sin dar todo el contenido para evitar que esos estropeadores puedan complicar lo que sigue”, definió.
Sobre el próximo punto del diálogo, la intelectual puso reparos al considerar que la participación política, segundo tema que analizarán ambas delegaciones, va a depender en gran medida de las garantías que construya el gobierno colombiano.
“Las FARC tienen una experiencia fallida de intento de participación política mediante la Unión Patriótica (UP), partido creado en los 80, parte de sus miembros fueron asesinados, el éxito de la negociación en ese punto va a depender mucho en las garantías que puede dar el estado colombiano para que esto no vuelva a ocurrir”, alertó.
“Las garantías tienen que crearse. El gobierno de Santos tiene toda la voluntad política pero debe dar garantías seguras para que sea esa incorporación”.
Por último, dijo que el proceso en sí tiene un “nivel alto de apoyo por parte de la población colombiana” pese a que temas como la participación política generan “cierta sensibilidad entre los colombianos, por la forma en que las FARC actúo durante la última década y porque es un grupo armado que generó actos atroces dentro de la población”.
El gobierno y las FARC comenzarán el 11 de junio a debatir el segundo punto de la agenda. El resto del temario contiene los puntos de fin del conflicto y desmovilización, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
Para Tickner el tema agrario, primer punto de la agenda en el diálogo que mantienen en La Habana la delegación de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno del presidente Juan Manuel Santos, “está en el fundamento de la esencia de conflicto en Colombia dada a la desigualdad tan alta en la distribución de tenencia de la tierra”.
“Pese a la demora que muchos han señalado, (el diálogo comenzó en noviembre y el último domingo se cerró el primer punto), el tema de la tierra es uno de los más delicados y fundamentales, y haber llegado a un acuerdo abre el camino para empezar a negociar sobre los otros temas que forman parte de la negociación”, opinó.
Tickner –que dicta la materia Relaciones Internacionales-, sostuvo que este primer entendimiento es “muy positivo” y que está “totalmente ligado” al resto de los temas como los esquemas de desarrollo alternativo que "permitirán reducir la dependencia de ciertos grupos de campesinos al cultivo de la coca”.
“Es necesario definir lo que se refiere al cómo acompañar a los campesinos que cultivan hojas de coca, y en la negociación se va a discutir de qué manera se van a implementar esquemas funcionales de desarrollo alternativo que permitan reducir la dependencia a ese cultivo”.
Por eso, para Tikcner fue clave cerrar este primer punto, ya que para enfrentar temas como el de las drogas y el desarrollo alternativo se “requiere un acuerdo previo en el tema de las tierras”, aclaró.
“Muchas de las zonas donde se concentran estos ilícitos están controlados por las FARC, y por ello, la participación de las FARC en ese punto es determinante”, agregó.
La analista señaló que lo que abre la puerta para hablar de desarrollo alternativo es "la participación en el manejo de la tierra en general" y lograr un reconocimiento por parte del Estado de que en Colombia "hay un gran problema de desigualdad en la tenencia de la tierra”.
“Es imposible que los grandes terratenientes no reconozcan que hay desigualdad en la tenencia de las tierras y muchos ahora hablan de una reapropiación pese a que Santos cuando lo negoció aclaró que eso no es lo que va a pasar”.
Tickner subrayó que el mensaje que dio el gobierno, aún reconociendo obstáculos, es que hay suficientes tierras para efectuar ese proceso sin chocar con propiedades de actores legales en el país, es decir, incluyendo a los grandes terratenientes para que no se especule con casos de expropiación.
Sobre la falta de detalles que el gobierno de Santos y la delegación de las FARC difundieron sobre este primer acuerdo, Tickner cree que eso es parte de una estrategia comunicaciones; “se comunica lo que se puede comunicar sin poner en riesgo el proceso”, dice.
“Hay distintos estropeadores, uno de ellos es el ex presidente Álvaro Uribe (2002-2010) que hace uso de toda la información que sale de La Habana en función de estropear el proceso de paz”.
“Creo que la información sobre este primer acuerdo tiene un timing político claro; el de de emitir un mensaje sobre hay avances significativos pero sin dar todo el contenido para evitar que esos estropeadores puedan complicar lo que sigue”, definió.
Sobre el próximo punto del diálogo, la intelectual puso reparos al considerar que la participación política, segundo tema que analizarán ambas delegaciones, va a depender en gran medida de las garantías que construya el gobierno colombiano.
“Las FARC tienen una experiencia fallida de intento de participación política mediante la Unión Patriótica (UP), partido creado en los 80, parte de sus miembros fueron asesinados, el éxito de la negociación en ese punto va a depender mucho en las garantías que puede dar el estado colombiano para que esto no vuelva a ocurrir”, alertó.
“Las garantías tienen que crearse. El gobierno de Santos tiene toda la voluntad política pero debe dar garantías seguras para que sea esa incorporación”.
Por último, dijo que el proceso en sí tiene un “nivel alto de apoyo por parte de la población colombiana” pese a que temas como la participación política generan “cierta sensibilidad entre los colombianos, por la forma en que las FARC actúo durante la última década y porque es un grupo armado que generó actos atroces dentro de la población”.
El gobierno y las FARC comenzarán el 11 de junio a debatir el segundo punto de la agenda. El resto del temario contiene los puntos de fin del conflicto y desmovilización, solución al problema de las drogas ilícitas, reparación a las víctimas e implementación, verificación y refrendación de los acuerdos.
Fuente:Telam
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