FA DEMOCRATIZACION DEL PODER JUDICIAL
Reformas, participación y corporaciónLa Corte de Fernando VII
Por Alejandro Alagia *
Si los supremos magistrados que hoy se oponen a la reforma democratizadora del Poder Judicial ocuparan igual posición en la época de la colonia habrían resistido la Revolución de Mayo y sus ideales de soberanía política. Entre el derecho de la población a participar directa o indirectamente en el gobierno del país y los privilegios corporativos y estamentales, la Corte Suprema se aferra a lo peor del pasado. Menos democracia y más República es la bandera de la oposición conservadora que declara que los jueces para ser justos tienen que ser independientes de la voluntad popular. La República puede ser aristocrática, oligárquica o simplemente el gobierno de los poderosos con la única condición de que el soberano no sea el mismo que gobierne, dicte las leyes y juzgue los crímenes o resuelva los pleitos. La República reparte el poder y el gobierno entre los poderosos. La democracia y la extensión de los derechos sociales y políticos para el gobierno de la población y la administración de los recursos de un país son, en cambio, las más hermosas y potentes conquistas políticas modernas que tiene el pueblo común para su autodeterminación. El fallo de la Corte legitima el peor de los colonialismos, el interno. No es el pueblo sino los que saben quiénes deben gobernar el reparto de castigos y de bie-nes. Con el mismo desprecio por el saber popular, la cultura jurídica y judicial dominante ha impedido hasta hoy los juicios por jurados que es una demanda democrática de más de un siglo y medio. La peor enseñanza que este fallo deja es ésta: que la función del gobierno judicial es la de evitar los excesos de democracia política. ¡Función judicial contramayoritaria para proteger derechos de minorías! Prejuicio y terror oligárquico a la participación ciudadana como en la época anterior al sufragio universal. Una vergüenza ¿Magistraturas antipolíticas? Cinismo descarado con el que se quiere presentar al gobierno judicial simplemente como un servicio público técnico, a la imagen de una guardia médica o una oficina de transporte. Desconfianza en el pueblo que está para ser dirigido como un rebaño incapaz de entender lo justo y lo moral. No es improbable que una mayoría electoral se equivoque sobre lo que es mejor para su sociedad, pero siempre será infinitamente más doloroso para todos el error de un estamento que, en tanto guardianes de la ley, de lo que existe, de lo que es bueno y posible, no deja de arrastrar, como a lo largo de todo el siglo XIX y XIX, a grupos enteros de la población a verdaderos mataderos y a privaciones aberrantes. No tenga miedo la corporación colonial. Siempre las mayorías coyunturales tendrán como límite a su poder soberano reglas fundamentales del derecho internacional de los derechos humanos. No fueron los jueces los que dieron su vida para conquistarlas. Ahora sabemos también que no dan su inteligencia para hacerlas valer.
* Fiscal general, miembro de “Justicia legítima”.
Incorrección e inconstitucionalidad
Por Gabriel Pérez Barberá *
No puede reclamarse al discurso político que tenga presente la distinción entre una ley que no gusta y una ley inconstitucional. Se trata de una distinción elemental, pero es técnica, y por tanto su conocimiento es sólo exigible a juristas. Que un juez confunda inconstitucionalidad con incorrección de una ley es inadmisible y grave, porque ello traerá como consecuencia la inaplicabilidad de esa ley. Es cierto que la consideración de una ley como constitucional o inconstitucional por parte de un juez depende, por lo menos en alguna medida, de las preferencias personales y de la ideología del juez. Pero también lo es que la existencia de un diseño jurídico-constitucional genera un marco del cual la argumentación del juez no podrá salir si no quiere dejar evidenciado un puro ejercicio de poder motivado nada más que en sus preferencias ideológicas. Es la existencia de ese marco jurídico, precisamente, lo que permite considerar posible un genuino control de constitucionalidad y, a partir de ello, distinguir entre inconstitucionalidad e incorrección de una ley. En el fallo de la Corte sobre la nueva ley del Consejo de la Magistratura, la disidencia del juez Zaffaroni alerta sobre este punto y evita caer en ese error. El voto de la mayoría, por el contrario, lo soslaya, y convierte en inconstitucional una ley que, en verdad –y como lo demuestran sus considerandos–, simplemente no les agrada.
Cuando se acude a la inconstitucionalidad para plasmar nada más que preferencias personales, lo usual es transformar los principios constitucionales en eslóganes, es decir: frases hechas, vaciadas de contenido. Ello sucede cuando simplemente se dice que una ley es contraria a un principio constitucional con mucha tradición y, precisamente por la tradición de ese principio, se cree que no es necesario argumentar nada más. La mera enunciación del supuesto vicio parece suficiente. Así se ha hecho uso del eslogan de que esta ley es contraria al texto del art. 114 de la Constitución, del que dice que viola la división de poderes y del que dice que partidiza la Justicia y por tanto afecta la independencia judicial.
El primer eslogan es falso, porque el texto constitucional no dice que los representantes de los jueces en el Consejo tienen que ser elegidos por los jueces, los abogados por los abogados, etc. El texto constitucional se refiere a los elegidos, no a los electores. Cualquier argumentación que se ensaye, entonces, para sostener que no es constitucionalmente viable que el pueblo elija a los candidatos a consejeros tendrá que acudir a una interpretación sistemática, que vaya más allá del texto, y ya en ese plano debería ser muy difícil que, frente a un bloque constitucional que consagra con tanto énfasis una sociedad democrática, un criterio de representación estamental pueda competir con el del sufragio universal, que implica precisamente una mayor democratización para el procedimiento de selección y destitución de jueces. La mayoría de la Corte, sin embargo, asombrosamente concluye lo contrario.
Contra esto surge el segundo eslogan: el que dice que en este caso esa mayor democratización es no obstante inconstitucional porque viola el principio de división de poderes. Pero no es así. Porque esta objeción parte de una premisa (implícita) que es falsa: la idea de que el Poder Judicial puede y debe controlar a otros poderes del Estado, pero que no puede ni debe ser controlado por éstos. Y es esa concepción tan increíblemente radicalizada de la independencia judicial (que es la que parece estar en la mente de muchos) la que no tiene ningún apoyo constitucional. Porque el principio de división de poderes no impone un funcionamiento completamente autónomo de cada uno de ellos, sino un sistema de controles recíprocos. El Consejo de la Magistratura pertenece a una de esas áreas en las que, por expresas disposiciones constitucionales, los poderes del Estado se cruzan, se controlan y, en definitiva, dialogan entre sí. Allí se manifiesta el sistema de pesos y contrapesos que es propio de la división de poderes. Entonces: que en el área de designación y destitución de jueces intervengan operadores ajenos al Poder Judicial, y que intervenga en particular el pueblo de la Nación, lejos de ser contrario a la Constitución y a la división de poderes, es precisamente lo que la Constitución y la división de poderes quiere.
También es inconsistente el tercer eslogan, según el cual la reforma implica la partidización del Poder Judicial y, por lo tanto, un ataque a su independencia. Se trata de un planteo erróneo que, además, confunde a la sociedad. Porque se da a entender que los jueces serán postulados por partidos políticos, cuando es obvio que se trata de los candidatos a consejeros (que luego elegirán jueces), no de los jueces. Y eso no afecta la independencia de ningún juez en el ejercicio de su función específica de dictar sentencias, por lo ya dicho en el sentido de que el Consejo de la Magistratura pertenece a esa instancia esencialmente política de la selección y destitución de jueces en la que se entrecruzan los tres poderes del Estado. Es la única instancia, de hecho, en la que el Poder Judicial es controlado por otro poder del Estado. ¿Se pretende acaso que ese único control se elimine? Eso es lo que sería manifiestamente inconstitucional, porque dejaría a uno de esos poderes sin contrapeso alguno. Lo sostenido por la Corte en el sentido de que la Constitución, con el Consejo de la Magistratura, buscó despolitizar la selección de jueces y fortalecer la independencia judicial no resiste el análisis: a la participación del Poder Ejecutivo que propone un juez, y del Senado que le presta acuerdo, la Constitución les sumó política incluyendo a consejeros políticos, y en todo caso les sumó un mayor control en la idoneidad de los potenciales jueces.
No quiero finalizar sin dejar sentada una reflexión para el futuro. El proceso actual de democratización de la Justicia, con sus defectos y sus virtudes, con sus logros y sus deudas, se lo debemos, en verdad, a una serie de errores –o de abusos en verdad– del Poder Judicial, que deberían llevarnos a una profunda reflexión y autocrítica. Actualmente se está dando un nuevo abuso judicial, que es el que está ocurriendo en relación con el denominado control de constitucionalidad difuso. Es ese abuso actual el que ha dejado al descubierto la manifiesta irrazonabilidad de ese sistema, que permite que cualquier juez, de cualquier instancia, declare inaplicable una ley dictada por el Parlamento, algo impensable en la mayoría de los países que admiramos por su seriedad jurídica. En un Estado de derecho, que se caracteriza porque consagra el imperio de la ley, no puede ser razonable un sistema de control de constitucionalidad que permita múltiples decisiones, incluso contradictorias, acerca de la aplicabilidad de una ley, y que devalúe de esa manera la ley, dejándola a merced de un solitario juez federal o de provincia. Si un sistema de control de constitucionalidad permite semejantes consecuencias, entonces es un mal sistema. Más allá de este fallo de la Corte, entonces, quizá todo el proceso que llevó a él permita colocar en la agenda pública la necesidad de debatir profundamente, en el futuro, una reforma constitucional que modifique el sistema de control de constitucionalidad.
Ahora bien, como sea, éste es el control constitucional que hoy rige. De allí que en este momento (tal como lo ha planteado Gustavo Cosacov en una reciente columna de opinión) lo más importante es que todos, defensores y detractores de esa ley, respetemos a ultranza la decisión de la Corte y reconozcamos su autoridad jurídica, aunque manifestemos con énfasis nuestro disenso. Flaco favor se haría a la democracia si, desde el sector que sea, se duda de la legitimidad del máximo tribunal, nos guste o no lo que resuelva.
* Juez de la Cámara de Acusación de Córdoba. Profesor de derecho penal en la Universidad Nacional de Córdoba.
Fuente:Pagina12
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19.06.2013
Justicia Legitima
"Seguiremos profundizando la identificación de prácticas corporativas en el Poder Judicial"
Justicia Legitima
"Seguiremos profundizando la identificación de prácticas corporativas en el Poder Judicial"
Así se refirió la jueza María Marta Garrigós de Rébori,integrante de la asociación Justicia Legítima sobre el fallo del máximo tribunal que declaró “inconstitucional” la elección de consejeros por la vía del voto popular.
Además, señaló que si bien no esperaban que la Corte Suprema de Justicia declarara inconstitucional artículos clave de la reforma del Consejo de la Magistratura, "lamentablemente era una de las alternativas más probables".
En este sentido, atribuyó el voto de los seis de los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia que determinó la inconstitucionalidad de la norma a una mirada "corporativa", que diferenció de la mirada del voto contrario de Raúl Zaffaroni.
"Si usted ha sido criado dentro de la corporación, es muy difícil ver desde un lugar que no sea éste", aseveró Garrigós de Rébori en declaraciones que formuló esta mañana a radio Del Plata, luego del fallo dictado ayer por la Corte Suprema de Justicia.
"Nosotros vamos a seguir en nuestro plan de trabajo, tratando de profundizar la identificación de las prácticas corporativas en el seno del Poder Judicial, a ver si logramos modificarlo definitivamente", sostuvo.
Por otro lado, afirmó que los integrantes de Justicia Legítima apuestan que "las demás modificaciones que produjeron estas leyes" -en referencia a las otras cinco normas enmarcadas en el programa de democratización de la Justicia- "den resultados a futuro".
"Finalmente va a tener que modificar la composición del Poder Judicial pero en un muy largo plazo", postuló la titular del colectivo Justicia Legítima y camarista en lo Criminal y Correccional.
En este sentido, atribuyó el voto de los seis de los siete integrantes de la Corte Suprema de Justicia que determinó la inconstitucionalidad de la norma a una mirada "corporativa", que diferenció de la mirada del voto contrario de Raúl Zaffaroni.
"Si usted ha sido criado dentro de la corporación, es muy difícil ver desde un lugar que no sea éste", aseveró Garrigós de Rébori en declaraciones que formuló esta mañana a radio Del Plata, luego del fallo dictado ayer por la Corte Suprema de Justicia.
"Nosotros vamos a seguir en nuestro plan de trabajo, tratando de profundizar la identificación de las prácticas corporativas en el seno del Poder Judicial, a ver si logramos modificarlo definitivamente", sostuvo.
Por otro lado, afirmó que los integrantes de Justicia Legítima apuestan que "las demás modificaciones que produjeron estas leyes" -en referencia a las otras cinco normas enmarcadas en el programa de democratización de la Justicia- "den resultados a futuro".
"Finalmente va a tener que modificar la composición del Poder Judicial pero en un muy largo plazo", postuló la titular del colectivo Justicia Legítima y camarista en lo Criminal y Correccional.
Fuente:Telam
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La asociación que reúne a jueces, fiscales y abogados brindó ayer una conferencia de prensa
Para Justicia Legítima, de todas formas "la democratización no va a parar"
Anticipándose al fallo de la Corte en contra de la reforma en la Magistratura, la entidad afirmó que el Poder Judicial atraviesa un proceso que no va a detenerse. Lo comparó con el avance en los juicios por delitos de lesa humanidad.
Por: Agustín Álvarez Rey
La presidenta de la Asociación de Justicia Legítima y titular de la Cámara Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rébori, junto al fiscal Jorge Auat y el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim, se anticipó a la decisión de los supremos. "Estamos todos enmarcados en un proceso de democratización de la justicia y creemos que independientemente de lo que resuelva la Corte este proceso no va a parar. Si la Corte no estuviera de acuerdo y dijera que la ley es inconstitucional, nosotros creemos que el proceso no va a parar", señaló.
La camarista comparó el proceso de democratización de Poder Judicial con el camino recorrido por los juicios por delitos de lesa humanidad en Argentina. "Todos recordarán la emoción que sentimos cuando comenzó la causa 13 (juicio a las Juntas). Pero luego vinieron las leyes de Obediencia Debida y Punto Final y los indultos. Pero hoy se están haciendo los juicios", explicó, y aseguró: "Hay cosas que en la democracia no se paran y esto no se va a parar porque el proceso democrático es apertura."
Por su parte, Jorge Auat explicó que Justicia Legítima, al conformarse como espacio de debate, propuso instalar en la agenda pública la discusión sobre la democratización. "El sistema judicial en su conjunto no fue atravesado por la democracia en ningún momento de la historia, y pensábamos que eran y que son tiempos de cambio." El fiscal coincidió con Garrigós en que "existe un antes y un después", y agregó: "Es la primera vez que el Poder Judicial enfrenta un encrucijada de tanta magnitud."
Auat también señaló que "el debate no se agota con el fallo de la Corte a favor o en contra", y afirmó que "la idea es darle sustentabilidad al discurso y que el sistema judicial entienda que debe discutir permanentemente su legitimidad."
En ese marco, el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim, señaló que la "alternativa del ahora es corporación judicial o democratización".
Fuente:TiempoArgentino
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REPRESENTANTES DE “JUSTICIA LEGITIMA” CRITICAN EL FALLO DE LA CORTE
Contra el corporativismo
Los jueces María Laura Garrigós de Rébori y Alejandro Slokar y el fiscal Javier De Luca cuestionaron al máximo tribunal. La Corte “tampoco toma las iniciativas necesarias para aplicar las otras leyes que apuntan a la democratización”, dijo la primera.
La jueza María Laura Garrigós de Rébori, presidenta de “Justicia legítima”.Imagen: Rafael Yohai
“Vamos a seguir trabajando en profundizar la identificación de prácticas corporativas en el seno del Poder Judicial, a ver si logramos modificarlo definitivamente”, dijo la jueza María Laura Garrigós de Rébori, titular de “Justicia legítima”, después del fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de los artículos centrales de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, advirtió Garrigós, la propia Corte no sólo invalidó la norma votada por el Congreso y anuló la elección popular de consejeros, sino que “tampoco toma las iniciativas necesarias para aplicar las otras leyes que apuntan a la democratización: ni para implementar el examen de ingreso igualitario, ni para que se difundan todas las sentencias en su propio portal, ya que elige sólo algunas, ni para que se conozcan las declaraciones juradas”.
“Vamos a seguir trabajando en profundizar la identificación de prácticas corporativas en el seno del Poder Judicial, a ver si logramos modificarlo definitivamente”, dijo la jueza María Laura Garrigós de Rébori, titular de “Justicia legítima”, después del fallo de la Corte Suprema que declaró la inconstitucionalidad de los artículos centrales de la Ley de Reforma del Consejo de la Magistratura. Por lo pronto, advirtió Garrigós, la propia Corte no sólo invalidó la norma votada por el Congreso y anuló la elección popular de consejeros, sino que “tampoco toma las iniciativas necesarias para aplicar las otras leyes que apuntan a la democratización: ni para implementar el examen de ingreso igualitario, ni para que se difundan todas las sentencias en su propio portal, ya que elige sólo algunas, ni para que se conozcan las declaraciones juradas”.
Por lo pronto, la organización “Justicia legítima” planea manifestarse de algún modo contra el fallo supremo, y todo indica que lo hará con una movilización el miércoles próximo. “Lo que a la Corte le interesaba principalmente era decir que los jueces no pueden mezclarse con la política, y en consecuencia, el pueblo no puede votarlos (como consejeros). El razonamiento es que a los jueces, la legitimidad sólo se las da la Constitución, no la forma en que fueron elegidos. Pero ¿no es la Constitución expresión del voto popular? Dicen que si el Consejo queda integrado por seis legisladores, seis académicos, tres abogados y tres jueces no hay equilibrio. Eso es corporativismo, que no quieren representación partidaria, es simple”, insistió Garrigós.
La decisión de la Corte, con una mayoría de seis votos y la disidencia de Raúl Zaffaroni (que avaló la reforma), anuló la convocatoria a elección popular de consejeros de la Magistratura y declaró la inconstitucionalidad de los artículos clave de la ley que establecía su reforma: invalidó la ampliación de la representación de académicos y científicos, y la elevación del número de integrantes del organismo a 19; dijo que al ser todos los consejeros elegidos directa o indirectamente por voto popular se altera el equilibrio; que a los jueces, abogados y académicos sólo los eligen sus corporaciones. Advirtió que el Congreso no puede determinar el mecanismo de elección de los consejeros y que el voto popular queda reservado a las autoridades políticas, y que la postulación de jueces por partidos políticos compromete su independencia.
Mientras en ciertas áreas del gobierno nacional evalúan la conveniencia de que alguna ONG presente algún recurso en una instancia internacional como la Comisión Interamericana, en “Justicia legítima” prefieren pensar alternativas más bien locales, que puedan mantener vivo el debate sobre la democratización del Poder Judicial.
Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal, recordó que está pendiente la discusión sobe la implementación del juicio por jurados. Su evaluación es la siguiente: “De algún modo, el análisis de lo resuelto por la Corte nos lleva al problema de la teología jurídica y el principio de infalibilidad papal. La voz de Dios es otra, no es la voz de la Corte –ironiza– aunque sea el último intérprete, no reúne la verdad”. “El protagonismo y la participación ciudadana en el sistema de Justicia se construyen socialmente y al amparo de la Constitución vigente, la herramienta más sencilla es la herramienta del juicio por jurados. Esto no admite ninguna duda, y garantiza la participación ciudadana en el Poder Judicial, que es lo que niega la sentencia de la Corte, que sostiene que el Derecho, o la justicia, sólo quedan en cabeza de los letrados, pero no es el modelo que recepta la Constitución, porque la justicia somos todos. Hay proyectos de juicio por jurados con estado parlamentario”, sostiene Slokar.
El fiscal general, Javier De Luca, sostuvo que el fallo de la Corte puso en juego dos visiones de la Constitución nacional: “Una que la ve como si fuese un producto terminado, acabado, que no permite una interpretación dinámica, aggiornada, conforme a las cosas que van pasando en la sociedad y los cambios culturales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el voto popular y un ejercicio más actualizado de la soberanía popular a través del autogobierno de los ciudadanos”. “La otra visión –explicó De Luca– es una visión joven, una visión dinámica, que proyecta un futuro. Es la visión de un estadista, es una visión de Estado que se ve claramente en el dictamen de la procuradora (Alejandra Gils Carbó) y en el voto de Zaffaroni.” Lo que el fiscal traduce es que del fallo supremo se desprende que las reformas sólo se podrían concretar modificando la Constitución. A su entender la Corte hizo una “interpretación intrasistémica” de la Constitución, “analizan el sentido de cada palabra pero omiten considerar los cambios que se han producido en la sociedad”.
Iniciativa contra la reforma
La decisión de la Corte, con una mayoría de seis votos y la disidencia de Raúl Zaffaroni (que avaló la reforma), anuló la convocatoria a elección popular de consejeros de la Magistratura y declaró la inconstitucionalidad de los artículos clave de la ley que establecía su reforma: invalidó la ampliación de la representación de académicos y científicos, y la elevación del número de integrantes del organismo a 19; dijo que al ser todos los consejeros elegidos directa o indirectamente por voto popular se altera el equilibrio; que a los jueces, abogados y académicos sólo los eligen sus corporaciones. Advirtió que el Congreso no puede determinar el mecanismo de elección de los consejeros y que el voto popular queda reservado a las autoridades políticas, y que la postulación de jueces por partidos políticos compromete su independencia.
Mientras en ciertas áreas del gobierno nacional evalúan la conveniencia de que alguna ONG presente algún recurso en una instancia internacional como la Comisión Interamericana, en “Justicia legítima” prefieren pensar alternativas más bien locales, que puedan mantener vivo el debate sobre la democratización del Poder Judicial.
Alejandro Slokar, juez de la Cámara de Casación Penal, recordó que está pendiente la discusión sobe la implementación del juicio por jurados. Su evaluación es la siguiente: “De algún modo, el análisis de lo resuelto por la Corte nos lleva al problema de la teología jurídica y el principio de infalibilidad papal. La voz de Dios es otra, no es la voz de la Corte –ironiza– aunque sea el último intérprete, no reúne la verdad”. “El protagonismo y la participación ciudadana en el sistema de Justicia se construyen socialmente y al amparo de la Constitución vigente, la herramienta más sencilla es la herramienta del juicio por jurados. Esto no admite ninguna duda, y garantiza la participación ciudadana en el Poder Judicial, que es lo que niega la sentencia de la Corte, que sostiene que el Derecho, o la justicia, sólo quedan en cabeza de los letrados, pero no es el modelo que recepta la Constitución, porque la justicia somos todos. Hay proyectos de juicio por jurados con estado parlamentario”, sostiene Slokar.
El fiscal general, Javier De Luca, sostuvo que el fallo de la Corte puso en juego dos visiones de la Constitución nacional: “Una que la ve como si fuese un producto terminado, acabado, que no permite una interpretación dinámica, aggiornada, conforme a las cosas que van pasando en la sociedad y los cambios culturales, por ejemplo, en lo que tiene que ver con el voto popular y un ejercicio más actualizado de la soberanía popular a través del autogobierno de los ciudadanos”. “La otra visión –explicó De Luca– es una visión joven, una visión dinámica, que proyecta un futuro. Es la visión de un estadista, es una visión de Estado que se ve claramente en el dictamen de la procuradora (Alejandra Gils Carbó) y en el voto de Zaffaroni.” Lo que el fiscal traduce es que del fallo supremo se desprende que las reformas sólo se podrían concretar modificando la Constitución. A su entender la Corte hizo una “interpretación intrasistémica” de la Constitución, “analizan el sentido de cada palabra pero omiten considerar los cambios que se han producido en la sociedad”.
Iniciativa contra la reforma
El abogado constitucionalista Daniel Sabsay dijo no tener “la menor duda” de que la Corte Suprema de Justicia tendrá que expedirse acerca de otras leyes de la reforma judicial aprobadas por el Congreso, como la limitación a las cautelares y la creación de nuevas Cámaras de Casación. Entusiasmado con el fallo del máximo tribunal que dejó sin efecto los cambios al Consejo de la Magistratura y la elección popular de los representantes de los jueces abogados y académicos, el propio Sabsay confesó estar “trabajando” con el objetivo de frenar las otras leyes impulsadas por el Poder Ejecutivo. Al respecto precisó que “junto a otro constitucionalista vamos a lanzar una iniciativa popular de una ley derogatoria de la reforma judicial”. Contó con entusiasmo que lanzará el lunes, junto al constitucionalista santafesino Iván Cullen en la Sociedad Científica Argentina, la iniciativa “popular” que consiste en juntar “apoyo y miles de firmas para pedirle al Congreso que derogue esta ley”. “Es el único modo de poder terminar con todo esto”, se lamentó. La limitación a la cantidad y el tiempo de vigencia de las medidas cautelares, la creación de tres nuevas Cámaras de Casación y la reforma del Consejo de la Magistratura son los puntos que más le preocupan a Sabsay de la reforma que planteó el Gobierno y que incluye otras tres iniciativas tendientes a garantizar el ingreso igualitario al Poder Judicial y a transparentar su funcionamiento. “Se necesitan miles de firmas y mucho trabajo, pero si queremos luchar por la República, hay que trabajar. Y sin Justicia no hay República”, enfatizó el constitucionalista. Dijo también que “debemos demostrar que los ciudadanos de a pie también nos podemos organizar para pedirle al Congreso que derogue esta ley”.
Fuente:Pagina12
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Por Eduardo de la Serna
Se dice que desde la “división de poderes” se pretende que cada uno de los tres poderes sea independiente del anterior. Y se me ocurren algunas cosas:
No es muy creativo destacar que el Poder Judicial goza de privilegios de los que carece toda otra instancia de la Patria: no son elegidos por el pueblo (¡en una democracia!), no lo son por un “período”, sino que son vitalicios, e incluso están por encima de la misma ley (que haya miembros de la Corte que superen los 75 años me resulta patético, ¡ni entre el Episcopado se da semejante cosa!).
No hace falta que les diga la incredibilidad de la que “gozan” ante la sociedad. Aunque creo que eso no les importa, ya que parecen considerarse “suprahumanos”. La sensación que tiene el pueblo es que la Justicia no es para ellos salvo que sea para sancionarlos o condenarlos. Cosa habitual entre los pobres.
Es serio que a uno de los tres poderes de la República sólo se pueda acceder siendo abogado, ¿no les parece? ¿No es un “pueblo = demos” excesivamente elitista ése?
Una cosa son los “Poderes” que conforman el Estado, pero eso no implica que sean los únicos poderes que hay en la Patria. Hay un “cuarto poder”, hay un “poder económico”, y –para ser sinceros– nunca parecen haberse preocupado de mostrarse independientes de los mismos. Es más, ¡son tantas las veces en las que parece que la Justicia sólo beneficia a los poderosos! (por si no se dan cuenta, eso quiere decir, a los que tienen poder).
Soy de aquellos que celebraron la nueva composición (no totalmente nueva, por cierto) de la Corte Suprema. Soy de los que lamenta haber celebrado.
Sinceramente ya no espero justicia, y menos del “Poder Judicial”, y quizá deba agradecerles por eso. Habrá –quizás– eventuales “maníes para los monos”, pero no espero Justicia.
Viendo el alarde de inJusticia del que gozamos, creo que ahora nos falta esperar que:
- Declaren que el Grupo Clarín debe ser el dueño de todos los medios de la Argentina;
- Declaren que las PASO deben anularse ya que en la experiencia pasada fue evidente cómo terminarían las elecciones;
- Declaren que la Mesa de Enlace debe hacerse cargo de los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Educación;
- Declaren prohibida en todo el territorio nacional la enseñanza de cualquier historia que no sea coherente con la que “Mitre nos legó”;
- Declaren que se debe anular la Asignación Universal por Hijo, porque conduce por los canales del juego y la droga;
- Declaren al alcalde de Buenos Aires único candidato para las próximas elecciones nacionales;
- Declaren el cierre inmediato de las nuevas universidades y hospitales;
- Y finalmente declaren nulo el 54,11 por ciento de las pasadas elecciones.
Así habrá justicia y Sus Señorías podrán seguir en la estratosfera ajenos al mundo y, sobre todo, bien distantes del pueblo, no sea cosa que éste gobierne.
Fuente:Pagina12
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Fuente:Pagina12
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OPINION
Carta abierta a la Corte Suprema de (in)JusticiaPor Eduardo de la Serna
Señores ministros de la Corte Suprema:
Desde hace tiempo, ¡mucho tiempo!, la “Justicia”, o más precisamente el “Poder Judicial”, está en el centro de la escena política.Se dice que desde la “división de poderes” se pretende que cada uno de los tres poderes sea independiente del anterior. Y se me ocurren algunas cosas:
No es muy creativo destacar que el Poder Judicial goza de privilegios de los que carece toda otra instancia de la Patria: no son elegidos por el pueblo (¡en una democracia!), no lo son por un “período”, sino que son vitalicios, e incluso están por encima de la misma ley (que haya miembros de la Corte que superen los 75 años me resulta patético, ¡ni entre el Episcopado se da semejante cosa!).
No hace falta que les diga la incredibilidad de la que “gozan” ante la sociedad. Aunque creo que eso no les importa, ya que parecen considerarse “suprahumanos”. La sensación que tiene el pueblo es que la Justicia no es para ellos salvo que sea para sancionarlos o condenarlos. Cosa habitual entre los pobres.
Es serio que a uno de los tres poderes de la República sólo se pueda acceder siendo abogado, ¿no les parece? ¿No es un “pueblo = demos” excesivamente elitista ése?
Una cosa son los “Poderes” que conforman el Estado, pero eso no implica que sean los únicos poderes que hay en la Patria. Hay un “cuarto poder”, hay un “poder económico”, y –para ser sinceros– nunca parecen haberse preocupado de mostrarse independientes de los mismos. Es más, ¡son tantas las veces en las que parece que la Justicia sólo beneficia a los poderosos! (por si no se dan cuenta, eso quiere decir, a los que tienen poder).
Soy de aquellos que celebraron la nueva composición (no totalmente nueva, por cierto) de la Corte Suprema. Soy de los que lamenta haber celebrado.
Sinceramente ya no espero justicia, y menos del “Poder Judicial”, y quizá deba agradecerles por eso. Habrá –quizás– eventuales “maníes para los monos”, pero no espero Justicia.
Viendo el alarde de inJusticia del que gozamos, creo que ahora nos falta esperar que:
- Declaren que el Grupo Clarín debe ser el dueño de todos los medios de la Argentina;
- Declaren que las PASO deben anularse ya que en la experiencia pasada fue evidente cómo terminarían las elecciones;
- Declaren que la Mesa de Enlace debe hacerse cargo de los ministerios de Economía, Relaciones Exteriores y Educación;
- Declaren prohibida en todo el territorio nacional la enseñanza de cualquier historia que no sea coherente con la que “Mitre nos legó”;
- Declaren que se debe anular la Asignación Universal por Hijo, porque conduce por los canales del juego y la droga;
- Declaren al alcalde de Buenos Aires único candidato para las próximas elecciones nacionales;
- Declaren el cierre inmediato de las nuevas universidades y hospitales;
- Y finalmente declaren nulo el 54,11 por ciento de las pasadas elecciones.
Así habrá justicia y Sus Señorías podrán seguir en la estratosfera ajenos al mundo y, sobre todo, bien distantes del pueblo, no sea cosa que éste gobierne.
Fuente:Pagina12
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QUIEN ESCRIBIO ESTO?
" Una sociedad democratica con fortalecimiento institucional no se construye con edificios oscuros y opacos, sino con cristales transparentes donde todos podamos ver con claridad lo que sucede y nos hagamos responsables. El pueblo de la Nacion, los ciudadanos argentinos, merecen nuestros esfueros mas sublimes, nuestros sueños mas elevados porque de esa manera obtendremos el reconocimiento de que nuestras instituciones y nuestro pais valen la pena"
Si el presidente de la Corte Sumprema, Ricardo Lorenezetti en el prologo del libro "La Justicia onlina". Si online...
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