EL JUEZ ALEJO RAMOS PADILLA HABLA SOBRE LAS CORPORACIONES JUDICIALES
“Deben representar al pueblo”Por Ailín Bullentini
Alejo Ramos Padilla, juez federal de Dolores.
Luego de rechazar la demanda que el Colegio de Abogados de Dolores presentó a la reforma del Consejo de la Magistratura, el juez federal de ese partido, Alejo Ramos Padilla, remarcó que las medidas cautelares que dieron curso a la suspensión de la elección popular de los miembros de ese organismo “atenta contra las bases del sistema representativo basado en la voluntad popular” y considera que tanto las corporaciones que las exigen como los magistrados que las otorgan “creen tener una prerrogativa superior a la del resto de los ciudadanos de elegir a los representantes”.–En su fallo remarca que para el Colegio de Abogados de Dolores, la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura “destruye” la “representación estamental”. ¿Qué revela esta postura?
–Insisto en subrayar la manera en que presentaron el pedido para evidenciar lo errados que están quienes creen tener una prerrogativa especial o superior a la que tiene el resto de los ciudadanos de elegir a los representantes del Consejo. En su demanda, hablan de los representantes como suyos, lo cual es un error importante. Cualquiera que empiece a ejercer una función pública debe entender que no representa a una corporación, sino al pueblo.
–Es un error conceptual...
–Es un error conceptual que atenta contra las bases mismas del sistema de gobierno. Nuestra Constitución establece el sistema representativo basado en la voluntad popular, el de los intereses del pueblo. No hay mayor legitimidad para la conformación de un órgano de gobierno que aquel que surja del voto del pueblo. El Consejo de la Magistratura es un órgano de gobierno relativamente nuevo que, aunque la gente no lo tenga bien incorporado como tal, cumple funciones públicas para toda la sociedad, no para un grupo o sector.
–También asegura que las medidas cautelares son el reflejo de los intereses corporativos que circulan en la Justicia...
–Esta situación revela fuertemente que desde hace un tiempo se están utilizando las medidas cautelares para dañar las instituciones más importantes de la República. Ocurrió en su momento con la ley de medios, pero en este caso la gravedad institucional es aún mayor. Que se suspenda la convocatoria a elecciones y la posibilidad de votar de los ciudadanos a través de una medida cautelar dictada por un juez en la soledad de su despacho sin haber escuchado al principal perjudicado, el pueblo, pone en riesgo la institución más importante que tenemos, el sistema representativo y democrático de gobierno.
–Pero ya existen cautelares en curso. ¿Es inconstitucional que la Justicia frene de esta manera normas surgidas del Poder Legislativo?
–No, no lo planteo así, pero me niego a participar de esta situación que habilita a que cualquier juez pueda impedir una elección nacional. El precedente jurisdiccional que se crea es nefasto. Que se den todas las discusiones que se tengan que dar dentro de los límites de la Justicia Electoral nacional o la Corte Suprema, incluso. Pero que no se busquen atajos como diseminar a lo largo y ancho del país pedidos de amparos para que algún juez en la intimidad de su despacho dicte una orden y cercene los derechos del pueblo. Los jueces fuera de ese ámbito, que no podemos ser parte de esta maniobra, no nos podemos prender a este juego. Ni siquiera los partidos políticos debieran estar pidiendo esto, no lo pueden sostener.
–¿Dice que los partidos que argumentaron su oposición a la reforma del Consejo de la Magistratura con los mismos fundamentos que plantean las cautelares presentadas por las corporaciones judiciales son hipócritas?
–No creo que haya ningún partido político, de centro, de izquierda o de derecha, oficialistas u opositores, que se atreva a sostener públicamente que la posibilidad de elegir a los representantes de un órgano de gobierno esté en un lugar distinto del del pueblo; que existe el voto calificado o que ciertas asociaciones o colegios tengan privilegios por encima de la voluntad popular. Todos los intereses corporativos siempre son subalternos de la soberanía del pueblo. El funcionario público, los magistrados en este caso, deben tener siempre presente que más allá de los intereses particulares que puede alegar una asociación o colegio, éstos están por debajo de los intereses de la ciudadanía en general. Y deberíamos ser especialmente cuidadosos, porque no siempre el Poder Judicial ha tomado decisiones correctas cuando sus intereses se vieron involucrados, un precedente que nos obliga a ser muy cautelosos al tomar una decisión que, en definitiva, busca que algunos tengan privilegios sobre otros. Muchas veces veo cómo los jueces se apresuran a dictar una medida cautelar y frenar una elección, mientras que no tuvieron el mismo comportamiento cuando en su momento se dictaron las leyes de obediencia debida y punto final. ¿Hay temas que nos interesan más a los jueces y hay otros que a lo largo de la historia hemos decidido relegar?
Otro fallo que suspende
La jueza porteña en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland suspendió por seis meses la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Heiland hizo lugar a un pedido de la agrupación de abogados Será Justicia. En el fallo, argumentó como razón “el estrechísimo margen temporal fijado para la conformación de alianzas”. En el escrito con el que dictó en primera instancia la suspensión por seis meses la aplicación del artículo 2 de la nueva ley, la magistrada agregó que la norma sancionada por el Congreso el mes pasado “generaliza una incidencia política que, prima facie y de entrada, se opone, al menos, al artículo 114 de la Constitución nacional” que habla sobre el equilibrio en la composición del Consejo.
Fuente:Pagina12
La Corte se va a apurar
Ricardo Lorenzetti aseguró que en la Corte Suprema tienen la decisión de expedirse “rápidamente” sobre los cuestionamientos a la reforma judicial, aunque recordó que todavía no llegó a esa instancia ninguna presentación sobre el tema. “La Corte sólo decide cuando tiene casos. Cuando ellos estén a estudio del tribunal, nosotros vamos a resolver inmediatamente, asumiendo la responsabilidad institucional que tenemos y lo que espera la sociedad entera de todos nosotros”, dijo el titular de la Corte en un brindis por el Día del Periodista que se realizó en el Palacio de Tribunales. “No bien tengamos un caso a estudio, ustedes van a saber y lo vamos a decidir inmediatamente”, remarcó. Los casos que podrían llegar más rápido al máximo tribunal son los amparos presentados por asociaciones de jueces, abogados y partidos políticos ante la jueza María Servini de Cubría.
Fuente:Pagina12
suspensión de la reforma judicial
La Corte espera un caso para poder fallar
El máximo tribunal anunció que se expedirá "inmediatamente" cuando llegue un expediente. Pero, hasta ahora, están en primera instancia.
Por: Néstor Espósito
Así las cosas, los jueces resolverán cuando tengan un caso, pero todavía no lo tienen. Hasta ahora, apenas hay medidas provisorias que suspendieron las elecciones populares para el Consejo de la Magistratura, y rechazaron planteos contra la modificación del régimen de cautelares. Todos esos expedientes están en primera instancia, es decir, por lo menos dos escalones antes que la Corte. Pero el cronograma electoral apremia y las elecciones de consejeros deberían realizarse conjuntamente con las primarias del 11 de agosto. El máximo tribunal quiere resolverlo mucho antes, incluso previo al 22 de junio.
Además de Lorenzetti, estuvieron en la celebración las juezas Elena Highton de Nolasco y Carmen Argibay, y el ministro Juan Carlos Maqueda. Durante las charlas informales que jalonaron el brindis, quedó en claro que ninguno de los jueces del tribunal está pensando en un salto de instancia. El criterio, en ese sentido, siempre fue restrictivo. Pero sucede que si no es por esa vía, difícilmente el deseo anunciado por Lorenzetti pueda concretarse. Los tiempos judiciales son mucho más laxos que los electorales. "La Corte puede fallar hasta 24 horas antes de las elecciones, o puede no hacerlo. Como está la situación, hoy las elecciones para el Consejo están suspendidas. Ese es el escenario", quedó flotando como definición, entre copas y canapés.
Desde la semana pasada circuló como "hipótesis de trabajo" –así la definieron voceros del tribunal– la posibilidad de que la Corte emitiera casi en simultáneo un fallo sobre la reforma del Consejo de la Magistratura y otro sobre la Ley de Medios Audiovisuales. Incluso, se hablaba de "una de cal y una de arena" para vaticinar el sentido de las resoluciones. Pero los ministros confirmaron ayer que tampoco llegó al tribunal la causa madre del enfrentamiento entre el gobierno y el Grupo Clarín. "Hay apelaciones cruzadas y el expediente se está demorando en la Cámara en lo Civil y Comercial Federal", admitieron fuentes judiciales.
Así, la voluntad asentada en su discurso por Lorenzetti parece chocar con una realidad que contrapone mucho por resolver y la imposibilidad, primero por falta de "caso" y luego por escasez de tiempo, para hacerlo. Sin embargo, uno de los jueces que compartió charla con los periodistas pareció dar una pista: "No podemos pronunciarnos hasta no tener un expediente, pero podemos estudiarlo aún antes de tenerlo."
Lorenzetti agradeció ayer la "pluralidad de la presencia" periodística. "Nuestro homenaje –aclaró– no se refiere a las empresas periodísticas sino a la persona del periodista. A lo largo de estos años nos ha impactado mucho ver el esfuerzo cotidiano, el sacrificio de todos ustedes... la sociedad entera debe estar agradecida de que existan personas interesadas en averiguar la verdad y transmitirla." Y citó como paradigmas de la profesión a Mariano Moreno y Rodolfo Walsh.
Lorenzetti consideró que "si la democracia es el gobierno del pueblo hay que preguntarse quién es el pueblo... en las sociedades actuales el pueblo son muchas personas porque son sociedades pluralistas". Y remató: "No es malo que cada uno diga qué opina desde tal lugar (...). Pero todo tiene un límite y hay una frontera que no debemos cruzar. Lo vemos cuando alguien esboza un argumento y el otro no contesta el argumento sino que lo descalifica personalmente."
05.06.2013
el fiscal auat dejó la entidad con duras críticas
Una nueva renuncia en la Asociación de Magistrados
El titular de la Unidad Fiscal de Derechos Humanos, Jorge Auat, presentó ayer su renuncia a la Asociación de Magistrados con duras críticas al "espíritu corporativo" que mantuvo la organización ante jueces o fiscales investigados por delitos de lesa humanidad o por obstaculizar las causas por el terrorismo de Estado en la última dictadura. "Me resisto a pertenecer a una asociación donde el interés de la comunidad toda sea subalterno al de la corporación y de sus irritantes privilegios", señaló el fiscal general.
Por: Gerardo Aranguren
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Allí, el funcionario enumeró sus disidencias con la conducción y cuestionó, entre ellas, la "posición radicalizada de claro enfrentamiento que tomó esa entidad con los poderes Ejecutivo y Legislativo para impedir un cambio en el poder judicial largamente postergado".
En ese sentido, el fiscal señaló que esperaba de parte de la Asociación "un acompañamiento con aportes y sin especulaciones", ante un proyecto que "probablemente sea la piedra angular de un cambio hacia un sistema judicial con compromiso por la vigencia de los Derechos Humanos y sin jueces imputados por crímenes de lesa humanidad, ni operadores y militantes de la impunidad".
Por último, Auat destacó la pasividad de la Asociación frente a funcionarios judiciales, socios de la entidad, que son investigados por crímenes en la dictadura, destacando el caso del ex camarista mendocino Otilio Romano, prófugo de la justicia. "Tampoco hubo pronunciamiento frente a imputaciones a magistrados y funcionarios por su actuación en los procesos con decidida y ostensible obstaculización de las investigaciones, cuyo costo no es otro que la otra cara de la moneda de la impunidad", agregó.
La renuncia de Auat se sumó a las ya presentadas del fiscal de la Cámara de Casación Penal, Javier de Luca, o del juez Carlos Rozanski, del Tribunal Oral Federal 1 de La Plata, entre otros integrantes de la Asociación Justicia Legítima.
Fuente:TiempoArgentino
La jueza en lo Contencioso Administrativo Federal Liliana Heiland suspendió por seis meses las elecciones populares de miembros del Consejo de la Magistratura de la Nación y su nueva composición de 19 integrantes.
Así, nuevamente, un juez interfiere en una decisión que fue tomada por el Congreso de la Nación de manera democrática. El pedido lo hizo la agrupación de abogados "Será Justicia" y decretó la suspensión de la ley por seis meses.
Heiland suspendió el artículo 2 de la ley 26.855, que establece la nueva integración de 13 a 19 consejeros, y los artículos 4, 18 y 30 que fijan la elección popular de los representantes de los jueces, abogados y académicos en listas políticas y la convocatoria a comicios.
En su fallo, la magistrada hizo referencia al "estrechísimo margen temporal fijado para la conformación de alianzas".
De esta manera, para Heiland, los objetivos del artículo 114 "podrían transformarse en letra muerta, en tanto la norma cuestionada obliga a adoptar un perfil eminentemente político".
Fuente:DiarioRegistrado
04.06.2013
reforma judicial
Lorenzetti adelantó una resolución “inmediata” a los planteos presentados contra la reforma
reforma judicial
Lorenzetti adelantó una resolución “inmediata” a los planteos presentados contra la reforma
El presidente de la Corte Suprema de Justicia adelantó una resolución con “celeridad y equilibrio” de los planteos en contra de la reforma judicial aprobada por el Congreso.
"La Corte Suprema va a resolver con celeridad y equilibrio”, apenas le llegue el primer caso, dijo Ricardo Lorenzetti en un agasajo a la prensa con motivo del Día del Periodista, que se celebrará el viernes próximo.
Recordó que la Corte “sólo decide cuando tiene casos” y prometió que cuando algunos de los cuestionamientos a la elección popular para el Consejo de la Magistratura o las cautelares llegue al máximo tribunal, éste lo resolverá “inmediatamente, y se van a enterar”.
Lorenzetti, quien estuvo acompañado por sus colegas Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda, recordó que “esta es la misma Corte de hace cinco años”.
Recordó que la Corte “sólo decide cuando tiene casos” y prometió que cuando algunos de los cuestionamientos a la elección popular para el Consejo de la Magistratura o las cautelares llegue al máximo tribunal, éste lo resolverá “inmediatamente, y se van a enterar”.
Lorenzetti, quien estuvo acompañado por sus colegas Elena Highton de Nolasco, Carmen Argibay y Juan Carlos Maqueda, recordó que “esta es la misma Corte de hace cinco años”.
Fuente:Telam
MEMORIA
Nota del 22.05.2012
DECISION SUPREMA
La Corte Suprema estableció que el 7 de diciembre vence la cautelar contra la Ley de Medios
Si bien el tribunal rechazó el pedido de levantamiento de la medida cautelar contra el articulo 161 formulado por el Estado Nacional, recalcó que este tipo de resoluciones provisorias “no pueden sustituir la solución de fondo”, es decir, la constitucionalidad de los artículos 41 (sobre transferencias de licencias) y 161, cuestionados por el Grupo Clarín. En su dictamen, la Corte sostuvo que "las medidas cautelares son resoluciones precarias y no pueden sustituir la solución de fondo porque afectan la seguridad jurídica".
La Corte Suprema descartó los argumentos sobre un posible ataque a la libertad de expresión al señalar que el Grupo Clarín "no aportó ningún elemento probatorio que demuestre de qué modo resultaría afectada esa libertad".
El tribunal resolvió que el plazo “razonable” de 36 meses de la disposición provisoria de la justicia que frena la aplicación del artículo 161 de la ley, que obliga a la desinversión en caso de multiplicidad de licencias, se debe contar desde el 7 de diciembre de 2009, cuando se ordenó la medida. La Corte aclaró que, como la demanda del Grupo Clarín se ubicó en el marco del derecho de defensa de la competencia, o sea de contenido patrimonial, no se abordó la supuesta afectación a la libertad de expresión, ya que “en la causa no hay más que una mención al tema” y “sin elemento probatorio”. El tribunal recordó que para los otros medios el plazo de desinversión de un año previsto en el artículo 161 de la Ley 26.544 venció el 28 de diciembre de 2011, tras dos prórrogas por dos resoluciones (297/10 y 1295/11), de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA).
La causa se inició el 1 de octubre de 2009, cuando Clarín solicitó que se dictara una medida de “no innovar” para suspender el tratamiento legislativo de la ley. El pedido fue rechazado por la justicia en lo civil y comercial federal y, aprobada la ley en el Congreso de la Nación, el Grupo Clarín pidió la misma medida con relación a los artículos 41 y 161 y la obtuvo con respecto a la segunda de las normas.
La Corte resolvió mantener la medida cautelar porque ya se había pronunciado en ese sentido el 5 de octubre de 2010, cuando ordenó que se fijara un plazo “razonable”, pero destacó que la misma “no afecta de ningún modo la aplicación general de la ley 26.522”.
Con la firma del presidente Ricardo Lorenzetti, Elena Highton, Carlos Fayt, Juan Carlos Maqueda, Raúl Zaffaroni y Enrique Petracchi (aunque éste manifestó no compartir todos los fundamentos de sus colegas) el tribunal evaluó que el plazo de 36 meses “no resulta irrazonable y se ajusta a los tiempos que insume la vía procesal intentada”.
La Corte sostuvo que el plazo de 36 meses comenzó a correr desde la fecha de notificación de la medida cautelar y no del día en que la demanda sobre la cuestión de fondo fue puesta en conocimiento de la contraparte, lo que ocurrió el 17 de noviembre de 2010. Y advirtió que entre la fecha de notificación de la medida y la de la demanda "transcurrió un año por la sola voluntad de las peticionarias", lo cual “resultaría demostrativo de un interés más centrado en la provisionalidad que en la resolución definitiva del pleito”.
“No puede dejarse en manos de la parte beneficiada por la medida cautelar el momento en que debe comenzar el cómputo de razonabilidad de su vigencia, porque –agregó- se daría lugar a especulaciones procesales que no solo resultarían incompatibles con la buena fe que debe guiar a las partes, sino que afectan seriamente la seguridad jurídica”.
La Corte señaló que “cuando las cautelares se hacen ordinarias y sustituyen a la sentencia definitiva, se crea un derecho precario, lo que constituye una lesión al objetivo de afianzar la justicia señalado en el propio Preámbulo de la Constitución Nacional.
Fuente:Pagina12
Hablemos de las denuncias contra los jueces
La reunión de la Comisión de Disciplina y Acusación tuvo un extenso Orden del Día, en el que se trataron diversas denuncias que apuntaban a magistrados como Norberto Oyarbide, Gustavo Bruzzone y María Servini de Cubría, entre otros.
Con discusiones en torno a las citaciones por el artículo 20 y conflictos que llevan mucho tiempo como el desatado en la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil a fines de 2010, el último encuentro de la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura contó con una larga lista de expedientes que debían recibir tratamiento, muchos de los cuales esperaban una decisión desde el año pasado.
Entre ellos, se encontraba el conflicto que se desarrolló a raíz de una presentación de la Unión de Empleados de Justicia de la Nación contra el vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, Gustavo Bruzzone.
Los miembros del gremio declararon sobre el caso que involucra al magistrado que “el 22 de noviembre de 2012 el pretenso camarista de la Casación Penal en materia ordinaria Gustavo Bruzzone y por entonces presidente de la Cámara del Crimen decidió no avalar la petición del juez Ponce, quien quería dejar sin efecto un contrato en represalia a un reclamo gremial”.
“Sin embargo y a modo de broma para el día de los inocentes (28 de diciembre de 2012) el Dr. Bruzzone arbitró los medios para materializar la represalia en el Juzgado de instrucción 23, dejando un compañero de trabajo en la calle, para lo cual se habría valido de la excusa que el Juez Ponce no quiso firmar el visto bueno del contrato - que aún está vigente- y que ello implicaba la caída de todos los interinatos atados a dicha contratación”, explicaron los integrantes de la UEJN.
De todas formas, el expediente “Bruzzone Gustavo (Pte. Cam. Crim. Correcc.) – Pone en conocimiento expte. S.A. 3710 s/Presentación U.E.J.N.” fue desestimado liminarmente por una propuesta del consejero Hernán Ordiales.
Por otro lado, se desestimó una denuncia y se aprobó otra propuesta de Ordiales en torno a dos expedientes que involucran al juez más denunciado de los últimos tres años pasados: son los expedientes 231/12 caratulado “Saladino Christian Juan Alberto c/ Dr. Norberto Oyarbide y María Romilda Servini de Cubría”, y el 146/12 caratulado “Martínez, Víctor c/ Dr. Norberto Oyarbide (Juez Federal)”, respectivamente.
También se aprobó un proyecto en torno al expediente “Carlotto, Estela B. (Pte. Abuelas de Plaza de Mayo) c/int. TOCF nº5-Dres. Obligado, Farías y Castelli”, presentado por el consejero Ricardo Recondo. El caso surgió a raíz de una denuncia de la titular de las Abuelas de Plaza de Mayo, en un caso donde se juzgó la responsabilidad de los integrantes del TOF 5 en torno al caso de Juan Antonio Azic, un ex prefecto, que iba a ser padrino en el casamiento de una de las dos mujeres que se apropió cuando eran bebés.
El acusado no pudo asistir al acto debido a que la información se que le iban a permitir participar se filtró y el Ministerio Público intervino. Desde Abuelas afirmaron que no juzgan los “sentimientos de la víctima”, pero sí realizaron señalamientos sobre el hecho de que “el tribunal haya asumido la tarea de ‘facilitar y estimular’ relaciones que, lejos de ser familiares, tienen como antecedente un gravísimo crimen”.
Fuente:DiarioJudicial
Envío:Agnddhh
03.06.2013
dimisión
Un fiscal renunció luego de que la Asociación de Magistrados presentara un amparo contra la reforma del Consejo
dimisión
Un fiscal renunció luego de que la Asociación de Magistrados presentara un amparo contra la reforma del Consejo
El fiscal Javier Augusto de Luca presentó su renuncia a la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, tras la decisión de este cuerpo de presentar un amparo contra la nueva ley de Reforma del Consejo de la Magistratura.
En su carta, que dirige a los miembros del consejo directivo de la Asociación y que hoy publica el diario Página 12 en una columna de opinión, De Luca señaló que perdió "toda voluntad" de "seguir integrando" la asociación porque "las acciones que viene llevando y llevará adelante son incompatibles" con sus "ideales republicanos y democráticos".
Agregó que tampoco tenía "más fuerzas para oponerme a ellas desde el seno de la asociación", a la que perteneció durante 26 años.
De Luca es fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, doctor en Derecho y profesor titular asociado de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En su carta, De Luca recordó que en la reunión mensual del Consejo de la Magistratura del lunes 13 de mayo la Asociación "decidió por unanimidad autorizar el inicio de acciones legales a fin de impugnar puntos esenciales de la reforma del Consejo de la Magistratura".
"La razón de mi renuncia es estrictamente social, y la motivan estas últimas noticias, que vienen a ser las gotas que rebasaron el vaso, porque se enmarcan en la misma concepción de una larga lista de expresiones que viene tomando la conducción de nuestra institución, totalmente extraña al objeto social y a la razón de ser de una asociación de magistrados y funcionarios".
Según precisó, "estas acciones consisten en enfrentar a unos socios contra los otros, en lugar de trabajar para concebir la AMyFJN como un espacio de contención, de encuentro y de discusión, que acoja a todos los sectores con ideologías diferentes".
Incluso, consideró que "la conducción se mueve como si la Asociación fuera un nuevo partido político, el judicial, cuya única idea visible es la defensa ciega de determinados colegas y de privilegios insostenibles en una democracia".
"En nombre de la representación que ostentan, aceptan o denostan políticas de Estado (no del gobierno de turno) al que en realidad debemos servir, como si los jueces tuviesen algún tipo de competencia en la sanción y promulgación de la leyes que son el producto de la soberanía popular", concluyó.
Agregó que tampoco tenía "más fuerzas para oponerme a ellas desde el seno de la asociación", a la que perteneció durante 26 años.
De Luca es fiscal general ante la Cámara Federal de Casación Penal, doctor en Derecho y profesor titular asociado de Derecho Penal y Procesal Penal en la Universidad de Buenos Aires (UBA).
En su carta, De Luca recordó que en la reunión mensual del Consejo de la Magistratura del lunes 13 de mayo la Asociación "decidió por unanimidad autorizar el inicio de acciones legales a fin de impugnar puntos esenciales de la reforma del Consejo de la Magistratura".
"La razón de mi renuncia es estrictamente social, y la motivan estas últimas noticias, que vienen a ser las gotas que rebasaron el vaso, porque se enmarcan en la misma concepción de una larga lista de expresiones que viene tomando la conducción de nuestra institución, totalmente extraña al objeto social y a la razón de ser de una asociación de magistrados y funcionarios".
Según precisó, "estas acciones consisten en enfrentar a unos socios contra los otros, en lugar de trabajar para concebir la AMyFJN como un espacio de contención, de encuentro y de discusión, que acoja a todos los sectores con ideologías diferentes".
Incluso, consideró que "la conducción se mueve como si la Asociación fuera un nuevo partido político, el judicial, cuya única idea visible es la defensa ciega de determinados colegas y de privilegios insostenibles en una democracia".
"En nombre de la representación que ostentan, aceptan o denostan políticas de Estado (no del gobierno de turno) al que en realidad debemos servir, como si los jueces tuviesen algún tipo de competencia en la sanción y promulgación de la leyes que son el producto de la soberanía popular", concluyó.
Fuente:Telam
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