DEMOCRATIZACIÓN DE LA JUSTICIA: TODO TIENE QUE VER CON TODO.

Viernes, 28 de junio de 2013

ENTREVISTAS

Abriendo las puertas del tribunal

Desde el 31 de mayo pasado, la doctora Laura Garrigós de Rébori, presidenta de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, preside también la asociación civil Justicia Legítima, lanzada como tal en la segunda asamblea nacional de ese movimiento. Si el objetivo de JL es acercar la Justicia a los ciudadanos, la doctora Garrigós lo encarna: explica las prácticas y el espíritu del Poder Judicial, se conmueve cuando habla de las condiciones de vida en las cárceles y al demostrar cómo los posicionamientos políticos no necesitan pasar por actividades partidarias para impregnar el ejercicio de una profesión. El fallo de la Corte que declara inconstitucional las elecciones populares de miembros del Consejo de la Magistratura no modifica para ella el propósito de la asociación, de detectar las prácticas corporativas para combatirlas.

Por Marta Vasallo

¿Participó Justicia Legítima en la elaboración de las leyes de reforma judicial aprobadas en el Congreso?

–No. Nos invitaron a los presidentes de las cámaras federales y nacionales, a mí por ser presidenta de esta Cámara en lo Criminal y Correccional, y por ser integrante de JL, al acto de presentación de las leyes que se hizo en la Casa de Gobierno, cuando los proyectos de ley ya estaban elaborados. Nosotros no intervinimos.

¿Cuál es su evaluación de las leyes aprobadas?

–La ley que ha levantado resistencias es la referida a las elecciones para el Consejo de la Magistratura, una ley eminentemente política; las demás son más técnicas, toman de la jurisprudencia ya existente o se refieren a prácticas que ya se están llevando adelante en algunas provincias (hay 24 distritos procesales). Le voy a decir que al principio yo misma decía: Pero esto, cómo puede ser. Después sentándome con interlocutores abogados, acostumbrados a leer leyes y analizarlas, no encontramos otra forma que no fuera la redacción de la ley para modificar el sistema eleccionario de la Magistratura. Yo creo que esa ley es constitucional.

¿Cuáles son las principales discrepancias en JL respecto de las leyes?

–Hay algunas discrepancias sobre la ley de ingreso al sistema judicial, que abarca a empleados y funcionarios, desde personal de maestranza a secretarios. Nos preguntamos cómo va a funcionar, cómo vamos a hacer con la gente que ya está dentro del Poder Judicial en cargos interinos o por contrato, que es una situación laboral precaria, no sé si vamos a tener que someterlos al examen o no; necesitamos algún reglamento, algo que regularice la situación.
En cuanto a las nuevas Cámaras de Casación, le he escuchado decir a Javier de Luca que pueden llegar a entorpecer en cuanto a tiempo, no en cuanto a trabajo. Yo creo que también van a favorecer la situación temporal de las causas. Las Cámaras de Casación tienen la posibilidad explícita, así está diseñada la ley, de trabajar sobre la arbitrariedad de las sentencias; es como hacerle medio camino a la Corte, porque el problema de la Corte son los recursos que le llegan por arbitrariedad; debe resolver si abre las causas o no las abre, y para tomar esa decisión tiene que estudiarlas. La mayoría queda sin abrir. Si la Corte convalida reiteradamente las decisiones de estas Cámaras porque son adecuadas a derecho, es probable que la gente desista de llevarlos a la Corte Suprema. Esto en los casos en los que no es obligatorio llegar a la última instancia, y aun en estos casos, que involucran a los estados, se me ocurre que un repaso de lo que hizo la instancia anterior a la Corte le va a alivianar el trabajo. Pero va a pasar un tiempo antes de que se consolide como útil el trabajo de estas Cámaras para reducir los problemas y los tiempos.
En la cuestión de cautelares no hubo discrepancias. Cuando se conoció el proyecto, la gente del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), con quienes trabajamos en conjunto en muchas cosas, y la de la Defensoría General, que echa mano a cada rato de las cautelares, le encontraron inconvenientes y se propusieron modificaciones que fueron incorporadas.

En la asamblea del 31 de mayo el juez Oscar Palermo se refirió a la necesidad de profundizar en la elaboración del perfil del juez, y usted añadió el perfil del empleado judicial. ¿Cuál es el perfil del juez deseable? ¿Y el del empleado judicial?

–Tanto los jueces como los empleados judiciales tienen que empezar por tener conciencia de que están brindando un servicio. El empleado que toma las declaraciones, el que escribe en la computadora, el que hace el seguimiento, tiene la idea de que la causa es suya (“esa causa es mía”, “ese preso es mío”); en lugar de tener conciencia de que las causas no son del juzgado sino de las partes. El juzgado lo único que hace es viabilizar que las partes reclamen sus derechos. No somos más que una vía. Esto viene del sistema inquisitivo, cuando las partes no tenían acceso al expediente. Así es como ha arraigado en nosotros la idea de que somos los dueños del expediente. Los ámbitos donde trabajamos son físicamente así: las mesas de entrada son una barrera entre los abogados y nosotros, cuando en realidad somos la vía para que las partes representadas por sus abogados puedan ejercer sus derechos. El abogado tiene más claro que es una vía, que el que está ejerciendo su derecho es el cliente... Es un cambio cultural, hay que hacerlo desde adentro de uno mismo, por eso estamos allí en JL cuestionándonos, criticándonos.

Usted se refirió al sistema inquisitivo. Otro de los planteos del juez Palermo fue la necesidad de que la Argentina adopte el sistema acusatorio, como otros países de la región.

–El sistema acusatorio está vigente en las provincias, consiste en que la investigación del expediente penal esté en manos de los fiscales y no de los jueces. Si el juez investiga y además juzga es juez y parte, mientras que si el fiscal y el defensor investigan el juez es alguien que está por encima de las partes. Lo que en el sistema federal ha quedado claramente no acusatorio es la instrucción del sumario, que no es un asunto menor. Es de esperar que en un sistema acusatorio las constancias por escrito se reduzcan al mínimo indispensable. En general el sistema acusatorio viene de la mano con la oralidad del juicio. Los procesalistas que hemos estudiado a Alfredo Vélez Mariconde conocemos un pasaje muy claro de su tratado, donde dice que los sistemas procesales se acoplan a los sistemas políticos. El sistema inquisitivo se corresponde con regímenes autoritarios, antidemocráticos, mientras que el acusatorio es el sistema procesal que corresponde a un sistema democrático de gobierno. Tenemos que transitar hacia el sistema acusatorio, pero el sistema federal es más lento que los provinciales.

JL amplía sus adhesiones en la sociedad. ¿Encara alguna estrategia dentro del Poder Judicial para ganar a los proclives a mantener el statu quo?

–En JL pensamos que el derecho no es estrictamente jurídico, sino que se interrelaciona con otras ciencias sociales, se alimenta de ellas y a la vez las alimenta. El derecho constituye nuestra vida: somos mayores de edad, somos casados, somos ciudadanos, porque lo dice el derecho, pero a su vez se alimenta de los movimientos sociales, de la política, la historia, la antropología. Ignorar que el derecho es una ciencia social es pretender que es una ciencia a la que sólo los juristas pueden acceder, un conocimiento aislado. En la época en que vivimos el derecho es una maraña de normas, pero la base no está dada estrictamente por las ciencias jurídicas sino por el conjunto de ciencias sociales.
Los cambios siempre son resistidos. Nuestra estrategia es insistir, insistir, insistir. En JL se encuentra gente preclara, representantes de lo más granado de cada fuero, y también los hay en la vereda de enfrente.

En las asambleas de JL los juicios por crímenes de lesa humanidad aparecen como el motor de los cambios en el Poder Judicial.

–Los juicios por crímenes de lesa humanidad pusieron en evidencia muchas cosas, motorizaron muchos cambios, incluso de prácticas. El testigo con que nos encontramos no es el mismo testigo de un caso de robo. El sobreviviente de la tortura al testimoniar revive lo sufrido, siente la misma afectación que entonces, “era volver a bajar al pozo”, decían. Entonces tuvimos que tomar precauciones, pensar cómo les tomábamos declaración, cómo les advertíamos lo que iba a pasar en la sala de audiencias, porque había gente que se nos podía enfermar, de hecho hubo que interrumpir algunas declaraciones porque el testigo sufría palpitaciones, o le subía la presión, se ahogaba, se desmayaba, necesitábamos médicos al lado. Poco a poco fuimos cambiando la manera de ver al testigo, a las partes. La historia y la sociedad se nos colaron adentro del tribunal y ya no salieron nunca más.

¿Cuáles son las prioridades, los objetivos de JL en los próximos años?

–Queremos identificar las prácticas que nos parecen más representativas de lo que no queremos ser para evitarlas, evidenciarlas y mofarnos a veces de nosotros mismos, porque eso facilita la llegada al otro. Las prácticas y las creencias van muy unidas.
Somos un espacio curioso, de reflexión y crítica, más virulenta en ciertos aspectos, mucho menos en otros. Tenemos la propuesta de abrevar en la Academia. Nos están ofreciendo desde las facultades de ciencias sociales, de las carreras de sociología, ciencias políticas, lingüística, que vayamos a tratar la cuestión. También les vamos a llevar nuestra práctica: esto que nos dicen es magnífico, ¿pero cómo se refleja?

¿Los llaman desde las carreras de derecho?

–Todavía no. Derecho es la carrera que nos produce a nosotros. La que nos reclama el cambio es la sociedad y no lo podemos ignorar, vamos a buscar allí lo que pretenden de nosotros...

Fuente:Pagina12-Las12

Envío:Agnddhh

Rechazo a la Corte

La Asociación Justicia Legítima de Jujuy manifestó la “disconformidad y preocupación” ante la declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema sobre la elección por sufragio universal de los miembros del Consejo de la Magistratura. En un documento, sostiene que la mayoría de los miembros de la Corte “hace una interpretación descontextualizada de la Constitución” y además “se requiere, en cambio, una interpretación sistemática que incorpore la totalidad de normas que están en juego y las necesidades sociales del momento”. “La mayoría de la Corte ha consagrado un principio en favor del interés sectorial que resulta extraño en nuestro derecho constitucional y esto constituye un gravísimo antecedente”, señaló la agrupación.

Fuente:Pagina12

Envío:Agnddhh

JUJUY
Expresaron su disconformidad
Justicia Legítima se pronunció sobre la decisión de la Corte
27.06.13 
“En la reforma judicial la última palabra la tendrá el pueblo”, es el título.

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Justicia Legítima Jujuy manifestó su disconformidad y preocupación “frente a la reciente declaración de inconstitucionalidad por parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación a la elección por sufragio universal de los miembros del Consejo de la Magistratura”.

Asimismo indicaron que “la mayoría de los miembros de la Corte hace una interpretación descontextualizada de la Constitución. Se requiere en cambio, una interpretación sistemática que incorpore la totalidad de normas que están en juego y las necesidades sociales del momento. El texto constitucional no dice que los representantes de los jueces en el Consejo tienen que ser elegidos por los jueces y los abogados por los abogados, etc.”.

Añaden “en este terreno, parece muy difícil que, frente a un sistema constitucional que consagra con tanto énfasis una sociedad democrática (el sufragio universal), pueda optarse por el criterio de la representación estamental (sectorial). Con esto la mayoría de la Corte ha consagrado un principio en favor del interés sectorial que resulta extraño en nuestro derecho constitucional y constituye un gravísimo antecedente”.

“Por otro lado -continúan- el juez Eugenio Zaffaroni y la procuradora General de la Nación Alejandra Gils Carbó, en su dictamen colocan en la discusión, y que es un dato de la realidad: la gravedad institucional que implica la falta de funcionamiento del Consejo de la Magistratura en su actual diseño”.

Y resaltan “la línea argumental de la mayoría de la Corte, trasluce una verdadera desconfianza y desprecio por la participación del pueblo en su conjunto en los asuntos de la Justicia. Se sostiene la idea de que el pueblo es incapaz de conocer lo que resulta justo y moral para la sociedad de la que forma parte. En definitiva la corporación judicial parece atribuirse una superioridad ética y moral de la que realmente carece, si se piensa por ejemplo en la convalidación de los golpes de Estado; en sus declaraciones de "constitucionalidad’ del proceso de privatización, desindustrialización y desempleo del país en los años 90; en su desidia frente al accionar impune de los monopolios; todas éstas, cuestiones que aparejaron las mayores tragedias para el pueblo argentino”. Y finaliza “nos parece preocupante, en este sentido, que los miembros de la Corte decidan sobre intereses que los involucran, que sean juez y parte, que dicten sentencias sobre sus propios intereses... La decisión de la Corte constituye un franco retroceso para el proceso democrático institucional. Sin embargo, el debate abierto en la sociedad acerca de la legitimidad de la justicia, es un proceso en marcha que no se detendrá, porque se asienta en las propias bases de nuestro sistema de gobierno, donde la última palabra pertenece al pueblo”.
Fuente:Eltribuno
Envío:Agnddhh


OPINIÓN.
ADMINISTRACIÓN DEL PRESUPUESTO JUDICIAL
                                                   Por Eduardo Di Cola*
Como consecuencia de un proyecto de ley presentado por un grupo de Diputados Nacionales del bloque oficialista Frente Para la Victoria tendiente a restablecer la constitucionalidad del manejo y administración del presupuesto del Poder Judicial, distintos diarios titularon:
La Nacion:
El avance sobre la Justicia / Puja entre poderes del Estado
El kirchnerismo busca sacarle a la Corte el manejo de los fondos

Clarin:
El oficialismo quiere sacarle a la Justicia el manejo de sus fondos
Presentó un proyecto de ley que le quita a la Corte sus facultades presupuestarias.

 

Ambito Financiero
El oficialismo presentó proyecto para retirarle a la Corte el presupuesto del Poder Judicial

Infobae
El oficialismo quiere quitar a la Corte el manejo de fondos y de personal

Resulta sugerente que ninguno de los titulares aclare o al menos insinúe que la situación vigente de administración del presupuesto por parte de la Corte Suprema es inconstitucional.

En tal sentido el art. 114 de nuestra Carta Magna en uno de sus párrafos establece en forma expresa y terminante que corresponde al Consejo de la Magistratura: “Administrar los recursos y ejecutar el presupuesto que la ley asigne a la administración de justicia. (sic)”

Lo llamativo es que son muy estrictos en exigir el cumplimiento de algunos preceptos constitucionales y al mismo tiempo se transforman en duros opositores cuando de hacer cumplir otras normas del  mismo texto constitucional se trata.

Indudablemente que aún en el seno de la sociedad conviven sectores que añoran los tiempos en que la Constitución decía lo que ellos querían que dijera. Llegaron al extremo de interpretarla incluso en favor de su peor violación como fueron los más crueles y sangrientos golpes de estado.
                                                                                           *Ex Diputado Nacional
   

Materia gris
Hacerse amigo del juez
Por Ricardo Forster

27.06.2013

Hace casi tres años, en septiembre del 2010, escribí, bajo este mismo título, un artículo en el que destacaba las aceitadas relaciones que, desde el fondo de nuestra historia, vinculaban a los intereses de los grupos de poder económico con una parte fundamental de la corporación judicial; y lo hacía señalando las trabas y complicidades evidentes de ese poder con la corporación mediática, su afinidad absoluta para trabar la plena aplicación de una ley votada con amplísimo consenso en el Congreso de la Nación y que reafirmaba la necesidad de derogar una legislación que provenía de los años de la dictadura y que suponía, bajo su “mejoramiento” neoliberal y menemista, la ampliación discrecional del proceso de monopolización en el espacio comunicacional avanzando hacia una efectiva restricción del derecho a la igualdad por parte de quienes se ufanan de ser los adalides de las libertades públicas y, fundamentalmente, de las de expresión y prensa. Lejos de modificarse esa lógica de la complicidad entre estructuras corporativas, lo que se ha profundizado en la actualidad es precisamente el reforzamiento de esas tramas de intereses y esa vocación por exigir democracia e igualdad para todo aquello que no involucra los propios espacios autorregulados y que no dan cuenta ante nadie de sus eternizaciones. El último fallo de la Corte Suprema de Justicia decretando la inconstitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura va, sin dudas, en esa misma línea de cinismo corporativo que impide la ampliación del derecho al ejercicio de la soberanía popular en la elección de los miembros de un órgano político como lo es el Consejo. Es un problema no menor cuando el único poder de la República que no se somete a la soberanía popular se convierte en el instrumento del poder corporativo para frenar los procesos de cambio que apuntan a ampliar derechos y, sobre todo, a generar las condiciones para la construcción de una sociedad más democrática e igualitaria. Es siguiendo estas reflexiones que recupero, ahora, lo que escribí, hace casi tres años.

La libertad de prensa y la libertad de expresión son dos pilares insustituibles del Estado de derecho; no es posible imaginar una democracia que ponga entre paréntesis cualquiera de estas dos formas indispensables del ejercicio de la libertad. De la misma manera deberíamos decir algo equivalente de la igualdad en el acceso a la comunicación, de la existencia de mecanismos y de leyes que protejan el derecho igualitario a distribuir palabras e imágenes.

Para algunos privilegiados ni siquiera es aceptable una democracia formal, para ellos cualquier legislación que busque ponerles límites a sus ambiciones desmedidas constituye una invasión inadmisible en los derechos inalienables del ciudadano y un atentado contra la propiedad privada. Vociferan contra los “tiranos que restringen las libertades” mientras utilizan con absoluta impunidad leyes y decisiones arbitrarias impuestas por la dictadura y que cercenan el acceso libre e igualitario a la expresión escrita y audiovisual. Sin inconvenientes separan libertad e igualdad; la primera les sirve para desplegar sin ninguna limitación sus ideas y sus intereses, la segunda la restringen a una pura forma vacía que, cuando intenta en manos de los incontables de la historia afirmar su contenido ausentado de la realidad, se convierte, por arte de la ideología de las derechas, en “populismo”. Antes, cuando otros miedos y otros adversarios les quitaban el sueño, preferían hablar de “comunismo” y desatar sobre sus opositores políticos y sociales a sus cancerberos, a los “perros de la noche”. Hoy, cuando otros vientos soplan por el país y por gran parte de Sudamérica, cuando la matriz neoliberal es duramente cuestionada y se busca avanzar en proyectos de raigambre democrática y popular que hacen eje en una más justa distribución de la riqueza, utilizan todos los recursos que les otorga su inmenso poder económico y simbólico para impedir que en la esfera decisiva de la comunicación se avance en un sentido efectivamente igualitario. Ese sigue siendo el litigio central de nuestras sociedades, el que mayores resistencias provoca en los viejos poderes hegemónicos que estaban convencidos de que la historia estaba clausurada y de que la inexorabilidad de su modelo de acumulación especulativo-financiera había logrado eternizarse entre nosotros.

Mientras que nadie parece discutir las dos formas de la libertad mencionadas más arriba, algunos, los privilegiados y los que suelen acumular gran parte del poder económico y mediático, han impedido y lo siguen haciendo que la igualdad, aquello que los griegos de la antigüedad llamaban isegoría (es decir el derecho de todos, pobres y ricos, buenos retóricos y tartamudos, peones y albañiles, marineros y comerciantes, a tomar la palabra y expresar en igualdad de condiciones sus ideas) no sea una mera declamación, una vieja y ajada aspiración democrática que nunca se cumple, sino un derecho efectivo y protegido por las leyes del Estado. A los poderosos siempre les interesó la “comunicación”, los modos de su circulación y de su control, porque saben, siempre lo han sabido, que ella garantiza sus intereses y la proliferación de su ideología.

Para la corporación mediática cualquier legislación que busque ponerle freno a su poder monopólico constituye un “atentado a la libertad de expresión”, una “herida de muerte infligida a la democracia por el totalitarismo de turno”, “una prohibición a pensar distinto y un silenciamiento de los opositores”. Algunas de estas frases han proliferado en los últimos años y se han intensificado allí donde una parte significativa de la sociedad acompañó la decisión del gobierno nacional de llevar adelante un proyecto de ley de servicios audiovisuales que, finalmente, fue aprobado por amplia mayoría en el Parlamento. Lo que estuvo silenciado durante gran parte de estos tiempos abiertos con la recuperación democrática del ’83 salió a la luz del día, encarnó en diversos actores de la sociedad, se desplegó en el espacio público y llegó al Congreso de la Nación gracias a la decidida intervención de Cristina Fernández que tuvo la vocación política de la que carecieron los anteriores gobiernos democráticos. 

Gritos, descalificaciones, insultos, acusaciones de autoritarismo quedaron vaciados de contenido una vez que los debates públicos lograron horadar el grueso muro de la discrecionalidad y la impunidad que durante décadas protegió los intereses de los grupos monopólicos. Argumentos de diversas índoles fueron arrinconando la chatura expresiva y conceptual de una derecha que no pudo decir otra cosa que aquello de la chavización, creyendo que el espectro del venezolano, su imagen de comeniños desplegada por casi toda la prensa “seria” del mundo occidental, alcanzaba para desdibujar e impugnar el esfuerzo cultural y militante por derogar una ley que venía de los años dictatoriales. 

Derrotados en el plano de las ideas y en el de la democracia legislativa, buscaron refugio en el Poder Judicial, sabiendo que allí encontrarían jueces “a la carta” siempre disponibles para defender sus intereses, del mismo modo que una parte notable del aparato judicial siempre ha sido cómplice de lo peor en el país (¿puede funcionar acaso una dictadura sin la venia de los jueces?, ¿cuál es la “neutralidad” de jueces que ideológicamente actúan y piensan como los grupos concentrados? Una de las ficciones del liberalismo ha sido permanentemente desmentida en la Argentina, la ficción de una Justicia objetiva que trata por igual a ricos y pobres, poderosos y débiles. Habiendo lúcidas y significativas excepciones, la trama mayoritaria de la Justicia argentina ha girado, desde tiempos inmemoriales, hacia la derecha más rancia, esa misma que hoy suele manifestarse desde las páginas de La Nación y de su aliado monopólico).

Es indiscutible que la democracia necesita de la división de poderes, pero también necesita de la independencia de los jueces y de los legisladores respecto de los poderes económicos. La historia argentina está atravesada por el desequilibrio entre aquellos que siempre han tenido “un juez amigo”, “un comisario cómplice” y un “militar en el directorio”. Ahora encontramos esos jueces entre aquellos que están disponibles para proteger a capa y espada los intereses de los grupos mediáticos concentrados porque al defenderlos en realidad defienden sus propios intereses y sus convicciones político-ideológicas. Es tarea de todos aquellos que reivindican una democracia participativa, que no conciben la igualdad como una mera declamación ni como un mero dispositivo formal, seguir insistiendo para que la isegoría se instale como un valor perdurable de la vida social, cultural, política y económica. Mientras eso no ocurra seguiremos siendo sujetados por los poderosos de siempre, por aquellos que desde el fondo de nuestra historia han buscado impedir que los incontables sean, también, portadores de palabra y de derechos.

Esto escribía a finales del 2010. Sería muy poco lo que habría para agregar salvo que las cosas se han definido de una manera más conservadora y reaccionaria si es que tomamos la última decisión de la Corte. La inquietud, como no puede ser de otro modo, gira, ahora, en relación al demoradísimo fallo sobre la constitucionalidad completa de la ley de medios. Los antecedentes inmediatos no son alentadores aunque, por qué no, habría que rescatar los mejores momentos y fallos de una Corte que se relegitimó gracias a la decisión histórica de Néstor Kirchner de sacarla de su profundo envilecimiento cuando no era otra cosa que una Corte servil e impresentable. Algunos de los jueces que llegaron de la mano de esa decisión deberían recordar qué Argentina se agazapa detrás de los cantos de sirena que hoy se multiplican desde los medios concentrados de comunicación y en muchos de los voceros opositores. Lo cierto es que lo que no podrán impedir es que se multiplique el debate que hoy ya está atravesando a muchos miembros del aparato judicial y que se irradiará indefectiblemente al espacio público. Los tiempos del secreto y el encriptamiento de la “familia judicial” están cerca de terminar. Una lógica de la impunidad y de la trama corporativa que contradice la vida democrática y los ideales republicanos que muchos dicen defender cuando hacen todo lo contrario, está saliendo a luz. Contra esa democratización, de los medios de comunicación y de la Justicia, es que se asocian los poderes de siempre. Es una lástima que algunos miembros de la Corte (insisto, aquellos que llegaron gracias al profundo espíritu renovador de Kirchner que no eligió conformar una Corte adicta) privilegien los intereses corporativos y la visión liberal-conservadora a los profundos vientos de cambio que atraviesan desde hace una década la vida argentina y una parte significativa de Sudamérica.

Fuente:Veintitres