Para el juez, las "preferenciales" son una estafa bancaria que afectó a un millón de personas en unos 37 mil millones de euros
Abren una causa por el escándalo conocido como "corralito español"
Fueron una modalidad de ahorro muy sofisticada en la que cayeron personas mayores y muchos que firmaron con el pulgar porque no sabían leer. Tenían ahorros con fecha de vencimiento, en algunos casos, hasta el año 3000.
La demanda afecta a los directivos de Caja Madrid, Bancaja, la sucesora Bankia y su matriz, el Banco Financiero y de Ahorro (BFA), según el escrito al que tuvo acceso Télam. Se trata de Carlos Stilianopoulus, Fernando Cuesta y Carlos Contreras (Caja Madrid); y Aurelio Izquierdo y José Fernando García Checa (Bancaja).
Estos banqueros figuran como responsables de los folletos de emisiones de las participaciones preferentes, unos productos financieros complejos que fueron comercializados entre pequeños ahorristas como si fuesen plazos fijos y que con la crisis se convirtieron en "tóxicos" y ahora son casi imposibles de recuperar en el mercado.
En su escrito el juez acusa a los directivos de delitos de estafa de inversores, apropiación indebida, publicidad engañosa, administración fraudulenta o desleal y maquinación para alterar precios. Esto a pesar de que la Fiscalía Anticorrupción indicó el 31 de mayo pasado que el lanzamiento y comercialización de las preferentes no constituye un delito y no se puede considerar que había "un plan preconcebido" para esta estafa.
La Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), que lleva denunciando la situación desde
que estalló el escándalo hace más de un año y medio, estima que el fraude ronda los 37 mil millones de euros y que habría hasta un millón de damnificados. A diferencia del "corralito" de Argentina de 2001, que afectaba las cuentas corrientes, en el caso español se trata de un fraude bancario orquestado con la complicidad de los organismos reguladores y las autoridades políticas, gracias a una legislación laxa. No obstante, el juez rechazó imputar al ex gobernador del Banco de España, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, y al ex presidente de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), Julio Segura, como solicitaban los querellantes.
En algunos casos, la actuación fraudulenta de los bancos llevó a que jubilados adquieran productos financieros que son obligaciones perpetuas o con fecha de vencimiento en el año 3000. La mayoría de los afectados son personas mayores que no comprendían lo que estaban firmando. Algunos incluso no sabían leer ni escribir y firmaron con su huella digital.
Fuente:TiempoArgentino
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