JUJUY
Un freno a los abusos policiales
La Justicia jujeña hizo lugar a un hábeas corpus colectivo y ordenó a la policía provincial de la localidad de San Pedro que evite las intimidaciones, persecuciones y agresiones físicas contra jóvenes, denunciadas por familiares y víctimas de abusos policiales desde hace meses. La medida presentada el pasado 22 de mayo por organismos de derechos humanos.
Los policías que prestan servicio en San Pedro de Jujuy, 65 kilómetros al este de la capital provincial, son acusados de amenazar, detener sin motivo e incluso torturar a jóvenes en conflicto con la ley. El caso más extremo fue el denunciado por Juan Gómez, vecino de la localidad, quien aseguró que su hijo, Martín "Sonrisa" Gómez, habría sido asesinado por policías, tras ser detenido supuestamente en la casa de uno de los efectivos.
El hombre denunció que la policía habría obligado "a un grupo de jóvenes a hacer de mula y transportar droga, desde Bolivia hasta San Pedro". El juez en lo Criminal Nº2 de San Salvador, Antonio Llermanos, al aceptar el hábeas corpus, advirtió a las autoridades que "la única situación de excepción de actuación autónoma" de la fuerza es la existencia de "casos de flagrancia".
Asimismo, el magistrado envió su resolución a los fiscales de San Pedro que tienen a su cargo las denuncias de abuso policial para que profundicen las investigaciones. Llermanos, en su fallo, advirtió sobre la existencia de "un patrón común en los procedimientos policiales" y dio cuenta de situaciones de "tormentos, amenazas, restricción de la circulación y detenciones reiteradas".
Antes de emitir su dictamen, Llermanos había citado a declarar a tres altos jefes policiales, pero consideró sus explicaciones "insuficientes" y advirtió sobre la ausencia de órdenes de detención firmadas por organismos competentes.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
Miércoles, 12 de Junio de 2013
REPUDIO DE ORGANISMOS DE DDHH A LA VIOLENCIA INSTITUCIONAL EN SAN PEDRO Y TILCARA
S. S. de Jujuy - Madres y Familiares de detenidos desaparecidos de Jujuy (línea histórica), Hijos por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S.) - Regional Jujuy, Red por el Derecho a la Identidad (Abuelas – C.O.N.A.D.I.), Asociación Jujeña de Ex presos políticos, Grupo de Abogad@s de DDHH de la Provincia de Jujuy, Víctimas y familiares de San Pedro de Jujuy, Madres de Tilcara en contra de la Violencia por los Jóvenes, manifiestan su más absoluto repudio y preocupación por los diversos hechos de violencia institucional que se registran en la Provincia de Jujuy en los últimos tiempos.
Además remarcaron que no se trata de hechos aislados ni coyunturales sino de situaciones que se reiteran en diversos lugares de la Provincia y en el tiempo. Ello evidencia una profunda descomposición del sistema de seguridad pública que debe ser atendido de modo urgente mediante cambios estructurales capaces de revertir las prácticas autoritarias y antidemocráticas que atraviesan a todas las agencias vinculadas con el control social de la población, tanto administrativas como judiciales.
Años atrás el Grupo de Abogad@s de DDHH y otras organizaciones sociales de Jujuy reclamó la derogación inmediata de la inconstitucional Ley de Faltas que rige en la Provincia y que utiliza la policía para detener personas sin control judicial suficiente. Por otra parte recordaron que en un estado democrático de derecho el tratamiento de la criminalidad sólo puede llevarse a cabo mediante métodos transparentes, con la celeridad del caso, y por sobre todo mediante procedimiento legales.
Al mismo tiempo llamaron la atención sobre la alarmante incapacidad de las instituciones provinciales para dar un adecuado tratamiento a las demandas y problemáticas de orden social que subyacen a todos los hechos de violencia institucional que se denuncian y frente a las cuales se ofrecen como única salida la criminalización generalizada y en muchos casos ilícita de la protesta social y de los grupos más vulnerables de la sociedad.
El 22 de mayo pasado, organismos de DDHH de la Provincia de Jujuy presentaron un hábeas corpus colectivo con el objetivo de detener la violencia generalizada por parte de funcionarios policiales de la localidad de San Pedro de Jujuy. En ese contexto violencia institucional se produjo la muerte del joven Martín Gómez. Posteriormente se refirieron a una investigación carente de toda seriedad la investigación por este homicidio quedó archivada sin que se individualizara a los responsables de ese hecho.
Además recordaron que en la madrugada del domingo 12 de junio pasado se produjo en el barrio Villa Florida de Tilcara una razzia policial en un local bailable producto de la cual resultan detenidas más de 40 personas, en su mayoría jóvenes. Señalaron que este tipo de procedimientos que involucran detenciones indiscriminadas de personas fue objeto de severos cuestionamientos en la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso “Bulacio” por el cual se condenó al Estado argentino por violaciones a los Derechos Humanos. Como es propio de este tipo de procedimientos una parte importante de los detenidos fueron liberados siendo principalmente hijos de policías y de funcionarios de diferentes reparticiones públicas de Tilcara. Quienes quedaron alojados en la Comisaría fueron sometidos -según se denunció en la Secretaría de DDHH de la provincia- a torturas y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes por parte de los miembros de la fuerza policial.
En el mes de marzo del corriente año Jorge Zalazar murió dentro de un destacamento policial en el Barrio San Francisco de Alaba de la ciudad de San Salvador de Jujuy (Seccional N° 6) luego de recibir una golpiza por parte de policías.
En el mes de julio del año 2011, en la zona conocida como El Triángulo de la ciudad de Libertador General San Martín donde hubo decenas de heridos y perdieron la vida 4 personas en un enfrentamiento protagonizado por efectivos de la Policía de la Provincia de Jujuy. Estos hechos determinaron, en su momento, la renuncia del Ministro de Gobierno y Jefe de Gabinete de Ministros, Pablo La Villa. Según resolución judicial se imputó a los comisarios generales retirados Jorge Ayarde, Jefe de la Policía y Sergio Vilca, los comisarios mayores Fabián Sosa, Néstor Vera y Miguel Ángel Castro y los comisarios inspectores Federico Flores y Marcos Reyes la supuesta autoría de los delitos de Incumplimiento de los Deberes de Funcionario Público y Desobediencia Judicial.
Agregaron que resulta preocupante frente estas situaciones la falta de políticas de democratización de la Policía de la Provincia. Cabe recordar al respecto que la Policía de la Provincia de Jujuy contó hasta hace unos años, entre sus filas y en el máximo cargo de la institución, a una persona que actualmente se encuentra procesado por delitos de lesa humanidad en la Provincia de Catamarca. Asimismo, en la actualidad, esta institución tiene a su subjefe, entre otros de sus miembros de la fuerza, procesado por los hechos antes mencionados ocurridos en Libertador General San Martín en el año 2011.
Estas políticas no son ajenas a la justificación del Jefe comunal de Tilcara y las máximas autoridades de su partido en defensa de la actuación policial cuyas responsabilidades deberían haber solicitado previamente que sean investigadas frente a las denuncias efectuadas respecto del personal policial. Ni tampoco son ajenas a la criminalización de los jóvenes de su localidad a los cuales no puede dar otra respuesta más que la represiva. Ni tampoco a la reciente apología de una gesta genocida desfilando el 25 de mayo en la localidad de Tilcara.
Al mismo tiempo dijeron, es preocupante la falta de investigaciones judiciales serias y rápidas respecto de este tipo de delitos que involucran conductas atribuibles o toleradas por agentes del propio estado provincial y que compromete la responsabilidad internacional del Estado argentino por graves violaciones a la vida, la libertad y la integridad física de sus nacionales.
Es por ello que requeririeron de modo urgente al Gobernador de la Provincia de Jujuy, Dr. Fellner, al Ministro de Gobierno, Dr. Oscar Insausti, a los legisladores provinciales y a los integrantes del poder judicial, una transformación profunda, seria y con sentido democrático de las instituciones de seguridad.
Asimismo, instaron a estas autoridades al tratamiento de las problemáticas sociales y de los demandas de los grupos más vulnerables de la sociedad con un sentido amplio de justicia, superador de las respuestas represivas y punitivas que viene sosteniendo el estado provincial y más acorde con el paradigma de los derechos humanos.
Fuente:Las24hs.deJujuy
Envío:Agnddhh
San Salvador de Jujuy, 12 de junio de 2013
Es para 45 víctimas de abusos en comisarías
Resolución favorable de hábeas corpus para jóvenes de San Pedro
Ayer, martes 11, el Dr. Antonio Llermanos, juez del Tribunal en lo Criminal Nº 2 de esta capital, hizo lugar a la acción de Hábeas Corpus preventivo colectivo que fuera presentada por Organismos de Derechos Humanos de Jujuy, familiares y víctimas de abusos en comisarías de San Pedro.
La presentación judicial, que estuvo patrocinada por la Dra. Castillo del Grupo de Abogados de Derechos Humanos de Jujuy y la Dra. Chalup, fue resuelta favorablemente haciéndose lugar a la acción de hábeas corpus presentada por la Asociación “Ex presos políticos de San Pedro de Jujuy”, la Agrupación “24 de Marzo Nunca Más” de San Pedro de Jujuy, Asociación “Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos de Jujuy”, Asociación H.I.J.O.S- Jujuy y la Asociación “Ex presos políticos de Jujuy”.
En la resolución judicial el magistrado ordenó a las autoridades policiales que “deberán abstenerse de llevar a cabo actos de intimidación, persecutorios o de amedrentamiento respecto de cualquier ciudadano, haciéndoles saber que la única situación de excepción de actuación autónoma es la coacción directa administrativa en casos de flagrancia”.
Asimismo se dispuso remitir a los fiscales de la ciudad de San Pedro de Jujuy la resolución del hábeas corpus para su incorporación a las investigaciones que estén en trámite en esas fiscalías o se inicien las investigaciones correspondientes frente a la supuesta comisión de delitos en que habría incurrido el personal policial.
Entre los fundamentos, el juez señala la existencia de un patrón común en los procedimientos policiales que consiste en intervenciones que se reputan ilegales, como la aplicación de tormentos, amenazas, restricción de la circulación y detenciones reiteradas sobre las víctimas. Indica también que la persona detenida debe ser alojada en condiciones compatibles con su dignidad personal y que el Estado debe garantizarle el derecho a la vida y la integridad personal.
Por otro lado caracterizó a las víctimas que se vieron afectadas por el accionar policial como un grupo vulnerable a la violencia institucional, actos que deben ser prevenidos y eventualmente investigados.
En el hábeas corpus presentado se había señalado la necesidad de proteger a las víctimas y sus familiares frente a ilegítimas, arbitrarias e indiscriminadas persecuciones, restricciones de circulación, detenciones y apremios en comisarías registradas en forma sistemática y reiterada. Asimismo se agregaba que las mismas habían sido producidas por personal de la Policía provincial y que habían tenido lugar debido a la falla y/o ausencia de todo control administrativo y jurisdiccional serio por parte de los órganos del Estado provincial.
En este marco fueron citados a declarar, el Jefe de la Brigada de Investigaciones de la Policía, el Jefe de la Unidad Regional nro.2 y la Comisario de la Seccional Nro. 9, todos de la ciudad de San Pedro de Jujuy.
El Dr. Llermanos evaluó como insuficientes las explicaciones aportadas por el personal policial, así como la ausencia de toda documentación respaldatoria del accionar oficial como son las órdenes de detención escritas firmadas por un órgano competente. Por esto, concluyó el magistrado, no se encontraba justificado el despliegue del accionar policial denunciado.
Si bien la acción beneficia a 45 víctimas, los casos en San Pedro son muchos más y continúan las denuncias ante organismos de Derechos Humanos provinciales y nacionales por nuevos casos.
Envío:Agnddhh
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El dia viernes 14 de junio alrededor del mediodía un joven protegido por este mismo habeas corpus era detenido sin cargo alguno más que la famosa "averiguación de antecedentes" por el cuerpo de infantería y alojado en la seccional Nº 26 "Money" de Bº Belgrano.
Alrededor de medianoche, cuando los familiares pudieron tomar contacto con los organismos de derechos humanos, integrantes de estos salieron raudamente hacia la comisaria con una copia del habeas. Mientras esta era mostrada y se exigía la presencia del fiscal de turno se enteraban que no podían tomar contacto con el joven, esto es, en la práctica estaba incomunicado porque “no está el jefe”.
Los organismos de DDHH acudieron entonces a la Regional Nº 2 de San Pedro, donde el comisario de turno les informó que éste había quedado detenido “por orden del fiscal”. Recién cerca de las 3 de la mañana se pudieron comunicar con un ayudante del fiscal Resúa, Luis De Aparici, quien mencionó que el Hábeas no había llegado aún al tribunal, aunque admitió tener conocimiento de “un supuesto Hábeas Corpus Colectivo”, dato evidente, pues para ese momento la noticia del mismo ya había aparecido en todos los medios provinciales y aún en los nacionales.
El ayudante del fiscal se comprometió a dar la orden de liberación del joven, pero luego, pasado ya el mediodía, pudieron comprobar que el jóven seguía detenido, por lo que volvieron a llamar al mentado ayudante, quien aseguró haber dado la orden de liberación a la noche y que volvería a darla para que “inmediatamente le den la libertad”, cosa que al final terminó sucediendo, claro que tras 24 horas de ilegal detención.
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