Los negocios de Lorenzetti‏.

http://www.elvecinorosario.com.ar/2013/02/informe-los-negocios-de-lorenzetti.html

INFORME. Los negocios de Lorenzetti

Por Carlos Del Frade
Dos médicos rafaelinos están a punto de quedarse sin trabajo en el sanatorio propiedad de su padre, como consecuencia de una historia de negocios entre prestadores de salud privados, gerenciadoras del PAMI que participaron de su saqueo en los años noventa, una andanada de medidas judiciales hechas y no hechas, detrás de la cual se encuentra involucrado el actual presidente de la  Corte Suprema de Justicia de la Nación, Ricardo Lorenzetti. Gustavo Tita, cirujano plástico, y Luis Tita, anestesiólogo, están pidiendo que le reconozcan su participación accionaria en el Sanatorio Nosti, comprado por su padre, Rosario, en sociedad con su hermano, Plácido, en 1986.   

Sin embargo, la justicia de Rafaela, influida por los llamados del máximo responsable de los tribunales de la Argentina, todavía no ha decidido nada y con ello le permite al grupo encabezado por el primo de ellos, Carlos Tita, avanzar cada vez más en el control de las ganancias y del capital accionario de Tita S.A., que es una sociedad anónima familiar, dueña del Sanatorio Nosti de la ciudad de Rafaela. En esta crónica de casi veinte años aparece, repetidas veces, Lorenzetti y en los últimos capítulos, también su hijo Pablo. Una historia de pago chico que no solamente marca el pasado del Supremo sino también su presente. Vaya dedicada esta investigación al médico Héctor Santana que murió mucho antes de tiempo, combatiendo contra minorías con demasiado poder. Y también a los que a pesar de tener miedo son capaces de enfrentar cada día con la intención de cambiar algo de una realidad hecha a imagen y semejanzas de los que son pocos. 

El poder de Carlos Tita

Rosario y Plácido Tita eran hermanos y compraron el sanatorio Nosti en 1986. El primero era padre de siete hijos y el segundo, de Carlos, Estela y dos hermanos más todos  ellos médicos.

A principios del tercer milenio, antes del estallido de diciembre de 2001, comenzaron las acusaciones mutuas entre los integrantes de la familia no solamente por el capital social de la empresa sino también por la participación en las gerenciadoras del PAMI durante los años noventa y también a principios del nuevo siglo.

Denuncias cruzadas, solicitadas, cartas abiertas y conformación de un oligopolio de sanatorios que concentraba la mayoría de los servicios de salud en la ciudad de Rafaela, la llamada perla del oeste santafesino.

En su momento, alrededor del año 2004, Carlos había logrado que su primo Daniel –hijo de Rosario- y años después su hermana Ivana, también prima de Carlos, entregaran sus acciones a su favor, rompiendo el equilibrio fundacional y familiar de Tita S.A. que era el 50% accionario para cada familia, según lo acordaron Placido Tita y su hermano Rosario Tita.

El 9 de mayo de 2008, Carlos Tita por una orden judicial, logró le prohíban a sus primos Luis, Gustavo, Gloria, Cecilia y Sandra, actuar como socios con una simple medida cautelar y una irrisoria fianza de 60.000 pesos. Estos primos, a diferencia de Daniel e Ivana no le habían cedido sus acciones a Carlos y/o Estela. 

El abogado que lo representó a Carlos Tita era Lucas Marín, integrante del estudio de Ricardo Lorenzetti, hoy devenido en primer juez laboral de la ciudad. En fecha 12 de agosto de 2008 se pide que se levante esa gravísima prohibición que recién  en fecha 19 de octubre de 2011 el juez Elido Ercole admite el pedido y ordena el levantamiento, pero como es apelada esa resolución en fecha 2 de noviembre del mismo año, ello suspende el levantamiento de la cautelar, hasta que la Cámara de Apelaciones se pronuncie sobre el recurso.

Hoy aun está el expediente en la Cámara que todavía no se expidió y los primos siguen suspendidos en el ejercicio de sus derechos accionarios.  

A la fecha, en reemplazo de su padre, el representante legal de Carlos Tita y Tita SA, es ahora nada menos que Pablo Lorenzetti, hijo del presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Pero Carlos Tita avanzó más. Convocó a una asamblea de accionistas, el pasado 25 de octubre de 2012, de la cual no pudieron participar los cinco hijos de Rosario y decidieron reducirles el capital del 35 por ciento a solamente el 7 por ciento, mediante un aumento de capital del cual no pudieron participar.

Carlos Tita y Tita S.A., cuentan además con el asesoramiento del abogado especialista en sociedades de la ciudad de Buenos Aires, Ricardo Nissen. Sin la intervención y control de los cinco hermanos Tita que se oponen a esta forma de hacer negocios que viene desde los años noventa, Carlos ha constituido, prácticamente, ya no un oligopolio de la salud privada en Rafaela, sino de un verdadero monopolio.

En las próximas semanas, Gustavo y Luis pueden quedar en la calle, sin trabajo y afuera de la casa laboral de su padre.

“Nos preguntamos: ¿De qué nos servirá que se rechace la demanda principal, dándosenos la razón, si cuando se levante la cautelar los otros socios, actores en esa aventura judicial ya habrían obtenido lo que perseguían que era despojarnos de nuestro capital social?”, dicen Gustavo y Luis en una nueva presentación judicial. “¿Para qué querríamos nosotros ganar el juicio si de todas maneras ya habríamos perdido nuestra calidad de socios, al amparo de una mera medida cautelar? Cuando finalice el juicio, de todas maneras, ya habríamos perdido “legalmente” el 35 por ciento de nuestro capital social, reduciéndose al 7 por ciento nuestra participación accionaria en nuestra empresa familiar que nuestro padre y nuestro tío la constituyeron al 50 por ciento para cada familia…”, sostiene ese mismo documento.

Agregan que “la suscripción de las acciones del aumento de capital por todos o algunos de los accionistas que asistieron a la Asamblea General Ordinaria del 25 de octubre de 2012, desnudará la verdad de las cosas y pondrá en evidencia la maniobra de la que somos víctimas, ya que si tienen plata para suscribir el aumento de capital, tenían dinero para hacer un préstamo a Tita SA sin excluirnos a nosotros, sin dañar nuestro patrimonio y sin recurrir a ninguna institución bancaria”.

La suerte personal de Gustavo y Luis es algo más que una cuestión individual. Se trata de un castigo impuesto por sectores concentrados de la economía y la justicia que no pueden tolerar proyectos autónomos.

Ya sucedió con los integrantes de la Asociación Médica del Departamento Castellanos que se animaron a cuestionar las prácticas de un grupo de sanatorios más cercanos al negocio que a la salud. Cuando aquellos dirigentes le pidieron a este cronista hacer un libro de la experiencia gremial y política donde está incluido el rol de Lorenzetti como socio y permanente asesor de estos grupos dominantes, el resultado fue la intervención de la Mutual y el encierro de casi dos mil ejemplares en una habitación bajo llave del edificio, lugar donde siguen estando secuestrados en pleno tercer milenio. Una verdadera vergüenza para la cultura rafaelina en particular y argentina en general.

Tampoco es casual que en los últimos días, el viernes 23 de noviembre de 2012, el  diario “La Opinión”, de Rafaela, haya publicado una información titulada: “Primer fallo firme en Rafaela por reenviar e-mails injuriosos”. “Pocas semanas atrás –más precisamente a través de un fallo fechado el 16 de octubre último- se tuvo noticia de que la Corte Suprema de Justicia de la Provincia de Santa Fe, desestimó una queja planteada, y fijó una sentencia que constituye el primer fallo firme que se dictó en Rafaela por responsabilidad civil, de quien envía o reenvía contenido injurioso y/o calumnioso a través de medios electrónicos, más exactamente un correo electrónico (e-mail). Si bien aún se puede recurrir a la instancia superior que es la Corte Suprema de Justicia de la Nación, letrados ligados al caso desestimaron que esto pudiese ocurrir momentáneamente”, decía el diario. Agregaba que “el proceso que dio pie a lo citado anteriormente fue iniciado el 12 de abril de 2005 por los médicos Leonardo Luis Parra y Reynaldo Casabella contra un estudio jurídico de la ciudad, por resarcimiento de los daños que por calumnias e injurias les causó un e-mail que tuvo mucha difusión durante los meses de abril y mayo de 2002”, explicaba la publicación.

Médicos, sanatorios, negocios, prestadores del PAMI, causas judiciales, censuras y persecuciones forman parte del presente rafaelino.

Un presente que es hijo directo del pasado de Ricardo Lorenzetti.

Lo que sigue forma parte de una historia que va mucho más allá de peleas familiares y pagos chicos. Se trata de una matriz de construcción política y económica que tiene como base el negocio de la salud y como factor de desarrollo las relaciones judiciales.

Una nueva manifestación de la continuidad de los años noventa bajo un ropaje discursivo supuestamente progresista.

1994

El primero de marzo de 1994 los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro, integrantes de las sociedades propietarias de los sanatorios Parra, Nosti y Policlínico Rafaela, respectivamente, firmaron el contrato mediante el cual se constituyó “Asistencia Sociedad de Responsabilidad Limitada”. 

“ASIS SRL (su denominación en siglas) fue el paso inicial dado por los dueños de clínicas y sanatorios locales para gerenciar los contratos de las obras sociales. Y Lorenzetti ya estaba ahí. Según expresa la cláusula decimoquinta del contrato, el abogado estaba facultado por los socios para realizar trámites legales en representación de la flamante sociedad, tarea que compartía con el doctor Juan Carlos Gómez Galissier. El primero de noviembre del mismo año ingresa a Asis un nuevo socio: el doctor Reynaldo Casabella, en representación del Sanatorio Moreno. De esa manera la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud a nivel local. A la fecha de este acuerdo la sociedad ya gerenciaba el contrato de prestaciones del PAMI y de las obras sociales Osecac, Osplad, Seguros, Osinra y Ostel”, dice la excelente nota del periodista Gabriel Pecile, “Curriculum no autorizado del nuevo presidente de la Corte Suprema”, publicada en el periódico “El Tábano”, en noviembre de 2006.

“En el mismo contrato, los representantes de los sanatorios se comprometieron a celebrar en conjunto nuevos contratos de prestaciones y dieron el puntapié inicial para la conformación de un único sistema de prestación médica prepaga que años más tarde sería vendido a Sancor. Hasta entonces, en los contratos figuraban sólo los miembros de ASIS, más Casabella, pero no se incluían los demás socios de los sanatorios. Es decir: de ese negocio excluían a sus demás socios y lo hacían a expensas de estos.  Esta forma contractual, que habría sido sugerida y avalada por Lorenzetti, desataría más adelante una interna entre los socios de los sanatorios con planteos y denuncias ante la justicia”, sigue diciendo aquella crónica.

El 10 de enero de 1996 “las autoridades de las clínicas se comprometieron a llevar adelante” un plan de reducción de costos “derivados de la administración conjunta de los convenios, de los costos intersanatoriales” y “de los contratos que firmen para prestar servicios médicos”.

Según Pecile surgió una política de premios y castigos para los médicos en función del ahorro de la cápita que pudieran producir. “Es decir: castigos para quienes ordenaban estudios o análisis y, premios para quienes evitaban ordenar estudios o prácticas complejas. Ese contrato, claramente contrario a los derechos de los afiliados de las obras sociales, también surgió bajo el asesoramiento de Lorenzetti”, apunta el periodista.

El 16 de abril de 1994 terminaba ASIS y surgía APREME S.R.L. Lorenzetti dejaba de ser asesor y ahora era socio de esta gerenciadora, que recibiría una suma de 4 mil pesos mensuales como piso mínimo deducible de ganancias. Según el Foro de Estudios sobre la Administración de Justicia (Fores), “un primer análisis de esta estipulación parecería calificarla como violatoria de lo dispuesto en la ley de sociedades comerciales y sin ninguna razón aparente para ello, pues respecto de ninguno de otro socio se incluyó una cláusula semejante” y aclaró además que en las sociedades en que el abogado rafaelino no era socio, “era apoderado o asesor legal” y asimismo “era abogado de los distintos médicos miembros de las sociedades a quienes representó en juicios y luego –ejercitando representaciones de otros accionistas- demandó”.

El escrito menciona incluso “un posible conflicto de intereses en la actuación de Lorenzetti en el juicio Colomba vs. Barreiro, Luis María por mala praxis. El mismo documento de Fores resalta que “existió al menos una denuncia penal por defraudación formulada por el médico Gustavo Tita contra los socios de APREME con referencia a la relación PAMI-APREME”, sostiene la nota.

Agrega que en agosto de 2001, Lorenzetti le envió una carta documento a APREME: “Habiendo renunciado por razones personales a toda vinculación con esa empresa, deseo reiterarles mi deseo de no participar en ninguna gestión oficial o de mediación. Ruego asimismo que no se mencione mi nombre ni el de mi estudio en ninguna actividad que se realice”. 

“Nunca es demasiado tarde”

-Hoy no es ninguna novedad que más allá de los quirófanos y los consultorios, la salud esconde grandes y millonarios intereses. En un escenario paralelo corren la corrupción y los negociados, que han podido con la vida de grandes médicos como la de René Favaloro. De esta realidad no somos ajenos y dudosamente podamos desprendernos…Hoy ni los médicos, ni los sanatorios manejan sus patrimonios. Son manejados por sociedades o entidades intermedias. Son ellas las que deciden o dejan de decidir. Son ellas las que defienden o dejan de defender. Son ellas las que dicen cuánto, aunque casi nunca dicen cómo y por qué…hay que terminar con la indignidad de los sanatorios y los médicos…terminar con el reinado de administradores ricos y administradores pobres…-decía el cirujano Gustavo Tita, en una nota aparecida en el diario “Castellanos”, del sábado 29 de setiembre de 2001.

Su padre, algunos días después, escribiría: “Cuando alguna vez, luego de años de ahorro y sacrificio, invité a mi hermano (Plácido Tita) a comprar el Sanatorio Nosti en partes iguales, nunca imaginé que con el tiempo su familia comandada por su hijo Carlos Tita, realizarían inversiones en el sanatorio de la localidad de Sunchales, no solo dejándome de lado, sino sin decirme una sola palabra”, comienza la carta abierta escrita por Rosario Tita en octubre de 2001.

“Esta es sólo una foto de una historia que parece haberse prolongado en el tiempo. Una foto que no parece reconocer que alguna vez, cuando aquel sobrino era totalmente desconocido en el medio, le extendía mi mano y le brindé todo, aún enfrentándome con terceros, pero advirtiéndole que debía dejar especial lugar también al desembarco de mis hijos, por entonces futuros médicos. Debo reconocerle su competente capacidad médica y también que hizo mucho. Pero lo hizo como un traje a su medida y creció a su medida. Los negocios y las sociedades fueron hechos a su talla. Le fueron más útiles a él que al Sanatorio, a punto que le sirvieron para sus saltos hacia otras entidades. Quizás haya pasado mucho tiempo para enderezar ese curso”, seguía aquella carta.

“De hecho, el agudo conflicto interno que en los últimos años se viene manteniendo y que hoy tiene una carga inadmisible, es una consecuencia del fuerte arraigo del ejercicio de poder personalizado y de las costumbres que lo encubrieron, que naturalmente resisten y enfrentan a regañadientes su incipiente quiebre. Pero, pese a que ha pasado mucho tiempo, nunca es demasiado tarde, y esa es la instrucción que dejo a todos mis hijos”, sostenía Rosario Tita.

“A ellos les advierto que no se dejen usar ni apabullar con relatos de apocalipsis. Que no entren en los campos de las especulaciones, sino en el del esfuerzo cotidiano. El servicio, la dignidad y la honestidad son los baluartes más preciosos para sembrar y cosechar. Debe dejarse de lado el (des) orden actual de los negocios de la salud en esta ciudad y en la región. Debe procurarse un nuevo orden. Un orden que acompañe a los nuevos tiempos, pero que esté preparado para repeler la corrupción. Un orden a la medida de todos y no de unos pocos. Un orden mesurado. Un orden formalista, que es el ropaje del respeto que debe imperar hacia todos y cada uno”, agregaba la carta.

Terminaba diciendo que “a un cambio verdadero no se llega cambiando las caras de las distintas sociedades, ni acudiendo a vestiduras jurídicas diferentes. No se logra tampoco teniendo en miras grandes proyectos, sino que ello signifique confinar ambiciones. Los cambios verdaderos se advierten con el tiempo, pero tienen un inicio. Hoy les propongo una fuerte unidad, mirando hacia el futuro, sin rencores y como aquella vez, les extiendo mi mano”, finalizaba el documento. Rosario Tita y su hermano, Plácido, habían comprado el sanatorio Nosti en 1986. Los hijos de ambos continuarían con la empresa. Hubo cambios sociales en la firma, distintas estrategias jurídicas de por medio y Carlos Tita, hijo de Plácido comenzó a constituirse en la cabeza visible no solamente del sanatorio sino de la mayoría de los emprendimientos privados de salud de Rafaela.

A su lado, Ricardo Lorenzetti.

En forma paralela a estas luchas internas surgieron las prestadoras del PAMI, como APREME SRL –uno de los socios era Lorenzetti-, Prestadores del Noroeste Asociación de Colaboración Empresaria, Prestadores de Santa Fe ACE y ADS S.A., entre otras.

El negocio de la salud

“El negocio de la salud enfrenta una dura contienda de sectores. La posición implementada por la mayoría de la familia Tita, titulares del Sanatorio Nosti, difundida en las últimas horas, expone ante la opinión pública un duro cuestionamiento hacia quienes tienen en sus manos el manejo de la salud como elemento empresario en la ciudad. La situación no es nueva, pero amenaza con extenderse en los términos empleados hasta ahora”, decía el diario rafaelino “Castellanos”, el sábado 20 de octubre de 2001.

En la nota se hacía mención a declaraciones del cirujano plástico Gustavo Tita donde expresaba: “Es verdad que he intervenido e intervengo en esas instituciones intermedias y muchas veces se me ha arrancado la firma en cosas a las que no le daba importancia. Es verdad que he percibido sueldo de las mismas y es verdad que durante años he dejado hacer y he dejado pasar y que quizás debí haber comenzado antes con esta tarea” de denuncia. APREME SRL, apuntaba el diario, “es una sociedad conformada por los principales grupos sanatoriales de la ciudad para administrar las prestaciones que estos aportan al PAMI”, entre ellos el sanatorio Nosti (de la familia Tita), Clínica Parra, sanatorio Moreno y Policlínico Rafaela, “quienes se hicieron cargo de los servicios merced a su oferta ante el siempre cuestionado organismo nacional que debería ocuparse de la salud de los pasivos”.

El jueves 25 de octubre de 2001, el mismo diario publicaba la información que “Serán denunciados penalmente los administradores del convenio PAMI. Rosario y Gustavo Tita, entre otros, presentarán una denuncia en el juzgado de instrucción de turno para que se investigue la presunta comisión de los delitos de administración fraudulenta y coacción en el manejo de las empresas que están vinculadas a la explotación del convenio con el PAMI y otras obras sociales. Entre los involucrados está el intendente Ricardo Peirone, que hasta 1998 firmó los balances de la gerenciadora”.

Ese mismo día, Rosario, Gustavo, Ivana, Luis y Cecilia Tita publicaron una nueva solicitada  bajo el título de “Mienten”. Entre otros fragmentos aseguraban que “mienten si hablan de una disputa familiar o simplemente societaria. Aquí se esconden grandes intereses en los que intervienen médicos, contadores, abogados, entre otros, incluso el primer punto de nuestra petición fue excluir a Rafael Barreiro del manejo directo o indirecto, al menos del patrimonio de Tita SA y de la intermediación con las obras sociales y exigir formalidades y controles elementales en ese manejo”.

Remarcaban que “llaman enojos a los pedidos que hemos realizado de rendiciones de cuentas que han sido dolosamente incumplidas. Llaman inquinas personales a la política de transparencia que pretendemos instaurar en el negocio de la salud, del que se apoderaron hace años. Es esa hegemonía, rayana en lo delictual, la que intentamos quebrar, desbaratando la asociación que la maneja”. Terminaba diciendo la solicitada que “no hay nada que esperar (como dicen). El tiempo ya está descubriendo la verdad, aunque en Rafaela y en la región, la gente la sabe desde hace mucho”.

En aquellos días finales de octubre de 2001, el convenio con el PAMI estaba en manos del Prestadores del Noroeste, una Asociación de Colaboración Empresaria (ACE) que integraban seis sanatorios del departamento Castellanos y cuatro de Reconquista. Sus cabezas visibles eran Carlos Tita, Rafael Barreiro y Leonardo Parra y dos reconquistenses, Francisco Canaro y Mario Nardelli.

La nota del diario avanzaba diciendo que “en la última liquidación por las prestaciones al PAMI, Tita SA (es decir, Sanatorio Nosti) habría recibido un descuento de más de 50 mil pesos. Esos descuentos se aplicarían a todos los sanatorios participantes de la Asociación de Colaboración Empresaria por igual. Suman más de medio millón de pesos que periódicamente irían a engrosar las cuentas de la ACE, para un denominado Fondo Común Operativo”.

En otro fragmento de la información se lee que APREME tuvo originariamente siete socios: Carlos y Gustavo Tita, Leonardo Parra, Rafael Barreiro, Ricardo Lorenzetti, Reynaldo Casabella y Abdullatif. “APREME había nacido para gerenciar el convenio interasociativo sanatorial que unía a los principales sanatorios de la ciudad y que con el tiempo pudo consolidar una red de atención a obras sociales que prácticamente monopolizó el control del negocio de la salud en Rafaela”.

“De esa sociedad se desvinculó el doctor Ricardo Lorenzetti –quien incluso dejó de asesorar legalmente a las sociedades o a las personas involucradas en el control de cada una de ellas- lo que originó otro conflicto que podría tener sus propias derivaciones: el abogado que representaría a ADS sería Juan Carlos Gómez Galisier, un profesional que estaría, en este conflicto, de los dos lados del mostrador, ya que también es el abogado de Tita SA, empresa que recientemente le envió una carta documento a ADS para que ponga en claro las cuentas de la sociedad y el reparto de los dineros correspondientes a los convenios con diversas obras sociales”, sostenía la información.

El jueves 22 de noviembre de 2001, el mismo diario sostenía que “el conflicto de Tita SA lleva el negocio de la salud a la justicia. Se radicaron ayer las dos primeras denuncias penales”. Agregaba que el abogado penalista cordobés Carlos Palacio Laje, que alguna vez defendió a Carlos Menem, investigaba en Rafaela los manejos de una empresa. Se refería a Tita SA y también a APREME, Alianza Médica y Prestadores del Noroeste Santafesino en las cuales tenía participación.

-Acá hay una sociedad que es APREME que hace muchos años viene desplegando su actuación como administradora de capitales ajenos, en la cual han intervenido muchas personas, muchos médicos, en la cual, como mínimo, podemos hablar de serias desprolijidades y que requieren una pormenorizada atención de todo lo que ha sucedido. Acá hemos encontrado sobre todo ocultamiento de información – sostuvo Palacio Laje en una entrevista publicada.

-¿Qué tipo de ocultamiento? – preguntó el diario “Castellanos”.

-Por ejemplo, Gustavo Tita en su calidad de presidente de Tita SA, ha solicitado una rendición de cuentas específica y general a APREME y a Prestadores del Noroeste Santafesino ACE. Lo ha hecho como administrado que le pide informes al administrador. Esa rendición no ha sido entregada. Y si lo ha sido, ha intentado serlo de manera muy desprolija, de tal manera que mi cliente no la acepta como tal porque ha dejado un montón de ítems al descubierto…-respondió Laje.

Y agregó casi como una profecía: “Lamentablemente la fiscalía está bastante saturada, lo que me preocupa mucho porque este tipo de denuncia requiere investigaciones a través de medios y personal que, en caso de no encontrarse en el poder judicial, se complica bastante”. 

La suerte de una solicitada

El 18 de febrero de 2002, una solicitada aparecía en el Diario “Castellanos”, donde se podía leer: “El año pasado firmamos públicamente que “más allá de los quirófanos y los consultorios, la salud esconde grandes y millonarios intereses. Corroborando  esa patética realidad, esta semana el interventor del PAMI, José Corchuelo Blasco, ha reconocido públicamente la tremenda “corrupción” que rodea a esa entidad. Más aún, Blasco afirma en “La Nación” del 15 de febrero de 2002, página 15, “que este mes pagamos 100 millones de pesos en prestaciones y que no diré la cifra, pero gran parte de ese dinero quedó en manos de las gerenciadoras en vez de llegar a los beneficiarios del PAMI. Esa corrupción ha requerido necesariamente del accionar y la voluntad de quienes se ubican de ambos lados del mostrador. Esa misma situación se enmarcaría en las relaciones con otras obras sociales, fomentándose una cultura detestable”.

El escrito avanzaba diciendo que “ninguna de esas consideraciones resulta novedosa y entendemos que no existiría alguna razón por la cual Rafaela y/o esta región pudiera resultar una excepción. El “negocio” no es nada despreciable si se piensa, por ejemplo, que una entidad local como APREME SRL, sólo por su actividad intermediadora entre obras sociales y médicos/sanatorios, en sus ejercicios anuales números 2, 3, 4, 5 (este último cerrado el 31 de enero de 2001) ha blanqueado ingresos que ascienden a 14.163.104,46 pesos, es decir a un promedio de más de 3,5 millones de pesos por año”, afirma la solicitada.

“Todo un gran negocio si se piensa que sus socios Rafael Barreiro, Leonardo Parra, Carlos Tita, Reynaldo Casabella, Ricardo Luis Lorenzetti, Gustavo Tita y José Abdullatif, originariamente establecieron como capital social la suma de 10 mil pesos, integrando sólo el 25 por ciento de esa cantidad. Hace varios años un grupo de médicos, abogados y contadores, monopolizando los servicios, habrían operado despóticamente en los negocios de la salud. Su mejor protección ha sido la desprolijidad con la que habrían llevado adelante sus tareas y la desinformación a la que han sometido a médicos y pacientes, haciendo y deshaciendo a su más absoluta voluntad, bajo un detestable manto de indemnidad”, remarca el texto publicado en el diario.

“Nuestro objetivo es corregir esas “desviaciones” que han generado indignidad en los médicos y sanatorios, en un reinado de administradores ricos y administrados pobres. En ese rumbo, intentaron neutralizar nuestra posición con una deshonrosa campaña en nuestra contra, enfrentando a nuestra familia y excluyéndonos de donde han podido (como alguna vez anunciamos públicamente que lo haría) llegando a dudosas instancias judiciales. Hoy lo siguen haciendo, sólo por solicitar que se conozca qué destino ha tenido cada centavo del patrimonio ajeno que han administrado. Nosotros les decimos que seguiremos adelante, rodeados de los médicos y de la gente que nos acompaña cada día en un número mayor. El cambio que intentamos, no es fácil, pero de ninguna manera se logra con un nuevo nombre, ni con una modalidad societaria distinta. El primer verdadero cambio debe ser esclarecer aquellos hechos y juzgarlos”, decían Rosario Tita, Gustavo Tita, Luis Tira, Cecilia Tita e Ivana Tita.

Los dichos de Lorenzetti

El 4 de marzo de 2002, el entonces abogado Ricardo Lorenzetti, matrícula 22-12-78, folio 15, tomo III, escribió una carta dirigida a Rosario, Gustavo, Luis, Cecilia e Ivana Tita con el objetivo de responder la solicitada anteriormente mencionada.

Allí dice:”…Mi relación con vuestra familia y el deseo de mantenerla, hace que les escriba estas líneas para aclarar lo siguiente: 1)- Mi participación en APREME SRL, como lo hice saber en una nota dirigida a ustedes en otra oportunidad, ha sido como socio (no gerente), en un 4 por ciento y percibiendo una suma fija. Nunca tomé ninguna decisión vinculada a las prestaciones de salud, ni débitos, ni nada que pueda estar vinculado al trabajo médico. De eso hay suficientes elementos probatorios.2)- En octubre de 2000 renuncié a APREME SRL…”.

De tal forma se demuestra que Lorenzetti, efectivamente, era socio de la prestadora del PAMI. La parte final de la carta sostiene: “…El efecto general del comunicado es claramente injuriante para mi persona y deseo creer que no ha sido vuestra intención. Por ello solicito que tengan la buena voluntad de aclarar: 1) que no tienen ningún conflicto personal conmigo; 2) que me he desvinculado de APREME SRL hace un año y medio; 3) que nunca tuve participación de ninguna decisión vinculada al sistema prestacional; 4) que nunca cobré dinero relacionado con las prestaciones de salud; 5) que nunca he amenazado ni presionado a ninguno de ustedes. Creo que son personas de buena voluntad y comprenderán que es necesario que todos vivamos en paz y mantengamos nuestras buenas relaciones”, terminaba la nota.

A partir de ese momento, Gustavo y Luis comenzaron a ser apartados de las decisiones que se tomaban en su propio sanatorio y cobraban sumas muy bajas en relación a al volumen de prestaciones que se hacían.

Para ambos profesionales, Lorenzetti si cobró dinero relacionado con las prestaciones de salud (era uno de los siete socios fundadores de APREME SRL como él mismo lo manifestó) y están convencidos que su influencia en la justicia de Rafaela les impide protegerse de las maniobras que se hacen en contra de sus intereses.

Ellos señalan que muchos jueces y ex jueces de los tribunales confiesan tenerle miedo al teléfono que llama repetidamente desde Buenos Aires.

“Los que más ganan…”

Uno de los médicos que más enfrentó el proceso de concentración de prestaciones de salud privadas en pocas manos fue el doctor Carlos Chiapero.

Cuando estuvo en la comisión directiva de la Asociación Médica del Departamento Castellanos, le escribió una carta al doctor Leonardo Parra que resulta muy interesante para saber de qué se hablaba en torno a los negocios de la salud y las gerenciadoras como APREME de la cual era socio fundador, Ricardo Lorenzetti.

“Que APREME SRL es una sociedad lícita nunca lo hemos negado pero le recordamos su composición inicial (según el boletín oficial de fecha lunes 13 de enero de 1997): Leonardo Parra, Carlos Tita, Rafael Barreiro, Reinaldo Casabella, José Abdullatif y Ricardo Lorenzetti. Dicha sociedad es de personas y si bien los seis primeros son los principales accionistas de los sanatorios locales se trató de personas particulares tras un emprendimiento personal. Permítannos dudar sobre el hecho de que fue constituida “a instancias de los sanatorios”, como así también reiterar que las gerenciadoras como APREME son las que “menos riesgo corren, menos hacen y más ganan”. Coincidimos que los sanatorios y sus socios como todos los demás prestadores de la salud (médicos, bioquímicos, kinesiólogos, etc.) corren riesgos económicos y laborales, APREME SRL, no”.

“Que APREME SRL no es titular del convenio PAMI lo sabemos. Lo son algunos sanatorios de la Provincia de Santa Fe y por más que las Naciones Unidas aseguran la transparencia del procedimiento licitatorio, la realidad es que APREME intermedia entre ellos y los prestadores ya que facturas, notas de créditos y cheques son emitidos por APREME. Titulares del convenio son algunos sanatorios del Noroeste santafesino, pero intermedia APREME”.

“Sobre la supuesta realidad o irrealidad de las cifras que ustedes manejan queremos recordarles que son socios vuestros los que también las mencionan. Además no podemos dejar de citar lo dicho por el interventor del PAMI, José Corchuelo Blasco en febrero próximo pasado: “Este mes pagamos 100 millones de pesos en prestaciones. No diré la cifra pero gran parte de ese dinero quedó en manos de las gerenciadoras en vez de llegar a los beneficiarios del PAMI” (La Nación, 15/2/02). …”Nos resulta grata la noticia sobre el proceso de extinción de APREME pues creemos que en parte ello es fruto de nuestra lucha. Es de esperar que su espíritu no permanezca y adopte otras formas. Puede ser que las instituciones que nuclean a todos los prestadores de salud (Asociación de Clínicas y Sanatorios, Asociación Médica, Asociación de Bioquímicos, Kinesiólogos, etc) puedan administrar en conjunto y a partir de ahora los de por si escasos recursos existentes en salud de una manera transparente y equitativa como siempre lo han hecho…”

“Todo lo arriba expuesto es acorde al pedido de “respeto y dignidad” solicitado por ustedes. Teniendo en cuenta además la situación de crisis en que vive la población, no saldremos a la opinión pública sino que lo haremos a través de los medios internos de comunicación”, termina diciendo la carta firmada por Carlos Chiapero.

Mientras tanto, Lorenzetti llegaba la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

Lorenzetti presidente

El miércoles 15 de diciembre de 2004, el diario “Página/12”, informaba que  “tal como estaba previsto, el pliego de Ricardo Lorenzetti para ocupar el cargo de Adolfo Vázquez en la Corte Suprema fue aprobado ayer en la Comisión de Acuerdos del Senado. Durante una hora y media, el jurista santafesino respondió a las impugnaciones recibidas en su contra y al cuestionario elevado por los senadores y Organizaciones no gubernamentales”, decía la cabeza de la nota firmada por la periodista Adriana Meyer.

La crónica dice que “respecto de su doble nacionalidad (argentina e italiana), explicó que nunca ejerció sus derechos políticos fuera del país. Y agregó que nunca estuvo afiliado a partido político alguno. En todo momento se refirió al “señor Presidente”, tratando de tomar distancia dado que en las impugnaciones fue cuestionado por su amistad con el matrimonio presidencial”.

Agregaba que “los antecedentes académicos del candidato son abundantes, así como sus publicaciones. Y sus impugnadores utilizaron una de ellas, denominada “La empresa médica”, en la que queda expuesta su posición favorable al modelo privado de salud”, pero nada dijo –según la nota- en torno a su rol como apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los tiempos de Menem y Alderete.  “Con el apoyo de una computadora portátil, Lorenzetti admitió que tenía dinero depositado en el exterior y siguió respondiendo.

El senador Jorge Yoma destacó que su declaración jurada estaba en orden”, apuntaba el escrito.¿De dónde venía ese dinero que Lorenzetti admitió tener depositado en el exterior?¿De qué época? Hay un momento interesante: “Quien presidía en ese momento la sesión, el senador Norberto Massoni, abrió el debate permitiendo la participación de las organizaciones no gubernamentales, pero se encontró con la mirada del senador Nicolás Fernández, que con señas le pedía que cerrara el debate. Y así fue”, asegura Meyer. No hubo más preguntas para Lorenzetti.

El ex apoderado y socio de una de las gerenciadoras del PAMI durante los años noventa se aprestaba a formar parte de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y luego sería elegido presidente por dos períodos consecutivos hasta el año 2012.Jamás olvidaría quiénes impugnaron su designación.

Uno de ellos, la Asociación Médica del Departamento Castellanos. “Desde el año 1996 hasta el 2000, el abogado Ricardo Lorenzetti, propuesto hace unos días para ocupar un lugar en la Corte Suprema de Justicia; fue socio capitalista y fundador de una de las primeras gerenciadoras de salud en Rafaela: Apreme. Con un capital de 400 pesos, Lorenzetti comenzó a recorrer los pasillos de la medicina privada”, comenzaba la nota del diario “Castellanos”, del 19 de octubre de 2004.

Ocho años después, Lorenzetti acaba de ser reelecto como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación.

En ese tiempo las denuncias judiciales contra la Asociación Médica del Departamento Castellanos llegaron a sumar casi dos decenas.

Para los integrantes de la gremial esa persecución legal se debe, entre otras razones, a la carta enviada el 27 de octubre de 2004 al entonces Ministro de Seguridad y Derechos Humanos de la Nación, doctor Horacio Daniel Rosatti.

“En reiteradas oportunidades la presidenta del Programa Asistencia Médico Integral (PAMI), licenciada Graciela Ocaña, denunció el accionar de empresas gerenciadoras como intermediarias parásitas en el sistema de salud, atribuyéndoles a su desmanejo en la década del noventa, la crisis financiera que afrontó el Instituto. La licenciada Ocaña, quien cuenta con el aval del presidente Néstor Kirchner, debe enfrentar a diario los grupos de poder que operan en el PAMI, que transformaron la prestación de servicios en un negocio y que ocasiona graves perjuicios en la calidad de atención de sus afiliados”, decía uno de los párrafos de aquella carta.

El doctor Ricardo Lorenzetti “fue socio capitalista y fundador de una empresa gerenciadora de salud de Rafaela: APREME, constituida en el año 1996 y tuvo una activa participación durante cuatro años. Según consta en el acta constitutiva de dicha sociedad. Fuimos testigos del deterioro de la calidad de atención de los jubilados en nuestro departamento y apoyan nuestra impresión numerosas denuncias radicadas en la Agencia del PAMI de Rafaela. Además dejamos constancia de que como socio y abogado de la gerenciadora de salud de Rafaela APREME, operó ininterrumpida mente contra nuestra entidad gremial con demandas judiciales de todo tipo, por considerarnos competencia, a pesar de que nuestro fin no es el lucro. Si bien no podemos demostrar dolo ni ilegalidad en esta actuación del abogado rafaelino, lo consideramos moralmente inhabilitado para ejercer tan trascendente función en la Corte Suprema de Justicia de la Nación”, terminaba el escrito.

En el anuario 2004, el diario “Castellanos” resumió una serie de artículos en relación al doctor Lorenzetti y sus vínculos con las empresas de salud privada de Rafaela. “Lorenzetti participó de la elaboración de la ingeniería legal de un grupo societario de dueños de clínicas y sanatorios que durante años prácticamente monopolizó el negocio de la salud en la ciudad. De esta sociedad (constituida a principios de 1994) participaron inicialmente los médicos Leonardo Parra, Carlos Tita y Rafael Barreiro (integrantes de las sociedades propietarias de los sanatorios Parra, Nosti y Policlínico Rafaela, respectivamente). Más tarde se incorporó el doctor Reynaldo Casabella, en representación del Sanatorio Moreno. De esa manera la sociedad asesorada por Lorenzetti concentraba a las cuatro clínicas locales y pasaba a conformar una especie de monopolio en el negocio de la salud en Rafaela destinada fundamentalmente a gerenciar contratos de obras sociales haciendo de intermediaria entre éstas y los sanatorios”, apuntaba la nota.

Agregaba que “las autoridades de las clínicas se comprometieron “a dictar conductas prestacionales a los médicos que integran los planteles de sus respectivos sanatorios a los fines de bajar costos”.

De esta medida surgió lo que en los sanatorios se conocía como una política de premios y castigos para los médicos en función del ahorro de la cápita que pudieran producir. Es decir: castigos para quienes ordenaban estudios o análisis y premios para quienes evitaban ordenar estudios o prácticas complejas. Ese contrato, claramente contrario a los derechos de los afiliados de las obras sociales, también surgió bajo el asesoramiento de Lorenzetti”, afirmaba el diario. Vale reiterarlo.

“Finalmente el jurista fue socio de los principales dueños de clínicas y sanatorios rafaelinos en APREME, entre los años 1996 y 2000. Integró la sociedad con un 4 por ciento, participaba del reparto de las ganancias y tenía un ingreso fijo mínimo mensual de 4 mil pesos establecido en el contrato societario que él mismo redactó. APREME manejaba las cápitas de 20 mil jubilados, un negocio de unos diez millones de pesos (o dólares) al año. Los vínculos de Lorenzetti con las gerenciadoras fueron el argumento de las impugnaciones presentadas por la Asociación Médica del Departamento Castellanos y por el Foro de Estudios para la Administración de Justicia”, relataba el artículo.

El diario avanzaba en los contactos de Lorenzetti con los gremios de la ciudad, entre ellos la poderosa Unión Obrera Metalúrgica en tiempos del terrorismo de estado.

La nota recordaba que Lorenzetti fue el abogado patrocinante de la querella del ex intendente y luego diputado provincial del PJ, Ricardo Peirone, contra el diario “Castellanos”.

Terminaba la crónica agregando que “Lorenzetti fue asesor permanente de los doctores Parra y Barreiro, viejos dirigentes del peronismo en Rafaela. “En 1983 y 1987, tuvo activa participación en las campañas políticas e incluso, como lo señaló el entonces concejal peronista Aldo Camusso, en 1987 era el principal asesor legal de Rubén Pavetti, quien estuvo cerca de ganarle las elecciones municipales a Rodolfo Muriel…Las mismas fuentes revelaron que al crearse la Cámara de Apelaciones e incorporarse nuevos juzgados en Rafaela, se produjeron innumerables nombramientos de jueces. Muchos de ellos pasaron por el estudio jurídico del doctor Lorenzetti, quien bajo el padrinazgo de Parra (por entonces diputado provincial) decidía respecto de la suerte de los pretendientes a cubrir dichos cargos”, concluía la investigación periodística.

Una carta abierta al futuro integrante de la Corte…

“Recuerdo, doctor Lorenzetti, algunos momentos en que conversábamos hace muchos años (entonces el Mono y el Fito) en la tribuna del Club Atlético, en un recital de la señora Mercedes Sosa, recuperada o, en vías de recuperarse la democracia perdida. Recuerdo sus convicciones, que compartíamos en el deseo de cambiar el mundo, en los 70 u 80, aunque Usted señale en un reportaje, que el concepto de “setentista” ha perdido su significado. Porque de estos ideales hablábamos entonces…”, comenzaba diciendo la “Carta abierta al futuro juez de la Corte Suprema (acerca de la salud pública y la incoherencia de este gobierno)”, del doctor Rodolfo Enrico publicada en el diario “Castellanos”, el miércoles 3 de noviembre de 2004.

“…Usted asesoró al ex intendente municipal Ricardo Peirone hasta el nuevo período de Omar Perotti (al menos así se desprendería de su inclusión en el listado de prestadores del Municipio de Rafaela, decreto 511 de los últimos años). ¿Quién cree que un intendente elige para asesorarlo o defenderlo o patrocinar una causa judicial contra un medio periodístico que critica severamente algún aspecto de su gestión, a un abogado que no sea del palo? Usted también estuvo cerca del intendente, en la actividad empresarial de la salud. Actividad esta que pese a su legalidad, en muchos casos fue, objetiva y subjetivamente hablando, generadora de injusticias para con nuestros conciudadanos dado el modelo neoliberal, en aparente retirada, al que adhería…”, agrega la carta.

Cita en relación a los años noventa una frase de Alicia Stolkiner que dice que “el propio sistema de salud fue transformado para adecuarlo a la lógica del mercado…y tanto los trabajadores como los usuarios del sector fueron actores prácticamente mudos”.

Enrico recuerda que “en ese entonces, un grupo de luchadores gremiales de la salud veníamos sosteniendo un duro debate acerca de nombramientos en los cargos públicos de salud de familiares de caudillos o militantes locales y regionales sin concurso previo (en nuestra provincia este modelo de designación fue reinstalado a partir de la incipiente democracia). Más tarde debimos rechazar el modelo de sociedades administradoras y de gestión legalizado por Cavallo en plena década menemista, mediante el decreto 9.93 que dio origen al repudiable mecanismo de la intermediación, con fines de lucro que terminaría convirtiéndose casi en una constante obligada de inclusión en el mercado laboral para los médicos si queríamos sobrevivir…”.

El médico le recuerda dos cartas que le envió Lorenzetti. En una de ellas le dice que “APREME no es una intermediaria” y menciona un párrafo donde habla de “los mandatos de la ciencia de las organizaciones más modernas”.

Allí el ahora presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación hacía notar que “su inclusión como socio de la firma (APREME) es una modalidad de pago que se utiliza en la administración moderna…”.

Enrico afirma: “Cuestionamos su adhesión a un modelo que, a todas luces, hoy ha fracasado. Lo cuestionábamos porque sufríamos al saber que no era necesario ni oportuno”. Apuntaba que “a muchísimos empresarios de la salud les fue muy bien, viven y vivirán muy bien, fruto de sus legales actividades en la materia. Usted coincidirá conmigo que a muchísimos jubilados se les dio poco de lo que requerían si leemos como señalé, los medios de la época. Usted sabrá que contra ese modelo gerenciador – administrador se pronunciaron Ginés González García, el doctor Corchuelo Blasco, el doctor González Gaviola y hoy, la increíble sobreviviente Graciela Ocaña (rescatada su, creo, indiscutida honorabilidad y buenas intenciones). Ellos se pronunciaron acerca de ese modelo como “parasitario y otros calificativos”. Pero difícilmente podrán cortar las redes creadas. Ellos son representantes de un gobierno que hoy lo elige a usted para ser miembro del máximo organismo de la justicia nacional”, señalaba Enrico.

Envío:MedehsGoya