El juez de la Corte Suprema de Chile Sergio Múñoz decidió su extradición. Ahora una Sala Penal de la Corte debe ratificar ese fallo. Cómo ha sido la caída de un ex magistrado que supo tener mucho poder en la Justicia Federal y que huyó al vecino país para no ser procesado
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La caída del “Imperio” Romano duró varios años, pero hace tiempo dejó de ser el “emperador” que fue de la Justicia Federal, para transformarse en alguien que busca huir de ésta.
Su caída está relacionada con la decisión del kirchnerismo de avanzar contra los delitos de lesa humanidad, pero no sólo con los miembros de las Fuerzas Armadas, sino también con aquellos que colaboraron desde el ámbito civil, y ahí fueron varios los jueces que se sintieron en la mira.
Sin embargo, a Romano le costó sentirse dentro de ese grupo. Cuando los organismos de derechos humanos lo denunciaron en el Consejo de la Magistratura en diciembre de 2009, el todavía camarista federal adujo que era una presión en su contra por la Ley de Medios.
Sin embargo, en marzo de 2010, el ministro de Gobierno de Celso Jaque, Mario Adaro, también lo denunció ante el Consejo y le dio más fuerza al reclamo de destitución en contra del magistrado y de su par, Luis Miret. De hecho, ambos eran señalados por los organismos de no investigar delitos de lesa humanidad durante la última dictadura militar, pero también de trabar las investigaciones en democracia.
Eso sería sólo el principio para Romano, ya que en julio de 2010, el entonces fiscal Omar Palermo hacía su aparición y pedía que el todavía juez declarara en un centenar de casos. En el mismo escrito aconsejaba que se lo imputara como partícipe primario de todos los hechos que mencionaba en un escrito de más de 200 páginas, y en el que figuraban otros jueces. El juez Walter Bento le hizo caso y en agosto lo imputó.
A partir de ese momento, Romano comenzaría a usar toda una serie de mecanismos para frenar tanto la investigación en el Consejo de la Magistratura como en la Justicia, incluso llegó a obtener varios resultados favorables, pero no perduraron en el tiempo.
Por lo que en agosto de 2011, un día antes de que el Consejo de la Magistratura se reuniera para suspenderlo, como paso previo a la destitución y dejando libre a la Justicia para pedir su detención, Romano tomó un avión a Chile y en los primeros días de setiembre pidió asilo político.
Allí la historia no cambiaría. Argentina pidió su extradición, Romano aseguró ser un perseguido y fue el ministerio del Interior de Chile el encargado de rechazar el pedido y dejar que fuera la Corte Suprema de ese país la que definiera la extradición, recayendo el expediente en Sergio Múñoz, quien tras entrevistar a víctimas de la dictadura y al propio Romano, se volcó a favor de la extradición.
Ahora será el turno de la Sala Penal de la Corte la que deberá confirmar o revocar lo hecho por Múñoz.
Paso a paso de la causa
El inicio. A fines del 2009, los organismos de derechos humanos de Mnedoza denunciaron, ante el Consejo de la Magistratura, a los ex jueces Luis Miret y Otilio Romano por no haber investigado delitos de lesa humanidad cometidos entre 1975 y 1983. En marzo de 2010, el ex ministro de Gobierno, Mario Adaro, realizó la misma denuncia, con el fin de que se los destituyera de sus cargos.
Denuncia penal. En abril de 2010, ambos magistrados fueron denunciados ante la fiscalía de delitos de lesa humanidad, conducida en ese momento por el actual juez de la Suprema Corte, Omar Palermo. El letrado llevó adelante la investigación que lo enfrentó a los denunciados. Cuatro meses después el juez Walter Bento los imputaría a los jueces. El imperio Romano comenzaba a caer.
El escape. Ante la inminencia de que el Consejo de la Magistratura lo suspendiera, Romano huyó el 25 de agosto de 2011 a Chile, un día antes que se tomara la decisión. Allí, pidió refugio alegando que la Justicia argentina hacía una persecución política en su contra, al acusarlo de partícipe primario en 103 delitos de lesa humanidad.
En Chile. Ya destituido, Romano enfrentó el rechazo a su pedido de asilo político y tuvo que declarar en su proceso de extradición. A mediados de mayo, la fiscal Mónica Maldonado apoyó el pedido de la Justicia argentina, y ayer, el juez de la Corte, Sergio Muñoz, dictaminó la extradición. Ahora a Romano le queda apelar ante la Sala Penal, algo que debe hacer antes del lunes, sin embargo son pocas las posibilidades de que se revoque la decisión del juez.
Fuente:DiarioUnoMdza.
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