“Un servicio del pueblo para el pueblo”
“El pueblo es el titular único de la Justicia”, señaló el ex juez español Baltasar Garzón, quien habló durante la apertura de la jornada. Se rechazaron las cautelares que suspendieron la reforma del Consejo de la Magistratura.
Por Ailín Bullentini
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El movimiento “Justicia legítima”, a través de la palabra de sus más resonantes integrantes, presentó ayer su asociación civil en la ciudad de La Plata, en el segundo encuentro nacional que el colectivo concretó desde su lanzamiento. Esa “herramienta judicial” será “diferente de todas porque trabajará en beneficio de toda la sociedad”, destacó una de sus principales referentes, la procuradora general Alejandra Gils Carbó. El jurista español Baltasar Garzón, el miembro de la Corte Suprema de Mendoza Omar Palermo y el defensor general porteño Mario Kestelboim acompañaron a la jefa de los fiscales en la mesa de apertura del encuentro, coincidieron en la necesidad de promover una participación activa “de todos” en el debate acerca del funcionamiento del Poder Judicial.
“Quienes conformamos ‘Justicia legítima’ sólo concebimos al Poder Judicial como un servicio del pueblo para el pueblo”, resumieron los participantes en el documento final. El encuentro se realizó en el auditorio central del Teatro Argentino de La Plata y ocupó también el hall, donde se instaló una pantalla. Durante la jornada hubo rechazos a las medidas cautelares dictadas para frenar las reformas del Consejo de la Magistratura, a las denuncias contra Gils Carbó y los fiscales nombrados al frente de las nuevas procuradurías. También se escucharon exposiciones de referentes de trabajadores judiciales, fábricas recuperadas, colectivos de campesinos, pueblos originarios y la comunidad homosexual acerca de las dificultades que tienen para acceder a la Justicia.
La procuradora remarcó el crecimiento del movimiento surgido en diciembre del año pasado como trinchera de decenas de jueces, fiscales, defensores, abogados y empleados que reaccionaron contra la defensa que la “corporación judicial” se hace a sí misma. En ese marco mencionó la “importancia” de la flamante asociación civil sin fines de lucro que “será diferente de otras porque trabajará en beneficio de toda la sociedad” y estará integrada por miembros del Poder Judicial, pero también por trabajadores judiciales, que “no quieren ser un mero engranaje en un sistema judicial concentrado en las coimas mientras la realidad social pasa por otro lado”; organizaciones sociales, “los motores que están avanzando en la ampliación de derechos”, y la ciudadanía en general.
La defensora Stella Maris Martínez no pudo asistir por problemas de salud, pero en diálogo con Página/12 señaló que la nueva herramienta jurídica es “una invitación a todos a pensar en la Justicia” y significa “la concreción de uno de los fundamentos más importantes de este movimiento: que la Justicia debe ser pensada, discutida por toda la sociedad, algo que reforzará su condición de servicio público”.
“La participación ciudadana es fundamental para la construcción de ‘Justicia legítima’”, concluyó en este aspecto Gils Carbó, quien remarcó que el colectivo surgió para “reclamar un cambio cultural” en un sistema judicial que “ha quedado rezagado de las nuevas modalidades criminales del mundo actual”.
“El pueblo es el titular único de la Justicia, quien tiene que legitimar día a día su ejercicio. Los demás somos colaboradores o administradores”, coincidió Garzón, quien saludó la presencia de la “bandera de los pueblos originarios”, en referencia a la wiphala extendida por miembros del Instituto Superior Tupac Amaru, de esa organización social jujeña, que acercaron un documento al encuentro.
Garzón también se expidió sobre “el problema de la independencia” del sistema judicial ya que “hay que pensarla no sólo en términos de Estado, sino también de las corporaciones económicas e incluso interiores al sistema”. Gils Carbó se expresó en ese sentido al denunciar una “campaña contra la Constitución” de sectores que “no comprenden aún el cambio de paradigma”. El documento final de la jornada estuvo centrado en estas críticas.
Uno de los anuncios del día fue la presentación de la flamante titular de la asociación civil de “Justicia legítima”, María Laura Garrigós de Rébori. Otra novedad fue el espacio otorgado a representantes de sectores de la sociedad maltratados por el sistema judicial que fueron invitados a plantear brevemente sus realidades al respecto.
Luis Caro, referente de cooperativas de trabajo y fábricas recuperadas, se remontó a los tiempos en que los trabajadores de compañías “fundidas por sus dueños” tenían que “pedir permiso a un juez para poder trabajar, y muchas veces era denegado”. Afirmó que todavía “el único derecho inviolable es el de la propiedad privada” y reclamó a los magistrados “un poco de conciencia social”. “A nosotros muchas veces nos catalogan de usurpadores, y eso es no tener ni un poco de conciencia social.”
“Es la primera vez que nos llaman a debatir sin necesidad de que tengamos que patear las puertas de la Justicia”, destacó María Victoria Gauna, del Movimiento Nacional de Campesinos, que centró su exposición en el “avance sobre las tierras de campesinos y pueblos originarios a partir de leyes que todavía siguen vigentes” y las dificultades que deben afrontar los integrantes de este sector para “defender un pedazo de tierra cuando no existen papeles” de propiedad. “El acceso a los tribunales, cuando no difícil, es imposible”, sostuvo. Sobre los obstáculos en el acceso a la Justicia de los pueblos originarios también se expidió Lorena Gutiérrez Villar (Asociación de Abogados de Derecho Indígena), quien mencionó no sólo la “lejanía de los espacios físicos” sino también “la gran desconfianza” que los integrantes de esos pueblos sienten respecto de un “sistema judicial que no los comprende ni los respeta”. También ofrecieron su experiencia Marcelo Suntheim, de la Comunidad Homosexual Argentina, y Josefina Doz Costa, también abogada.
ALEJANDRA GILS CARBO
“Sabíamos que iba a haber reacciones”
Por Ailín Bullentini
La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, calificó al movimiento “Justicia legítima”, que integra desde sus inicios, como un “quiebre a la Justicia arcaica que reinó hasta ahora”. Confiada, contenta tras la concreción de un nuevo encuentro nacional del colectivo que surgió en diciembre pasado y que forma parte de la nueva fotografía del sistema judicial, reiteró en diálogo con Página/12 que el objetivo de la iniciativa, que ya existe como asociación civil, es imprimir un “cambio cultural” en la Justicia, que varios sectores siguen resistiendo. “No nos sorprende. Sabíamos desde el principio que iba a haber grandes reacciones porque las corporaciones que manejan los hilos de la Justicia se van a resistir con todas sus fuerzas”, expresó.
–¿Considera las denuncias penales contra usted y los fiscales nombrados en las nuevas procuradurías como reacciones contra el cambio cultural que busca “Justicia legítima”?
–El hecho de que haya 40 fiscales que estén denunciados nada más que porque creé nuevas procuradurías que intentan profundizar la atención sobre diferentes tipos de crímenes es un indicio de que algo no está funcionando. Los jueces deberían combatir el delito y no a los fiscales que combaten el crimen organizado. Como titular de la Procuración debo estar sometida a todas las investigaciones que se me quiera hacer, pero no voy a abdicar de los principios constitucionales que rigen mi gestión: la autonomía. Esa autonomía que fue reconocida por los constituyentes y es un logro del Estado de derecho que permitió que el Ministerio Público diseñe sus estrategias, sus políticas propias y tome la decisión de reforzar su actuación con la designación de fiscales ad hoc y subrogantes. Hay jueces y defensores subrogantes y ad hoc en el funcionamiento judicial que no están investigados ni denunciados, ni siquiera sospechados. Esto tiene que ver con el movimiento de “Justicia legítima”, que verdaderamente es un quiebre de la Justicia arcaica que reinó hasta ahora.
–¿Cuáles son las nuevas metas de “Justicia legítima”?
–Cuando empezamos pedíamos un cambio y ese cambio comenzó a aplicarse. Hay seis nuevas leyes aprobadas que en su momento el movimiento apoyó porque entendimos que estaban dirigidas a quebrar el funcionamiento corporativo de la Justicia. Pero es sólo el inicio. Plantemos un cambio cultural en la Justicia mucho más profundo, porque tenemos todavía una estructura decimonónica que no encuadra en la complejidad del mundo moderno. No sólo por el crecimiento exponencial del crimen organizado, que es global, sino porque hoy los dilemas sociales se visibilizan más que nunca porque ha crecido un paradigma igualitario. Aún hay sectores del sistema judicial que no lo comprenden.
–Los expositores en los paneles del encuentro llevaron deudas muy grandes del sistema judicial al debate: los trabajadores, los pueblos originarios y los campesinos en su reclamo de tierras. ¿Qué lugar tienen en el planteo de un nuevo sistema judicial? ¿Es suficiente el cambio cultural de la Justicia o se requiere también voluntad política?
–Esos referentes revelan cómo la respuesta de la Justicia ante sus reclamos siempre fue el de las puertas cerradas. El cambio cultural se trabaja principalmente desde el debate y también desde nuevas políticas. “Justicia legítima” está integrada también por ciudadanos y organizaciones sociales. Juntos trabajaremos este año, principalmente, en nuevos proyectos para ir avanzando hacia procesos más transparentes con participación ciudadana y con mayor oralidad.
Fuente:Pagina12
Envío:Agnddhh
31.05.2013
la procuradora Gils carbó criticó duramente la imputación en su contra por la designación de fiscalías ad hoc "Benefician al crimen organizado"
El segundo encuentro nacional de Justicia Legítima tuvo como invitado a Baltasar Garzón.
Hubo un documento final.
Por: Pablo Roesler
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El panel de apertura lo integraron también el juez español Baltazar Garzón, el juez federal de Mendoza Omar Palermo y el defensor general de la Ciudad de Buenos Aires, Mario Kestelboim. Y la participación ciudadana fue uno de los pilares del encuentro en el que, además, se presentó la Asociación Civil Justicia Legítima, que quedó encabezada por la presidenta de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional, María Laura Garrigós de Rébori y que incorporará en su comisión directiva representantes de esos otros sectores de la población.
El segundo Encuentro Nacional se realizó en Teatro Argentino de La Plata, en el que las 300 butacas de la sala Astor Piazzola se ocuparon de inmediato, mientras que una cantidad similar de personas siguió los oradores a través de una pantalla gigante instalada en el lobby. El presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1 de La Plata, Carlos Rozanski, fue el anfitrión, y tras agradecer el apoyo del secretario de Derechos Humanos de la Provincia, Guido Carlotto, anunció su renuncia a la Asociación de Magistrados y destacó que los juicios por los crímenes de lesa humanidad demostraron que "este es un país que sólo acepta vivir con la verdad, con la justicia y la reparación, y cultivando la memoria".
En la apertura, Gils Carbó remarcó el crecimiento del espacio desde el encuentro de febrero en la Biblioteca Nacional y repudió la denuncia por presunta designación irregular de fiscales impulsada por el fiscal Guillermo Marijuan que esta semana la Cámara Federal ordenó reactivar, a la que calificó como "una campaña contra la Constitución". "Atacar la autonomía y las funciones del Ministerio Público es atacar el artículo 120 de la Constitución Nacional", señaló. Y recordó que en esa denuncia están incluidos 40 fiscales subrogantes y ad hoc "denunciados penalmente por el solo hecho de que la procuradora general creó la procuraduría contra la narcocriminalidad, la procuraduría contra el lavado de dinero y el fraude económico, contra la trata de personas, contra la violencia institucional y la corrupción policial".
"No es un ataque a Gils Carbo. Esto ha sido un ataque contra nuestras instituciones donde el único beneficiado es el crimen organizado. Y quien está claramente perjudicado es la sociedad", aseguró.
La del juez español Baltazar Garzón fue una de las presencias destacadas. El magistrado dio su apoyo a los principios de Justicia Legítima, de la que pidió ser socio, y se manifestó a favor de la elección democrática de los jueces. "El Consejo de la Magistratura es el órgano en el que los ciudadanos se sienten representados", dijo, y explicó: "Si los ciudadanos estamos preparados para elegir a quienes nos conduzcan en la tarea tan delicada de presidir un país, no acabo de entender por qué los jueces no pueden ser elegidos de manera democrática."
El documento final del Encuentro recogió el sentido de esas opiniones. Puso el énfasis en la democratización de la justicia a través de la elección ciudadana de los consejeros para el Consejo de la Magistratura, rechazó las oposiciones que despertó, y puntualizó en la concepción del Poder Judicial "como un servicio del pueblo para todo el pueblo". También destacó la promulgación de las leyes para la democratización de la justicia a las que calificaron como "un andamiaje básico" en ese proceso.
"Concita nuestra preocupación el rechazo pertinaz de una parte de la magistratura y de la abogacía al incremento de la presencia de la voluntad popular en la elección de aquellos que integrarán el Consejo de la Magistratura", señaló el documento y aclaró que esa oposición exhibe "la impronta monárquica que todavía coloniza el pensar y el hacer de muchos magistrados".
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
La Plata
Gils Carbó aseguró que desde la asociación Justicia Legítima “se trabaja para los ciudadanos”
La Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, aseguró que Justicia Legítima "está creciendo en todo el país y hoy somos un gran espacio que trabaja en beneficio de los ciudadanos", al realizar en La Plata la presentación formal de la organización como una asociación civil sin fines de lucro.
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El encuentro se desarrolló en el Teatro Argentino y estuvo abierto al público para debatir sobre el proceso de democratización de la justicia, al tiempo que se eligió a María Laura Garrigós de Rébori, titular de la cámara de apelaciones en lo Criminal Correccional, como presidenta de la flamante Asociación Civil.
La apertura estuvo a cargo de la Procuradora Gils Carbó, junto al ex juez Baltasar Garzón, el juez de la Corte Suprema de Mendoza, Omar Palermo y el Defensor General de la Ciudad, Mario Castelbou.
La Procuradora destacó que el espacio tiene como objetivo "habilitar la participación ciudadana como factor esencial para mejorar la administración de justicia" y convocó "a todos los ciudadanos que penan por el reconocimiento de sus derechos" a participar de la organización.
Sostuvo que con iniciativas como estas "buscamos un cambio cultural", aunque reconoció que en los últimos tiempos "creció el paradigma igualitario que a veces en la justicia no se refleja".
Dijo que "somos testigos de una campaña contra la Constitución” y agregó que “cuando quieren atacar al Ministerio Público están atacando a la Constitución y entregándola al crimen organizado”.
Como ejemplo recordó que "denuncian penalmente a los fiscales y a la Procuradora General por crear unidades de lucha contra la narcocriminalidad, el lavado de dinero y el fraude económico, la trata de personas y explotación sexual, la violencia institucional y la corrupción policial".
En tanto, el jurista español Baltasar Garzón aseguró que apoya la reforma judicial argentina por considerarla una iniciativa “necesaria” y dijo que “debe ser el comienzo de una profundización democrática de la Justicia, que debe estar de cara a los ciudadanos”.
Esta reforma judicial recién salida del horno no tiene trampas. ¿Por qué se quiere mantener un sistema que no responde a las necesidades de los ciudadanos? Si somos capaces de contestar esa pregunta, tenemos resuelto el problema.
Por su parte, el juez federal de La Plata, Carlos Rozanski, dijo a Télam que “este segundo encuentro es importante porque ya no es de opiniones individuales de gente que quiere hablar sino básicamente para mostrarle a la sociedad el nivel de horizontalidad que tiene esto”.
Agregó que “el camino hacia la justicia democrática es irreversible y el encuentro de hoy es una prueba de ello” y evaluó que “no se puede construir una justicia democrática, que esté al mismo nivel que la gente, no más arriba, si en esa construcción no se incluyen quienes históricamente han sido excluidos”.
Durante la jornada, representantes de fábricas recuperadas, movimientos campesinos, pueblos originarios y de la Comunidad Homosexual Argentina, entre otros, expusieron en un panel sobre `Acceso a la Justicia´.
Otro panel con representantes del encuentro para la Militancia Judicial, de la Comisión Interna de empleados del Ministerio Público y del Frente Trabajadores Judiciales Nacional y Popular, participó del panel `Trabajadores de la Justicia´.
En el cierre, se presentó el movimiento Justicia Legítima, integrado por magistrados, jueces y empleados judiciales, como asociación civil.
Garzón: "La Justicia debe estar de cara a los ciudadanos"
El jurista español Baltasar Garzón ratificó su apoyo a la reforma judicial argentina y dijo que esta iniciativa “debe ser el comienzo de una profundización democrática, que debe estar de cara a los ciudadanos”.
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Sostuvo que “la Justicia, para ser tal, tiene que legitimarse día a día. Esa práctica no puede ser hecha desde la corporación y hacia adentro sino desde la sociedad, porque en su nombre se administra”.
“Si los ciudadanos elegimos a quienes nos dirigen desde el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, no se puede cuestionar que el organismo de los jueces sea electo democráticamente”, precisó Garzón y afirmó que “me fío menos de un poder corporativo y oscuro que cuando esa transparencia está”.
Evaluó que “esta reforma judicial recién salida del horno no tiene trampas” y analizó que "la Justicia transparente, próxima, gobernada por el pueblo a través de quienes sean elegidos es necesaria".
Graficó que “la participación de los ciudadanos en las estructuras del gobierno judicial es necesaria como es necesario diseñar un sistema de acceso igualitario que favorezca el mérito porque todo ello redunda en beneficio de la sociedad”.
Insistió en que “si el pueblo tiene capacidad, legitimidad y derecho de designar a quienes los dirigen, ¿por qué no la tendría para decidir quienes gobiernan al Poder Judicial que es del pueblo?”.
Subrayó que "no es fácil penetrar en una corporación, porque nadie cede cuando cree que pierde algo" y evaluó que "aquí quien gana es la sociedad".
"Romper con ese status quo puede llevar décadas. El poder Judicial en cualquier país es el núcleo que tiene mayor incidencia en las vidas de hombres y mujeres", dijo y consideró que "es necesario dotarlo de máximas garantías para que pueda desarrollar su labor con independencia e imparcialidad, pero de cara a la sociedad".
Remarcó que "quiero que la justicia sea transparente, que me justifiquen si me quitan un derecho o no me lo reconocen. Y eso es lo que durante mucho tiempo los jueces no han sabido hacer. Esa es la urgencia de una reforma para que la justicia baje de esa especie de atalaya en la que está".
Fuente:Telam
Fuente:Agnddhh
Avance sobre la Justicia
Sábado 01 de junio de 2013
Gils Carbó: "Cuando atacan al Ministerio Público atacan la Constitución"
En un encuentro de Justicia Legítima volvió a defender la "democratización" judicial
Por María José Lucesole
LA PLATA.- La procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, instó ayer a cientos de magistrados y funcionarios del Poder Judicial que integran la agrupación Justicia Legítima a apoyar la denominada "democratización" judicial.
"Tenemos que ir incorporando sistemáticamente este cambio de paradigma", dijo la procuradora, ante un auditorio repleto de funcionarios identificados con las políticas oficiales, en el Teatro Argentino.
Gils Carbó abogó por "el cambio de una nueva Justicia para la democracia". y dijo que ese espacio tiene como objetivo "habilitar la participación ciudadana como factor esencial para mejorar la administración de justicia". Convocó "a todos los ciudadanos que penan por el reconocimiento de sus derechos" a participar de la organización" y argumentó que la iniciativa busca "un cambio cultural".
Por cuerda separada, denunció que "cuando quieren atacar al Ministerio Público están atacando a la Constitución y entregándola al crimen organizado".
Gils Carbó estuvo acompañada por el ex juez español Baltasar Garzón; el juez de la Corte Suprema de Mendoza, Omar Palermo, y el defensor general de la ciudad, Mario Castelbou.
Al apoyar la reforma judicial, Garzón la consideró necesaria. Y afirmó que "debe ser el comienzo de una profundización democrática de la Justicia, que debe estar de cara a los ciudadanos; esta reforma judicial recién salida del horno no tiene trampas", sostuvo. Por su parte, Palermo dijo que Justicia Legítima "interpela al sistema desde adentro".
Durante la jornada, expusieron representantes de fábricas recuperadas, movimientos campesinos, pueblos originarios y de la Comunidad Homosexual Argentina, integrantes de la agrupación Militancia Judicial, y empleados del Ministerio Público, entre otros.
Pero no todos son apoyos para la reforma judicial: la Asociación de Magistrados y Funcionarios Jubilados y Pensionados del Poder Judicial bonaerense expresó sus observaciones. Señaló su disposición "de actuar en cumplimiento del compromiso ciudadano y estatutario de contribuir al respeto de la Constitución en todos sus aspectos, especialmente en los referidos a la independencia del Poder Judicial, en la convicción de que es imperioso evitar cualquier atisbo de desprecio por la ley y el Estado de Derecho que es su consecuencia".
En tanto, el Colegio de Abogados bonaerense promovió una demanda para declarar la inconstitucionalidad de varios artículos de la ley 26.855.
El planteo recayó en el Juzgado Federal N° 2 de La Plata, a cargo del juez Adolfo Ziulu. La agrupación, que reúne a 65.000 abogados, se basó "en la transgresión, de manera flagrante, del artículo 114 de la Constitución Nacional para la composición y el funcionamiento del Consejo de la Magistratura y en la vulneración en forma concreta del derecho constitucional de los abogados de la matrícula federal de participar, mediante una representación genuina, en la composición del Consejo de la Magistratura".
Fuente:LaNacion
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