Año 6. Edición número 265. Domingo 16 de junio de 2013
Por Daniel Cecchini
dcecchini@miradasalsur.com
En su declaración –la primera que toma Ercolini desde que está al frente de la causa–, Papaleo ratificó que en 1976 tuvo que desprenderse de las acciones de la empresa, vendiéndolas a precio vil a los dueños de Clarín, La Nación y La Razón, luego de haber recibido presiones y amenazas de muerte. Relató también la reunión de la que participó la noche del 2 de noviembre de 1976 en las oficinas de La Nación, cuando Héctor Magnetto, en su carácter de directivo de Clarín, le dijo: “Firme, o le costará la vida de su hija y la suya”. En la causa están imputados, entre otros, Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Peralta Ramos. El dictador Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, escaparon con sus muertes a la acción de la Justicia. Lo mismo sucedió con Patricio Peralta Ramos, dueño de La Razón.
La maniobra de apropiación formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y los representantes de los grupos mediáticos más grandes del país. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, por su parte, exigían no sólo una prensa silenciada mediante la censura, sino medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón y, a cambio de ello, recibieron el monopolio del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión. La complicidad entre los tres diarios y la dictadura fue admitida, en testimonios obtenidos por la periodista Graciela Mochkofsky, por el entonces presidente del diario La Razón, Patricio Peralta Ramos, y por el secretario general de la Presidencia de Videla, general Rogelio Villarreal.
En su defensa, Clarín sostiene que “la compraventa se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época”. “(...) los Graiver estaban libres: no habían sido secuestrados ni torturados ni amenazados por la dictadura gobernante”. Lo que Clarín no dice es que la noche del 2 de noviembre de 1976, los integrantes de la familia Graiver fueron separados y apretados en las oficinas del diario La Nación. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S.A. (la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos). Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa) quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue apretada para que firmara un boleto de venta por menos de un millón de dólares, de los cuales sólo recibió 7.200 al firmar. La viuda de Graiver ya había recibido varios avisos amenazantes desde su regreso al país, en septiembre de ese año. Pedro Martínez Segovia, presidente de Papel Prensa y primo de Martínez de Hoz, le había dicho: “Quiero que sepa que no puede vender Papel Prensa ni a judíos ni a extranjeros”.
Francisco Manrique le había anunciado que la Junta Militar no quería que Papel Prensa quedara en manos de los Graiver, que querían borrar al grupo del mapa empresario del país. Héctor Magnetto le había exigido que firmara la venta para salvar su propia vida y la de su hija. Y esa noche del 2 de noviembre, al salir de la reunión, Bernardo Sofovich, abogado de Ernestina Herrera de Noble, le advirtió: “Usted ahora se va de acá. Tome un avión a donde pueda, y que después alguien se ocupe de su hija, pero váyase ya”. Los argumentos de Clarín banalizan una época de absoluto terror a la que se sumaban claros rasgos antisemitas: ninguna “transacción comercial” en la que mediaran los genocidas, en alianza con las mismas empresas periodísticas que convocaron al golpe y aplaudieron a los golpistas una vez en el poder, pudo tener el más mínimo viso de “normalidad”.
En su edición del viernes pasado, La Nación señaló que, durante la audiencia, se le había mostrado a Lidia Papaleo un recibo con su firma que indicaba que había cobrado dinero por la transferencia. Lo que la nota sin firma de La Nación no dice es que Lidia Papaleo sólo cobró 7.200 dólares a la firma del boleto –que firmó bajo amenaza de muerte– y que fue lo único que alcanzó a recibir hasta que grupos de tareas de la dictadura la secuestraron, junto a familiares y otros integrantes del Grupo Graiver, en marzo de 1977.La Nación tampoco señala que el boleto de compraventa que Papaleo y los restantes miembros del Grupo Graiver se vieron obligados a firmar la noche del 2 de noviembre de 1976 establecía la suma de 996.000 dólares por la transferencia a los tres diarios de 958.907 acciones Clase “C” y 3.800.000 acciones Clase “E”, que en ese momento tenían un valor de mercado de casi 4 millones de dólares. Entre 1972 –cuando adquirió la empresa– y 1976, cuando debió venderla bajo presión, el Grupo Graiver llevaba 15 millones de dólares invertidos en Papel Prensa.
La declaración de Lidia Papaleo de Graiver ante el juez Ercolini marca un paso significativo en el avance de una causa que parecía paralizada. A medida que avance la investigación, se reúna la documentación y se tomen nuevos testimonios, quedará cada vez más claro que se trató de un delito de lesa humanidad y, por lo tanto, de un crimen imprescriptible cometido por civiles y militares. Y se podrá esclarecer, finalmente, qué papel tuvieron en él no sólo sus autores materiales y sus jefes militares sino también los dueños y directivos de dos de los diarios más importantes de la Argentina.
Fuente:MiradasalSur
16.06.2013
los defensores de Magnetto, Herrera de Noble y Mitre apelaron a los mismos argumentos de la dictadura Clarín busca trabar la causa Papel Prensa
La estrategia de los abogados apunta a delimitar el debate a la cuestión económica por las acciones de la papelera.
La viuda de David Graiver ratificó todos sus dichos y recordó el acoso mediático que los Graiver y ella tuvieron que padecer antes de firmar presionados el traspaso de la mayoría accionaria de Papel Prensa, a manos de los tres diarios, en noviembre de 1976, en las oficinas del diario de Julio César Saguier.
Por el tono y el contenido de las preguntas de los letrados progresistas que defienden los intereses de los empresarios que fueron socios y voceros de la dictadura genocida, todo indica que la estrategia de los entenados de Magnetto sería delimitar su sistema argumentativo en torno a la cuestión económica.
En el marco de esa carrera desesperada por evitar la indagatoria y el potencial procesamiento que podría sobrevenir, intentaron presentar y exhibir en la audiencia sin éxito una fotocopia no certificada de un recibo de FAPEL por la suma de 149 mil dólares, fechado el 25 de enero de 1977. Lo que produjo el inmediato rechazo de parte de los querellantes, representados por Luis Hipólito Alen, de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación; y Héctor Jorge Rodríguez, patrocinante de Papaleo.
De igual forma se manifestó el fiscal Eduardo Taiano, hecho que provocó la queja de los representantes de quienes están denunciados por el Estado por haber incurrido en delitos de lesa humanidad en la apropiación ilegal de la empresa productora del insumo básico de papel para diarios.
Mientras Lidia Papaleo intentaba explicarle al juez el sismo familiar y personal que le causó la repentina muerte nunca esclarecida de su marido, "Dudi" Graiver, en agosto de 1976, durante un vuelo privado de Nueva York al Distrito Federal, en México; los defensores de Magnetto, Mitre y Herrera de Noble, insistían con el vínculo financiero que mantuvo en vida Graiver con la guerrilla de extracción peronista Montoneros.
Un hecho notable porque pareciera la misma argumentación política e ideológica que usó la dictadura a través del represor Ramón Camps y su ladero Miguel Etchecolatz.
Esa acusación fue unas de las excusas que había elegido el terrorismo de Estado para secuestrar a Lidia el 14 de marzo de 1977, apenas cuatro meses después de que firmara el traspaso de acciones de Papel Prensa a favor del actual monopolio mediático Clarín.
De esa forma los dictadores y sus socios civiles hallaron un argumento para despojar de la ciudadanía a los Graiver, torturarlos, quitarles todos sus bienes materiales, y junto con Lidia colocarlos en el ámbito de un Consejo de Guerra, que cumplió paso a paso con el papeleo burocrático de aquel Ejército de criminales.
Pese al acoso inquisidor de los defensores de los imputados, Lidia Papaleo, la víctima de esta historia, que estuvo seis años presa en manos de los dictadores, reiteró ante el juez el misterioso accidente automovilístico que sufrió Jorge Rubinstein –ex mano derecha de Graiver– pocos meses antes de ser secuestrado y torturado por la patota de nazis del centro clandestino de detención Puesto Vasco.
Rubinstein murió en los camastros de tortura el 4 de abril de 1977. Camps falsificó la autopsia. Clarín y La Nación taparon ese brutal homicidio que llevaba impreso la indudable matriz antisemita de ejecutores y favorecidos.
En este sentido, Papaleo subrayó ante Ercolini el diálogo que mantuvo con Pedro Martínez Segovia –un personaje que respondía a los intereses del ideólogo del despojo, el recientemente fallecido José Alfredo Martínez de Hoz–, quien le dijo que tenía que vender Papel Prensa y que la orden que él tenía era que la compañía tenía que pasar a manos de empresarios argentinos, "no judíos".
Lidia señaló que esa reunión con Martínez Segovia se produjo entre el 20 de septiembre y octubre de 1976, antes del traspaso a favor de Clarín, La Razón y La Nación, el 2 de noviembre.
Fuente:TiempoArgentino
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