La confianza de los consumidores en Uruguay disminuyó 1,4 por ciento en mayo frente al mes anterior por un empeoramiento de la percepción económica personal y una menor predisposición a comprar bienes durables.
El Indice de Confianza del Consumidor (ICC), que elaboran la Universidad Católica (UCU) y la consultora Equipos Mori, se mantuvo en una zona de "moderado optimismo", reseñó hoy la prensa local.
La baja mensual se explicó por un descenso en los subíndices de la Situación Económica Personal actual (-6 por ciento) y de la Predisposición a la Compra de Bienes Durables (-5,9 por ciento).
Esos subíndices evolucionaron "posiblemente influidos por la depreciación de la moneda en el mes" (+7 por ciento), especuló el informe.
El descenso de los subíndices se compensó por una mejora de la percepción de la Situación Económica del País (+4 por ciento).
En tanto, las expectativas de inflación cayeron respecto al mes anterior (-1,6) mientras las de desempleo volvieron a incrementarse (+2,1). A lo largo de 2012, el ICC cayó 3,2 por ciento, resultado que se explicó en una menor predisposición a la compra de bienes durables.
El Indice de Confianza del Consumidor (ICC), que elaboran la Universidad Católica (UCU) y la consultora Equipos Mori, se mantuvo en una zona de "moderado optimismo", reseñó hoy la prensa local.
La baja mensual se explicó por un descenso en los subíndices de la Situación Económica Personal actual (-6 por ciento) y de la Predisposición a la Compra de Bienes Durables (-5,9 por ciento).
Esos subíndices evolucionaron "posiblemente influidos por la depreciación de la moneda en el mes" (+7 por ciento), especuló el informe.
El descenso de los subíndices se compensó por una mejora de la percepción de la Situación Económica del País (+4 por ciento).
En tanto, las expectativas de inflación cayeron respecto al mes anterior (-1,6) mientras las de desempleo volvieron a incrementarse (+2,1). A lo largo de 2012, el ICC cayó 3,2 por ciento, resultado que se explicó en una menor predisposición a la compra de bienes durables.
Fuente:Argenpress
causas por delitos de lesa humanidad
Advertencia de la ONU por fallos de la Corte uruguaya
Un grupo de expertos de las Naciones Unidas mostró ayer su preocupación por las recientes decisiones de la Suprema Corte de Justicia de Uruguay, que cerró dos causas en las que se investigaban los delitos de torturas, desapariciones forzadas y asesinatos cometidos durante la dictadura (1973-1985). La máxima instancia judicial uruguaya declaró inconstitucional una ley aprobada en 2011, que impedía la prescripción de los delitos cometidos por uniformados durante el último régimen cívico-militar, por lo que aquellos crímenes podrían quedar impunes precisamente por prescripción y las causas archivadas.
"Los Estados tienen la responsabilidad de cumplir con sus obligaciones de investigar y juzgar a los responsables por las atrocidades que constituyan crímenes conforme al Derecho Internacional, dijeron los expertos de la ONU. El relator especial sobre la Promoción de la Verdad, la Justicia, y la Reparación, Pablo de Greiff, destacó especialmente que –cuando media la firma de tratados internacionales– no hay ninguna disposición legal o práctica nacional que pueda ser invocada por un Estado como excusa para no avanzar con las investigaciones de crímenes. Es decir, ninguna ley interna puede estar por encima de un tratado internacional.
"Resulta preocupante que aún permanezcan impunes los crímenes cometidos durante los años de la dictadura y que las vías de acceso a la justicia y a la compensación de las víctimas y sus familiares aparentemente se vuelvan a cerrar" con las decisiones adoptadas por la Suprema Corte, señaló De Greiff. Asimismo, el relator especial sobre la tortura, Juan Méndez, señaló que Uruguay tiene "el deber de remover cualquier obstáculo que favorezca la impunidad de los responsables de violaciones graves de los derechos humanos". En Uruguay son escasos los casos de militares y civiles juzgados y condenados por actos aberrantes. En concreto, sólo ocho militares (entre ellos el general Gregorio Álvarez) y dos civiles (el presidente Juan María Bordaberry y su canciller, Juan Carlos Blanco).
Por su parte, la relatora especial sobre la Independencia de los Jueces y Abogados, Gabriela Knaul, recordó que, "como agentes públicos, los magistrados tienen la obligación y la responsabilidad de asegurar el respeto y la promoción de los Derechos Humanos y el Estado de Derecho". Para Knaul, "esto entraña el deber de asegurar, de manera proactiva, el respeto de las normas internacionales de Derechos Humanos, tanto en las deliberaciones de los tribunales como en la aplicación de los procedimientos judiciales, que son las normas con las que se manejan los abogados."
Fuente:TiempoArgentino
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