Manifiesto de Académicos, intelectuales y artistas: Por la Democracia y el Estado Social de derecho
La ultraderecha está a la ofensiva. Usa la impugnación de la gestión del Alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, para abrirle paso a un proyecto económico, social e ideológico regresivo. .
Tal movimiento entrelaza dos líneas de acción. La primera, tiene por objetivo lograr la revocatoria del mandato conferido democráticamente al alcalde. La segunda, se plasma en el proceso disciplinario pseudojurídico abierto por el Procurador General de la Nación contra el Alcalde bajo la acusación de haber incurrido en actos administrativos que califica de faltas gravísima y gravísima a título de dolo en el proceso de adopción de un nuevo esquema del aseo para Bogotá.
Lo que ha desatado las iras de esta derecha, así como de neoliberales dogmáticos es la gestión de Gustavo Petro como Congresista quien, durante años hizo denuncias de corrupción pública y criminalidad política, basadas siempre en investigaciones serias y objetivas, que no pudieron ser refutadas. Ahora, es la puesta en marcha de políticas de servicios públicos en Bogotá orientadas por intereses ciudadanos que, al menos parcialmente, recuperan esos servicios del control de los grupos privados que tienden a hacer prevalecer el interés particular sobre el colectivo. Las decisiones de la alcaldía en este campo han buscado convertir en realidad el programa Bogotá Humana, con el cual Gustavo Petro alcanzó la victoria el 30 de octubre de 2011 y que muestra resultados: el establecimiento de la gratuidad del consumo básico de agua para los sectores más pobres de la población, la tasa de desempleo más baja en 15 años (8.6%), la rebaja de las tarifas de TransMilenio, la garantía de iniciación de la construcción del Metro, el descenso notable del número de homicidios, los avances en la superación de la corrupción, su concepción político-ecológica de la administración que aporta ideas de vanguardia en las relaciones con el medio ambiente y todos los seres vivos, así como la transformación cultural que vive el Canal Capital. Sin duda, constituyen un conjunto de políticas públicas que está sacando a la ciudad de la peor situación de atraso socioeconómico y político.
El reconocimiento de las realizaciones no ignora las fallas administrativas del gobierno del Distrito, los errores de apreciación de Petro y la lentitud en la reparación de la malla vial, entre otras.
Tenemos confianza en que de la actual coyuntura de crisis, la administración Petro extraerá experiencias valiosas para introducir inaplazables correcciones en el ejercicio del gobierno y los necesarios ajustes institucionales.
Desde luego, lo que anima la ofensiva de esa derecha cerrera no es el deseo de superación de los problemas que vive Bogotá. A esa poderosa facción la estimula la perspectiva de un colapso de las reformas que contribuiría a desprestigiar las alternativas políticas cuando se convierten en programas concretos. Por ello, a Petro no se le quiere dar el tiempo de decantación que las nuevas transformaciones demandan. Hay prisa por abortarlas, para hacer luego la proclamación triunfante de su fracaso, a costa de la ciudad y sus habitantes.
Resulta altamente sintomático sobre la naturaleza y objetivos de la ofensiva política el perfil de las figuras que la dirigen. El senador Gómez Martínez es el representante destacado de la tercera generación de una familia conservadora que ha sido desde la primera mitad del siglo XX protagonista invariable de todas las fases de la violencia política en la que se ha debatido Colombia a lo largo de la historia contemporánea. Tradición que en su momento Álvaro Gómez transgredió con su contribución a la Constituyente y su llamado a conseguir un consenso político sobre “lo Fundamental", hechos que le ocasionaron la muerte. En la trayectoria biográfica de Alejandro Ordóñez se iluminan con resplandor siniestro la quema de libros, al estilo de oscurantismos medievales, la adscripción a una secta religiosa integrista y las prácticas de fanatismos homofóbicos y machistas que se escudan en su cargo oficial.
Invitamos a denunciar y a aislar ese proyecto político de la extrema derecha, con la convicción de que su avance significaría un severo golpe al proceso de diálogo y negociación política entre el gobierno y la insurgencia, cuyas coordenadas pasan por los diálogos de La Habana.
Estimamos que son amplios los sectores de la población colombiana a quienes no les resulta indiferente el que se quiera convertir en práctica legítima la anulación de la voluntad popular expresada en las urnas mediante actos administrativos, ni la gravedad de que el alcalde sea finalmente removido y llevado a los tribunales por haberse atrevido a enfrentar y a defender a la ciudadanía bogotana y particularmente a los sectores sociales más deprimidos. Reiteramos que lo que está en juego no es sólo la defensa de un funcionario, ni únicamente el cumplimiento de un programa y de un Plan de Desarrollo, sino -de manera más amplia-, la defensa de legítimas reglas del juego propias del Estado de Social de Derecho.
Bogotá, DC., julio de 2013
Rubén Sierra Mejía Víctor Manuel Moncayo Cruz Alpher Rojas Carvajal Medófilo Medina Eduardo Sarmiento P Jaime Arocha Enrique Santos Molano Walter -Joe- Broderick William Ospina Oscar Mejía Quintana Miguel Eduardo Cárdenas Alfredo Gómez-Muller Álvaro Villarraga S Marco Romero Libardo Sarmiento Anzola Eduardo Gómez Mario Hernández Luis Fernando Medina Álvaro Delgado Hernando Gómez Serrano Daniel Libreros Lilia Solano Yolanda López D Esperanza Camargo Isabel Cristina López D Laura Tatiana Roncancio Luís Eduardo Célis Mauricio Rojas Rodríguez Ricardo García Duarte Carlos Medina Gallego Álvaro Hernán Sierra Carlos Vidales Gerardo Bernal Castaño Alberto Ocampo B Alfredo Mestra D Jimmy Viera R. Carlos Álvarez N Gabriel Misas Arango Antonio Ramírez Caro Reinaldo Ramírez García Jorge Alirio Triana Mauricio Rubio Héctor –Tico- Pineda Alberto Ocampo V Ricardo Santamaría Bernardo A. Hernández Gladis Beltrán Escobar Olga Lucía Hernández Marina Ariza Pineda Jenny Gómez Buitrago Lina Marcela Rojas Diana Cáceres Durán Diana Sánchez Castro Irina Márquez G Stella González De León Esperanza Márquez P Stella Benavidez Pinzón Carlos Arturo Velandia Hernando José Gómez Nicolás Cárdenas A Jemay Zuluaga Pinto Carlos Eduardo Leyva O Luis Carlos Bonilla Benjamín Higuita Miguel Antonio Espinosa Rico Jair Erazo Galeano
Siguen más de 100 firmas.
MIÉRCOLES, 10 DE JULIO DE 2013
¿"Paz sin impunidad"?Por Octavio Quintero
Primero fue el exvicepresidente, Francisco Santos: “Paz sin impunidad”.
Luego fue el Partido Conservador: “Paz sin impunidad”.
Vinieron después los medios de comunicación: “Paz sin impunidad”.
Y ahora todos piden: “Paz sin impunidad”.
¿Pero, puede haber paz sin impunidad?
¿Qué es la paz? ¿Qué es la impunidad?
Bueno, hasta donde la lógica abarca, se entiende que paz es el pacto o convenio suscrito entre dos partes que se han ido a las armas para saldar diferencias y, en medio del fragor, se matan entre sí.
La paz es perdonar: “Mi paz os dejo, la paz os doy. No mires mis pecados”…
Hacer la paz es olvidar que fuimos enemigos. Es como un borrón y cuenta nueva. Si no, no hay paz.
Esa paz que se pacta “con reservas mentales sobre algunos objetivos” (sin impunidad, por ejemplo), no es más que la cuota de una nueva guerra en el futuro inmediato.
Ahora, ¿qué es impunidad?... Es la falta de castigo.
Si se quiere “paz sin impunidad”, entonces se está pidiendo castigo a los hechos protagonizados por los bandos en contienda.
¿Cuáles son los crímenes de las Farc? ¿Cuáles los del Estado? ¿Ante quién se deben confesar? ¿Y quién debe castigar a quién?
Bueno, si nos vamos por aquí, a los diálogos no se les debiera llamar “mesa de paz” sino confesionario, y la agenda sería solo de dos puntos: 1) cuéntame tus crímenes y, 2) Yo te cuento los míos…
Pero, ahí nos volveríamos a enredar: ¿Quién castiga primero a quién? O, podría darse un castigo simultáneo de tú me das yo te doy. Eso sería, sencillamente, seguir en la guerra.
Porque, no nos metamos mentiras: criminales son las Farc y criminal es el Estado. Eso del monopolio de las armas… es otro cuento que debe entenderse como la capacidad que tiene un Estado de hacer justicia o, también, impedir la injusticia.
Quienes echaron el globo al aire de “paz sin impunidad”, ¿podían arrojar esa primera piedra? ¿El uribismo, por ejemplo, está exento de pecado?; ¿o el Partido Conservador, los empresarios e, inclusive, la misma Iglesia?
Insistir en un proceso de paz sin impunidad es exigirle al contrincante una capitulación sin condiciones… Y, entonces, no perdamos más tiempo en la Habana y sigámonos echando bala hasta “el fin del fin”, en términos de Santos, cuando era ministro de Defensa. ¿Lo recuerdan?
Luego fue el Partido Conservador: “Paz sin impunidad”.
Vinieron después los medios de comunicación: “Paz sin impunidad”.
Y ahora todos piden: “Paz sin impunidad”.
¿Pero, puede haber paz sin impunidad?
¿Qué es la paz? ¿Qué es la impunidad?
Bueno, hasta donde la lógica abarca, se entiende que paz es el pacto o convenio suscrito entre dos partes que se han ido a las armas para saldar diferencias y, en medio del fragor, se matan entre sí.
La paz es perdonar: “Mi paz os dejo, la paz os doy. No mires mis pecados”…
Hacer la paz es olvidar que fuimos enemigos. Es como un borrón y cuenta nueva. Si no, no hay paz.
Esa paz que se pacta “con reservas mentales sobre algunos objetivos” (sin impunidad, por ejemplo), no es más que la cuota de una nueva guerra en el futuro inmediato.
Ahora, ¿qué es impunidad?... Es la falta de castigo.
Si se quiere “paz sin impunidad”, entonces se está pidiendo castigo a los hechos protagonizados por los bandos en contienda.
¿Cuáles son los crímenes de las Farc? ¿Cuáles los del Estado? ¿Ante quién se deben confesar? ¿Y quién debe castigar a quién?
Bueno, si nos vamos por aquí, a los diálogos no se les debiera llamar “mesa de paz” sino confesionario, y la agenda sería solo de dos puntos: 1) cuéntame tus crímenes y, 2) Yo te cuento los míos…
Pero, ahí nos volveríamos a enredar: ¿Quién castiga primero a quién? O, podría darse un castigo simultáneo de tú me das yo te doy. Eso sería, sencillamente, seguir en la guerra.
Porque, no nos metamos mentiras: criminales son las Farc y criminal es el Estado. Eso del monopolio de las armas… es otro cuento que debe entenderse como la capacidad que tiene un Estado de hacer justicia o, también, impedir la injusticia.
Quienes echaron el globo al aire de “paz sin impunidad”, ¿podían arrojar esa primera piedra? ¿El uribismo, por ejemplo, está exento de pecado?; ¿o el Partido Conservador, los empresarios e, inclusive, la misma Iglesia?
Insistir en un proceso de paz sin impunidad es exigirle al contrincante una capitulación sin condiciones… Y, entonces, no perdamos más tiempo en la Habana y sigámonos echando bala hasta “el fin del fin”, en términos de Santos, cuando era ministro de Defensa. ¿Lo recuerdan?
Fuente:Argenpress
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