Por Diego Martínez
INVESTIGAN LA FUGA DE DOS CONDENADOS Y PIDEN QUE NO SE TRASLADE A REPRESORES A HOSPITALES MILITARES
Para evitar nuevos puntos de fuga
Siete militares, entre ellos el director del Hospital Militar, fueron pasados a retiro. El Gobierno denunció penalmente a miembros del Servicio Penitenciario Federal. El rol de la mujer de Olivera, que trabaja en el hospital. El juez que ordenó el traslado desde San Juan.
Por Diego Martínez
Los represores Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, condenados en San Juan, se fugaron el jueves del Hospital Militar Central.Imagen: DyN.
El gobierno nacional dispuso una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de los militares retirados Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, que sonrieron hace tres semanas al escuchar su condena por delitos de lesa humanidad y se fugaron el jueves del Hospital Militar Central Cosme Argerich. La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadío y quien aparece con un rol protagónico en el proceso que derivó en la fuga es la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada hasta ayer del área de salud mental del Argerich y quien gestionó en San Juan una insólita autorización para justificar un traslado de mil kilómetros por problemas psiquiátricos y dermatológicos.
El gobierno nacional dispuso una recompensa de dos millones de pesos a quien aporte información que permita dar con el paradero de los militares retirados Jorge Olivera y Gustavo de Marchi, que sonrieron hace tres semanas al escuchar su condena por delitos de lesa humanidad y se fugaron el jueves del Hospital Militar Central Cosme Argerich. La causa está a cargo del juez federal Claudio Bonadío y quien aparece con un rol protagónico en el proceso que derivó en la fuga es la esposa de Olivera, la psicóloga Marta Ravasi, empleada hasta ayer del área de salud mental del Argerich y quien gestionó en San Juan una insólita autorización para justificar un traslado de mil kilómetros por problemas psiquiátricos y dermatológicos.
Distintas carteras del Ejecutivo denunciaron a los jueces que ordenaron el traslado, a los agentes del Servicio Penitenciario Federal responsables de custodiar a los presos y a militares del Argerich. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, decidió el pase a retiro y relevo de siete militares que ocupaban cargos de conducción en el hospital (ver recuadro). El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Julio Alak, pasó a disponibilidad a siete penitenciarios, ordenó que el SPF no traslade a ningún represor a ningún centro de salud militar y le solicitó al presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, una acordada para que ningún juez envíe a represores procesados o condenados a unidades médicas de las Fuerzas Armadas.
El trasfondo de la fuga incluye actores del Poder Judicial, militares, médicos y penitenciarios. La señora de Olivera, militante católica que despotrica contra los “zurdos” y “el marxismo” y está sospechada de haber sido informante del Ejército durante la dictadura (ver recuadro), habría iniciado la gestión del traslado ante el juez federal sanjuanino Leopoldo Rago Gallo, un encumbrado miembro de la familia judicial cuyana que supo encabezar su amigo personal Otilio Romano (el ex camarista que se fugó a Chile para no ser detenido por su rol en la dictadura) y uno de los primeros jueces en pronunciarse contra la aplicación de la ley de medios. Una alta fuente oficial contó que Rago Gallo recibió de manos de Ravasi los certificados del Hospital Militar pidiendo la derivación de los represores, armó los expedientes y antes de iniciar la feria judicial dejó redactadas las resoluciones con las órdenes de traslado, que firmó finalmente el juez que lo subrogó, Miguel Angel Gálvez. En el caso de Olivera se invocaron problemas dermatológicos, y psiquiátricos en el de De Marchi, patologías que no implicaban riesgo de vida y no justificaban ningún traslado, destacó ayer en un comunicado el Ministerio de Justicia.
Olivera y De Marchi, condenados el 4 de julio último a prisión perpetua y 25 años de cárcel respectivamente, fueron trasladados más de mil kilómetros hasta el penal bonaerense de Marcos Paz. Desde allí, el jueves a primera hora salieron rumbo al Hospital Militar bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal. Según la denuncia que presentó ayer el director del SPF, Víctor Hortel, “personal de Seguridad y Traslados” entregó a los represores “al personal del hospital en la sala de atención que ese nosocomio dispone en el tercer piso para detenidos por delitos de lesa humanidad”. “Luego de ser llevados a los consultorios correspondientes, se advirtió que los internos nombrados no se encontraban en la sala donde debían estar”, agrega. “No obstante procederse a una búsqueda exhaustiva por las instalaciones del citado hospital, la misma fue infructuosa, constatándose la evasión de ambos internos”, concluye el relato de los hechos. Además de la investigación de los penitenciarios y de los jueces sanjuaninos, Hortel pidió que se investigue “al personal del Hospital Militar, ya que el mismo no colabora operativamente ni en la adopción de recaudos de seguridad”, apuntó, y enfatizó que “no es posible descartar que personal del mencionado hospital haya incluso prestado colaboración, toda vez que un familiar de Olivera cumple funciones en el referido nosocomio”, en referencia a la psicóloga Ravasi.La Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) dispuso el congelamiento de los bienes de los prófugos.
Por la tarde, en otro comunicado, Alak informó sobre la firma de la resolución por la cual el Ejecutivo dispuso ofrecer una recompensa de dos millones de pesos a quienes brinden “información determinante para la detención” de Olivera o De Marchi. El ministro le solicitó a la Corte Suprema, en tanto, que instruya a todos los tribunales inferiores para que no dispongan traslados a ningún hospital dependiente de las Fuerzas Armadas de civiles o militares procesados o condenados por crímenes de lesa humanidad. “Se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado”, escribió Alak, y pidió que sean derivados al Hospital Penitenciario Central del Complejo Federal I de Ezeiza, que “está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria”. “Ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria”, solicitó.
El Ministerio de Justicia explicó ayer que “para no incurrir en los delitos de desobediencia o violación de los deberes de funcionario público”, el SPF cumplió con la orden del traslado “a pesar de que se presentaba como injustificada, de dudosa fundamentación y carente de racionalidad”. Consumada la fuga, ayer instruyó a esa fuerza para que no vuelva a trasladar a ningún represor detenido al Cosme Argerich y ordenó que se apelen las decisiones en ese sentido. Los ministerios de Justicia, Defensa y Salud anunciaron además que firmarán el lunes un convenio de creación de una comisión médica para que evalúe el estado de todos los detenidos por crímenes de lesa humanidad internados en centros hospitalarios de las Fuerzas Armadas, para luego determinar si deben permanecer allí o pueden ser trasladados al hospital de Ezeiza o a cárceles comunes.
Siete pases a retiro
Seis oficiales y un suboficial destinados en el Hospital Militar Central fueron pasados a retiro por el ministro de Defensa, Agustín Rossi, por posible complicidad en la fuga de Jorge Olivera y Gustavo De Marchi. Se trata de los generales Juan Carlos Adjigogovic (director general) y Marcelo Carlos Gutiérrez (director general de Salud), de los coroneles Carlos Alberto Ramos (jefe del Departamento Técnico de la DGS), Eduardo Jacinto Alemanzor (jefe del Departamento Operativo), Francisco José Gambino (director asistencial) y Pedro Gerardo Osores (director operativo), y del suboficial mayor Eduardo Oscar Suárez, encargado de Ayuda Humanitaria. Defensa informó que el Ejército inició un sumario a militares y civiles sospechados por su rol en la fuga, entre ellos la mujer de Olivera. Y que “con el motivo de evitar que en futuro pudiesen producirse situaciones similares” el ministro “prohibió el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de procesados y/o condenados por delitos de lesa humanidad”.
La esposa, bajo sospecha
“A estos marxistas que nos gobiernan, no le vamos a dar el gusto de vernos llorar.” La frase pertenece a Marta Noemí Ravasi, esposa del condenado ex mayor Jorge Olivera, quien trabajó hasta ayer como psicóloga del Hospital Militar donde se le perdió el rastro al represor. Ravasi ya era su mujer en 1975, cuando el Ejército destinó a Olivera al Regimiento de Infantería de Montaña 22 de San Juan, donde cometió los crímenes que le valieron la sentencia a prisión perpetua. Testigos del juicio que concluyó hace tres semanas manifestaron sus sospechas del rol de Ravasi como informante del Ejército. A poco de radicarse en la provincia la mujer ingresó a trabajar en el gabinete de psicología de la Universidad Nacional de San Juan. La mayor parte de sus compañeros fueron detenidos después del golpe e interrogados por militares que demostraron tener datos precisos, detalló la periodista Natalia Caballero en el diario Tiempo de San Juan. Con los militares en el poder, fue designada interventora de la Dirección de Protección del Menor, donde también fue sindicada como informante. “Le llaman lesa humanidad a una guerra”, explicó Ravasi en el programa Padres de familia. “Estos militares a lo sumo han cruzado un semáforo en rojo”, aseguró
Fuente:Pagina12
El gobierno ofreció una recompensa de 2 millones de pesos, presentó una denuncia penal y desplazó a penitenciarios
Por la fuga de dos represores pasan a retiro a siete efectivos del Ejército
La sospecha recae sobre la esposa de Jorge Olivera, condenado a perpetua. La mujer, que es psicóloga en el Hospital Militar, había solicitado el traslado desde San Juan de su marido y del ex teniente Gustavo De Marchi.
Por: Martin Piqué
El gobierno nacional reaccionó con sorpresa, primero, y rápidos de reflejos después, tras comprobar que los dos miembros de los grupos de tareas de la dictadura habían urdido un plan para ser trasladados desde su lugar de detención, en San Juan, y aprovechar presuntas complicidades en el Hospital Militar de la Avenida Luis María Campos. La esposa de Olivera, Marta Noemí Ravasi, quien considera a los represores condenados "presos políticos", se desempeña como psicóloga del mismo Hospital.
Ante esas evidencias, en menos de 24 horas, el Ejecutivo fijó una recompensa de 2 millones de pesos por cada uno de los fugados; presentó una denuncia penal ante la Justicia Federal de la Capital Federal (recayó en el juzgado federal 11 de Claudio Bonadio); solicitó al presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que prohíba a través de una acordada la atención médica de civiles y militares procesados o condenados por delitos de lesa humanidad en el Hospital Militar de Palermo (ver aparte); envió oficios a todas las policías provinciales y a la Dirección Nacional de Migraciones para que se refuerce la vigilancia de las fronteras; pasó a retiro a los siete oficiales y suboficiales del Ejército del área de Sanidad que tienen responsabilidad en el episodio; y ordenó iniciar una revisión general del estado de salud de todos los presos por delitos de lesa humanidad para impedir que se repitan maniobras como la que permitió la fuga de Olivera y De Marchi.
El jueves por la tarde, cuando el personal del Hospital Militar informó a los efectivos del SPF que los dos reclusos se habían escapado, los penitenciarios dieron aviso a la Policía Federal. Entonces se abrió una denuncia por fuga que está tramitando el titular del Juzgado en lo Correccional Nº 12, Raúl García. Ese magistrado ordenó realizar un allanamiento en las instalaciones del Hospital, revisar si en el predio hay cámaras de vigilancia y secuestrar las grabaciones en el caso de que las haya. En representación del ministerio público, interviene la fiscal María del Carmen Dellarole. El primer dato que llamó la atención de los investigadores fueron los argumentos –bastante endebles– que utilizó la justicia sanjuanina para justificar el traslado a Buenos Aires de Olivera y De Marchi.
Ambos represores estaban detenidos en el penal de Chimbas, del Servicio Penitenciario provincial, desde que fueron condenados por la justicia, a principios de este mes. A Olivera, un hombre que participó en la rebelión carapintada de Aldo Rico y con vínculos en la logia Propaganda Dos (P-2, la logia italiana que supo tener intereses en el IOR, el banco del Vaticano) y que ya estuvo dos veces prófugo, se lo condenó por el secuestro y la desaparición de la modelo francesa y militante de Montoneros Marie Anne Erize. De Marchi fue sentenciado a 25 años de cárcel por violación de domicilio, privación ilegítima de la libertad e imposición de tormentos. Días después de que ambos fueran sentenciados, la esposa de Olivera presentó a la justicia unos certificados médicos como prueba y solicitó que los dos represores –su esposo y De Marchi– fueran trasladados al penal de Marcos Paz, en la provincia de Buenos Aires, para ser tratados por especialistas en dermatología, kinesiología y salud mental en el sector de prácticas ambulatorias del Hospital Militar Central.
El pedido de la psicóloga Ravasi fue inicialmente cursado ante el juez Leopoldo Rago Gallo, titular del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan. Rago Gallo, a quien fuentes del fuero atribuyen cierta amistad con el prófugo ex camarista Otilio Romano, fue uno de los magistrados que suspendió la aplicación de varios artículos de la Ley de Medios a través de una medida cautelar. Según lo que pudo saber Tiempo Argentino, Rago Gallo habría avanzado en la aprobación de la solicitud pero con la llegada de la feria judicial de invierno se fue de vacaciones. El tema pasó entonces a la firma del juez subrogante que lo remplazó durante su ausencia: el titular del otro juzgado federal de la provincia, Miguel Gálvez. El subrogante, finalmente, aprobó el pedido para que Olivera y De Marchi fueran trasladados al pabellón de "lesa humanidad" del complejo penitenciario de Marcos Paz.
En un primer momento circuló la versión de que la fuga se produjo en Marcos Paz. No fue así. La huida tuvo otro escenario: el enorme Hospital Militar Central Cosme Argerich, ubicado en la zona de Las Cañitas, Palermo. Los dos militares condenados llegaron hasta el hospital bajo la custodia de siete penitenciarios a los que el personal del centro de salud hizo esperar fuera del área de consultorios. Tres horas después del ingreso, los miembros del SPF –que pertenecían al sector de Seguridad y Traslados– fueron informados de que Olivera y De Marchi se habían ido. Al enterarse de la fuga, el titular del SPF, Víctor Hortel, hizo la denuncia ante la Justicia Federal. También abrió sumarios y pasó a disponibilidad a los siete efectivos del SPF involucrados en el traslado.
La noticia también provocó un fuerte impacto en el edificio Libertador. El ministro de Defensa, Agustín Rossi, dispuso el pase a retiro del general de brigada Marcelo Gutiérrez (director general de Salud del Ejército), de sus dos principales colaboradores (los jefes técnico y operativo de la Dirección, coroneles Carlos Ramos y Eduardo Alemanzor), y de toda la dirección del Hospital Militar, compuesta por el general Juan Carlos Adjigogovic y los coroneles Francisco Gambino y Pedro Osores. La decisión reglamentaria incluyó al responsable de la oficina de ayuda humanitaria del centro asistencial, Eduardo Suárez. En el Ejecutivo relacionaron el escape de Olivera y De Marchi con ciertas prácticas sospechosas que tuvieron lugar en las unidades de las FF AA que alojaron a presos por delitos de lesa humanidad. Los dos antecedentes más claros fueron el ingreso de dos periodistas –el español Ricardo Angoso y el argentino Ceferino Reato– a Campo de Mayo para entrevistar a Jorge Rafael Videla, un hecho que no había sido previamente autorizado y que derivó en el traslado del dictador a Marcos Paz, donde finalmente falleció.
Desde el Ministerio de Justicia explicaron que al existir una orden judicial que ordenaba trasladar a Olivera y De Marchi a Buenos Aires, el SPF no podía objetar la decisión. Sin embargo, el propio Julio Alak sembró dudas y dejó traslucir su desconfianza por el verdadero objetivo del fallo de la Justicia Federal sanjuanina. "Los detenidos presentaban una patología que, dada sus características, ya que no existía riesgo de vida, podrían haber sido asistidos en el lugar donde se encontraban detenidos", advirtió Alak. De todas formas, ya decidió modificar la rutina para que el episodio no vuelva a repetirse: firmó una resolución que ordena al SPF a que se niegue a trasladar al Hospital Militar a cualquier imputado por delitos de lesa humanidad, tanto civil como miembro de las FF AA. La orden consiste en recibir el pedido de un juez, "no hacer lugar" al pedido y apelarlo ante los tribunales superiores.
contra la complicidad
La presidenta de Madres de Plaza de Mayo, Hebe de Bonafini reclamó que se busque por "cielo y tierra" a los represores prófugos y que se condene a quienes los asistieron en su fuga.
"La complicidad que todavía existe es de terror, igual que el silencio. Son pocos los que hablan de esto. Por eso, hay que buscarlos por cielo y tierra. Y una vez que los encuentren hay que ir por los cómplices, los que los ayudaron a fugarse", aseguró la presidenta de Madres de Plaza de Mayo en diálogo con Infonews.
Hebe se refirió además a la justicia, que "también está complicada. Es necesario ya un proceso de democratización", ya que los jueces muchas veces operan como sostenedores de estas aberraciones.
27.07.2013
reclamó que no se envíe a represores a ningún centro de salud militar
Pedido de Alak a la Corte sobre traslado de presos
A través de una nota, el ministro solicitó que el máximo tribunal dicte una acordada para instruir a los juzgados sobre esta medida.
Alak también solicitó que tampoco sean trasladados a otros centros de salud militares, sino que sean derivados al Hospital Penitenciario Central I del Complejo Federal I de Ezeiza.
En la nota al titular de la Corte, el ministro señala: "Se ha advertido que gran parte de esos traslados ordenados judicialmente no revisten criterios médicos suficientes que justifiquen la atención en dichos nosocomios y el correspondiente operativo de seguridad y traslado."
"Atento a los hechos de público conocimiento, que dan cuenta de la fuga de dos internos desde el Hospital Militar y la necesidad de que se cumplan con eficacia las resoluciones judiciales de restricción de la libertad de procesados y condenados por delitos de lesa humanidad, solicito el dictado de una acordada mediante la cual se regule la cuestión planteada y se instruya a los tribunales inferiores para que no dispongan traslados de detenidos civiles o militares de lesa humanidad al Hospital Militar y otra dependencias médicas militares", expresa el mensaje.
En el mismo sentido, subraya que, "para el tratamiento médico de los detenidos por crímenes de lesa humanidad, el Servicio Penitenciario Federal cuenta con el Hospital Penitenciario Central I", el cual "está dotado de las especialidades médicas de mediana y alta complejidad, junto con una adecuada infraestructura de seguridad penitenciaria".
Por último, solicita "ante la eventualidad de que un detenido requiera la asistencia de un especialista que no revistiera en la planta del Hospital Penitenciario de Ezeiza, sugerimos que sea el profesional médico quien se traslade hasta la unidad penitenciaria para brindar el tratamiento correspondiente."
La solicitud ante la Corte, se concretó luego de que el propio Alak informara que el director del Servicio Penitenciario presentó una denuncia penal ante la justicia federal de la Capital Federal, para que se investigue en profundidad la fuga de los detenidos por crímenes de lesa humanidad de Gustavo Ramón De Marchi y Jorge Antonio Olivera, desde el Hospital Militar Central.
Al mismo tiempo, el ministerio dispuso recompensas de 2 millones de pesos para quienes aporten datos que permitan lograr la captura de los represores.
Fuente:TiempoArgentino
26.07.2013
lesa humanidad
Pasan a retiro a siete militares por la fuga de represores del Hospital Militar
Se trata del director General de Salud, General Marcelo Carlos Gutiérrez; el jefe del dpto. técnico de la Dirección General de Salud, Coronel Carlos Alberto Ramos; el jefe del dpto. operativo de la Dirección General de Salud, Coronel Eduardo Jacinto Alemanzor; el director del Hospital Militar Central, General Juan Carlos Adjigogovic; el director asistencial del Hospital Militar Central, Coronel Pedro Osores; y el encargado de la oficina de ayuda humanitaria del Hospital, suboficial mayor Eduardo Oscar Suárez.
Por otra parte, se informó que con motivo de evitar que en el futuro se pudiesen producir situaciones similares, Rossi firmó una resolución por la cual prohíbe el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente.
Finalmente, el jefe del Estado Mayor del Ejército, en cumplimiento de las directivas del ministro de Defensa, inició las acciones sumariales correspondientes al personal civil y militar posiblemente vinculado a los hechos. Entre ellos se encuentra la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa de uno de los prófugos.
Pasan a retiro a siete militares por la fuga de represores del Hospital Militar
Tras la fuga de los condenados por delitos de lesa humanidad Jorge Olivera y Gustavo De Marchi al momento de estar siendo atendidos por derivación judicial en el Hospital Militar Central, el ministro de Defensa, Agustín Rossi, informó que se produjo el pase a retiro y el relevo de funciones del personal del Ejército que desempeñaba tareas de conducción en distintas dependencias del área de salud.
Por otra parte, se informó que con motivo de evitar que en el futuro se pudiesen producir situaciones similares, Rossi firmó una resolución por la cual prohíbe el alojamiento y la atención ambulatoria en hospitales militares de quienes se encuentran procesados con prisión preventiva o condenados penalmente.
Finalmente, el jefe del Estado Mayor del Ejército, en cumplimiento de las directivas del ministro de Defensa, inició las acciones sumariales correspondientes al personal civil y militar posiblemente vinculado a los hechos. Entre ellos se encuentra la psicóloga Marta Noemí Ravasi de Olivera, esposa de uno de los prófugos.
Fuente:Telam
OPINIÓN
Una "distracción" inaceptable
Ayer me enteré por los medios de comunicación de la triste noticia de que dos represeores, que estaban alojados en una cárcel de la provincia de San Juan, se habían profugado aduciendo la necesidad de un traslado para un tratamiento médico fuera de ese lugar de detención.
Por:
Estela de Carlotto
Desconozco hasta ahora el resultado de la investigación que analiza cómo es que pudieron escaparse dos personas condenadas por delitos de lesa humanidad. Lo cierto es que se trata de una situación sumamente alarmante.
Como presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo quiero manifestar mi más absoluto y terminante repudio ante la "distracción" –las comillas no son casualidad– que hayan podido tener aquellos que debían vigilar a los represores, trasladados esposados –porque estaban detenidos y a cualquier detenido común se lo esposa para llevarlo de un lugar a otro– y vigilados debidamente hasta el centro médico donde pudieran recibir el tratamiento que aducían necesitar.
Son pocas las cosas que por ahora se conocen sobre este extraño suceso, pero vale ratificar nuestro repudio ante lo que pueda haber sucedido para que estos dos represores estén hoy prófugos.
Lo que sea que haya sucedido es realmente lamentable, porque es imposible pensar que dos personas alegremente puedan escaparse de la vigilancia policial y hoy estén libres.
Mi reclamo es que se esclarezca y se condene a quienes contribuyeron a que suceda esta situación y, por supuesto, que se encuentre a los prófugos.
Fuente:TiempoArgentino
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