FALLO HISTÓRICO
Ahora van a investigar a otros 12 exuniformados
Concluido el megajuicio, por disposición de los miembros del Tribunal Oral Federal (TOF) y según figura en el veredicto, el titular del Juzgado Federal Nro 2, Leopoldo Rago Gallo, deberá investigar ahora la responsabilidad penal que tuvieron 12 exuniformados que actuaron como instructores de los sumarios militares a los que fueron sometidas la mayoría de las víctimas de los delitos de lesa humanidad en el RIM 22. Son 9 exoficiales del Ejército y 3 exgendarmes. Pero también la Justicia deberá averiguar sobre la conducta de otros dos exfuncionarios de la Justicia Federal de San Juan, el exsecretario penal Raúl Plana y el exfiscal Juan Carlos Yannello.
Según explicó el fiscal Mateo Bermejo, cuando se blanqueaba a un detenido, es decir que se lo ponía a disposición del Poder Ejecutivo Nacional, el coronel Juan Baustista Menvielle (ya fallecido), que era el jefe del RIM 22, ordenaba que se hiciera un sumario militar que, al igual que en un sumario policial, registraba las primeras investigaciones logradas sobre la persona. “Esos sumarios estaban a cargo generalmente de un oficial o suboficial del Ejército y lo que ocurría es que estas personas que instruían las causas lo hacían al lado de las víctimas, que estaban encapuchadas y muchas veces lastimadas, porque habían sido torturadas. Por eso es que formalmente suponemos que estas personas tuvieron responsabilidad penal”, explicó el funcionario judicial.
Los exmilitares fueron el exteniente primero Juan Carlos Méndez Casariego, exteniente Carlos Angel Castro, el exsubteniente Araldo Alfredo Medina, exteniente Gustavo Adolfo La Fuente, exsubteniente Miguel Angel Megías, exsubteniente Miguel Angel Bergounián, exsubteniente Horacio Antonio Estrada, exsubteniente Marcelo Edgardo López y el exsubteniente Claudio Bernardo Kalicinski. Los exgendarmes fueron el excomandante Raúl Armando Barie, el excomandante Oscar Regino Oviedo y el excapitán Walter Amadeo Mello.
Estos documentos estaban guardados en los archivos del Poder Judicial y fueron incorporados como pruebas al proceso judicial.
“Estas personas eran las que hacían los sumarios militares y firmaban al lado de la declaración realizada por las víctimas. Son todos elementos indiciarios para incluirlos en las causas”, dijo Bermejo.
También en el ámbito de los juicios de lesa humanidad, según informaron fuentes judiciales, están cerca de ser elevadas a juicio 3 nuevas causas que tienen a un total de 14 imputados, 4 de ellos acusados en el proceso que concluyó el jueves, y con unas 100 víctimas que sufrieron el secuestro y la tortura en los centros clandestinos de detención.
Se trata de la llamada compulsa Bustos, que es la continuidad con más víctimas, del caso que tuvo como protagonistas de apremios ilegales a figuras de la política y del gremialismo como el gobernador José Luis Gioja. La segunda es la causa Nívoli, que está referida a hechos producidos con anterioridad al golpe militar del 24 de marzo de 1976 y la tercera es la causa Ripoll, por hechos acaecidos después de la caída del gobierno democrático
Los acusados son Jorge Olivera, Gustavo De Marchi, Daniel Gómez, Francisco Del Torchio, que ya fueron condenados, pero además están Eduardo Cardozo, Rubén Arturo Ortega, Juan Carlos Alaniz, Elías Lucero Arancio, Enrique Graci Susini, Darvin Mejías, Cruz Alejandro Olmos, Nicolás Manrique, Oscar Amidey y Walter Melo.
Las causas que están siendo analizadas para llevarlas a juicio son por presuntos delitos cometidos desde 1975 a 1978, es decir desde incluso la etapa democrática. Y entre los acusados está el exjefe de Policía del Gobierno de don Eloy Camus, Graci Susini, actualmente con prisión domiciliaria por razones de salud.
Para agilizar las causas, está en funcionamiento una oficina de asistencia en causas por violaciones de los Derechos Humanos en todo Cuyo, referidas a las provincias de San Juan, Mendoza y San Luis, que coordina el fiscal Omar Palermo. Se trata de un equipo que trabaja en la instrucción, apelación y en los juicios por delitos de lesa humanidad en la región.
Además, están los casos de los exfuncionarios judiciales de San Juan, Plana y Yannello. Según fuentes judiciales, si los jueces federales de San Juan, Rago Gallo y Miguel Gálvez se llegaran a inhibir de intervenir por razones de amistad, tendría que intervenir algún magistrado federal de la región, es decir de Mendoza o de San Luis.
Fuente:DiariodeCuyo
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