Nuevos datos sobre la financiación del escape
Cargill confirmó las operaciones con el fideicomiso de los represores prófugos
La división argentina de la multinacional se desligó y aclaró que la compra del fondo la hizo CarVal, subsidiaria de una división extranjera. Los inversores denunciaron que fueron estafados por desvíos de dinero de Jorge Olivera.
Por: Nicolás Furfaro
CarVal Investors Argentina –la subsidiaria de la división extranjera de Cargill– fue contactada por un broker financiero (PEMESA SA) en 2008 para ofrecerle un fideicomiso cuyos activos consistían en el cobro de honorarios derivados de juicios salariales. Estos eran iniciados por personal de las Fuerzas Armadas patrocinados por el prófugo Jorge Olivera y su socio Jorge Appiani, preso en Entre Ríos por delitos de lesa humanidad.
Según informaron desde Cargill Argentina, una vez confirmada la operación por la que CarVal tomó la titularidad del fideicomiso, se sucedieron varios meses de "reclamos por recibir información inconsistente y verificar que no se efectivizaban las transferencias previstas a las cuentas del fideicomiso". Tal como describió Tiempo Argentino ayer, el dinero de los juicios empezó a desviarse tras el cambio de manos y los investigadores creen que en ese momento fueron liberados para financiar la fuga.
"Los inversores de CarVal decidieron encargar una auditoría sobre el mismo, la que detectó desvíos fraudulentos de sumas de dinero y títulos públicos. A raíz de ello se iniciaron acciones penales contra PEMESA SA en su condición de administrador del fideicomiso, y comerciales contra PEMESA SA y Olviera y Appiani, algunas de las cuales están aún pendientes de resolución judicial", sostuvieron desde Cargill.
Posteriormente a esto, y con la decisión de cerrar sus oficinas en Argentina (junto a las de Brasil e India), realizaron la venta de todas sus participaciones en el fideicomiso en diciembre de 2011. Así, los inversores de CarVal sostienen haber sido víctimas de las maniobras de los represores prófugos, ya que "participaron de una inversión legítima y terminaron gravemente perjudicados".
"El descargo jerarquiza el tema y aclara dudas. La investigación mostrará más adelante si esta subsidiaria de una división extranjera de Cargill tiene más responsabilidad o actuó de buena fe en términos comerciales. Lo cierto es que es raro que una inversora extranjera haya venido y comprado esa cartera de riesgo", dijo a este diario el titular de la UIF, José Sbattella.
Posteriormente a la venta de CarVal es cuando entra en el juego el nombre de Nicholson & Cano, que no sentó ninguna posición luego de que se revelara su relación con el fideicomiso. Según indicaron fuentes cercanas al caso, la investigación muestra que los abogados de este estudio aparecieron como apoderados de un tercero que compró los activos financieros por un precio mucho menor a los U$S 2 millones iniciales y a la vez participaron como parte al cobrar dinero de los juicios pendientes al Estado.
Fuente:TiempoArgentino
06.08.2013
Opinión
Fuga de represores: un juez en la mira
El gobierno puso en la mira al juez Leopoldo Rago Gallo por la fuga de los represores Jorge Olivera y Gustavo De Marchi del Hopital Militar Central.
Por: Diego Schurma
El magistrado del Juzgado Federal Nº 2 de San Juan fue quien autorizó el traslado de los militares retirados desde esa provincia cuyana a Buenos Aires para que se sometieran a sendos tratamientos médicos.
En conferencia de prensa, el ministro de Justicia, Julio Alak, habló de una acción planificada y, en privado, no descartó que en la cadena de responsabilidades esté implicado algún integrante del Poder Judicial.
Si bien hubo sanciones previsibles en el área de sanidad militar, y también en el Servicio Penitenciario que custodió el traslado, las dudas vuelven una y otra vez sobre Rago Gallo por aprobar la mudanza de los hoy prófugos con pedido de captura nacional e internacional.
Ya no se trata de un secreto a voces. El propio ministro de Defensa, Agustín Rossi, ante una consulta de Tiempo Argentino, se permitió una duda en voz alta, abonando así la teoría del eslabón judicial.
"La autorización del juez, a prima facie (a primera vista), porque es una valoración de característica de tipo política la mía, me obliga a preguntar: ¿qué necesidad de trasladarlos desde San Juan al Hospital Militar de Buenos Aires para hacer tratamientos (dermatológico en el caso de Olivera, psicológico en el De Marchi) que en cualquier otra unidad del país se podían llevar a cabo sin ningún tipo de problema?", dijo el funcionario.
No fue lo único que le llamó la atención al gobierno. Hay informes sobre la particular actitud que tuvieron Olivera, un ex oficial de Inteligencia, y De Marchi, un ex paracaidista, el 4 de julio, día que los condenaron a perpetua y 25 años de prisión, respectivamente.
"Se reían a carcajadas, sobre todo De Marchi. Tuvieron una reacción inusual. Suele haber posturas compungidas, introspectivas o desafiantes, ¿pero reírse a carcajadas?", se preguntaron en los despachos oficiales.
Y hubo más. "Antes de conocer la condena –señaló la fuente gubernamental–, con una cámara casera, ellos habían grabado una parodia del juicio. En esa parodia decían cosas como "¿Usted quiere ser juzgado por el marxismo-leninismo?"
Los funcionarios de Cristina Kirchner creen que esas reacciones de los militares los revelaba tranquilos, como si estuvieran seguros de estar atravesando una situación transitoria. Es decir, y por lo sucedido después, que el plan "judicial-médico" ya estaba en marcha.
Por ahora, Rago Gallo se presenta a los ojos de la Casa Rosada como funcional a la fuga por autorizar los traslados, una medida instrumentada por su subrogante Miguel Ángel Galvez. "No cabe duda de que recibieron ayuda, pero no acá en San Juan ¿Qué quieren, que a 1000 kilómetros nosotros vigilemos que no se nos fueran a escapar?", se defendió Gálvez, informado de la sospecha oficial.
Los oficios del Juzgado Federal Nº 2 habilitaban a Olivera y a De Marchi a realizar varias visitas médicas.
Los turnos coincidían en los horarios pese a que cada militar debía realizar tratamientos con médicos de distintas especialidades. ¿Estaba todo armado para que escaparan juntos?
Es aquí donde se vuelve omnipresente la mujer de Olivera, Marta Noemí Ravasi, quien gestionó el traslado de ambos militares al hospital porteño.
–¿Qué información tienen de Ravasi? –le preguntó este diario al ministro Rossi.
–El turno en el Hospital Militar Central no se tramitó, como debía ser, vía Servicio Penitenciario, sino vía la esposa de Olivera, quien está suspendida y con instrucción de sumario porque es una psicóloga de planta permanente de ese hospital.
–¿Sabén dónde está?
–No está técnicamente prófuga porque no tiene condena. Pero no está.
María Paula Carena, la secretaria del Juzgado Nº 2 de San Juan, también adquirió un singular protagonismo ya que impidió el regreso de Olivera y De Marchi a la provincia, como había exigido el Servicio Penitenciario ante un requerimiento del Tribunal Oral Federal cuyano, que tramita causas de los dos militares.
"Que no se proceda el traslado hasta que no se cumplimenten los turnos médicos ( en el Hospital Militar Central) ordenados mediante oficio de fecha 18 de julio, ya que el último turno es el día 8 de agosto", respondió Carena el 26 de julio. Al día siguiente, Olivera y De Marchi se escaparon.
Carena es nuera del ex fiscal Juan Carlos Yannelo, señalado como "El Romano de San Juan", en alusión al ex camarista Otilio Romano.
Según Jorge Auat, titular de la Unidad Fiscal de Coordinación y Seguimiento de las Causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el terrorismo de Estado, Gallo Rago se excusó en su momento de investigar a Romano aduciendo "amistad íntima".
Romano, quien se fugó a Chile en 2011, está acusado de haber sido partícipe primario en el supuesto amparo de 103 casos de violaciones a los Derechos Humanos cuando ocupaba el cargo de fiscal general de Mendoza, entre 1976 y 1983.
En el país trasandino, el juez obtuvo una vista transitoria de permanencia y en 2012, tras ser detenido y notificado del proceso de extradición en su contra, se le impuso un arresto domiciliario nocturno en el balenario de Reñaca.
En esa misma dirección, Auat recordó ante los periodistas de este diario Franco Mizrahi y Juan Alonso que Rago Gallo "fue uno de los tres primeros jueces que citamos en la comisión interpoderes por las dilaciones que notábamos que tenía en las causas de lesa humanidad".
El kirchnerismo mira con desconfianza a Rago Gallo desde 2009, cuando dictó una sentencia contra la Ley de Medios. Aquel fallo, el cuarto que puso reparos a la norma, respondió a un pedido del Grupo Vila. Sus accionistas, Daniel Vila y José Luis Manzano, entendían que "viola la libertad de expresión, implica un daño económico para las empresas y limita las renovaciones de licencias", entre otras cosas.
La Casa Rosada aportó a Claudio Bonadío, el juez que investiga la fuga, todos los datos que obran en su poder. Habrá que ver si la pesquisa lo lleva a la mismas conclusiones que por estas horas el gobierno nacional ofrece en privado.
Fuente:InfoNews
05.08.2013Lo explicó el titular de la UIF José Sbatella, en una entrevista radial
Aplicando la Ley Antiterrorista se congelaron fondos que financian y sostienen a represores prófugos
El titular de la Unidad de Investigación Financiera (UIF), José Sbatella, aseguró hoy que detrás de cada represor que se fuga existe una estructura económica que lo financia desde la clandestinidad y, en ese sentido, destacó la importancia de la ley que permite el congelamiento de cuentas bancarias del terrorismo, que en la Argentina tiene la figura del "terrorista de Estado". "Hay estructuras que han sobrevivido a la democracia y, detrás de ellas, hay un circuito latente, social y legal, que las sostiene", señaló el funcionario nacional en diálogo con radio Del Plata. Agregó que gracias a la ley antiterrorista se pueden congelar las cuentas bancarias y fondos de financiamiento vinculados a represores, considerados "terroristas de Estado" en la legislación argentina, y así "desmantelar" toda posibilidad de subsistencia en la clandestinidad.
Sbatella advirtió que el peso de la ley antiterrorista cae también sobre los familiares de primer grado, ya que si se comprueba que contribuyen al soporte económico de los represores y terroristas, "tendrán penas que van desde 5 a 15 años de cárcel" y, en este sentido, subrayó "la importancia de esta legislación, que se pensaba que era inaplicable".
El funcionario citó el caso del prófugo Jorge Olivera, condenado por la Justicia de San Juan por delitos de lesa humanidad y que hace diez días se fugó del Hospital Militar del barrio porteño de Palermo, durante una consulta médica. Según dijo, el fondo fiduciario que se halló vinculado a Olivera, que además de militar era abogado, y a su socio, el también abogado y represor Jorge Appiani, fue congelado inmediatamente al sospecharse que estaría financiando su supervivencia en algún lugar.
De acuerdo a estándares internacionales, ningún prófugo puede vivir más de 48 horas en ningún lugar del mundo si no cuenta con financiamiento. En el caso del fondo fiduciario hallado en los libros del Ministerio de Defensa, donde figura como el destino de honorarios por juicios laborales que patrocinaba el buffet de Olivera y Appiani contra el Estado, se pudo comprobar que "cambió de nombre" mientras ambos represores y letrados estaban en la cárcel, uno en San Juan y el otro en Entre Ríos.
"El fondo fiduciario que se descubrió tiene que ver con honorarios de juicios que se hacían contra el Estado, pero otros ingresos podrían haberse sumado a este fondo, teniendo en cuenta que en él había casi 10 millones de pesos", explicó Sbatella. Este fondo fiduciario -siguió el relato- fue transferido y aparece misteriosamente Cargill (empresa alimenticia estadounidense) comprando este fondo como inversión de riesgo, al tiempo que pasa a ser operado por otras personas", advirtió.
El funcionario recordó que la primera vez que se utilizó esta ley fue para desmantelar una estructura económica que financiaba a represores en su traslado a otros países para no ser alcanzados por la Justicia argentina, y que se había constituido con bienes pertenecientes a detenidos y desaparecidos de la ex Esma. "Esta estructura económica aparece financiando dos casinos y compra de máquinas tragamonedas", precisó el funcionario.
Fuente:Telam
LESA HUMANIDAD
Sucedió en junio pasado, un mes y medio antes de la fugaDe Marchi había pedido apartar a la fiscal Troncoso Muñoz porque nació en Chile
5.08.2013
“Jamás permitiré prestarme a la ignominia de tener que ser interrogado por quien pertenece a un país manifiestamente enemigo de mi patria”, había dicho el represor prófugo. El juez Rago Gallo le dio trámite al planteo discriminador.
Sbatella advirtió que el peso de la ley antiterrorista cae también sobre los familiares de primer grado, ya que si se comprueba que contribuyen al soporte económico de los represores y terroristas, "tendrán penas que van desde 5 a 15 años de cárcel" y, en este sentido, subrayó "la importancia de esta legislación, que se pensaba que era inaplicable".
El funcionario citó el caso del prófugo Jorge Olivera, condenado por la Justicia de San Juan por delitos de lesa humanidad y que hace diez días se fugó del Hospital Militar del barrio porteño de Palermo, durante una consulta médica. Según dijo, el fondo fiduciario que se halló vinculado a Olivera, que además de militar era abogado, y a su socio, el también abogado y represor Jorge Appiani, fue congelado inmediatamente al sospecharse que estaría financiando su supervivencia en algún lugar.
De acuerdo a estándares internacionales, ningún prófugo puede vivir más de 48 horas en ningún lugar del mundo si no cuenta con financiamiento. En el caso del fondo fiduciario hallado en los libros del Ministerio de Defensa, donde figura como el destino de honorarios por juicios laborales que patrocinaba el buffet de Olivera y Appiani contra el Estado, se pudo comprobar que "cambió de nombre" mientras ambos represores y letrados estaban en la cárcel, uno en San Juan y el otro en Entre Ríos.
"El fondo fiduciario que se descubrió tiene que ver con honorarios de juicios que se hacían contra el Estado, pero otros ingresos podrían haberse sumado a este fondo, teniendo en cuenta que en él había casi 10 millones de pesos", explicó Sbatella. Este fondo fiduciario -siguió el relato- fue transferido y aparece misteriosamente Cargill (empresa alimenticia estadounidense) comprando este fondo como inversión de riesgo, al tiempo que pasa a ser operado por otras personas", advirtió.
El funcionario recordó que la primera vez que se utilizó esta ley fue para desmantelar una estructura económica que financiaba a represores en su traslado a otros países para no ser alcanzados por la Justicia argentina, y que se había constituido con bienes pertenecientes a detenidos y desaparecidos de la ex Esma. "Esta estructura económica aparece financiando dos casinos y compra de máquinas tragamonedas", precisó el funcionario.
Fuente:Telam
5.08.2013
“Jamás permitiré prestarme a la ignominia de tener que ser interrogado por quien pertenece a un país manifiestamente enemigo de mi patria”, había dicho el represor prófugo. El juez Rago Gallo le dio trámite al planteo discriminador.
El funcionario citó el caso del prófugo Jorge Olivera, condenado por la Justicia de San Juan por delitos de lesa humanidad y que hace diez días se fugó del Hospital Militar del barrio porteño de Palermo, durante una consulta médica. Según dijo, el fondo fiduciario que se halló vinculado a Olivera, que además de militar era abogado, y a su socio, el también abogado y represor Jorge Appiani, fue congelado inmediatamente al sospecharse que estaría financiando su supervivencia en algún lugar.
De acuerdo a estándares internacionales, ningún prófugo puede vivir más de 48 horas en ningún lugar del mundo si no cuenta con financiamiento. En el caso del fondo fiduciario hallado en los libros del Ministerio de Defensa, donde figura como el destino de honorarios por juicios laborales que patrocinaba el buffet de Olivera y Appiani contra el Estado, se pudo comprobar que "cambió de nombre" mientras ambos represores y letrados estaban en la cárcel, uno en San Juan y el otro en Entre Ríos.
"El fondo fiduciario que se descubrió tiene que ver con honorarios de juicios que se hacían contra el Estado, pero otros ingresos podrían haberse sumado a este fondo, teniendo en cuenta que en él había casi 10 millones de pesos", explicó Sbatella. Este fondo fiduciario -siguió el relato- fue transferido y aparece misteriosamente Cargill (empresa alimenticia estadounidense) comprando este fondo como inversión de riesgo, al tiempo que pasa a ser operado por otras personas", advirtió.
El funcionario recordó que la primera vez que se utilizó esta ley fue para desmantelar una estructura económica que financiaba a represores en su traslado a otros países para no ser alcanzados por la Justicia argentina, y que se había constituido con bienes pertenecientes a detenidos y desaparecidos de la ex Esma. "Esta estructura económica aparece financiando dos casinos y compra de máquinas tragamonedas", precisó el funcionario.
Fuente:Telam
LESA HUMANIDAD
Sucedió en junio pasado, un mes y medio antes de la fugaDe Marchi había pedido apartar a la fiscal Troncoso Muñoz porque nació en Chile5.08.2013
“Jamás permitiré prestarme a la ignominia de tener que ser interrogado por quien pertenece a un país manifiestamente enemigo de mi patria”, había dicho el represor prófugo. El juez Rago Gallo le dio trámite al planteo discriminador.
El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, habilitó al militar condenado Gustavo De Marchi para que pidiera el apartamiento de la fiscal Katia Troncoso Muñoz, basado en el argumento discriminatorio del lugar de nacimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal, oriunda de Chile.
El episodio, que transcurrió en diferentes actos procesales, ocurrió en la primera quincena de junio pasado. Y, si bien la recusación de la fiscal fue finalmente rechazada, el juez le dio el trámite normal de una recusación fundada en uno de los supuestos que prevé la ley.
El 4 de junio, cuando fue convocado a declaración indagatoria en una causa en la que se investiga la desaparición de veinte personas en San Juan, De Marchi exigió que la fiscal le exhibiera en ese momento su documento nacional de identidad porque tenía la “imperiosa necesidad” de “corroborar fecha y lugar de nacimiento”.
El militar quería “comprobar de que la señora tenga nacionalidad chilena” (sic) porque –dijo- “desconozco que haya renunciado a ella”. Fundó su petición discriminatoria porque, aclaró, “los procesos que padezco contienen cuestiones de secreto militar y son netamente de interés nacional y jamás permitiré prestarme a la ignominia de tener que ser interrogado por quien pertenece a un país manifiestamente enemigo de mi patria ya que en reiteradas veces ha traicionado a la república citando como ejemplo la descalificación secreta de lo actuado en la guerra de Malvinas que personalmente me perturba” (sic).
Las manifestaciones fueron realizadas ante el juez, con la presencia de su defensor Horacio Garcete, y ante la fiscal Troncoso Muñoz. El juez no detuvo al imputado, pese a que tenía facultades para hacerlo. La representante del Ministerio Público dijo que el pedido era “impertinente” y pidió la suspensión de la audiencia.
Pero De Marchi tomó la palabra nuevamente: “Destaco que nada personal anima mi proceder contra la Sra. presente, sino solo ejercer en plenitud mi legal derecho de defensa en juicio adelantando que recuso con harta causa”, dijo, y basó su pedido en el Código Procesal Penal de la Nación y jurisprudencia que no citó.
La fiscal, que no quiso demorar más el acto, exhibió la resolución que la faculta a intervenir como subrogante y solicitó nuevamente la suspensión de la audiencia. Rago Gallo hizo lugar a la petición, pero dijo que sólo lo hacía para que el imputado pudiera ejercer el acto recusatorio.
Ya con más tiempo, De Marchi tuvo la posibilidad de rearmar su estrategia y el 6 de junio presentó una denuncia contra la Procuradora General de la Nación por la designación de la fiscal subrogante, basada en los mismos términos que la que fue rechazada en Buenos Aires al senador Mario Cimadevilla (UCR). En el mismo escrito, recusó a la fiscal por “enemistad manifiesta”, supuesto previsto en el inciso 11 del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
“El agente Fiscal subrogante cuenta además con una enemistad manifiesta, odio visceral a los militares argentinos, entre los cuales me encuentro, sin que pueda ser considerado factor discriminatorio por mi parte el destacar la realidad de que la Dra. Ana Katia Troncoso Muñoz es de nacionalidad Chilena, y en la audiencia (…) ratificó que no ha renunciado a la ciudadanía del país de origen, por más que desconozco- pues se abstuvo de responder- si ha adquirido la ciudadanía Argentina, jurado la bandera y nuestra Constitucional Nacional”, expresó en el escrito el hoy prófugo.
El juez siguió el trámite que prevé la ley procesal y le dio traslado al defensor oficial, como representante legal del imputado, para que exprese si acompañaba el pedido. El defensor sostuvo la recusación, aunque dejó a salvo su opinión y “disenso total” con las manifestaciones relacionadas al lugar de nacimiento de la fiscal.
Rago Gallo fijó entonces la audiencia que prevé la ley procesal para tratar la recusación para el 17 de junio. Pero antes, Troncoso Muñoz, el fiscal general de Mendoza, Dante Vega, y el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, Mateo Bermejo, requirieron “ el archivo de las actuaciones por constituir el propio incidente un acto discriminatorio, constituyendo un acto ilícito, completamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, así como por los tratados internacionales de derechos humanos”.
Pero el juez rechazó el pedido, porque entendió que el lugar de nacimiento no era la única causa de recusación que figuraba en el escrito de De Marchi, aunque no indicó cuál o cuáles eran las otras. Los fiscales insistieron con la suspensión de la audiencia, hasta que quedara firme el decreto que la convocaba, pero el planteo también fue rechazado por Rago Gallo.
La audiencia se celebró finalmente, sin la presencia de De Marchi. Su defensor sostuvo la recusación y dejó a salvo su opinión contraria a la del militar. El juez, finalmente, tomó la decisión de rechazar el apartamiento de la fiscal porque consideró que “los motivos esgrimidos (son) insuficientes en los términos del art. 55 inc. 11”, es decir, no alcanzan para demostrar la enemistad manifiesta.
Fuente:Fiscales.gob.ar
Envío:Agnddhh
Una secta católica protegería a los represores prófugos
El juez federal de San Juan, Leopoldo Rago Gallo, habilitó al militar condenado Gustavo De Marchi para que pidiera el apartamiento de la fiscal Katia Troncoso Muñoz, basado en el argumento discriminatorio del lugar de nacimiento de la representante del Ministerio Público Fiscal, oriunda de Chile.
El episodio, que transcurrió en diferentes actos procesales, ocurrió en la primera quincena de junio pasado. Y, si bien la recusación de la fiscal fue finalmente rechazada, el juez le dio el trámite normal de una recusación fundada en uno de los supuestos que prevé la ley.
El 4 de junio, cuando fue convocado a declaración indagatoria en una causa en la que se investiga la desaparición de veinte personas en San Juan, De Marchi exigió que la fiscal le exhibiera en ese momento su documento nacional de identidad porque tenía la “imperiosa necesidad” de “corroborar fecha y lugar de nacimiento”.
El militar quería “comprobar de que la señora tenga nacionalidad chilena” (sic) porque –dijo- “desconozco que haya renunciado a ella”. Fundó su petición discriminatoria porque, aclaró, “los procesos que padezco contienen cuestiones de secreto militar y son netamente de interés nacional y jamás permitiré prestarme a la ignominia de tener que ser interrogado por quien pertenece a un país manifiestamente enemigo de mi patria ya que en reiteradas veces ha traicionado a la república citando como ejemplo la descalificación secreta de lo actuado en la guerra de Malvinas que personalmente me perturba” (sic).
Las manifestaciones fueron realizadas ante el juez, con la presencia de su defensor Horacio Garcete, y ante la fiscal Troncoso Muñoz. El juez no detuvo al imputado, pese a que tenía facultades para hacerlo. La representante del Ministerio Público dijo que el pedido era “impertinente” y pidió la suspensión de la audiencia.
Pero De Marchi tomó la palabra nuevamente: “Destaco que nada personal anima mi proceder contra la Sra. presente, sino solo ejercer en plenitud mi legal derecho de defensa en juicio adelantando que recuso con harta causa”, dijo, y basó su pedido en el Código Procesal Penal de la Nación y jurisprudencia que no citó.
La fiscal, que no quiso demorar más el acto, exhibió la resolución que la faculta a intervenir como subrogante y solicitó nuevamente la suspensión de la audiencia. Rago Gallo hizo lugar a la petición, pero dijo que sólo lo hacía para que el imputado pudiera ejercer el acto recusatorio.
Ya con más tiempo, De Marchi tuvo la posibilidad de rearmar su estrategia y el 6 de junio presentó una denuncia contra la Procuradora General de la Nación por la designación de la fiscal subrogante, basada en los mismos términos que la que fue rechazada en Buenos Aires al senador Mario Cimadevilla (UCR). En el mismo escrito, recusó a la fiscal por “enemistad manifiesta”, supuesto previsto en el inciso 11 del artículo 55 del Código Procesal Penal de la Nación.
“El agente Fiscal subrogante cuenta además con una enemistad manifiesta, odio visceral a los militares argentinos, entre los cuales me encuentro, sin que pueda ser considerado factor discriminatorio por mi parte el destacar la realidad de que la Dra. Ana Katia Troncoso Muñoz es de nacionalidad Chilena, y en la audiencia (…) ratificó que no ha renunciado a la ciudadanía del país de origen, por más que desconozco- pues se abstuvo de responder- si ha adquirido la ciudadanía Argentina, jurado la bandera y nuestra Constitucional Nacional”, expresó en el escrito el hoy prófugo.
El juez siguió el trámite que prevé la ley procesal y le dio traslado al defensor oficial, como representante legal del imputado, para que exprese si acompañaba el pedido. El defensor sostuvo la recusación, aunque dejó a salvo su opinión y “disenso total” con las manifestaciones relacionadas al lugar de nacimiento de la fiscal.
Rago Gallo fijó entonces la audiencia que prevé la ley procesal para tratar la recusación para el 17 de junio. Pero antes, Troncoso Muñoz, el fiscal general de Mendoza, Dante Vega, y el fiscal general ante el Tribunal Oral Federal de San Juan, Mateo Bermejo, requirieron “ el archivo de las actuaciones por constituir el propio incidente un acto discriminatorio, constituyendo un acto ilícito, completamente prohibido por nuestro ordenamiento jurídico, así como por los tratados internacionales de derechos humanos”.
Pero el juez rechazó el pedido, porque entendió que el lugar de nacimiento no era la única causa de recusación que figuraba en el escrito de De Marchi, aunque no indicó cuál o cuáles eran las otras. Los fiscales insistieron con la suspensión de la audiencia, hasta que quedara firme el decreto que la convocaba, pero el planteo también fue rechazado por Rago Gallo.
Fuente:Fiscales.gob.ar
Envío:Agnddhh
Investigan al Verbo Encarnado, un grupo de extrema derecha, que le estaría brindando apoyo a los represores fugados de Campo de Mayo. El rol de monseñor Aguer y del Papa Francisco.
05.08.2013
El hijo de uno de los represores es sacerdote del padre Buela
Por Alfredo Silletta
asilletta@gmail.com
El diario Tiempo Argentino reveló que el hijo del ex mayor Carlos Olivera –uno de los dos represores prófugos junto a Gustavo de Marchi- es el sacerdote Javier Olivera, miembro de El Instituto Verbo Encarnado, una secta católica de extrema derecha e investigada por el propio Vaticano.
Las autoridades están averiguando donde están escondidos los dos prófugos, a los cuales ya el gobierno le congeló un fideicomiso millonario que utilizarían para sus propios beneficios de fuga. Se cree que los represores podrían estar siendo protegidos por miembros de este grupo.
¿PERO QUE ES EL VERBO ENCARNADO? El padre Miguel Buela, fiel devoto de monseñor Adolfo Tortolo, un obispo vinculado al integrismo católico que defendió la tortura y fue vicario castrense de la sangrienta dictadura militar, pertenecía al Seminario de Paraná. Cuando el obispo Estanislao Karlic se hizo cargo de esa diócesis, Buela no soportó la modernización del seminario y decidió crear su propio grupo.
Se instaló en San Rafael, Mendoza, protegido en aquel entonces por el obispo conservador León Kruk. Al principio se integraron al seminario de la diócesis, pero tenían claro que solamente creando su propio Instituto podría volver a dar misa en latín, usar sotanas negras y negar, en la intimidad del grupo, los preceptos del Concilio Vaticano II.
En marzo de 1984 comenzó a funcionar el Instituto del Verbo Encarnado que se dividió en tres ramas: un instituto clerical para la preparación de nuevos sacerdotes con vida apostólica y contemplativa; un instituto femenino, “Servidores del Señor y de la Virgen de Matará” con vida apostólica y contemplativa; y una tercera orden secular o rama laical que incorporaba a laicos consagrados bajo voto.
Las técnicas de captación y manipulación que implementó el padre Buela en El Verbo Encarnado le permitió incorporar rápidamente a muchos jóvenes de todo el país. Los nuevos integrantes son flagelados, usan silicio, duermen sin colchón, ayunos prolongados y una presión psicológica las 24 horas, donde ellos son los buenos y los de afuera (del seminario) son los malos.Los adeptos, al cumplir la mayoría de edad, se iban a vivir a la comunidad de San Rafael. Muchos rompían sus vínculos familiares y de amistad y se entregaban a las órdenes de Buela. En pocos años el grupo creció y se expandió por todas las diócesis, especialmente aquellas que tenían sacerdotes conservadores.
El grupo, a finales de los años 80, comenzó a tener problemas con la jerarquía católica, e incluso se enfrentaron al mismo obispo Kruk que los había acogido. Las familias católicas, que perdían a sus hijos en manos del padre Buela, presionaban a los obispos y sacerdotes para que intercedieran, pero El Verbo Encarnado era inflexible en "soltar" a cada joven que manipulaba.
La Iglesia argentina, preocupada por el cariz que tomaba el grupo y por la indisciplina de Buela, comenzó a criticarlos, ya no sólo en secreto sino también públicamente. La Jerarquía católica planteó su preocupación por el “reclutamiento”, no sólo en San Rafael, sino en otras diócesis del país “sin la necesaria prudencia para acompañar los procesos y el debido respeto por la libertad de los candidatos” para ser seminaristas.
En el año 2000 el Vaticano intervino las casas del Instituto y dieron la orden del cierre total, pero los contactos con los sectores del poder en Roma le permitieron continuar pese a que los obispos argentinos pedían su cierre definitivo.En el peor momento del Verbo Encarnado, el obispo ultraconservador Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, decidió prestar su sede para que el obispo italiano Andrea Erba ordenara a 49 sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado. La catedral de La Plata se llenó de familiares y amigos de los nuevos sacerdotes de esta secta católica.
Monseñor Aguer expresó que “no existen razones doctrinales para impedir la ceremonia. La Santa Sede desea regularizar la situación del Instituto”. Hoy el arzobispo de La Plata sigue contando con el apoyo de estos reaccionarios de la Iglesia.
El hijo del represor Olivera es sacerdote desde fines de 2008 y se desempeña como profesor del Seminario en San Rafael.
PAPA FRANCISCO. Muy diferente a la posición asumida por monseñor Aguer fue la del cardenal Jorge Bergoglio. El 30 de julio de 2007 fue el único obispo argentino que recibió a este periodista para conversar sobre el funcionamiento de varias sectas católicas y especialmente ante la amenaza por carta del padre Buela.
En el encuentro le entregué un dossier sobre el Sodalicio de Vida Cristina y el Instituto del Verbo Encarnado. También una fotocopia de una carta firmada por el sacerdote Carlos Miguel Buela, fundador del Verbo Encarnado, quien me había amenazado con la siguiente frase: “Mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al mar…” (Lc 17,2). Tenga piedad de su alma”. Como se recordará es la misma frase que utilizó monseñor Antonio Baseotto para criticar al ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García y que produjo un enfrentamiento entre el gobierno nacional y el propio Baseotto.
En aquella reunión, muy cálida por cierto, me habló en forma privada de una investigación del Vaticano sobre el líder del Verbo Encarnado. Siempre se manifestó muy duramente contra la pedofilia en la Iglesia y planteó en aquel momento la necesidad de “tolerancia cero”. Un par de años después, el padre Buela debió “renunciar” al liderazgo del Instituto.
Hoy Bergoglio es el Papa Francisco y conoce todos los detalles la vida privada y política del padre Buela, quien sigue manejando los resortes del Verbo Encarnado. Quizás ha llegado el momento de ser intervenida y disuelta ya que sus principios están totalmente alejados del Concilio Vaticano II y de los principios de Documento de Aparecida, además de otras denuncias sobre conductas deshonestas, abuso psicológico y sexual.
Fuente:Diagonales
Envío:Agnddhh
El hijo de uno de los represores es sacerdote del padre Buela
asilletta@gmail.com
El diario Tiempo Argentino reveló que el hijo del ex mayor Carlos Olivera –uno de los dos represores prófugos junto a Gustavo de Marchi- es el sacerdote Javier Olivera, miembro de El Instituto Verbo Encarnado, una secta católica de extrema derecha e investigada por el propio Vaticano.
Las autoridades están averiguando donde están escondidos los dos prófugos, a los cuales ya el gobierno le congeló un fideicomiso millonario que utilizarían para sus propios beneficios de fuga. Se cree que los represores podrían estar siendo protegidos por miembros de este grupo.
Se instaló en San Rafael, Mendoza, protegido en aquel entonces por el obispo conservador León Kruk. Al principio se integraron al seminario de la diócesis, pero tenían claro que solamente creando su propio Instituto podría volver a dar misa en latín, usar sotanas negras y negar, en la intimidad del grupo, los preceptos del Concilio Vaticano II.
En marzo de 1984 comenzó a funcionar el Instituto del Verbo Encarnado que se dividió en tres ramas: un instituto clerical para la preparación de nuevos sacerdotes con vida apostólica y contemplativa; un instituto femenino, “Servidores del Señor y de la Virgen de Matará” con vida apostólica y contemplativa; y una tercera orden secular o rama laical que incorporaba a laicos consagrados bajo voto.
Las técnicas de captación y manipulación que implementó el padre Buela en El Verbo Encarnado le permitió incorporar rápidamente a muchos jóvenes de todo el país. Los nuevos integrantes son flagelados, usan silicio, duermen sin colchón, ayunos prolongados y una presión psicológica las 24 horas, donde ellos son los buenos y los de afuera (del seminario) son los malos.Los adeptos, al cumplir la mayoría de edad, se iban a vivir a la comunidad de San Rafael. Muchos rompían sus vínculos familiares y de amistad y se entregaban a las órdenes de Buela. En pocos años el grupo creció y se expandió por todas las diócesis, especialmente aquellas que tenían sacerdotes conservadores.
El grupo, a finales de los años 80, comenzó a tener problemas con la jerarquía católica, e incluso se enfrentaron al mismo obispo Kruk que los había acogido. Las familias católicas, que perdían a sus hijos en manos del padre Buela, presionaban a los obispos y sacerdotes para que intercedieran, pero El Verbo Encarnado era inflexible en "soltar" a cada joven que manipulaba.
La Iglesia argentina, preocupada por el cariz que tomaba el grupo y por la indisciplina de Buela, comenzó a criticarlos, ya no sólo en secreto sino también públicamente. La Jerarquía católica planteó su preocupación por el “reclutamiento”, no sólo en San Rafael, sino en otras diócesis del país “sin la necesaria prudencia para acompañar los procesos y el debido respeto por la libertad de los candidatos” para ser seminaristas.
En el año 2000 el Vaticano intervino las casas del Instituto y dieron la orden del cierre total, pero los contactos con los sectores del poder en Roma le permitieron continuar pese a que los obispos argentinos pedían su cierre definitivo.En el peor momento del Verbo Encarnado, el obispo ultraconservador Héctor Aguer, arzobispo de La Plata, decidió prestar su sede para que el obispo italiano Andrea Erba ordenara a 49 sacerdotes del Instituto del Verbo Encarnado. La catedral de La Plata se llenó de familiares y amigos de los nuevos sacerdotes de esta secta católica.
Monseñor Aguer expresó que “no existen razones doctrinales para impedir la ceremonia. La Santa Sede desea regularizar la situación del Instituto”. Hoy el arzobispo de La Plata sigue contando con el apoyo de estos reaccionarios de la Iglesia.
El hijo del represor Olivera es sacerdote desde fines de 2008 y se desempeña como profesor del Seminario en San Rafael.
PAPA FRANCISCO. Muy diferente a la posición asumida por monseñor Aguer fue la del cardenal Jorge Bergoglio. El 30 de julio de 2007 fue el único obispo argentino que recibió a este periodista para conversar sobre el funcionamiento de varias sectas católicas y especialmente ante la amenaza por carta del padre Buela.
En el encuentro le entregué un dossier sobre el Sodalicio de Vida Cristina y el Instituto del Verbo Encarnado. También una fotocopia de una carta firmada por el sacerdote Carlos Miguel Buela, fundador del Verbo Encarnado, quien me había amenazado con la siguiente frase: “Mejor le fuera que le atasen al cuello una rueda de molino y le arrojasen al mar…” (Lc 17,2). Tenga piedad de su alma”. Como se recordará es la misma frase que utilizó monseñor Antonio Baseotto para criticar al ex ministro de Salud de la Nación Ginés González García y que produjo un enfrentamiento entre el gobierno nacional y el propio Baseotto.
En aquella reunión, muy cálida por cierto, me habló en forma privada de una investigación del Vaticano sobre el líder del Verbo Encarnado. Siempre se manifestó muy duramente contra la pedofilia en la Iglesia y planteó en aquel momento la necesidad de “tolerancia cero”. Un par de años después, el padre Buela debió “renunciar” al liderazgo del Instituto.
Fuente:Diagonales
Envío:Agnddhh
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