Mendoza: piden prisión preventiva para Romano y la elevación de la causa a juicio
23.08.2013
La fiscalía de Mendoza le pidió al juez Bento que adopte esas decisiones una vez que se concrete la entrega de Romano a las autoridades argentinas. El juez está detenido con domiciliaria en Chile, de donde será finalmente extraditado.
La Oficina de Derechos Humanos del Ministerio Público Fiscal de Mendoza solicitó que, una vez arribado al país, se le dicte la prisión preventiva al ex camarista federal de esa provincia, Otilio Romano, cuya extradición fue finalmente ordenada por la Corte Suprema de Justicia de Chile y desde donde se espera que lo trasladen en las próximas horas. La fiscalía, además, requirió que la causa sea rápidamente elevada a juicio.
"Tan pronto el imputado sea puesto a disposición de la justicia argentina y una vez cumplidos los actos procesales pertinentes, [solicito] se clausure la instrucción y se eleven las actuaciones a juicio", requirió la fiscal general subrogante Patricia Santoni.
La presentación fue formulada este mediodía ante el Juzgado Federal N°1, a cargo de Walter Bento, donde tramita la causa que se le sigue al ex camarista federal por su participación durante la última dictadura como fiscal federal en graves y reiteradas violaciones a los derechos humanos.
La fiscalía mendocina informó a Fiscales que Romano fue notificado ayer de la resolución de la Corte Suprema trasandina -que dispuso su extradición- y que se ordenó su "detención domiciliaria total". El ex juez había sido beneficiado con un régimen de prisión "domiciliaria nocturna" -es decir, debía regresar todas las noches a su departamento- cuando comenzó el proceso de extradición, pero desde ahora no podrá salir de la vivienda.
De acuerdo con información extraoficial, Romano sería entregado en el Aeropuerto de Santiago de Chile a representantes de Interpol Argentina para su traslado a Mendoza. Pero ello ocurrirá a partir del momento en que miembros de la Policía Internacional con sede en nuestro país vayan a buscarlo, dato que aún no ha trascendido, aunque se supone que es inminente.
El ex camarista Otilio Roque Romano se encuentra prófugo en Chile desde septiembre de 2011, pocos días antes de que concluyera el jury de enjuiciamiento que finalmente terminó con su carrera judicial y con los fueros que impedían su detención.
En septiembre de aquél año la fiscalía de Mendoza requirió su detención por el evidente peligro de fuga, basado en la por entonces inminente finalización del proceso de destitución, pero el pedido fue rechazado por el juez Bento.
Un mes antes, en agosto, la fiscalía había requerido la elevación a juicio de la causa en la que se investiga la participación de funcionarios judiciales en crímenes de lesa humanidad, que tiene a Romano imputado.
Ese juicio aún no se llevó a cabo, aunque la mayor parte de la causa está radicada desde el año pasado en el Tribuna Oral Federal N°1. De todas formas, Bento elevó las actuaciones pero sin la parte correspondiente a Romano.
Es por esa razón que la fiscalía se apuró a pedir al juez que le dicte la prisión preventiva del imputado y que eleven las actuaciones a juicio, para que se unifique con el expediente del que la situación de Romano había sido separada.
Una vez que arribe a la Argentina, Romano deberá afrontar la acusación en un debate oral y público por 98 crímenes cometidos mayormente desde su función de fiscal federal, aunque por la ley vigente entonces también ejerció en algunos casos como juez subrogante.
Romano está imputado de los delitos de privación ilegal de la libertad agravada por violencia y amenazas y por durar más de un mes, y por allanamiento ilegal, que se desagregan de la siguiente forma: 34 corresponden a personas que continúan desaparecidas; otros 26 casos de privaciones ilegales de la libertad; 26 casos de torturas; un allanamiento ilegal; y un caso en el que se le imputa no haber promovido la persecución penal cuando debía hacerlo.
Este último hecho ocurrió durante el estado de Derecho, cuando Romano omitió investigar la sustracción de una hija de desaparecidos, delito que estaba exceptuado de la impunidad que garantizaban para otros crímenes las leyes de Punto Final y Obediencia Debida.
"El Poder Judicial Federal de la provincia de Mendoza evidenció una clara voluntad de no investigar las atrocidades que se cometieron. Esta afirmación está basada en un hecho incontrovertible: pese a las innumerables denuncias de cientos de desapariciones y/o homicidios, torturas, privaciones ilegales de libertad y abusos sexuales, entre otros numerosos delitos que se cometieron durante aquellos años, no hubo un solo funcionario de las fuerzas de seguridad que resultara imputado o seriamente investigado por la comisión de esos hechos", indicó la fiscalía, por entonces a cargo de Omar Palermo -hoy juez de la Suprema Corte Mendocina-, en el requirimiento de elevación a juicio. Para llegar a esa conclusión, el Ministerio Público analizó más de 900 causas que tuvieron origen durante la última dictadura, entre ellas más de 350 habeas corpus presentados ante el Poder Judicial mendocino.
Fuente:Fiscales.gob.ar
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OTILIO ROMANO FUE ARRESTADO EN CHILE, DONDE ESPERA SU EXTRADICION
Un ex juez preso en Santiago
El embajador argentino en Chile, Ginés González García; el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, y el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, manifestaron su satisfacción por la decisión de la Justicia chilena.
El ex juez Otilio Roque Romano luego de ser arrestado por agentes de la Policía de Investigaciones de Chile.
El ex camarista mendocino Otilio Roque Romano, procesado por delitos de lesa humanidad durante la dictadura, fue detenido el jueves por la noche en la ciudad de Reñaca, Chile, luego de que la Suprema Corte de ese país confirmara el fallo que ordenó extraditarlo a la Argentina. El ex hombre fuerte del Poder Judicial cuyano, que huyó del país hace exactamente dos años para evitar la cárcel, volverá a cruzar los Andes en los próximos días, esta vez como detenido. El embajador argentino en Chile, Ginés González García; el ministro de Seguridad, Arturo Puricelli, y el gobernador de Mendoza, Francisco Pérez, manifestaron su satisfacción por la decisión de la Justicia chilena de aprobar la extradición del ex magistrado, que será juzgado por su participación en casi un centenar de secuestros, tormentos y homicidios entre 1975 y 1983, cuando se desempeñaba como fiscal federal y juez subrogante en Mendoza.
Agentes de la Policía de Investigaciones de Chile detuvieron a Romano el jueves en su departamento en Reñaca, donde cumplía arresto domiciliario nocturno. Luego de una escala en Viña del Mar, quedó detenido en instalaciones de Interpol en Santiago. El plazo máximo para extraditarlo es de 30 días, pero “creo que en la semana que viene ya va a estar acá”, afirmó el abogado Pablo Salinas, querellante en Mendoza. Mendoza On Line informó ayer que, una vez en la Argentina, Romano pasará primero por la U32 de Mendoza y luego será trasladado al Pabellón 6 de San Felipe, donde purgan sus condenas los represores de la dictadura.
Las declaraciones de los funcionarios celebrando el fallo de la Corte chilena fueron durante la Quinta Reunión Binacional de Ministros de la Argentina y Chile y la III Reunión Binacional de Intendentes Chilenos y Gobernadores Argentinos de la Frontera Común, que se realiza en Santiago. González García manifestó su satisfacción “y la de todos los argentinos por la decisión de las autoridades chilenas de extraditar a Otilio Romano”. El ministro Puricelli explicó que “esta noticia es buena precisamente porque en la lucha por imponer los derechos humanos evitamos que quienes tienen responsabilidades criminales puedan evitar la Justicia, como lo intentó hacer Romano”. “Nosotros creemos que esto es consecuencia de la integración que se viene dando entre ambos países”, agregó. El gobernador Pérez consideró que “la Justicia chilena ha dado un paso muy importante y así podemos tener un horizonte con la Justicia de ambos países a un reclamo de una persona que está imputada por más de 120 casos de lesa humanidad”.
Romano fue procesado, cuando todavía estaba en funciones, como partícipe necesario en 103 casos de secuestros, torturas, allanamientos ilegales, robos de bienes y desapariciones. La decisión del juez federal Walter Bento fue confirmada por la Cámara Federal de Mendoza, integrada entonces por jueces subrogantes. En su última etapa al frente de la Cámara, Romano se empeñó en liberar represores y obstaculizar el avance de las causas por delitos de lesa humanidad. En paralelo se dedicó a dilatar el proceso de destitución en su contra en el Consejo de la Magistratura. El 24 de agosto de 2011, hace hoy dos años, cuando el Consejo se aprestaba a suspenderlo y dejarlo sin fueros, aprovechó el privilegio de la libertad que le otorgaba el cargo y se tomó un avión de LAN rumbo a Chile, donde pidió refugio como perseguido político.
En mayo de 2012 el Ministerio del Interior de Chile rechazó el pedido y le anuló la visa de residencia temporaria. “Del estudio de todos los antecedentes aportados y recabados, no fue posible acreditar la existencia de un fundado temor de persecución”, dictaminó y echó por tierra la estrategia de victimización de Romano. Comenzó entonces el trámite ante el Poder Judicial chileno. El 18 de junio último el ministro instructor Sergio Muñoz Gajardo se pronunció a favor de la extradición, decisión que confirmó este miércoles la sala segunda de la Corte Suprema. Los jueces Milton Juica, Hugo Domestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y Guillermo Silva ratificaron que Romano no es un perseguido político sino que existen “presunciones fundadas” sobre su participación en delitos de lesa humanidad. Destacaron la obligación del Estado chileno de “promover y respetar los derechos fundamentales que emanan de la naturaleza humana”, que incluyen “la sanción del genocidio y de delitos de lesa humanidad”.
Tanto el Ministerio Público Fiscal como los abogados de los organismos y/o representantes de las víctimas del terrorismo de Estado le solicitaron al Tribunal Oral Federal de Mendoza la acumulación de todas las causas elevadas a juicio y la incorporación de Romano a la lista de acusados. Si los jueces Alejandro Piña, Juan González Macías y Raúl Fourcade aceptan ese criterio, el 11 de noviembre comenzaría en Mendoza un megajuicio con casi cuarenta imputados, incluidos cinco ex jueces acusados de omitir denunciar e investigar delitos de lesa humanidad.
Fuente:Pagina12
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San Felipe: pertenecer tiene sus privilegios
En cuanto sea extraditado de Chile a la Argentina, Otilio Romano recalará en el penal de San Felipe. Allí, los presos comunes y los que purgan pena por delitos de lesa humanidad viven realidades totalmente diferentes. Los primeros son tratados como “ratas”; los segundos, tienen privilegios de todo tipo. El cielo y el infierno.
San Felipe, la postal de la desigualdad. (Foto Nacho Gaffuri/MDZ)
Esta semana se conoció la novedad de que la Justicia chilena autorizó la extradición del ex juez federal mendocino Otilio Romano en el marco de una investigación que lo complica en delitos de lesa humanidad.
Se prevé que en las próximas horas se termine de definir el traslado del ex magistrado a la Argentina a efectos de ingresar en la fase final de un capítulo que comenzó en diciembre de 2011, cuando Romano fue destituido por el Consejo de la Magistratura.
A partir de allí, dará comienzo un nuevo capítulo en la vida del polémico juez. Será luego de su ingreso al módulo 6 de la cárcel de San Felipe, donde existe una diferencia sustancial entre aquellos que purgan condenas por delitos comunes y los que aparecen vinculados a cuestiones de lesa humanidad.
A los primeros se los trata con desdén y humillación; a los segundos, con reverencial respeto. “A los presos comunes, los penitenciarios los tratan de ‘ratas’ y a los represores y acusados por delitos contra los derechos humanos los atienden como si fueran sus superiores”, aseguró a MDZ un conocido abogado vinculado a los derechos humanos.
Ello fue refrendado por dos fuentes que conocen a fondo la complejidad carcelaria, especialmente la mendocina. Ninguno de ellos quiso hablar con el grabador prendido por temor a sufrir represalias posteriores que dificultarían su desempeño en las unidades penitenciarias.
¿Cuál es esa realidad? Es la que viven aquellos que hoy están presos por delitos de lesa humanidad, donde pueden ser visitados por sus familiares fuera del horario de rigor y tienen beneficios que llegan al punto de poder contar con teléfonos celulares personales.
“Ellos comen mejor que otros presos, tienen privilegios que no figuran ni en los sueños de los presos comunes”, admitió uno de los abogados consultados para esta nota. Y agregó: "Los penitenciarios los tratan con reverencia, a veces parece incluso que los represores son sus superiores. Parece una cuestión de complejo de inferioridad, pero es mucho más. Es la esencia de compartir el desprecio por los derechos humanos de los presos comunes".
No es una situación que se viva solo en San Felipe. En otras cárceles del país donde están presos aquellos que violaron los derechos humanos sucede lo mismo. “Para los presos comunes están las requisas a las tres de la mañana, los sacan a los golpes, a los cachetazos”, asegura Andrea Casamento, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, quien pone el foco en las prisiones mendocinas.
La mujer suele puntualizar la cruda diferencia que existe entre el estilo de vida que ostentan los condenados por delitos de lesa humanidad respecto de los criminales comunes. Casameno suele decir una gran verdad: en casi todas las cárceles del Servicio Penitenciario Federal ocurre lo mismo que en Mendoza.
El abogado especialista en derechos humanos, Diego Lavado, refrenda la misma idea: “Los que violaron derechos humanos viven en mejores condiciones, de servicio, de limpieza,etcétera”.
En el complejo carcelario mendocino hay varios represores que purgan pena por violar los derechos humanos. Uno de ellos es el ex comisario Carlos Rico (foto).
También están presos allí Aldo Patrocinio Bruno Pérez, jefe del ex centro de detención D2 en 1978; Ricardo Miranda, comisario de la policía provincial y jefe del D2 desde el 1º de diciembre de 1977; Juan Antonio Garibotte, que perteneció al D2 desde el 15 de diciembre de 1976 hasta octubre del 78; y Armando Fernández, comisario inspector perteneciente al D2 y señalado como enlace entre la Policía y el Ejército.
Todos ellos fueron condenados en marzo de este año y viven una realidad que está visiblemente alejada de la que les toca en suerte a los presos comunes. Salvo la posibilidad de salir a la calle, no hay comodidad que no ostenten estos "recluidos de lujo".
Torturas, mentiras y videos
A principios de febrero de 2011, se conocieron elocuentes videos en los cuales se vio cómo presos alojados en San Felipe eran sometidos a torturas por parte de uniformados de esa unidad.
El abogado Diego Lavado reveló entonces que las imágenes fueron tomadas con "un teléfono celular de un agente penitenciario" y habría sido hallado "en las cercanías de la penitenciaría".
El caso rápidamente cobró relevancia y llegó a los medios de prensa, provocando la consecuente condena social.
El entonces ministro de Gobierno de la provincia, Mario Adaro, admitió que las imágenes eran "de una violencia y un maltrato inusitado" y agregó: "No es el sistema que nosotros pretendemos, son prácticas que pretendemos erradicar".
La ya mencionada Andrea Casamento fue más dura aún: “Lo que se vio en los videos de torturados en Mendoza pasa a diario en cualquier cárcel del Servicio Penitenciario Federal".
El tiempo pasó, pero nada cambió: el maltrato, en mayor o menor nivel, sigue existiendo en las cárceles y las desigualdades del trato a presos comunes y aquellos denunciados por violar derechos humanos, es cada vez más significativa.
“El preso común vive lo que vive el preso común: las requisas a las tres de la mañana y los despiertan a los golpes, a los cachetazos; los desnudan a todos y los hacen ir corriendo hasta el fondo y el último que llega va a comerse una cagada a palos y va a quedar morado, les van a mezclar la yerba con el jabón en polvo, les van a poner sanciones arbitrarias, van a ir a trabajar cuando ellos quieran sacarte a trabajar”, asegura Casamento.
En contraposición, a aquellos que violaron los derechos humanos “los dejan pasar cualquier comida a los familiares, tienen sábanas limpias, en las requisas no les pegan”.
Esa es la vida que le espera a Otilio Romano. Es parte de la delgada línea que separa dos mundos que parecen irreconciliables: el del paraíso y el infierno.
Fuente:Mdz.online
Envío:Agnddhh
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A partir de allí, dará comienzo un nuevo capítulo en la vida del polémico juez. Será luego de su ingreso al módulo 6 de la cárcel de San Felipe, donde existe una diferencia sustancial entre aquellos que purgan condenas por delitos comunes y los que aparecen vinculados a cuestiones de lesa humanidad.
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A los primeros se los trata con desdén y humillación; a los segundos, con reverencial respeto. “A los presos comunes, los penitenciarios los tratan de ‘ratas’ y a los represores y acusados por delitos contra los derechos humanos los atienden como si fueran sus superiores”, aseguró a MDZ un conocido abogado vinculado a los derechos humanos.
Ello fue refrendado por dos fuentes que conocen a fondo la complejidad carcelaria, especialmente la mendocina. Ninguno de ellos quiso hablar con el grabador prendido por temor a sufrir represalias posteriores que dificultarían su desempeño en las unidades penitenciarias.
“No es nada nuevo, todos saben lo que pasa en San Felipe y otros establecimientos. Lamentablemente, está admitida ya esa realidad. Es así”, insisten.
¿Cuál es esa realidad? Es la que viven aquellos que hoy están presos por delitos de lesa humanidad, donde pueden ser visitados por sus familiares fuera del horario de rigor y tienen beneficios que llegan al punto de poder contar con teléfonos celulares personales.
“Ellos comen mejor que otros presos, tienen privilegios que no figuran ni en los sueños de los presos comunes”, admitió uno de los abogados consultados para esta nota. Y agregó: "Los penitenciarios los tratan con reverencia, a veces parece incluso que los represores son sus superiores. Parece una cuestión de complejo de inferioridad, pero es mucho más. Es la esencia de compartir el desprecio por los derechos humanos de los presos comunes".
No es una situación que se viva solo en San Felipe. En otras cárceles del país donde están presos aquellos que violaron los derechos humanos sucede lo mismo. “Para los presos comunes están las requisas a las tres de la mañana, los sacan a los golpes, a los cachetazos”, asegura Andrea Casamento, integrante de la Asociación de Familiares de Detenidos en Cárceles Federales, quien pone el foco en las prisiones mendocinas.
La mujer suele puntualizar la cruda diferencia que existe entre el estilo de vida que ostentan los condenados por delitos de lesa humanidad respecto de los criminales comunes. Casameno suele decir una gran verdad: en casi todas las cárceles del Servicio Penitenciario Federal ocurre lo mismo que en Mendoza.
El abogado especialista en derechos humanos, Diego Lavado, refrenda la misma idea: “Los que violaron derechos humanos viven en mejores condiciones, de servicio, de limpieza,etcétera”.
El letrado se refiere al tristemente célebre módulo 6 de San Felipe, el cual está “claramente apartado, en el medio, rodeado; separado de todo”.
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También están presos allí Aldo Patrocinio Bruno Pérez, jefe del ex centro de detención D2 en 1978; Ricardo Miranda, comisario de la policía provincial y jefe del D2 desde el 1º de diciembre de 1977; Juan Antonio Garibotte, que perteneció al D2 desde el 15 de diciembre de 1976 hasta octubre del 78; y Armando Fernández, comisario inspector perteneciente al D2 y señalado como enlace entre la Policía y el Ejército.
Todos ellos fueron condenados en marzo de este año y viven una realidad que está visiblemente alejada de la que les toca en suerte a los presos comunes. Salvo la posibilidad de salir a la calle, no hay comodidad que no ostenten estos "recluidos de lujo".
Torturas, mentiras y videos
A principios de febrero de 2011, se conocieron elocuentes videos en los cuales se vio cómo presos alojados en San Felipe eran sometidos a torturas por parte de uniformados de esa unidad.
El abogado Diego Lavado reveló entonces que las imágenes fueron tomadas con "un teléfono celular de un agente penitenciario" y habría sido hallado "en las cercanías de la penitenciaría".
“En uno de los videos se ve a penitenciarios que golpean a un preso y hay otro donde se ve como golpean a un menor adulto (de entre 18 y 21 años), siempre en el Complejo San Felipe", sostuvo.
El caso rápidamente cobró relevancia y llegó a los medios de prensa, provocando la consecuente condena social.
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La ya mencionada Andrea Casamento fue más dura aún: “Lo que se vio en los videos de torturados en Mendoza pasa a diario en cualquier cárcel del Servicio Penitenciario Federal".
El tiempo pasó, pero nada cambió: el maltrato, en mayor o menor nivel, sigue existiendo en las cárceles y las desigualdades del trato a presos comunes y aquellos denunciados por violar derechos humanos, es cada vez más significativa.
“El preso común vive lo que vive el preso común: las requisas a las tres de la mañana y los despiertan a los golpes, a los cachetazos; los desnudan a todos y los hacen ir corriendo hasta el fondo y el último que llega va a comerse una cagada a palos y va a quedar morado, les van a mezclar la yerba con el jabón en polvo, les van a poner sanciones arbitrarias, van a ir a trabajar cuando ellos quieran sacarte a trabajar”, asegura Casamento.
En contraposición, a aquellos que violaron los derechos humanos “los dejan pasar cualquier comida a los familiares, tienen sábanas limpias, en las requisas no les pegan”.
Esa es la vida que le espera a Otilio Romano. Es parte de la delgada línea que separa dos mundos que parecen irreconciliables: el del paraíso y el infierno.
Fuente:Mdz.online
Envío:Agnddhh
2 comentarios:
La verdad que veo las dos caras de la moneda y la verdad que estan muy lejos de la realidad de la que comentan tengo amigos de los dos lados y no es como lo que cuentan en esta nota
No es lo que cuentan tengo conosidos en ambos modulos de San Felipe y estan muy lejo de lo que cuentan en esta nota no engañene a la gente mentirosos
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