se hizó público porque se filtró un mail
El gobierno chileno prohibió el homenaje a un cruel represor
El gobierno chileno evitó que un grupo de militares retirados homenajeara a uno de los peores violadores de los Derechos Humanos de la dictadura, recluido en una cómoda cárcel especial para criminales de lesa humanidad cuyo cierre es analizado por el presidente Sebastián Piñera.
El penal de Cordillera tiene "cinco cabañas que cuentan con servicios higiénicos, duchas, agua caliente, luz natural, buena ventilación, bien equipados", señaló un informe de la fiscal judicial María Loreto Gutiérrez difundido ayer por la oficina de prensa del Poder Judicial. La descripción, cuya motivación se desconoce, agrega que el presidio especial está ocupado por ocho generales y dos coroneles, incluida la cúpula de la poderosa Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), responsable de los mayores crímenes cometidos durante los primeros años del régimen cívico-militar dirigido por el general Augusto Pinochet (1973-1990).
Oscar Benavides, presidente de la agrupación que aglutina a los guardias de prisiones, dijo que "esto (el asado) se realizó en el pasado, no se realizó en el presente porque fue denunciado... pero efectivamente han sido prácticas comunes". La ministra vocera, Cecilia Pérez, había dicho el martes que "ese homenaje es improcedente, no corresponde", y que los violadores de los Derechos Humanos "no están en un hotel, están en una cárcel". Los diez reclusos de Cordillera –condenados por homicidio calificado y secuestro calificado– son custodiados por 35 gendarmes y cuentan con los servicios de una asistente social, tres paramédicos y hasta dos maestras de cocina, y sus comidas son supervisadas por una nutricionista, según el informe de la fiscal Gutiérrez. En los penales comunes hay un custodio por cada 50 presos, según Benavides, quien recordó el hacinamiento carcelario en el que viven los 54 mil reclusos en los penales del país.
Fuente:TiempoArgentino
25.09.2013
Había renunciado al Servicio Electoral por el caso del hijo de un argentino
El general Juan Emilio Cheyre, ex jefe del ejército de Chile, investigado por el robo de niñas
Cheyre cuando todavía era un oficial subalterno, en plena dictadura
La justicia chilena ordenó abrir una investigación contra el ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, por el secuestro de menores de edad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue el juez Jaime Franco, "ministro en visita" (es decir, enviado especial) de la Corte de Apelaciones de la norteña ciudad de La Serena, quién hizo lugar a la querella contra Cheyre y otros dos militares. La familia de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Rodríguez, presentó el pasado 10 de septiembre la demanda en la que se acusa a Cheyre de haber dirigido en octubre de 1973 el allanamiento de su casa y la detención de su madre Elena Rodríguez, militante socialista, y de las tres niñas, en ese entonces de uno, tres y doce años de edad.
Había renunciado al Servicio Electoral por el caso del hijo de un argentino
El general Juan Emilio Cheyre, ex jefe del ejército de Chile, investigado por el robo de niñas
La justicia chilena ordenó abrir una investigación contra el ex jefe del Ejército Juan Emilio Cheyre, por el secuestro de menores de edad durante la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990). Fue el juez Jaime Franco, "ministro en visita" (es decir, enviado especial) de la Corte de Apelaciones de la norteña ciudad de La Serena, quién hizo lugar a la querella contra Cheyre y otros dos militares. La familia de las hermanas Natacha, Yelena y Marianela Monroy Rodríguez, presentó el pasado 10 de septiembre la demanda en la que se acusa a Cheyre de haber dirigido en octubre de 1973 el allanamiento de su casa y la detención de su madre Elena Rodríguez, militante socialista, y de las tres niñas, en ese entonces de uno, tres y doce años de edad.
El futuro jefe del Ejército chileno volvió posteriormente hasta la casa de Rodríguez, donde habían sido devueltas las niñas, las volvió a detener y las trasladó hasta la cárcel de mujeres de esa ciudad, donde permanecieron hasta abril de 1975.
"Él (Cheyre) derrumbó la puerta a patadas. Iba con Ojeda y Polanco, otros dos subtenientes y varios otros militares que entraron y destruyeron todo, todo lo que a nosotros tanto nos había costado", dijo Rodríguez a los periodistas.
El juez Franco ya dio las órdenes para que se les tome una declaración a los denunciantes y se realicen peritajes psicológicos.
Cheyre fue comandante en jefe del Ejército chileno entre 2002 y 2006, durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, y desde el cargo hizo un mea culpa en nombre de la institución por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar.
El pasado enero asumió la presidencia del Servicio Electoral (Servel), pero tuvo que renunciar en agosto, aunque no al directorio del organismo, al reflotar las acusaciones que lo vinculan a otro controvertido hecho ocurrido también en La Serena, donde tenía su cuartel un regimiento del Ejército.
En aquella época, Cheyre entregó a unas monjas a Ernesto Lejderman, que tenía dos años, después de que un pelotón de soldados asesinara a los padres del niño, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Rosario Ávalos. Cheyre ya dijo en su momento que se limitó a entregar el bebé a las monjas por orden superior y que hasta 1998 no supo la verdad de lo ocurrido.
Cheyre también había sido compañero de curso del general Alberto Bachelet –el padre asesinado de la ex presidenta Michelle (2006-2010)– en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Los testimonios de varios ex subalternos en distintos juicios lo sindican como jefe en funciones del Servicio de Inteligencia Militar en La Serena tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Cheyre presentó su renuncia a la presidencia del Servel luego del impacto que causó un encuentro cara a cara por televisión con Lejderman, cuyos padres fueran ejecutados por una patrulla militar en diciembre de 1973.
"Consecuente con mi actuar de toda la vida, de preservar el actual proceso de elecciones que corresponde al Servicio Electoral, he presentado mi renuncia al Consejo Directivo del Servel", indicó Cheyre en conferencia de prensa en aquel momento.
"Mi conciencia está en paz y me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético", concluyó el militar retirado. Políticos y miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos habían entregado una carta al Servel pidiendo la renuncia de Cheyre y exigiendo que dijera dónde están "los otros niños de las mujeres que fueron detenidas cuando estaban embarazadas".
La medida de seguridad frustró el asado que pretendían realizar hoy militares retirados en homenaje al
ex miembro de la DINA (policía secreta pinochetista) Miguel Krassnoff, quien cumple allí una condena de 144 años por secuestro, tortura y desaparición de opositores.
La decisión de Gendarmería completa la suspensión de las visitas que se le había impuesto como castigo por una semana por sus declaraciones contra los gendarmes (guardiacárceles) al general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, condenado a más de 300 años por violaciones a los derechos humanos.
En una entrevista televisiva con motivo del 40º aniversario del golpe de estado, Contreras afirmó que los gendarmes encargados de su custodia estaban ahí "para llevarle el bastón", expresión considerada "denigrante" por las autoridades carcelarias.
Las declaraciones de Contreras fueron repudiadas de inmediato por los otros nueve reclusos, todos altos oficiales, por temor a ser trasladados a otros penales y perder los privilegios.
Durante una inspección al lugar que relizó el lunes la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, los represores le manifestaron que "los dichos de Manuel Contreras en esa entrevista no representan su opinión y no quieren verse perjudicados por ello", según señala el informe elaborado tras la visita, conocido hoy.
En ese informe, la fiscal describió que los diez reos están distribuidos en cinco cabañas, que cuentan, cada una, con baño completo, ducha, agua caliente, comedor, luz natural, buena ventilación y otras comodidades como radio y televisión.
Según constató Loreto Gutiérrez, las condiciones de seguridad, orden e higiene son buenas y "la alimentación se elabora en el mismo penal, que cuenta con una nutricionista que va una vez a la semana".
Al penal Cordillera concurre dos veces por semana un médico, un kinesiólogo va los viernes y tres paramédicos cumplen turnos las 24 horas, indicó el informe.
Para atender a los diez represores presos, la prisión tiene una dotación permanente de 29 gendarmes, un asistente social y dos maestras de cocina, además de los tres paramédicos.
Sin embargo, la fiscal no mencionó en su informe que en el lugar hay una cancha de tenis, un quincho, Internet y televisión por cable o satelital, según denunciaron quienes buscan el cierre del penal.
Los diputados Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez, miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, también recorrieron la cárcel e insitieron con sus críticas hacia su funcionamiento.
"Si usted o yo cometemos un delito nos vamos a la ex Penitenciaría, donde hay hacinamiento. Acá está bonito, hay áreas verdes, caminan libremente, tienen piscina y cancha de tenis. Este tipo de privilegios, lo que hace es indignar a la gente", afirmó Jiménez.
Por ello, el parlamentario valoró que el presidente Sebastián Piñera evalúe cerrar este penal, en tanto Accorsi sostuvo que los diez represores deberían ser trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).
Los diputados presentarán un informe a la comisión de Derechos Humanos sobre estas condiciones de privilegio y argumentarán además "el gasto altísimo" para custodiar y cuidar a diez personas.
El penal Cordillera quedó en el centro de la escena esta semana a partir de que Piñera esbozara la chance de cerrarlo, a partir de la controversia generada por denuncias de los gendarmes sobre las condiciones exclusivas que tienen los presos, muy diferentes al hacinamiento de las prisiones comunes del sistema penitenciario chileno.
Fuente:Telam
"Él (Cheyre) derrumbó la puerta a patadas. Iba con Ojeda y Polanco, otros dos subtenientes y varios otros militares que entraron y destruyeron todo, todo lo que a nosotros tanto nos había costado", dijo Rodríguez a los periodistas.
El juez Franco ya dio las órdenes para que se les tome una declaración a los denunciantes y se realicen peritajes psicológicos.
Cheyre fue comandante en jefe del Ejército chileno entre 2002 y 2006, durante el gobierno del socialista Ricardo Lagos, y desde el cargo hizo un mea culpa en nombre de la institución por las violaciones a los Derechos Humanos cometidas durante el régimen militar.
El pasado enero asumió la presidencia del Servicio Electoral (Servel), pero tuvo que renunciar en agosto, aunque no al directorio del organismo, al reflotar las acusaciones que lo vinculan a otro controvertido hecho ocurrido también en La Serena, donde tenía su cuartel un regimiento del Ejército.
En aquella época, Cheyre entregó a unas monjas a Ernesto Lejderman, que tenía dos años, después de que un pelotón de soldados asesinara a los padres del niño, el argentino Bernardo Lejderman y la mexicana María Rosario Ávalos. Cheyre ya dijo en su momento que se limitó a entregar el bebé a las monjas por orden superior y que hasta 1998 no supo la verdad de lo ocurrido.
Cheyre también había sido compañero de curso del general Alberto Bachelet –el padre asesinado de la ex presidenta Michelle (2006-2010)– en la Academia Nacional de Estudios Políticos Estratégicos. Los testimonios de varios ex subalternos en distintos juicios lo sindican como jefe en funciones del Servicio de Inteligencia Militar en La Serena tras el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Cheyre presentó su renuncia a la presidencia del Servel luego del impacto que causó un encuentro cara a cara por televisión con Lejderman, cuyos padres fueran ejecutados por una patrulla militar en diciembre de 1973.
"Consecuente con mi actuar de toda la vida, de preservar el actual proceso de elecciones que corresponde al Servicio Electoral, he presentado mi renuncia al Consejo Directivo del Servel", indicó Cheyre en conferencia de prensa en aquel momento.
"Mi conciencia está en paz y me siento libre de todo cuestionamiento legal y ético", concluyó el militar retirado. Políticos y miembros de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos habían entregado una carta al Servel pidiendo la renuncia de Cheyre y exigiendo que dijera dónde están "los otros niños de las mujeres que fueron detenidas cuando estaban embarazadas".
25.09.2013
Son apenas diez, y disponen de comodidades de un gran hotel
Chile: Crece la polémica por las lujosas condiciones de detención de los represores pinochetistas
Verdugo Contreras: "Los guardiacárceles están para llevarme el bastón", se mofó.
Santiago.- La controversia por las condiciones de privilegio y rl posible cierre del penal Cordillera, donde cumplen condena represores de la dictadura pinochetista, cobró hoy nuevo impulso, al involucrarse en la polémica los propios internos, a partir de la suspensión de visitas y un polémico asado en honor a uno de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Al malestar generalizado de la sociedad chilena por las lujosas condiciones de alojamiento en la cárcel ubicada en un cuartel del barrio santiaguino de Peñalolén, se sumó hoy un conflicto entre los diez represores que cumplen allí condena por decisión de la Gendarmería (servicio penitenciario) de suspender las visitas.
Son apenas diez, y disponen de comodidades de un gran hotel
Chile: Crece la polémica por las lujosas condiciones de detención de los represores pinochetistas
Santiago.- La controversia por las condiciones de privilegio y rl posible cierre del penal Cordillera, donde cumplen condena represores de la dictadura pinochetista, cobró hoy nuevo impulso, al involucrarse en la polémica los propios internos, a partir de la suspensión de visitas y un polémico asado en honor a uno de los condenados por crímenes de lesa humanidad. Al malestar generalizado de la sociedad chilena por las lujosas condiciones de alojamiento en la cárcel ubicada en un cuartel del barrio santiaguino de Peñalolén, se sumó hoy un conflicto entre los diez represores que cumplen allí condena por decisión de la Gendarmería (servicio penitenciario) de suspender las visitas.
La medida de seguridad frustró el asado que pretendían realizar hoy militares retirados en homenaje al
ex miembro de la DINA (policía secreta pinochetista) Miguel Krassnoff, quien cumple allí una condena de 144 años por secuestro, tortura y desaparición de opositores.
La decisión de Gendarmería completa la suspensión de las visitas que se le había impuesto como castigo por una semana por sus declaraciones contra los gendarmes (guardiacárceles) al general Manuel Contreras, ex jefe de la DINA, condenado a más de 300 años por violaciones a los derechos humanos.
En una entrevista televisiva con motivo del 40º aniversario del golpe de estado, Contreras afirmó que los gendarmes encargados de su custodia estaban ahí "para llevarle el bastón", expresión considerada "denigrante" por las autoridades carcelarias.
Las declaraciones de Contreras fueron repudiadas de inmediato por los otros nueve reclusos, todos altos oficiales, por temor a ser trasladados a otros penales y perder los privilegios.
Durante una inspección al lugar que relizó el lunes la fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, María Loreto Gutiérrez, los represores le manifestaron que "los dichos de Manuel Contreras en esa entrevista no representan su opinión y no quieren verse perjudicados por ello", según señala el informe elaborado tras la visita, conocido hoy.
En ese informe, la fiscal describió que los diez reos están distribuidos en cinco cabañas, que cuentan, cada una, con baño completo, ducha, agua caliente, comedor, luz natural, buena ventilación y otras comodidades como radio y televisión.
Según constató Loreto Gutiérrez, las condiciones de seguridad, orden e higiene son buenas y "la alimentación se elabora en el mismo penal, que cuenta con una nutricionista que va una vez a la semana".
Al penal Cordillera concurre dos veces por semana un médico, un kinesiólogo va los viernes y tres paramédicos cumplen turnos las 24 horas, indicó el informe.
Para atender a los diez represores presos, la prisión tiene una dotación permanente de 29 gendarmes, un asistente social y dos maestras de cocina, además de los tres paramédicos.
Sin embargo, la fiscal no mencionó en su informe que en el lugar hay una cancha de tenis, un quincho, Internet y televisión por cable o satelital, según denunciaron quienes buscan el cierre del penal.
Los diputados Enrique Accorsi y Tucapel Jiménez, miembros de la comisión de Derechos Humanos de la Cámara baja, también recorrieron la cárcel e insitieron con sus críticas hacia su funcionamiento.
"Si usted o yo cometemos un delito nos vamos a la ex Penitenciaría, donde hay hacinamiento. Acá está bonito, hay áreas verdes, caminan libremente, tienen piscina y cancha de tenis. Este tipo de privilegios, lo que hace es indignar a la gente", afirmó Jiménez.
Por ello, el parlamentario valoró que el presidente Sebastián Piñera evalúe cerrar este penal, en tanto Accorsi sostuvo que los diez represores deberían ser trasladados a la Cárcel de Alta Seguridad (CAS).
Los diputados presentarán un informe a la comisión de Derechos Humanos sobre estas condiciones de privilegio y argumentarán además "el gasto altísimo" para custodiar y cuidar a diez personas.
El penal Cordillera quedó en el centro de la escena esta semana a partir de que Piñera esbozara la chance de cerrarlo, a partir de la controversia generada por denuncias de los gendarmes sobre las condiciones exclusivas que tienen los presos, muy diferentes al hacinamiento de las prisiones comunes del sistema penitenciario chileno.
Fuente:Telam
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