HISTORICA RESOLUCION DE LA MAGISTRADA ARGENTINA, BASADA EN LA JURISDICCION INTERNACIONAL, EN LA CAUSA POR CRIMENES DEL FRANQUISMO.

JUSTICIA UNIVERSAL

Por Adrián Pérez

La jueza María Servini de Cubría, que lleva la única querella abierta en el mundo contra los crímenes del franquismo, pidió la captura de cuatro ex policías españoles acusados de torturadores. Es la primera vez que represores de esa dictadura serán llevados a juicio.

HISTORICA RESOLUCION DE LA MAGISTRADA ARGENTINA, BASADA EN LA JURISDICCION INTERNACIONAL, EN LA CAUSA POR CRIMENES DEL FRANQUISMO

Servini ordenó la captura de cuatro franquistas

La jueza encomendó el arresto preventivo, con fines de extradición, de ex policías acusados de practicar torturas durante la dictadura española. En caso de que el gobierno de Rajoy cumpla con la medida, deberán declarar en Argentina.

Por Adrián Pérez

Los delitos que se imputa a los ex funcionarios franquistas constituyen crímenes de lesa humanidad y, por tanto, son imprescriptibles.

El aura de impunidad que rodea a Francisco Franco comenzó a desdibujarse ayer en Argentina. En una resolución que se encamina a ser histórica, María Romilda Servini de Cubría, titular del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nº 1, donde se tramita la única querella en el mundo por crímenes del franquismo, dictó una orden de detención internacional contra cuatro españoles acusados de practicar torturas durante la dictadura en España. La magistrada encomendó el arresto preventivo, con fines de extradición, de Juan Antonio González Pacheco (alias Billy el Niño), José Ignacio Giralte González, Celso Galván Abascal y Jesús Muñecas Aguilar. En caso de que el gobierno español cumpla con la medida y no interfiera en la acción de la Justicia argentina, los ex policías deberán presentarse ante la jueza para prestar declaración indagatoria por torturas.

En un escrito de 209 páginas, Servini de Cubría señala que los delitos que se imputa a los ex funcionarios franquistas “constituyen crímenes de lesa humanidad” por lo que, en uno u otro caso, “la acción y la pena son imprescriptibles” y sus responsables están sujetos a la aplicación del principio de jurisdicción internacional. Hasta 2011, González Pacheco (67 años) se desempeñó como jefe de tráfico de Loomis, una empresa de transporte del grupo Securitas. José María “Chato” Galante Serrano lo reconoció en las sesiones de tortura. El y otros compañeros lo colgaban de las muñecas a un radiador para usar su cuerpo como “saco de golpes” en sus habituales prácticas de karate. También le aplicaron la “bañadera”, un método de tortura que consistía en meterlo, de cabeza, en un tacho con aguas estancadas hasta que perdiera el conocimiento. Por los golpes recibidos orinó sangre y coágulos durante meses. Nunca más pudo correr o moverse como solía hacerlo. Roberto Conesa y Juan García Gelabert también lo golpearon mientras estuvo prisionero. Luis Suárez Carreño Lueje imaginó hasta la obsesión que saltaba por una ventana de la sala de interrogatorios. “Cualquier cosa me parecía deseable para acabar con esas sesiones de tortura”, declaró. 

Suárez Carreño Lueje recordó a Billy el Niño como un hombre con una personalidad retorcida. Se jactaba de un conocimiento minucioso de militantes de izquierda y, en particular, de aquellos miembros de la Liga Comunista Revolucionaria.

Giralte González (71 años) fue denunciado por sus subordinados en 2000 y sancionado mientras se desempeñaba como comisario jefe de Alcobendas. Fue, al igual que Billy el Niño, un miembro destacado de la Brigada Político Social (BPS), fuerza que actuó como policía del régimen franquista. Alfredo Rodríguez Bonilla lo reconoció a él y al inspector Jesús González Reglero como los funcionarios policiales que lo golpeaban en la cara, lo pateaban en la entrepierna y le daban golpes con cadenas. “Di que tu madre es una puta, di que tu padre es un maricón”, le decían mientras le pegaban en diferentes partes del cuerpo. A medida que la sesión de tortura avanzaba, Rodríguez Bonilla perdía resistencia y se caía al suelo. Los golpes, entonces, se incrementaban.

Custodio de Franco, Galván Abascal (78 años) fue trasladado de la escolta de la Casa Real a la Delegación de Gobierno de Madrid, donde el 30 de enero de 1989 fue nombrado comisario jefe de Seguridad Ciudadana. En la querella presentada ante Servini de Cubría, Acacio Puig Mediavilla señaló al ex miembro de la BPS como su torturador y quien diseñaba estrategias de sufrimiento que padeció en los calabozos de la Dirección General de Seguridad. El 19 de julio de 1996, la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid lo absolvió –también a los comisarios Francisco Luis Colino Hernanz y Jesús Simón Cristóbal– por el asesinato de Enrique Ruano Casanova, crimen perpetrado el 17 de enero de 1969. La acusación contra los policías fue desestimada por falta de pruebas. En un voto por demás particular, María José de la Vega Llanes, magistrada del tribunal que intervino en el proceso judicial, determinó que Ruano había sido asesinado de un disparo, una versión que alentaban los abogados del hombre asesinado. Sin embargo, como no pudieron establecer cuál de los policías había ejecutado el disparo, los jueces decidieron dejar en libertad a los tres imputados. El fiscal y el abogado del Estado solicitaron, ante una posible condena, que se aplicara la amnistía decretada en 1977. El Tribunal Supremo dejó firme el fallo absolutorio el 10 de julio de 1997.

Muñecas Aguilar (74 años) ingresó a la Guardia Civil en 1961. Siete años más tarde fue enviado a la comandancia de Zarautz, su primer destino, donde el policía se vio involucrado en diversas denuncias por malos tratos. Estuvo al frente de la Comandancia de la Guardia Civil de Tolosa hasta 1976, pero fue relevado de ese cargo por haber torturado a la sindicalista Amparo Arangoi, obrera de la Papelera Sarrió, en Leiza, Navarra. La mujer fue internada, por las palizas recibidas, en la residencia Virgen del Camino, de Pamplona. Luego de impedir que efectivos de la Guardia Civil ingresaran al centro de salud para interrogarla, los médicos determinaron que la vicepresidenta del Sindicato del Papel y Artes Gráficas de Navarra presentaba hematomas en todo el cuerpo, de gran profundidad en la región glútea, con posible bloqueo intestinal y renal. Jon Ugutz Arrizabalaga Basterrechea presentó una denuncia en su contra por las torturas impuestas a su hermano Andoni, luego de ser detenido el 18 de agosto de 1968. En el exclusivo Centro Hípico Valdemoro, ubicado en el Paseo del Prado S/N, del que es dueño, se celebró el 25 de febrero de 1994 un homenaje a Antonio Tejero. A ese evento asistieron los guardias que acompañaron al teniente coronel en el golpe de Estado de 1981, cuando asaltaron el Congreso de los Diputados.

ENTREVISTA A CARLOS SLEPOY, ABOGADO EN LA QUERELLA ARGENTINA

“Provocará una gran presión”

Slepoy enfatiza que la resolución de Servini de Cubría pudo sortear la sentencia del Tribunal Supremo español y que tendrá sus efectos. Van a presentar pruebas adicionales sobre las cinco personas que aún no han sido imputadas.

Por Adrián Pérez

“Pedimos que se dicte la misma medida para tres ex ministros y dos jueces”, dijo Slepoy.Imagen: Leandro Teysseire

Carlos Slepoy recibe a Página/12 en La Americana. Hace tiempo en la tradicional pizzería porteña mientras espera el comienzo de la marcha convocada por los organismos de derechos humanos al cumplirse siete años de la desaparición de Jorge Julio López. Junto a Máximo Castex, otro de los abogados de familiares y víctimas del franquismo, están exultantes. Se muestran satisfechos por la decisión de la jueza Servini de Cubría de librar una orden de detención internacional para los criminales españoles. Afirma que se dictó “una importantísima resolución, de una enorme relevancia”, toda vez que fueron imputados cuatro torturadores de la última etapa del franquismo, como consecuencia de múltiples testimonios donde cada uno de ellos consta en la causa en manos de la jueza. Los abogados convocan hoy a las 12 a una conferencia de prensa en la Asociación de Abogados de Buenos Aires, Uruguay 485.

–¿Qué alcance tiene la medida adoptada por la magistrada?
–La resolución establece que se emite una orden a la Organización Internacional de Política Criminal (Interpol) a los efectos de que sean detenidos allí donde se los encuentre. Asimismo se cursa un pedido de detención a España en el marco del tratado de extradición entre Argentina y ese país. Si las autoridades españolas hicieran lugar a esta petición, serían detenidos, se notificaría al juzgado argentino que fueron apresados o que están a disposición de la Justicia española, en cuyo caso el juzgado remitiría el pedido de extradición correspondiente.

–El gobierno español quedará expuesto si no accede a la petición de la jueza argentina.
–Si eso pasa, el único refugio que tendrán en el mundo será el lugar donde cometieron esos crímenes. Esto va a provocar una enorme presión para terminar con el franquismo en España. A pesar de la sentencia que ha dictado el Tribunal Supremo sosteniendo que estos crímenes no se podían investigar por la vigencia de la Ley de Amnistía, por prescripción o el principio de ilegalidad y otros argumentos, confiamos en que haya jueces y fiscales en España que se atrevan a proceder en relación con estos crímenes cometidos en uno de los mayores genocidios que se cometió en el siglo XX.

–La resolución de la jueza aparece incompleta. Las videoconferencias con víctimas que residen en España se suspendieron en mayo y ustedes habían pedido órdenes de detención para nueve represores.
–Pedimos que se dicte la misma medida para tres ex ministros y dos jueces y se nos ha manifestado que esto está siendo estudiado, por lo tanto, puede ser objeto de medidas futuras que se tomen sobre los mismos. Creemos que es el comienzo de una larga serie de resoluciones en el mismo sentido.

–¿Cuáles serán los próximos pasos de la querella?
–Se presentarán escritos señalando nuevos imputados. Se presentarán pruebas adicionales sobre las cinco personas que todavía no han sido objeto de imputación. El 20 de noviembre la jueza recibe a parlamentarios y alcaldes españoles que viajarán para manifestarle su apoyo a la causa. Esperamos que en el transcurso de la semana que viene se fijen nuevas fechas para las videoconferencias. Y a la vez sean recibidos nuevos querellantes. Esto va a tener una gran repercusión en España y a nivel internacional. Esperamos que sirva de disparador para que se ejerza la jurisdicción internacional en otros países del mundo.

La visita del Grupo de la ONU

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias de la ONU el próximo lunes viajará a España para determinar si el Estado español cumple con su obligación de investigar las desapariciones forzadas acaecidas durante la dictadura franquista y la Guerra Civil, el establecimiento de una verdad histórica sobre la violación de derechos humanos durante el mismo período histórico y la reparación de las víctimas, que a día de hoy, casi 38 años después de la muerte del dictador, continúan batallando para poder encontrar y dar sepultura a sus familiares desaparecidos. El equipo visitará durante una semana Madrid, Barcelona, Sevilla y Vitoria, donde mantendrá diversas reuniones con autoridades, víctimas de la dictadura, familiares de desaparecidos, asociaciones civiles, abogados, académicos y otros actores pertinentes. “Esta visita es fundamental para nosotros. Las víctimas de la dictadura están siendo desatendidas por los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial. Ante esta situación, la llegada de la ONU sirve para denunciar internacionalmente que España incumple sus obligaciones y esperamos que sirva para que, al menos por vergüenza, el Estado actúe”, explicó al diario Público Jordi Gordon, portavoz de la Plataforma por la Comisión de la Verdad, que se reunirá con el Grupo de Trabajo el próximo lunes.

Las víctimas acudieron a Naciones Unidas por primera vez en el año 2002. Concretamente, las víctimas denunciaron el caso de tres ciudadanos desaparecidos en 1947, 1949 y 1950. En su informe anual de 2004, el Grupo de Trabajo reflejó la imposibilidad de informar sobre las tres denuncias ante la falta de información aportada por las autoridades. Y en 2008 el Grupo recomendó a España derogar la Ley de Amnistía.

Solidaridad con el pueblo español

“Siento una gran emoción porque así como los españoles nos abrieron las puertas para que iniciáramos allí el juicio al genocidio en la Argentina, puerta que aquí nos cerraban la obediencia debida y el punto final, hoy les estamos devolviendo la solidaridad al pueblo español, para que no haya impunidad ni olvido de los crímenes cometidos por el franquismo”, sostuvo el diputado nacional de Unidad Popular, Víctor De Gennaro. El también dirigente sindical de ATE recordó que la Central de Trabajadores Argentinos (CTA) presentó en 1989, en España y ante el juez Baltasar Garzón, un informe sobre la persecución a los trabajadores argentinos, en el marco de la causa judicial contra los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura en nuestro país. De Gennaro también impulsó, con el respaldo del presidente de Cámara de Diputados, Julián Domínguez, y los integrantes de la Comisión de Derechos Humanos que preside Remo Carlotto, el apoyo legislativo a la causa contra los crímenes en España.

OPINION

Justicia universal contra la impunidad
Por Jorge Rivas *

Durante cuarenta años, Francisco Franco, el Generalísimo, el Caudillo de España por la Gracia de Dios, sojuzgó al pueblo español mediante una de las más terribles dictaduras del siglo XX. La persecución, la tortura, la cárcel, el asesinato, fueron algunas de las herramientas que utilizó para llevar de nuevo al país a la época de la Inquisición.

Casi cuatro décadas después de la extinción del feroz régimen, esos crímenes de lesa humanidad permanecen a salvo de la investigación y el castigo penal que merecen. Aquí, en nuestro país, debimos soportar también durante muchos años la negación de justicia para las aberraciones que cometió la última dictadura cívico-militar. La impunidad garantizada legalmente, contra la que importantes sectores de nuestro pueblo lucharon con enorme consecuencia, recién fue derrotada con los juicios y las condenas que siguieron a la declaración de nulidad de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, en 2003.

Antes de eso, sin embargo, muchos argentinos tuvieron la posibilidad de recurrir a los tribunales españoles, y a los de otros países europeos, en procura de la justicia que se les negaba en la propia escena de los crímenes del Terrorismo de Estado. Eso pudo ser así en virtud del principio de justicia universal, consagrado en la Constitución argentina y en el derecho internacional respecto de los crímenes contra la humanidad: sus responsables pueden y deben ser perseguidos por los tribunales de justicia de cualquier país, cualquiera sea el lugar y el tiempo en que los hayan cometido.

La situación es inversa ahora. Son las víctimas del terror del franquismo las que buscan en nuestros tribunales la justicia que no pueden obtener en los de su país. En efecto, el 14 de abril de 2010 se interpuso una querella ante la Justicia argentina con objeto de que se investiguen los delitos de genocidio y/o crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977.

La causa, que se tramita ante el Juzgado Nacional Federal en lo Correccional y Criminal N°1 de Buenos Aires, fue presentada por familiares de víctimas y asociaciones de derechos humanos argentinas y españolas. A ella se han sumado ya cientos de querellantes y denunciantes particulares y asociaciones culturales, sociales y sindicales. Recientemente, se ha constituido una Coordinadora Estatal de apoyo a la querella argentina contra los crímenes del franquismo.

Un grupo de diputados nacionales hemos presentado un proyecto para que el Congreso declare “su enérgico repudio a los crímenes de lesa humanidad cometidos en España por la dictadura franquista y a la impunidad de que gozan sus responsables, solidarizándose con las víctimas y apoyando el proceso judicial abierto en nuestro país para investigar los crímenes, promoviendo de esta forma la memoria, la verdad y la justicia”.

Nos motiva, por cierto, la solidaridad concreta con nuestros hermanos españoles que han sido víctimas de la barbarie y con sus familiares. Pero también la conciencia de que es necesario contribuir a la afirmación de ese principio de justicia universal al que aludíamos antes. Cuando un país consagra la impunidad para los criminales que alberga, la persecución internacional puede lograr que el único lugar del mundo en que ellos puedan refugiarse sea el que ha sido teatro de sus terribles acciones. Hasta que tampoco eso sea posible. Ya sucedió en la Argentina.
* Diputado nacional, Confederación Socialista FpV.

Fuente:Pagina12