LA CORTE NO FALLARIA SOBRE LA LEY DE MEDIOS HASTA QUE REGRESE ZAFFARONI.

LA CORTE NO FALLARIA SOBRE LA LEY DE MEDIOS HASTA QUE REGRESE ZAFFARONI

A la espera de que estén todos juntos

El juez Raúl Zaffaroni tiene previsto volver al país dentro de dos semanas y recién entonces los miembros de la Corte comenzarán a definir su decisión sobre la ley. Persiste la duda sobre si dictarán sentencia antes o después de las elecciones.

Por Irina Hauser

“Una semana más, una semana menos... elecciones va a haber siempre”, dicen en la Corte.Imagen: Bernardino Avilá

En la Corte Suprema se respira un aire triunfalista. Los jueces del alto tribunal quedaron complacidos el día después de la audiencia pública por la ley de medios, como quien dice: “Vieron que era útil; vieron que no era para dilatar”. Y aun así, en una nueva demostración de su manejo de los tiempos del caso, hicieron trascender que para ponerse a deliberar y firmar un fallo esperarán a que regrese de un viaje académico el juez Raúl Zaffaroni. Eso será dentro de dos semanas y media. Así las cosas, sigue la incertidumbre sobre si habrá sentencia antes o después de las elecciones del 27 de octubre.

A pesar de que obligó a las instituciones y especialistas presentados como “amigos del tribunal” a tomar partido por una de las partes en la audiencia, lo que polarizó el debate sobre la validez constitucional de la ley, la Corte terminó recibiendo más elogios que críticas en el balance. Fueron halagadas las preguntas de los jueces supremos, que lograron incomodar por momentos tanto a los abogados del Grupo Clarín como a los del Estado y amplificar socialmente el debate. El interrogatorio –elaborado en gran parte en la presidencia del tribunal junto con el secretario Cristian Abritta– mostró un gran conocimiento del expediente por parte de los jueces, algo esperable después de cuatro años en que tuvieron sucesivas intervenciones que, hasta el momento, sirvieron para consolidar la prolongación de la medida cautelar que exime al multimedios de resignar licencias de radio y televisión para adecuarse a los límites antimonopólicos establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA).

“Ningún fallo de esta naturaleza puede salir si no estamos todos”, enfatizaba ayer desde su amplio despacho un alto funcionario supremo, quien regañaba porque Zaffaroni había informado de su viaje a Alemania una semana después de que se fijara la fecha de audiencia. También dijo que los jueces se pondrán a deliberar en conjunto cuando su colega esté de vuelta, pero es obvio que mientras tanto discutirán y empezarán a perfilar una decisión. “Y tampoco es que esto se va a resolver en una deliberación única”, se atajó, para quienes claman por un desenlace rápido.

Hasta hace algunas semanas las posiciones parecían estar divididas a favor y en contra de la ley dentro de la Corte, con necesidad de alguien que desempate. Pero con el correr de los días se fueron superponiendo versiones variadas y confusas. Algunos jueces intentan transmitir –aunque no sea del todo creíble– que tras la audiencia conocieron nuevos aspectos de lo que está en discusión y se disponen a repensar sus perspectivas. Uno de ellos calificó a la audiencia como un “avance” porque “se conocieron detalles” y “quedaron claras las posiciones”.

Clarín pretende instalar la idea de que si cumple con los límites establecidos por la LdSCA disminuirán su rentabilidad y su sustentabilidad y eso afectará su libertad de expresión. El Estado plantea que lo que afecta la libertad de expresión es la concentración oligopólica en manos de pocas empresas, entre las cuales el Grupo Clarín lleva las de ganar.

Lo que la Corte tiene que revisar ahora es un fallo de la Sala I de la Cámara en lo Civil y Comercial que apoyó la tesis de Clarín y declaró la inconstitucionalidad de aspectos clave de la LdSCA.

¿Cuánto tiempo más se tomará la Corte? ¿Esperará un resultado electoral o lo hará antes? La respuesta algo irónica en el tribunal es: “Una semana más, una semana menos... elecciones va a haber siempre”.

PERFIL DE LOS AMICUS CURIAE QUE PRESENTO CLARIN ANTE LA CORTE

Los buenos amigos del multimedios
Por Irina Hauser

Un ex juez de la Corte Interamericana y político antichavista; un directivo de la radiodifusión chilena que pelea por erradicar a las radios comunitarias; una asociación de consumidores salteña representada por un otrora prestigioso semiólogo que se compró una parroquia en Italia, donde juega a las bochas; y un puñado de académicos defensores del derecho de propiedad. Ese es el perfil de los amicus curiae que llevó el Grupo Clarín para sostener en una audiencia pública ante la Corte Suprema su ataque a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA). Los amigos del Estado fueron universidades nacionales y entidades representadas por especialistas .

- Luis Pardo, amicus de Clarín, preside la Asociación de Radiodifusión de Chile, que impulsa causas penales contra las radios que transmiten allí sin autorización. Si las denunciadas prometen no volver a funcionar y sacrifican sus equipos, les cierran los expedientes. Esas emisoras suelen ser radios comunitarias a las que se ha limitado para evitar su competencia. Pardo, paradójicamente, describió a la LdSCA como “un conjunto de condiciones para imponer un discurso único”. “Sin autonomía económica no hay independencia”, dijo a la Corte, en nombre de la Asociación Internacional de Radiodifusión. Junto con él, la Asociación de Entidades Periodísticas de Argentina (Adepa) expuso su planteo de los tiempos del gobierno de Raúl Alfonsín: lo único que se puede regular en el sistema de medios es la asignación de frecuencias, no puede haber otros límites. Para Adepa, los medios audiovisuales deben equipararse a los gráficos.

- Para interpretar a su modo el derecho internacional, el holding llevó a Asdrúbal Aguiar Aranguren, un ex juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, quien objetó la regulación estatal del sistema de medios y dijo que “no se puede impedir el crecimiento económico” de las empresas, lo que a su entender afectaría la libertad de expresión. Aranguren es un antichavista con carrera política en Venezuela. Cuando se empezó a debatir la LdSCA publicó una nota en Clarín en la que asimilaba la norma argentina a la Ley de Responsabilidad Social de Radio y Televisión de Hugo Chávez, para decir que es una ley “mordaza”. La norma venezolana regula los contenidos, no así la argentina.

- El Comité de Defensa del Consumidor (Codelco) es una asociación civil radicada en Salta que consiguió una de las primeras medidas cautelares para evitar la aplicación de la LdSCA. A la Corte llevó a Eliseo Verón, antiguo icono de la semiología, de larga vinculación con Clarín, donde asesoró y ejerció la dirección académica de una maestría en periodismo. Cuando dejó ese cargo contó que se había comprado una parroquia en un pueblo de Italia llamado Monte Cerignone, frente a un convento de Umberto Eco, donde se encontraban a jugar a las bochas. Verón sostuvo la tesis de que Internet y las redes sociales garantizan el pluralismo mediático y que “no hay pretexto para limitar las voces”. Por Codelco también habló el constitucionalista Andrés Gil Domínguez, abogado con presencia mediática, quien presentó una de las primeras medidas cautelares contra la reforma del Consejo de la Magistratura rechazada por la Corte.

- Con perfil más académico, el multimedios llevó a Eduardo Oteiza, un procesalista que enseña en la Universidad de Palermo y que encabezó la Asociación por los Derechos Civiles cuando Alejandro Carrió se sumergió en la causa sobre la identidad de los hijos adoptivos de la directora de Clarín, Ernestina Herrera de Noble. Oteiza representó a la Organización de Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada de Iberoamérica. También expuso Lucas Grossman, profesor de tiempo completo de la Universidad de San Andrés, que dejó flotando la memorable frase “el tamaño sí importa”, para defender el patrimonio del holding y se burló del informe de 2004 de la Relatoría de Libertad de Expresión de Naciones Unidas (aprobado por la Comisión Interamericana y la asamblea general de la OEA) alegando que lo hizo un pasante.

En defensa de la ley
Por Irina Hauser

El Estado optó por llevar como amicus curiae para defender la ley a dos universidades nacionales, las de Lanús y General San Martín. Por la primera habló el jurista Víctor Abramovich, experto en derecho internacional y ex miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. En las antípodas de Clarín, sostuvo que la regulación estatal del sistema de medios es una obligación destinada, por ejemplo, a evitar situaciones de exclusión. Por San Martín habló su rector, Carlos Ruta. También participó el CELS, con una larga historia de intervenciones en causas sobre libertad de expresión. Su presidente, Horacio Verbitsky, le dijo a la Corte que el organismo pretende contribuir a que la democracia sea liberada de los mandatos de la dictadura cívico-militar. Damián Loreti, directivo del CELS y profesor de Derecho a la Información, recordó las disposiciones internaciones de leyes antimonopólicas. Miguel Julio Rodríguez Villafañe, un histórico abogado de cooperativas, expuso por la Confederación Cooperativa con ejemplos de cómo excluye Cablevisión a canales en las provincias. El abogado de derechos humanos Beinusz Szmukler habló por la Asociación Americana de Juristas.

Fuente:Pagina12