La Fiscalía española adelantó que se opone a la extradición de represores franquistas-Confirman la muerte de dos represores del franquismo reclamados por la Justicia argentina.

25.09.2013
A su entender, a los imputados los ampara la Ley de Amnistía de 1977
La Fiscalía española adelantó que se opone a la extradición de represores franquistas

Sede de la Audiencia Nacional de España, donde debe resolverse el pedido de captura y extradición enviado desde la Argentina.
Madrid (corresponsal).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional se opuso hoy a la detención de los represores reclamados por la justicia argentina por los crímenes del franquismo, decisión que no evita la apertura de un proceso de extradición, según fuentes judiciales. En un escrito presentado en el juzgado de guardia de la

Audiencia Nacional, el Ministerio público sostiene que los arrestos "no son necesarios ni urgentes" debido a la "antigüedad de los hechos" que se les imputa a los cuatro ex agentes de las fuerzas se seguridad españolas. Sin entrar en el fondo del asunto, la Fiscalía afirma que en las órdenes de detención dictadas por la jueza argentina María Servini de Cubría darían lugar a una "denegación", puesto que en ellas "no constan datos de tiempo y lugar de comisión" de los delitos, como requiere el Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial entre España y Argentina.

A pesar de ello, los procuradores no se oponen a la apertura del trámite de extradición, sino que piden al magistrado Pablo Ruz, a cargo del juzgado de guardia, que abra el correspondiente expediente y lo comunique al Ministerio de Justicia para que éste requiera a la justicia argentina la "documentación necesaria". No obstante, la fiscalía ya adelanta su posición contraria a la extradición argumentando que los presuntos delitos de homicidio agravado, privación ilegal, torturas y sustracción de menores, por los que se reclama a lo represores han prescrito. Y añade que los españoles reclamados están amparados por la Ley de Amnistía de 1977.

El juez debe estudiar el dictamen de la jueza argentina y el informe de la Fiscalía para adoptar una decisión, aunque la última palabra en los casos de extradición la tiene el Consejo de Ministros español, es decir, el gobierno de Mariano Rajoy.
   
Los reclamados son el ex guardia civil Jesús Muecas Aguilar, el ex escolta del general Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal –ya fallecido, según datos policiales-, el comisario José Ignacio Giralde González y el inspector José Antonio González Pacheco, alías "Billy El Niño".

Servini de Cubria señala en su resolución que en el caso de los crímenes del franquismo, que son imprescriptibles, es aplicable el principio de jurisdicción universal para evitar que puedan quedar impunes.
   
Las órdenes de arresto internacional fueron celebradas como un paso histórico por las asociaciones de víctimas del franquismo, que vieron cómo la justicia española les denegaba su afán de justicia.
   
El fiscal jefe de la Audiencia, Javier Zaragoza, nombrado por el gobierno español, se opuso en el pasado a la investigación de estos delitos cuando en 2008 el juez español Baltasar Garzón se declaró competente para ello.
   
En aquel momento, Zaragoza acusó a Garzón de abrir una "inquisición general" de la Guerra Civil (1936-1939) y la dictadura franquista (1939-1975), algo que está prohibido por la Constitución. Garzón fue juzgado por prevaricato por su decisión, aunque finalmente fue absuelto.
   
La causa abierta en la Argentina en 2010 investiga los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, período que va más allá de la muerte del dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975. Involucra a ex ministros, gobernadores, jefes militares, guardias civiles y policías que actuaron durante la dictadura, como los ministros franquistas Rodolfo Martín Villa y José Utrera Molina, suegro del actual ministro de justicia, Alberto Ruiz Gallardón.

"Como no puede ser de otra manera, la policía y el ministerio estarán a resueltas de lo que digan las autoridades de la Audiencia", dijo hoy el Ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, tras confirmar que los pedidos de detención llegaron a España.

Sin embargo, el diputado de la Izquierda Plural José Luis Centella acusó al gobierno de ponerse del lado de los "torturadores" y reclamó "máxima colaboración con la justicia argentina.

En mayo de este año, Servini de Cubria tenía previsto tomar declaración por videoconferencia a víctimas y familiares de víctimas pero suspendió el procedimiento ante las quejas del Ejecutivo español. Finalmente algunos de los testigos y víctimas declararon en Buenos Aires.

Por el momento, la jueza argentina imputó solo a los cuatro represores reclamados, pero pidió al Ministerio de Exteriores de Argentina que ponga los consultados a disposición para recolectar los testimonios de las víctimas con la intención de ampliar la investigación.
Fuente:Telam

Miercoles 25 de Setiembre, 2013
Fiscalía española desestima pedido argentino de detener a exrepresores franquistas
La fiscalía no consideró necesario este martes detener a los cuatro expolicías españoles reclamados por la justicia argentina por crímenes cometidos durante la dictadura franquista (1939-1975), aunque se muestra favorable a abrir un proceso de extradición.

JUSTICIA

Restos de víctimas del franquismo / diario-octubre.com

El fiscal Miguel Bautista, de la Audiencia Nacional (principal instancia penal española), no considera necesaria “la detención preventiva, habida cuenta la antigüedad de los hechos” en un escrito presentado este martes al juez.

La fiscalía cree que los delitos de “homicidio agravado, privación ilegal de la libertad calificada por la aplicación de torturas y sustracción de menores”, incluidas en la orden detención cursada por la juez federal argentina María Servini de Cubría, están prescritos y cubiertos por la ley de amnistía española de 1977.

El fiscal insta, no obstante, al juez Pablo Ruz a abrir un expediente de extradición por cada uno de los cuatro reclamados y a que “informe al ministerio de justicia del estado requirente al objeto de que presente en el plazo que aquél determine la solicitud de extradición y la documentación necesaria a tales fines“, según la misma fuente.

Bautista presentó cuatro escritos idénticos, uno por cada reclamado, después de recibir, vía interpol, las órdenes de detención cursadas por Servini de Cubría contra cuatro expolicías españoles “con fines de extradición, a efectos de recibirles declaración indagatoria”, en el marco de la causa abierta en el país sudamericano por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura franquista y los dos años siguientes.

La petición de la juez afecta al exescolta de Franco, Celso Galván Abascal, de 78 años, y el excomisario José Ignacio Giralte González, de 71, los cuales habría fallecido ya, así como al exguardia civil Jesús Muñecas Aguilar, de 74, y el exinspector Juan Antonio González Pacheco, de 66, alias “Billy El Niño”.

La justicia argentina abrió en 2010 la causa por los crímenes perpetrados en España entre el inicio de la Guerra Civil (18 de julio de 1936) y el 15 de julio de 1977, fecha de las primeras elecciones democráticas tras la dictadura franquista, alegando el llamado principio de Justicia Universal. 
AFP
Fuente:laRed21

25.09.2013
lesa humanidad
Confirman la muerte de dos represores del franquismo reclamados por la Justicia argentina

El juez de la Audiencia Nacional de España Pablo Ruz confirmó el fallecimiento de dos de los cuatro represores reclamados por la Justicia argentina por los crímenes del franquismo.

Se trata del ex comisario José Ignacio Giralde González, quien murió el 2 de abril de 2007, y el ex escolta del dictador Francisco Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, fallecido el 3 de agosto de 2009, informaron a Télam fuentes judiciales.

Por su parte, los otros dos represores, el ex guardia civil Jesús Muecas Aguilar y el ex inspector José Antonio González Pacheco, alias “Billy El Niño”, se encuentran localizados por la Justicia y pendientes de ser citados a declarar.

La causa abierta en Argentina en 2010 investiga los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977

Ruz, a cargo del juzgado de guardia que tramita la solicitud argentina, está a la espera de recibir el pedido formal de la jueza María Servini de Cubría para citar a declarar a los dos represores sobre los que pesa una orden de detención internacional.

La Fiscalía del tribunal se opuso ayer al arresto de los ex agentes de seguridad españoles reclamados por la justicia argentina, al considerar que “no son necesarios” debido a la antigüedad de los hechos que se les imputan.

Los procuradores dieron argumentos formales, señalando que en la orden de detención de Servini no constan datos de tiempo y lugar de comisión de los delitos, como requiere el Convenio Bilateral sobre Extradición y Asistencia Judicial entre España y Argentina.

A pesar de que no se opusieron a la apertura del trámite de extradición, los procuradores adelantaron su posición contraria a la extradición argumentando que los presuntos delitos de homicidio agravado, privación ilegal, torturas y sustracción de menores, por los que se reclama a los represores, han prespcrito. También sostienen que están amnistiados.

La causa abierta en Argentina en 2010 investiga los crímenes de lesa humanidad y/o genocidio cometidos en España entre el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977, período que va más allá de la muerte del dictador Francisco Franco, fallecido el 20 de noviembre de 1975.

El pasado 18 de septiembre, en una resolución sin precedentes, Servini de Cubría imputó a ex agentes de seguridad y dictó una orden de arresto internacional en su contra con fines de extradición.

En su resolución, la jueza señala en el caso de los crímenes del franquismo, que son imprescriptibles, es aplicable el principio de jurisdicción universal para evitar que puedan quedar impunes.

En la decisión de la jueza fueron clave los testimonios de algunas víctimas del franquismo que se trasladaron a Buenos Aires para prestar su declaración.  

Fuente:Telam