1 de septiembre de 2013

MENDOZA: A horas de su extradición al país, califican a Romano de "asesino".

Domingo, 01 de septiembre de 2013
A horas de su extradición al país, califican a Romano de "asesino"
Hablan Fernando Rule y Luz Faingold, dos de los mendocinos que estuvieron presos y declararon contra el ex juez federal en Chile. Por su desempeño también lo consideran "un cómplice de la dictadura".

Alejandro Gamero
gamero.alejandro@diariouno.net.ar

“Otilio Romano era el que vigilaba la puerta, era el vigilante jurídico de la represión, la tortura y las desapariciones (en los años ’70) que se llevaban a cabo en Mendoza. Y el que vigila la puerta de quien está asesinando adentro para mí también es un asesino”.

La implacable frase es de Fernando Rule, ex detenido en el D2 un mes antes del golpe de Estado de 1976 y preso durante la dictadura. Es uno de los cinco que fue a Chile a declarar ante la Corte Suprema de ese país, donde quisieron escuchar a las víctimas de la represión militar antes de decidir si entregaban o no a Romano.

Rule nunca tuvo enfrente a Romano mientras estuvo detenido, pero Luz Faingold sí. “Romano fue alguien que consideró que los detenidos éramos menos humanos que otros. Para él no éramos ciudadanos ni seres humanos, no corrían las garantías constitucionales ni el buen trato ni nada. Romano no fue sólo funcional a la represión, fue cómplice. Si él era un hombre de la Justicia, debió haber renunciado y haberse ido del país”.

Luego sentenció: “Él vio luego que estábamos totalmente desvalidos. Él en la dictadura no investigó desapariciones, avaló como válidas declaraciones obtenidas bajo tortura de gente que fue torturada y quemada. No investigó las denuncias sobre las torturas de los detenidos y denegó los hábeas corpus que se presentaban por las personas desaparecidas. Avaló el proceso militar, estuvo de acuerdo y me parece que alguien que hizo tanto daño a la dignidad humana debe ser juzgado”.

De la tortura a la foto del diario
Luz Faingold también declaró en Chile y allá volvió a contar su historia cuando, con 17 años cumplidos, estuvo presa en el D2: “Les conté que cuando estuve en el D2, fue a verme un hombre alto y de traje que se notaba que no era de ahí. Se asomó, yo creí que venía a sacarme, a salvarme; pero abrió, observó y cuando fui hacia él, como pude, porque estaba en un estado deplorable, cerró la puerta de la celda y se fue. Nunca me olvidé de su cara. Hace unos años, me encontré ese rostro en la foto de un diario: era Otilio Romano. Ahí supe que era él quien había ido a verme”.


La presencia de Romano en el centro de torturas y desapariciones de la policía ha sido testimoniada a cuentagotas, pero quien en la década del 80 lo confirmó, en una declaración judicial de las causas de lesa humanidad, fue el máximo jefe del

D2, el ya fallecido comisario general Alberto Sánchez Camargo.

Él afirmó que Romano frecuentaba las mazmorras del centro de detención y torturas ubicado en el Palacio Policial de calle Belgrano. Fiscal federal desde 1975, Romano permaneció en la Justicia Federal de Mendoza durante todo el proceso militar y continuó en democracia, llegando al máximo cargo local de camarista, del que fue destituido hace dos años. Su tarea era investigar los delitos que se cometían.

Investigó a los catalogados como “subversivos” por la dictadura militar, pero no lo que denunciaban los detenidos por las torturas de las fuerzas de seguridad ni tampoco las desapariciones.

Romano, como fiscal, pidió el procesamiento y la detención, y se le hizo lugar, contra el legendario dirigente comunista mendocino, Ángel Bustelo, por unos panfletos y un libro sobre ideas políticas consideradas subversivas en ese entonces.

Ese pedido de Romano le valió a Bustelo la cárcel, el traslado a La Plata y los padecimientos bajo torturas en el presidio bonaerense.

El rol de los jueces en los años más terribles
La investigación de la complicidad del ex juez Romano y los ex magistrados de la Justicia Federal mendocina con la última dictadura fue una de las últimas revelaciones de las causas por violaciones a los derechos humanos.

Casi todos los fiscales, defensores y jueces que habían estado en la Justicia Federal local en el proceso militar continuaron en democracia sin problemas salvo los que enunciaron. Incluso lograron ascender.
¿Qué los puso en la mira de las organizaciones? La negativa a realizar los juicios de lesa humanidad en los últimos años. Esa férrea actitud los desnudó ante los organismos.

Fernando Rule confiesa: “No habíamos prestado atención. No entendíamos por qué no avanzaban los juicios si estaban en la Cámara Federal. Lo que veíamos en cambio, y lo dejé bien en claro en la Corte de Chile, es que vimos que los mecanismos de la cámara eran casi personales. Romano tenía de hecho la jefatura absoluta de la Justicia Federal en Mendoza y lo que supimos es que si Romano no movía un dedo nadie lo hacía. Nadie se arriesgaba a desobedecer a Romano a riesgo de cortar su carrera”.

Rule recordó: “Eso nos obligó a estudiar para atrás qué papel habían tenido los jueces y descubrimos que los nombres eran siempre los mismos, era un pequeño grupo de jueces que se turnaba entre ellos en los tiempos del proceso. Romano era fiscal y en las pocas declaraciones detenidos denunciando tortura que quedaron escritas en actas judiciales, porque la mayoría ni siquiera fueron registradas, quedó claro que ni el fiscal, ni el juez, ni el defensor investigaban nada sobre esas denuncias”.

Rule, como Faingold, hizo hincapié en que la actitud de Romano fue siempre la misma en esos tiempos y después durante la democracia. “El único argumento de Romano en su defensa ante la Corte de Chile fue que él no podía hacer nada. Pero nunca renunció al cargo y en los años posteriores tuvo la oportunidad de expresarse al respecto y nunca lo hizo. Mantuvo silencio, postura clara y trabó la realización de los juicios de lesa humanidad”.

“Está claro –dijo Rule– que él no violaba prisioneras, pero sabía que en el D2 las violaban, porque los casos que la declaración quedó escrita, a él le denunciaron las violaciones y no hizo nada, no las investigó. Ni siquiera reclamó como fiscal cuando los jueces no le corrían la vista. Él es un responsable primario porque las herramientas culturales que tenía, por ser un magistrado, tenía plena conciencia, mucha más respecto del bruto torturador”.
Fuente:DiarioUnoMdza.

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