17.09.2013
El proceso reúne 18 causas y tiene 20 imputados, entre ellos Ríos Ereñú
Salta: Ya concluyó la etapa de testimonios en el juicio oral por la Megacausa
Ríos Ereñú llegó a comandante en jefe del EA en la democracia. Tenía "deudas" del ciclo anterior.
Salta.- La etapa de las declaraciones testimoniales en el marco del juicio oral y público que por 18 causas de lesa humanidad se realiza en Salta desde mayo de 2012, concluyó hoy, y en ese sentido se fijó la próxima audiencia para el 30 de septiembre. Así lo precisó a Télam la abogada Tania Kiriaco, que representa a la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en el proceso. La letrada informó que la audiencia de hoy se extendió durante toda la jornada, hasta las 5 de la tarde, y "se dio por finalizada la etapa de declaración de testigos", que superaron los 270 en todo el proceso.
Salta: Ya concluyó la etapa de testimonios en el juicio oral por la Megacausa
Salta.- La etapa de las declaraciones testimoniales en el marco del juicio oral y público que por 18 causas de lesa humanidad se realiza en Salta desde mayo de 2012, concluyó hoy, y en ese sentido se fijó la próxima audiencia para el 30 de septiembre. Así lo precisó a Télam la abogada Tania Kiriaco, que representa a la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en el proceso. La letrada informó que la audiencia de hoy se extendió durante toda la jornada, hasta las 5 de la tarde, y "se dio por finalizada la etapa de declaración de testigos", que superaron los 270 en todo el proceso.
"Luego se realizó un careo que estaba pendiente, entre dos policías, y se pasó a un cuarto intermedio, para luego comenzar con la lectura por secretaría de la documentación agregada al expediente", explicó Kiríaco. A continuación, el fiscal federal y la querella presentaron un pedido de cambio de acusación para dos imputados -Carlos Mulhall y Joaquín Guill-, por dos causas por delitos sexuales.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta fijó para el 30 de septiembre próximo la próxima audiencia, en la que se dará lectura a la documentación restante, se escuchará la palabra de los imputados, para luego dar paso a los alegatos, que demandarán mucho tiempo teniendo en cuenta las partes del proceso. Entre los acusados se encuentra el ex comandante en jefe del Ejército Héctor Luis Ríos Ereñú.
Los demás imputados son: Guil, Juan Carlos Alzugaray, Mulhall, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Miguel Raúl Gentil, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, Virtom Modesto Mendiaz, Juan Manuel Ovalle, Ricardo Benjamín De la Vega, Fernando Antonio Chain, Marcelo Diego Gatto y Joaquín Cornejo Aleman.
El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2012, tenía previsto extenderse hasta mediados de diciembre del año pasado, pero la gran cantidad de testigos citados prolongó su desarrollo.
En este proceso se analizan 18 causas con 20 imputados, de los cuales dos murieron en agosto del año pasado y diciembre último, en perjuicio de 34 víctimas que sufrieron los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio.
La causa principal fue caratulada "Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía, como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda".
A esta causa se le acumulan otras 17, por hechos cometidos en esta provincia entre 1975 y 1978, con 34 víctimas entre las que se encuetran Silvia Aramayo, Gemma Fernández, Carlos Rojas, Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, René Russo, Carlos Mosca Alsina, Víctor Brizzi, Martín Miguel Cobos, Luis Risso Patrón y Jorge Santillán.
Fuente:Telam
Megacausa: querellas estudian recusar al tribunal en pleno
Por Elena Corvalán
Querellantes en el megajuicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta anunciaron ayer que evalúan la posibilidad de recusar al Tribunal en pleno. Es que entienden que los jueces Carlos Jiménez Montilla, Marcelo Juárez Almaraz y Martha Liliana Snopek adelantaron opinión al resolver sobre un pedido de ampliación de acusación respecto del teniente Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, quien venía siendo juzgado como partícipe secundario (el que coopera para la ejecución de un hecho) de la privación ilegítima de la libertad que sufrió el conscripto Víctor Mario Brizzi, que está desaparecido desde el 8 de marzo de 1976. Con diferencias de matices, en la última audiencia, el lunes último, tanto el fiscal Ricardo Toranzos como el querellante David Leiva plantearon que De la Vega debía ser imputado también por la desaparición (el homicidio) de Brizzi. En una confusa resolución, el Tribunal rechazó primero este planteo pero luego, ante un pedido de aclaratoria y de reposición del fiscal, decidió que el teniente debe responder como partícipe necesario (el que presta una colaboración sin la cual no se hubiera podido cometer el delito) de privación ilegítima de la libertad, un cambio que no había sido solicitado por nadie. La decisión del Tribunal dejó perplejos a la Fiscalía, las querellas y hasta al defensor del acusado, el abogado Orfeo Maggio, quien expresó su desconcierto cuando el presidente del Tribunal hizo pasar a De la Vega para notificarlo de la nueva acusación.Para algunos, la decisión del Tribunal inhabilita para acusar en los alegatos a De la Vega por el homicidio de Brizzi, en este supuesto, entienden que el Tribunal adelantó opinión.“La recusación estaría fundada en el rechazo de la ampliación de imputación que se le hace al teniente De la Vega por el homicidio de Brizzi, pues creemos que el Tribunal (…) habría anticipado una opinión que debió valorarse al dictarse la sentencia, pues lo planteado tanto por el fiscal como por la querella era vinculado a su participación en el hecho que se viene investigando y no como un hecho nuevo”, sostuvo Leiva. Su postura es compartida por Cristina Cobos, la esposa de Brizzi y querellante en este proceso. Y es compartida también por la Asociación de Derechos Humanos Lucrecia Barquet, la organización Encuentro Memoria Verdad y Justicia y la Comisión Mega Causa. “Si la decisión del Tribunal impide en el alegato acusar a De la Vega por el homicidio de Brizzi, será evidente que adelantó su opinión relativo a este tema y no podrá dictar sentencia en esta causa”, añadió Leiva. Sería esa entonces la oportunidad para la presentación de la “recusación con causa del Tribunal en pleno”. Este juicio está en vísperas de los alegatos, que posiblemente comiencen a escucharse en los primeros días de octubre. En este análisis los querellantes consideran las vinculaciones del teniente (que ya cuenta con otras dos denuncias por otros delitos de lesa humanidad) “en la sociedad salteña que estarían influenciando en las decisiones de los jueces federales, entre ellos estamos averiguando si tiene vinculaciones de amistad con gente vinculada al Tribunal Oral y a la justicia federal de instrucción”, adelantó Leiva.
Envío:Agnddhh
Es la primera vez en la provincia que en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad se plantea una acusación formal por delitos de índole sexual cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado por las Fuerzas Armadas y sus socios civiles antes y durante la última dictadura. El fiscal recordó que estos delitos de índole sexual han sido declarados también de lesa humanidad.
El Tribunal Oral en lo Federal acogió el planteo y le notificó a Mulhall que en relación a López, ahora se le imputan también tormentos y violaciones reiteradas, además de la privación ilegítima de la libertad por la que ya venía acusado.
Juana López estuvo detenida-desaparecida duramte un mes. Toda su familia era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y sus miembros sufrieron hostigamientos y detenciones desde 1975.
En julio del año pasado. Juana contó en este proceso que fue secuestrada de su humilde casa en Metán en junio de 1976, que el grupo de tareas la cargó primero en un Ford Falcon y que luego, vendada, la subieron a lo que creyó que era un furgón, donde había otros detenidos. Fue conducida hasta un monte, del otro lado de la ciudad de Salta. Allí la arrojaron en una gran carpa verde (que pudo ver en una ocasión en la que se le corrió la venda), siempre con los ojos vendados, las manos y los pies atados y la boca tapada.
En esa situación fue interrogada insistentemente por un hombre, y fue violada y golpeada.
“Entre los llantos y los gritos (de otros detenidos) en esa carpa fue violada en reiteradas oportunidades”, subrayó el fiscal antes de recordar las palabras de Juana en este proceso: “(la violación) fue la peor tortura que pude padecer”. López nunca pudo saber si el violador fue uno solo o distintos hombres, porque estaba vendada.
Toranzos también acusó a Mulhall y al ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, por el abuso deshonesto que sufrió Asunción Griselda Banegas en abril de 1976, cuando un grupo de tareas secuestró a su esposo, Aldo Bellandi, un hecho que se investiga en este proceso. Pero el Tribunal no hizo lugar a esta acusación, por lo que tendrá que ser derivada a instrucción para su investigación y posterior elevación a juicio.
Además, el fiscal anunció que estudia plantear acusaciones más graves en contra de 7 de los 17 imputados. Lo hizo al término de los últimos testimonios, y de un careo. Las nuevas acusaciones dieron un adelanto de lo que podrían ser los alegatos, que todavía no tienen fecha para su producción.
Antes de cerrar la audiencia, el Tribunal informó a Mulhall, Chaín, Gatto y De la Vega de los cambios en las acusaciones. Los tres últimos dijeron que declararán más adelante.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 30 de septiembre, cuando concluirá la incorporación de prueba y comenzarán las indagatorias.
Que si, que no, que no se entiende
La respuesta del Tribunal al intento del fiscal Ricardo Toranzos y del querellante David Leiva (Encuentro Memoria Verdad y Justicia) para que se califique de manera más grave la acusación al oficial Ricardo de la Vega generó ayer un intercambio lleno de tecnicismos; y una confusión generalizada, aún en los técnicos.
De la Vega venía siendo juzgado como partícipe secundario (el que coopera para la ejecución de un hecho) de la privación ilegítima de la libertad del conscripto Víctor Brizzi. Pero para el fiscal y el querellante David Leiva, el oficial debe responder como partícipe necesario (una ayuda sin la cual no se habría podido cometer el hecho criminal). Ambos consideran también que prestó su colaboración para la desaparición de Brizzi, no solo para su secuestro.
Fundan su razonamiento en que en el juicio quedó probado que De la Vega era S1 (jefe de Personal) y como tal integraba la plana mayor del Regimiento V de Caballería: “Participó en la decisión y ejecución, a través de sus subordinados, de la desaparición de Víctor Mario Brizzi, por lo que debe responder como autor mediato”, sostuvo el fiscal.
El autor mediato es aquel que se vale de otra persona para cometer un delito, en este caso la desaparición o el homicidio de Brizzi. Leiva lo acusó como “autor mediato del homicidio doblemente agravado (…) en concurso real con privación ilegal de la libertad y aplicaciones de tormentos agravados”.
El Tribunal declaró inadmisible este planteo. El fiscal aclaró que solo había realizado una nueva calificación del mismo hecho, la desaparición de Brizzi.
Se inició entonces una discusión a la que trató de poner fin el anuncio del secretario Mariano García Zavalía: “Al planteo del fiscal, se hace lugar, si la ampliación es solo por Brizzi”, dijo.
El Tribunal notificó a De la Vega que ahora está acusado como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad de Brizzi, algo que nadie había pedido. La discusión siguió luego de terminada la audiencia. Aunque nadie está muy seguro, al parecer la decisión del Tribunal no inhabilita al fiscal y a las querellas a que en los alegatos acusen de nuevo a De la Vega por el homicidio de Brizzi.
La ampliación de la acusación está prevista en el artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación para los casos en que durante un debate surjan hechos nuevos relacionados con el delito que se atribuye al acusado o cuando surjan circunstancias que agraven la calificación.
De nuestra corresponsalía:
La etapa de las declaraciones testimoniales en el marco del juicio oral y público que por 18 causas de lesa humanidad se realiza en Salta desde mayo de 2012, concluyó hoy, y en ese sentido se fijó la próxima audiencia para el 30 de septiembre. Así lo precisó a Télam la abogada Tania Kiriaco, que representa a la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en el proceso. La letrada informó que la audiencia de hoy se extendió durante toda la jornada, hasta las 5 de la tarde, y "se dio por finalizada la etapa de declaración de testigos", que superaron los 270 en todo el proceso.
"Luego se realizó un careo que estaba pendiente, entre dos policías, y se pasó a un cuarto intermedio, para luego comenzar con la lectura por secretaría de la documentación agregada al expediente", explicó Kiríaco.
Seguidamente, el fiscal federal y la querella presentaron un pedido de cambio de acusación para dos imputados -Carlos Mulhall y Joaquín Guill-, por dos causas por delitos sexuales.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta fijó para el 30 de septiembre próximo la próxima audiencia, en la que se dará lectura a la documentación restante, se escuchará la palabra de los imputados, para luego dar paso a los alegatos, que demandarán mucho tiempo teniendo en cuenta las partes del proceso. Entre los acusados se encuentra el exjefe del Ejército Héctor Luis Ríos Ereñú.
Los demás imputados son: Guil, Juan Carlos Alzugaray, Mulhall, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Miguel Raúl Gentil, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, Virtom Modesto Mendiaz, Juan Manuel Ovalle, Ricardo Benjamín De la Vega, Fernando Antonio Chain, Marcelo Diego Gatto y Joaquín Cornejo Aleman.
El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2012, tenía previsto extenderse hasta mediados de diciembre del año pasado, pero la gran cantidad de testigos citados prolongó su desarrollo. En este proceso se analizan 18 causas con 20 imputados, de los cuales dos murieron en agosto del año pasado y diciembre último, en perjuicio de 34 víctimas que sufrieron los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio.
La causa principal fue caratulada "Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía, como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda". A esta causa se le acumulan otras 17, por hechos cometidos en esta provincia entre 1975 y 1978, con 34 víctimas entre las que se encuetran Silvia Aramayo, Gemma Fernández, Carlos Rojas, Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, René Russo, Carlos Mosca Alsina, Víctor Brizzi, Martín Miguel Cobos, Luis Risso Patrón y Jorge Santillán.
Hasta ahora estaban siendo juzgados por la desaparición del conscripto Brizzi
Salta: Acusan al coronel Mulhall y a otros tres militares por violaciones reiteradas a una detenida
El rostro del soldao Víctor Manuel Brizzi tal como lo muestran sus familiares en el juicio
Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta
El Tribunal Oral Federal en lo Penal decidió ayer aceptar un pedido del fiscal federal Ricardo Toranzos y recalificar las acusaciones al coronel retirado Carlos Alberto Mulhall, ex jefe de la Guarnición Militar de esta provincia durante la última dictadura y otros tres militares, añadiéndoles los tormentos y reiteradas violaciones que sufrió Juana Isabel López en junio de 1976 cuando estuvo cautiva en una carpa en dependencias del Ejército en esta ciudad, después de haber sido secuestrada por un grupo de tareas en Metán. El TOF recalificó la acusación contra los oficiales Fernando Chaín, Marcelo Diego Gatto y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, que estaban siendo juzgados como partícipes secundarios de la privación ilegítima de la libertad del conscripto Víctor Brizzi y que ahora quedaron acusados como partícipes necesarios de dichos delitos.
Salta: Acusan al coronel Mulhall y a otros tres militares por violaciones reiteradas a una detenida
Por Elena Corvalán, directora de Radio Nacional-Salta
El Tribunal Oral Federal en lo Penal decidió ayer aceptar un pedido del fiscal federal Ricardo Toranzos y recalificar las acusaciones al coronel retirado Carlos Alberto Mulhall, ex jefe de la Guarnición Militar de esta provincia durante la última dictadura y otros tres militares, añadiéndoles los tormentos y reiteradas violaciones que sufrió Juana Isabel López en junio de 1976 cuando estuvo cautiva en una carpa en dependencias del Ejército en esta ciudad, después de haber sido secuestrada por un grupo de tareas en Metán. El TOF recalificó la acusación contra los oficiales Fernando Chaín, Marcelo Diego Gatto y Ricardo Benjamín Isidro de la Vega, que estaban siendo juzgados como partícipes secundarios de la privación ilegítima de la libertad del conscripto Víctor Brizzi y que ahora quedaron acusados como partícipes necesarios de dichos delitos.
Es la primera vez en la provincia que en un juicio oral por crímenes de lesa humanidad se plantea una acusación formal por delitos de índole sexual cometidos en el marco del plan sistemático de eliminación de personas ejecutado por las Fuerzas Armadas y sus socios civiles antes y durante la última dictadura. El fiscal recordó que estos delitos de índole sexual han sido declarados también de lesa humanidad.
El Tribunal Oral en lo Federal acogió el planteo y le notificó a Mulhall que en relación a López, ahora se le imputan también tormentos y violaciones reiteradas, además de la privación ilegítima de la libertad por la que ya venía acusado.
Juana López estuvo detenida-desaparecida duramte un mes. Toda su familia era militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT) y sus miembros sufrieron hostigamientos y detenciones desde 1975.
En julio del año pasado. Juana contó en este proceso que fue secuestrada de su humilde casa en Metán en junio de 1976, que el grupo de tareas la cargó primero en un Ford Falcon y que luego, vendada, la subieron a lo que creyó que era un furgón, donde había otros detenidos. Fue conducida hasta un monte, del otro lado de la ciudad de Salta. Allí la arrojaron en una gran carpa verde (que pudo ver en una ocasión en la que se le corrió la venda), siempre con los ojos vendados, las manos y los pies atados y la boca tapada.
En esa situación fue interrogada insistentemente por un hombre, y fue violada y golpeada.
“Entre los llantos y los gritos (de otros detenidos) en esa carpa fue violada en reiteradas oportunidades”, subrayó el fiscal antes de recordar las palabras de Juana en este proceso: “(la violación) fue la peor tortura que pude padecer”. López nunca pudo saber si el violador fue uno solo o distintos hombres, porque estaba vendada.
Toranzos también acusó a Mulhall y al ex jefe de Seguridad de la Policía de Salta, Joaquín Guil, por el abuso deshonesto que sufrió Asunción Griselda Banegas en abril de 1976, cuando un grupo de tareas secuestró a su esposo, Aldo Bellandi, un hecho que se investiga en este proceso. Pero el Tribunal no hizo lugar a esta acusación, por lo que tendrá que ser derivada a instrucción para su investigación y posterior elevación a juicio.
Además, el fiscal anunció que estudia plantear acusaciones más graves en contra de 7 de los 17 imputados. Lo hizo al término de los últimos testimonios, y de un careo. Las nuevas acusaciones dieron un adelanto de lo que podrían ser los alegatos, que todavía no tienen fecha para su producción.
Antes de cerrar la audiencia, el Tribunal informó a Mulhall, Chaín, Gatto y De la Vega de los cambios en las acusaciones. Los tres últimos dijeron que declararán más adelante.
El debate pasó a un cuarto intermedio hasta el 30 de septiembre, cuando concluirá la incorporación de prueba y comenzarán las indagatorias.
Que si, que no, que no se entiende
La respuesta del Tribunal al intento del fiscal Ricardo Toranzos y del querellante David Leiva (Encuentro Memoria Verdad y Justicia) para que se califique de manera más grave la acusación al oficial Ricardo de la Vega generó ayer un intercambio lleno de tecnicismos; y una confusión generalizada, aún en los técnicos.
De la Vega venía siendo juzgado como partícipe secundario (el que coopera para la ejecución de un hecho) de la privación ilegítima de la libertad del conscripto Víctor Brizzi. Pero para el fiscal y el querellante David Leiva, el oficial debe responder como partícipe necesario (una ayuda sin la cual no se habría podido cometer el hecho criminal). Ambos consideran también que prestó su colaboración para la desaparición de Brizzi, no solo para su secuestro.
Fundan su razonamiento en que en el juicio quedó probado que De la Vega era S1 (jefe de Personal) y como tal integraba la plana mayor del Regimiento V de Caballería: “Participó en la decisión y ejecución, a través de sus subordinados, de la desaparición de Víctor Mario Brizzi, por lo que debe responder como autor mediato”, sostuvo el fiscal.
El autor mediato es aquel que se vale de otra persona para cometer un delito, en este caso la desaparición o el homicidio de Brizzi. Leiva lo acusó como “autor mediato del homicidio doblemente agravado (…) en concurso real con privación ilegal de la libertad y aplicaciones de tormentos agravados”.
El Tribunal declaró inadmisible este planteo. El fiscal aclaró que solo había realizado una nueva calificación del mismo hecho, la desaparición de Brizzi.
Se inició entonces una discusión a la que trató de poner fin el anuncio del secretario Mariano García Zavalía: “Al planteo del fiscal, se hace lugar, si la ampliación es solo por Brizzi”, dijo.
El Tribunal notificó a De la Vega que ahora está acusado como partícipe necesario de la privación ilegítima de la libertad de Brizzi, algo que nadie había pedido. La discusión siguió luego de terminada la audiencia. Aunque nadie está muy seguro, al parecer la decisión del Tribunal no inhabilita al fiscal y a las querellas a que en los alegatos acusen de nuevo a De la Vega por el homicidio de Brizzi.
La ampliación de la acusación está prevista en el artículo 381 del Código Procesal Penal de la Nación para los casos en que durante un debate surjan hechos nuevos relacionados con el delito que se atribuye al acusado o cuando surjan circunstancias que agraven la calificación.
De nuestra corresponsalía:
La etapa de las declaraciones testimoniales en el marco del juicio oral y público que por 18 causas de lesa humanidad se realiza en Salta desde mayo de 2012, concluyó hoy, y en ese sentido se fijó la próxima audiencia para el 30 de septiembre. Así lo precisó a Télam la abogada Tania Kiriaco, que representa a la Universidad Nacional de Salta (UNSa) en el proceso. La letrada informó que la audiencia de hoy se extendió durante toda la jornada, hasta las 5 de la tarde, y "se dio por finalizada la etapa de declaración de testigos", que superaron los 270 en todo el proceso.
"Luego se realizó un careo que estaba pendiente, entre dos policías, y se pasó a un cuarto intermedio, para luego comenzar con la lectura por secretaría de la documentación agregada al expediente", explicó Kiríaco.
Seguidamente, el fiscal federal y la querella presentaron un pedido de cambio de acusación para dos imputados -Carlos Mulhall y Joaquín Guill-, por dos causas por delitos sexuales.
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Salta fijó para el 30 de septiembre próximo la próxima audiencia, en la que se dará lectura a la documentación restante, se escuchará la palabra de los imputados, para luego dar paso a los alegatos, que demandarán mucho tiempo teniendo en cuenta las partes del proceso. Entre los acusados se encuentra el exjefe del Ejército Héctor Luis Ríos Ereñú.
Los demás imputados son: Guil, Juan Carlos Alzugaray, Mulhall, Jacinto Ramón Vivas, Felipe Caucotta, Miguel Raúl Gentil, Julio Oscar Correa, Raúl Eduardo Toledano, Mario Reinaldo Pachao, Virtom Modesto Mendiaz, Juan Manuel Ovalle, Ricardo Benjamín De la Vega, Fernando Antonio Chain, Marcelo Diego Gatto y Joaquín Cornejo Aleman.
El juicio, que comenzó el 21 de mayo de 2012, tenía previsto extenderse hasta mediados de diciembre del año pasado, pero la gran cantidad de testigos citados prolongó su desarrollo. En este proceso se analizan 18 causas con 20 imputados, de los cuales dos murieron en agosto del año pasado y diciembre último, en perjuicio de 34 víctimas que sufrieron los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio.
La causa principal fue caratulada "Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía, como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda". A esta causa se le acumulan otras 17, por hechos cometidos en esta provincia entre 1975 y 1978, con 34 víctimas entre las que se encuetran Silvia Aramayo, Gemma Fernández, Carlos Rojas, Ramón Gallardo, las hermanas Francisca y Carmen Torres, René Russo, Carlos Mosca Alsina, Víctor Brizzi, Martín Miguel Cobos, Luis Risso Patrón y Jorge Santillán.
Fuente:Telam
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