UN EXTRAORDINARIO DEBATE EN LA CORTE SOBRE LA LEY AUDIOVISUAL
El destape
El extraordinario debate sobre la ley audiovisual convocado por la Corte Suprema muestra un rasgo de madurez de la democracia argentina, que en diciembre cumplirá 30 años. Fue un paso gigantesco hacia la transparencia y expuso con nitidez el contraste entre la defensa de un interés económico y los derechos de la sociedad. Aunque el gobierno no siempre lo advierta, la Corte sigue siendo uno de los grandes activos de este período.
Por Horacio Verbitsky
Durante dos mañanas y con un cronograma de precisión escandinava, que sólo contempló un cuarto intermedio de quince minutos, la Corte Suprema de Justicia escuchó todos los argumentos posibles a favor y en contra de la plena vigencia de la ley audiovisual. Lo sucedido constituye un paso gigantesco hacia la transparencia en el debate público sobre cuestiones de interés general. La apreciable diferencia en el desempeño de los equipos de abogados y especialistas presentados por el Grupo Clarín y por el Estado Nacional, y de los respectivos amigos del tribunal que apoyaron las posiciones de cada uno, conspira contra las pretensiones del multimedios, que hizo girar su posición sobre la menor rentabilidad que obtendría si cumpliera con la ley, pero no atinó a fundamentar de qué modo esto afectaría su libertad de expresión. La más afamada de sus defensoras no vaciló en decir que sólo el Grupo Clarín podía hacer periodismo de investigación crítico del gobierno, por la escala monumental de sus negocios. Frente a esta visión mercantilista, justificada en una posición liberal conservadora sobre la autonomía de la empresa que no admite límite alguno, la representación del interés público opuso una concepción estructural más propia de este siglo, que incluyó el derecho de todos a expresarse, el de la sociedad a recibir información de fuentes plurales y diversas, y la obligación del Estado de intervenir para asegurarlo. Una contradicción difícil de salvar apareció en la descoordinada defensa del Grupo Clarín. Por un lado sostuvo que la concentración que ha conseguido en los 68 años de vida que cumplió el primer día de la audiencia no excede del 40 por ciento del mercado audiovisual. Por otro, insistió en que si se atuviera al tope del 35 por ciento fijado por la ley desaparecería la única voz crítica que existe en el país. Ni intentó explicar por qué la diferencia entre democracia y dictadura dependería del control de ese 5 por ciento del mercado. Se ahorró una ridiculez adicional, aunque no parecería que haya satisfecho así la curiosidad de la Corte. Mientras circulan inevitables y contradictorias versiones acerca de cuándo y cómo votarán los jueces supremos, la argumentación vertida a lo largo de siete horas en las que pocas cosas quedaron sin decirse no sólo contribuye a ilustrar a los magistrados sino también al resto de la sociedad, destinataria de la ley cuya aplicación fue frenada por medidas cautelares interpuestas en distintos lugares por el mayor grupo de medios del país. La razonabilidad de ese techo del 35 por ciento se hizo evidente para todos.
Un equipo
Un aspecto llamativo de la audiencia fue el desnivel entre los equipos enfrentados. Es probable que esto no se deba sólo a la calidad de los profesionales de cada uno, sino a la mejor preparación para la audiencia y a la índole de los valores que cada uno expresaba. El miércoles, la Corte escuchó a los amicus curiae y no hizo preguntas. Con las partes actuó a la inversa: el grueso de la audiencia se dedicó a la presentación de preguntas pertinentes e incómodas que el conjunto de los jueces había preparado sin previo aviso para las partes, que recién al final tuvieron diez minutos para una declaración de cierre. El presidente Ricardo Lorenzetti ejerció en forma impecable su autoridad. Confeccionó un cuestionario incisivo hurgando en los puntos débiles de cada uno. Supo repreguntar, interrumpió a quienes se iban por las ramas de la retórica y siempre manejó la situación con seguridad. Cuando uno de los abogados de Clarín insistía en la rentabilidad económica como fundamento de la libertad de expresión, Lorenzetti le explicó que la pregunta versaba sobre la sustentabilidad, en las condiciones actuales del mercado y en caso de aplicarse la ley, y su relación con la libertad de expresión protegida por la Constitución. Esa pregunta crucial quedó sin respuesta clara. La firmeza del juez era proporcional a las vacilaciones de la parte. Una raíz del problema fue que el Grupo Clarín presentó a tres oradores sin establecer un orden de jerarquía entre ellos. Su integrante más notorio, por el llameante pelo rojo, es el abogado junior del estudio Sáenz Valiente, Damián Fabio Cassino, de 44 años, nacido en Chivilcoy, igual que el CEO del Grupo, Héctor Magnetto. Muy amigo de Pablo Casey, a quien en Chivilcoy llaman El Cachila, hijo de Alicia Magnetto, la hermana Chita, ambos ingresaron juntos al estudio Sáenz Valiente. Cassino desarrolló así una relación propia con el tío del Cachila Casey: ha sido abogado personal de Magnetto en diversas causas y llegó a integrar como suplente el directorio del Grupo. El terceto se completó con los conocidos constitucionalistas Alejandro Carrió y María Angélica Gelli. Pero como el tribunal conoce bien el derecho aplicable, se interesó por conocer cómo relacionan las partes los hechos de la causa con aquellos principios generales. En consecuencia, la voz cantante fue la de Cassino, especialista en defensa de la competencia y concentración económica, pero no muy fascinante expositor, quien durante toda la audiencia mostró un marcado rictus hepático. Las esporádicas intervenciones de Gelli eran más pertinentes, pero también ella recaló en un discurso político, sobre la distribución de publicidad oficial y un supuesto cepo publicitario privado que darían ventajas a los competidores de su cliente y terminó sugiriendo que el Estado subsidiara otras voces para que pudieran subsistir en el impenetrable coto de caza del gigante. Por la misma razón, fue casi nula la actividad en el equipo contrario del constitucionalista Eduardo Barcesat, a quien Lorenzetti interrumpió antes de que terminara de carretear porque no se ceñía a la pregunta formulada. Carrió, quien también es penalista, mostró su conocimiento de los tratados y decisiones del sistema interamericano de protección de los derechos humanos y de los fallos de la Corte argentina sobre libertad de expresión, pero fue perdiendo relevancia ante cada pregunta. Cassino machacó sobre el monotema del Grupo Clarín, que es su rentabilidad. Llegó a decir que el Grupo no podría subsistir en un entorno competitivo. En el cierre de la parte estatal le respondió Martín Sabbatella: si esto fuera así, el resto de los prestadores que presentaron sus propuestas de adecuación a la ley tendrían vocación suicida. Más sólida en apoyo del Grupo había sido el miércoles la intervención como amicus curiae de Eduardo Oteiza, profesor de la Universidad de Palermo que en 2010 sucedió como presidente de la Asociación por los Derechos Civiles a Carrió, cuya defensa de los hijos de la directora de Clarín provocó una crisis interna por la que debió dejar el liderazgo de esa ONG que había fundado. Oteiza expuso sobre la regulación del cable en los Estados Unidos como representante de las Asociaciones de Empresas de Televisión Pagada para Iberoamérica, con precisiones que luego refutó muy bien el directivo del CELS Damián Loreti, quien descalifficó la aplicación automática a la Argentina de fallos de tribunales estadounidenses dado el distinto entorno. Allí no se justifican los topes que fija la ley argentina por la sobreoferta de alternativas en un mercado con múltiples actores: empresas satelitales y telefónicas, televisión digital terrestre, que brindan quinientas opciones al público. También intervinieron por Clarín dos funcionarios de Defensa de la Competencia con los presidentes Raúl Alfonsín y Fernando De la Rúa, el discípulo de Carlos Nino Gabriel Bouzat y el economista Carlos Winograd. Durante el seminario que este año organizó en Manhattan la Universidad de Columbia, Winograd alegó a favor de Clarín, presentado como “experto independiente”, pese a que había asesorado en la fusión de Cablevisión y Multicanal. Acaso porque desde hace años enseña y pasa buena parte del año en Francia e Inglaterra, fue el más sincero expositor del Grupo. Brindó así sólidos argumentos a favor de la posición oficial. Según Winograd, la pericia contable estableció que de contraerse la oferta del Grupo, Clarín no podría afrontar el pago de su deuda externa. Es la misma discusión que se planteó a la salida de la convertibilidad con las prestadoras de servicios públicos a las que no se les permitió aumentar tarifas. En la mayoría de los casos se demostró que su endeudamiento no fue invertido en la prestación del servicio concesionado, sino para financiar fuga de divisas mientras incumplían con planes de inversión. Para Winograd, el modelo de economía de escala y producción masiva que practica su contratante sólo puede subsistir agrediendo a los competidores. Esta tendencia al monopolio, que según varias exposiciones de la parte contraria y algunos amicus (Miguel Rodríguez Villafañe por las cooperativas, la excelente expositora Cynthia Ottaviano como Defensora del Público) se concretó con prácticas predatorias, fue una de las razones para la sanción de la ley. Ante una pregunta, los desconcertados lawyers del Grupo Clarín “se pelean por no responder”, twiteó desde La Pampa el joven constitucionalista Gustavo Arballo, quien vio la audiencia por Internet, otra saludable innovación de la Corte, mientras los medios del Grupo la cubrieron de modo incompleto y selectivo. Vistos los resultados, es incomprensible que el Grupo Clarín haya dejado en el banco de los suplentes a María de los Milagros Páez, experta en comunicaciones del estudio Sáenz Valiente, quien estaba registrada para exponer y a quien Lorenzetti no hubiera podido vapulear. Otro que debería devolver la plata que cobró es el semiólogo Eliseo Verón, quien está más para jugar a las bochas en el pueblito italiano de Monte Cerignone, donde compró una parroquia vacía frente al convento de Umberto Eco. En el otro extremo, el joven Lucas Grossman, profesor de San Andrés, intentó descalificar el informe de 2004 de la Relatoría para la Libertad de expresión, afirmando que había sido redactado por un pasante. Ignoró así que ese trabajo (que postuló la necesidad de regular los medios, porque la excesiva concentración que tiende al oligopolio o el monopolio amenaza en forma indirecta la libertad de expresión) fue realizado bajo la supervisión del ex Relator Eduardo Bertoni, aprobado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la Asamblea General de la OEA, con lo cual pasó a ser una de las fuentes obligatorias de derecho argentino reconocidas por la Corte Suprema en el reciente fallo Carranza.Vamos las chicas
El equipo estatal fue encabezado por Graciana Peñafort, una joven abogada de 36 años, la persona más joven que subió al estrado. Junto con la Procuradora General Alejandra Gils Carbó, la Procuradora del Tesoro Angelina Abbona y las juezas de la Corte Elena Highton y Carmen Argibay, ejemplifica el rol sobresaliente que en el actual gobierno han asumido las mujeres. Graciana fue una de las redactoras de la ley y desde el ex Comfer y la Afsca intervino en todos los expedientes iniciados en su aplicación. En 2011, cuando Gabriel Mariotto dejó el cargo con la misión de imponer la autoridad regulatoria sobre el gobernador bonaerense Daniel Scioli, Peñafort fue desplazada de la Afsca por la conducción bicéfala que lo sucedió. Acompañó un tiempo a Mariotto en la Legislatura, hasta que recaló como directora de jurídicos del ministro de Defensa Agustín Rossi. El efecto de su inesperada irrupción fue espectacular, en pocos minutos nació una estrella. Abbona tuvo la inteligencia de conferirle la jefatura del equipo, pasando por alto aquellos enojosos episodios, que hirvieron en las redes sociales a medida que Graciana ocupaba el centro de la escena con una contundencia única. Sin un solo papel, respondió con exactitud a cada pregunta, con citas precisas de la ley actual y de la anterior, y decidió sobre la marcha quién respondería cada cosa. Además fue concisa y mostró una gran capacidad para construir cada frase con economía y claridad, las mismas características que el día anterior mostró Víctor Abramovich, amicus curiae por la Universidad de Lanús. La secundó, como mejor pudo, el hombre de confianza de Martín Sabbatella en Morón y la Afsca, Daniel Larrache; con buena comprensión de lo que se discutía y dónde estaba, el economista Horacio Amílcar Seillant, y con algunos pincelazos otro buen conocedor de la ley, Pablo Wisnia. Graciana sólo se alejó de la perfección ante las pregunta siete y diez. La primera, sobre el riesgo de que la desinversión afectara las fuentes de trabajo. Respondió que los sindicatos participaron en la elaboración de la ley, que estableció una protección específica con respeto por las incumbencias profesionales. No sabía, porque ya la habían ido, que además la Afsca y el sindicato de televisión firmaron en noviembre de 2012 un convenio protocolizado por el Ministerio de Trabajo que garantiza las fuentes de trabajo y las condiciones convencionales como requisito para aceptar las transferencias, supervisado por una comisión mixta que integran los trabajadores. La segunda, cuando le recordaron que el Estado dijo que las licencias eran un privilegio otorgado en forma temporal bajo estrictas condiciones, y que no puede generar un derecho adquirido, y le preguntaron si eso implicaba que podía quitar las licencias ya otorgadas y las nuevas sin derecho alguno. Esa no es una afirmación de la ley, sino de un escrito anterior en la defensa del Estado. Peñafort respondió que el derecho del licenciatario sería el de defensa en el procedimiento administrativo. El subprocurador Horacio Diez reveló el trasfondo al agregar que en el caso del Grupo Clarín podría haber una responsabilidad del Estado al ordenar la adecuación al tope de licencias establecido por la ley, pero que eso debería dirimirse en otro juicio. Ya lo había dicho la Corte el año pasado: la cuestión es patrimonial, no de libertad de expresión. Del mismo modo, ninguna falencia del Estado en la implementación de las demás disposiciones de la ley puede argumentarse a favor del Grupo Clarín.Amigos son los amigos
También rayaron alto algunos amicus favorables a la vigencia de la ley. En respuesta a la visión tradicional de la Asociación de Propietarios Adepa (que quiso presentarse como independiente pero sólo fue admitida como amiga de parte), para la cual toda regulación afecta la libertad de expresión, Abramovich precisó que los privilegiados por la estructura social siempre impugnan las acciones afirmativas que intentan revertir patrones estructurales de exclusión social, invocando la igualdad de trato formal para no perder sus beneficios. En el caso de los medios, resisten las normas que procuran limitar la concentración “desde la trinchera de la libertad de expresión concebida con una mirada liberal-conservadora”. Para esta visión, se trata de una cuestión de autonomía personal que impone límites al Estado, como una coraza protectora. La visión opuesta reconoce los límites al Estado, como la prohibición de censura, pero concibe a la libertad de expresión como un derecho colectivo, afectado por estructuras sociales desiguales y excluyentes. En este enfoque estructural, el Estado tiene el deber de intervenir para transformar esas condiciones estructurales y favorecer el debate público, aun si para eso interfiere con la autonomía de algunos. El fallo de la Cámara y las posiciones del Grupo Clarín objetan la regulación como una restricción indebida, sin advertir que también constituyen obligaciones jurídicas del Estado, de raíz constitucional y basadas en el derecho internacional de los derechos humanos, como el artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos, que pone el acento en las obligaciones positivas del Estado de garantía y de protección estatal frente a actores no estatales, agregó Abramovich. Esto se enlaza con el principio de igualdad de los artículos 42 y 75 inciso 23 de la Constitución Nacional, que incorporan la idea de igualdad estructural y los deberes de protección estatal. La Cámara invierte la carga de la prueba y deja a cargo del Estado probar la razonabilidad de una restricción de la libertad de expresión, en pos de garantizar una ampliación de los espacios de participación para el resto. La pregunta sobre la razonabilidad debería ser en qué medida una empresa funcionando en un mercado competitivo, ajustada a los techos de propiedad que establece la ley, puede ser sustentable. Basta mirar al resto del mercado para obtener la respuesta. Abramovich concluyó con una cita del profesor estadounidense Owen Fiss, que explicita dos versiones contrapuestas de la libertad de expresión, aún dentro del liberalismo político: “El Estado puede ser opresor pero también puede constituir una fuente de libertad. Este punto de vista, inquietante para algunos, descansa sobre varias premisas. Una de ellas se refiere al impacto de las concentraciones privadas de poder sobre nuestra libertad. A veces se necesita del Estado para contrarrestar esas fuerzas”.Nadie es perfecto
Por Horacio Verbitsky
También asistió a la audiencia más de un centenar de periodistas, una vez que abandonaron la hoja de ruta del Centro de Información Judicial, que indicó como punto de acceso la dirección de una casa de fotocopias frente a los Tribunales. Al frente del centenario edificio se instaló un innecesario vallado que caotizó el tránsito porteño. En su interior, había que salvar una carrera de obstáculos para acceder a la sala de audiencias de la República Independiente del Cuarto Piso, luego de subir y bajar por distintos ascensores, según las indicaciones contradictorias de los sucesivos puestos de seguridad, como si se temiera la aparición al final de un pasillo del piano de Parrilli o de algún paquete sospechoso, envuelto en columnas de opinión de Alberto Fernández. Estos contratiempos menores no dan más que para un comentario risueño sobre la inevitabilidad del error en cualquier labor humana. En síntesis, como diría un editor de La Nación, estuvo todo bueno. Las audiencias implicaron también un ejercicio de participación, ya que diez organizaciones y especialistas ajenos al pleito fueron escuchados por la mayoría de los jueces de la Corte, por más que el esquema adoptado para esas exposiciones haya convertido a los amigos del tribunal en amigos de las partes, un error fácil de corregir en el futuro. Lo objeté en la audiencia del miércoles. El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, me respondió al abrir la audiencia del jueves que ese ordenamiento se había dispuesto en una Acordada de abril de este año y que resguardaba la neutralidad de las presentaciones. No es así: en aquel texto se afirmaba que cada amicus curiae debía especificar a favor de cuál de las partes del litigio aportaría argumentos útiles para el tribunal. Esta vez en cambio se obligó a que se subordinaran a esa parte, sin cuyo asentimiento previo no serían admitidos, lo cual es muy distinto. Una confusa directiva emitida para ordenar la audiencia anunció que también se escucharían opiniones independientes, como si las otras no lo fueran, pero no especificó otro criterio que la discrecionalidad de la Corte para aceptarlas, de modo que cupieran en la lista partisanos camuflados, de buena relación con algún juez. Esto es grave en el caso de la ley audiovisual, porque aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular, ignorando que por fuera del expediente hay un país, y dentro de él una Coalición por una Radiodifusión Democrática, que diseñó sus puntos básicos antes de que existiera el actual gobierno, y que intervino en su redacción definitiva. De este modo, contradice el pronunciamiento del propio Lorenzetti contra la judicialización de la política y la politización de la justicia. Un sesgo similar se advirtió en la duodécima pregunta que la Corte formuló al Estado, cuando inquirió por qué, si se deseaba reducir el número de licencias del Grupo Clarín no se lo hizo por decreto, como en 2005 con la suspensión del término de las licencias. La inmediata y precisa respuesta de Graciana Peñafort fue que el objetivo buscado no era reducir el número de licencias del Grupo Clarín sino desconcentrar el mercado, que no es lo mismo.
REPORTAJE A DAMIAN LORETI, UNO DE LOS EXPOSITORES EN LA AUDIENCIA DE LA CORTE SUPREMA
“Quedó puesto el paradigma de la libertad de expresión”
Directivo del CELS y profesor universitario, explica que sustentabilidad y grado de rentabilidad son cosas distintas y que la ley no afecta la sustentabilidad de nadie. Ni siquiera la del Grupo Clarín si se aplicara plenamente. El enfoque del derecho internacional de los derechos humanos.
Por Martín Granovsky
Imagen: Pablo Piovano
Hoy es profesor titular de Derecho a la Información. Empezó en 1987 como auxiliar de primera y a los pocos meses ya participaba en una mesa redonda sobre un tema: “¿Es necesario cambiar la Ley de Radiodifusión?”. Era el gobierno de Raúl Alfonsín y se estaba discutiendo el proyecto del Consejo de Consolidación de la Democracia. Directivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Damián Loreti dialogó con Página/12 tras su participación como amigo del tribunal en la audiencia convocada por la Corte Suprema antes de resolver el litigio planteado por el Grupo Clarín sobre artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
Hoy es profesor titular de Derecho a la Información. Empezó en 1987 como auxiliar de primera y a los pocos meses ya participaba en una mesa redonda sobre un tema: “¿Es necesario cambiar la Ley de Radiodifusión?”. Era el gobierno de Raúl Alfonsín y se estaba discutiendo el proyecto del Consejo de Consolidación de la Democracia. Directivo del Centro de Estudios Legales y Sociales, Damián Loreti dialogó con Página/12 tras su participación como amigo del tribunal en la audiencia convocada por la Corte Suprema antes de resolver el litigio planteado por el Grupo Clarín sobre artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.
–¿Del debate surgió alguna pista de lo que puede hacer la Corte?
–Es difícil de responder. Las preguntas de la Corte fueron elaboradas por consenso. La formulación permite entender que quienes las escribieron comprenden los principios interamericanos de modo muy claro. Pero no puedo adivinar cuántos ministros las sugirieron. Igual estoy muy satisfecho por el buen nivel. Fue importantísimo poner delante de la Corte, y televisar, el paradigma de la libertad de expresión y el deber del Estado de defenderla. Y como profesor de Derecho a la Información estoy contentísimo. Tengo material a parvas.
–A partir del planteo de cada amigo del tribunal, sugeridos por el Grupo Clarín, quedó un gran tema de discusión: el del momento en que puede tornarse insustentable la actividad de un medio de comunicación. ¿Existe ese concepto en derechos humanos?
–En el marco del derecho internacional de los derechos humanos vinculado a la libertad de expresión, la afectación de la sustentabilidad es un condicionante. Existe, por ejemplo, un principio relacionado con la hacienda pública. También apareció el tema en el fallo de la Corte Suprema de 2007 sobre el quite de publicidad de manera arbitraria por parte del gobierno de Neuquén al diario Río Negro. Fue un modo de retaliación por contenidos.
–¿La LSCA tiene en cuenta el criterio de sustentabilidad para los diversos actores del ámbito de la comunicación audiovisual?
–Sí, por supuesto que sí. En términos de uso racional del espectro radioeléctrico lo tiene en cuenta. Pero tomo un antecedente previo. La Argentina venía de un proceso de congelamiento de espectro, de una década de cierre a la entrada de nuevos actores y de un rol absolutamente subsidiario, en el mejor de los casos, de los medios públicos. Entonces el primer debate fue cómo restañar los derechos de los que no habían podido entrar en el espectro. Pero la aparición de nuevos actores no tiene por qué afectar la sustentabilidad. Sí puede afectar el nivel de rentabilidad. Son cosas distintas. Uno de los expertos de la actora habló de una “actitud agresiva” respecto de la competencia. Si eso lleva a la compra de otro medio para después cerrarlo, la agresión termina en la liquidación de medios de comunicación no por parte de la aplicación de la ley sino por el resultado de esa agresión. Y pueden desaparecer, como ha ocurrido, dos señales de televisión local en una ciudad de la Argentina.
–¿Cuántos actores debería idealmente tener el mercado?
–Eso no lo tiene que decir la ley. La cuestión de fondo es el modo en que el Estado racionaliza normativamente el soporte para el ejercicio de la libertad de expresión. La Convención Interamericana de Derechos Humanos equipara la frecuencia radioeléctrica con el papel. Son soportes. Los relatores de la libertad de expresión le dieron una interpretación dinámica a esa idea y algunas veces hasta la aplicaron a la banda ancha. Ya que hablamos de sustentabilidad, en un modelo no demasiado lejano de televisión digital, con torre única y sin necesidad de que cada empresa tenga su transmisor, los costos bajarían. Estamos hablando de aire, ya sea codificado o sin codificar. En el caso del cable, lo que es hasta cierto punto impensable es la duplicación de red. Quien tiene una herramienta como el tendido a través de postes no debería obligar a duplicar los costos del posteo. Si no, aparecería otra barrera de acceso. En la ciudad de Buenos Aires los nuevos tienen que soterrar. Los viejos no. Entonces la barrera es inaccesible. ¿Cuántos millones de dólares hacen falta para tender postes? ¿Cuánto hace falta para arrendar los tendidos de los que ya existen? Así se ve hasta qué punto la LSCA sí tiene claro el criterio de sustentabilidad. El abaratamiento de las tecnologías es una clave para que un medio sea sustentable. La multiplicación de actores tiene que ver con la asequibilidad a las nuevas tecnologías y cámaras. Además, gracias a la LSCA ya existe una nueva industria de contenidos que generó en el interior del país una explosión. Hasta hace poco, pensar en ficción producida en el interior era ciencia ficción. Ya no. Hay más de tres mil inscriptos para los concursos. Y, como en el cine, la posibilidad de crear nuevos productos está apalancada. Como legalmente el año pasado se les dio a estos fenómenos el carácter de industria, el Estado pasó a tener mayor responsabilidad en ayudar a la creación de contenidos audiovisuales. En otros lugares del mundo, cosa que en la Argentina no se discute aún, hasta existe lo que se denomina “regímenes de subsidio al pluralismo”.
–¿Cómo puede determinarse, de manera sensata, cuándo hay afectación de sustentabilidad y cuándo hay afectación relativa de rentabilidad? La sustentabilidad puede ser un tema de derecho internacional de los derechos humanos. La rentabilidad está relacionada con la economía, la relación entre empresarios y trabajadores, la productividad...
–...estimaciones de gastos, ética empresaria, responsabilidad social... Constitucionalistas norteamericanos como Owen Fiss dicen que la sociedad es como un Parlamento. En un Parlamento hay reglas que determinan cuánto tiempo habla cada uno para garantizar que todos puedan hablar. La expresión que usan esos constitucionalistas es “multiplicación de las esquinas”. Y la Corte Interamericana falló que el derecho a la libertad de expresión no es un derecho declamativo. Implica contar con los medios técnicos necesarios para su ejercicio. ¿Hay que tomar reglas que faciliten la asequibilidad del acceso al ejercicio de la libertad de expresión? Esa es una postura. ¿O el Estado cumple con la limitación de no censurar, lo cual es muy importante, y luego se retira para que el mercado decida lo que el propio mercado quiera? Aclaro que lo segundo no sucede ni siquiera en un país como los Estados Unidos. La Corte Suprema de los Estados Unidos dice que la razón de ser de la ley Sherman, la Ley Antimonopolios de 1890, es que la antimonopolización debe ser aplicada. Es decir que tampoco en la tradición clásica hay derecho a predar mercados. No existe el derecho a colusiones para que otro no pueda participar. Ese es el dato central. La sustentabilidad lleva a otra reflexión, sobre la llamada “talla crítica”. El piso mínimo. Pero si alguien controla el 45 por ciento del mercado y evidencia un proceso de integración vertical y horizontal tan fuerte, no habrá otro que pueda tener esa talla crítica. La Corte preguntó, por eso, qué pasaría con el resto de los actores si solo ese criterio determina la independencia editorial. O qué pasaba antes de la fusión entre Multicanal y Cablevisión. ¿No había independencia? Si hoy se dice que esa fusión es imprescindible para la sustentabilidad, ¿significa que antes la actividad tal como se desplegaba no era sustentable?
–¿La LSCA previó asegurar la sustentabilidad de todos los actores?
–Sí. La LSCA no exige que nadie esté en peores condiciones que los que hoy están funcionando bien. Claro, el tema es dónde se descargan los costos. Si hay mercado cautivo y subsidios cruzados, adiós. Por eso la LSCA privilegia que el objeto principal de la actividad sea la comunicación social.
–¿Un actor dominante del mercado puede poner en juego no solo la rentabilidad sino la sustentabilidad de otro medio?
–En una ciudad del interior, ¿quién puede competir con el que domine a la vez el cable y el sistema abierto? Tendrá barreras de acceso impasables si hay soterramiento, y si quiere hacer televisión abierta se encontrará con otra barrera muy compleja: el otro ya cuenta con la venta de publicidad en paquete gracias a las condiciones preexistentes, a la existencia de un multimedios, a la fidelización sobre la base de descuentos si el avisador no pone publicidad en el otro medio... Hay que discutir en qué condiciones se pueden instalar los nuevos cuando las barreras están bajas. Y eso que hoy no está la presión de fútbol. ¿Quién podía competir, además, con la prestación del fútbol por parte del grupo dominante ya instalado?
–¿El cambio en las reglas de transmisión del fútbol afectó la sustentabilidad?
–No. Al contrario. Quien tenía monopolizado el fútbol siguió operando, es decir que no perdió sustento. Y el cambio de reglas les dio oxígeno a los canales de cable del interior. Antes tenían que comprar el fútbol y el resto del paquete. Más allá de aciertos o errores en la gestión de Fútbol para Todos, implicó un gigantesco aporte de oxígeno a los canales mientras no restaba sustentabilidad al Grupo Clarín. Antes uno pagaba tres veces para mirar un partido: el paquete, el decodificador y el partido estrella. Dejó de ocurrir. Claro que pudo haber habido una afectación a los costos. Pero el punto es que en esa época los fondos venían de los canales de cable del interior y obviamente de los usuarios. Tampoco habría afectación de sustentabilidad de Clarín si todo se redimensiona de acuerdo al cumplimiento pleno de la LSCA. Con el 35 por ciento del mercado quedaría en una de las mejores situaciones del mundo. También fue bueno discutir esto ante la Corte.
–En términos de debate público, ¿para qué sirvió la audiencia de la Corte?
–Mucha gente decía que no quedaba nada por discutir y que la Corte ya estaba al tanto de todo. Pero a la Corte nunca le llegó el expediente en las condiciones vistas en la audiencia. Venía con la sentencia de primera instancia, la apelación del Grupo Clarín, la respuesta del Estado, la sentencia de cámara y los dos recursos extraordinarios. Por eso yo pensaba que quedaría explicitado un debate que planteó muy bien otro amicus, Víctor Abramovich. Hay dos miradas sobre la libertad de expresión y el rol del Estado. Una es abstenerse de censurar –lo cual, siempre insisto, es un principio irrenunciable–, y a la vez limitar al Estado a la función de alguien que ordena el tránsito. La otra mirada se inspira en el derecho internacional de los derechos humanos, según el cual el Estado tiene que garantizar pluralidad. Eso afirman los relatores de libertad de expresión. Otro tema más de la audiencia: para cumplir con el principio de que los monopolios y los oligopolios conspiran contra la democracia porque restringen la libertad de expresión, ¿debe haber una regulación general o debe haber una regulación específica? Si solamente hubiera una regulación general, que es el planteo del Grupo Clarín, serían incompatibles con el sistema interamericano de derechos humanos todas y cada una de las reglas que rigen hoy los servicios audiovisuales en el mundo. Todas.
–¿También las reglas de los Estados Unidos o Europa?
–Incluso en los sistemas con fundamentos más neoliberales hay límites. En el informe del 2004 el relator de Libertad de Expresión dice que las reglas generales de defensa de la competencia no son suficientes para garantizar el pluralismo. Debe haber leyes específicas particularmente cuando hay uso de espectro como recurso finito. Una vez que uno admite la regla de las regulaciones específicas aparece otra discusión, tal como sucedió en la audiencia, y lo celebro. Es ésta: el control antimonopólico, ¿es ex ante o ex post? En las reglas de la economía de los bie-nes “materiales”, el principio general prevé el castigo y ocasionalmente la desinversión. En las reglas específicas de la libertad de expresión, desde el 2007 los relatores dicen que el principio debe ser que los monopolios y los oligopolios sean prevenidos porque el daño a la libertad de expresión no es reparable económicamente. La LSCA es compatible con esa línea. Previene la actitud predatoria de la libertad de expresión.
–Pero busca corregir lo existente. Por eso hay una discusión tan fuerte.
–Toma principios que nunca fueron rebatidos. El primero surge del fallo sobre el monopolio de la Standard Oil de la Corte norteamericana. Establece sancionar lo que hay y arreglar lo que sigue, porque de otro modo los efectos del monopolio continuarían, dado que se basarían en un poder obtenido ilegalmente. Luego viene la regla de la Unesco: cuando la situación de la libertad de expresión se ve comprometida, los Estados tienen algunas medidas que tomar. Rechazar pedidos de licencia de quienes ya tienen, rechazar pedidos de fusión porque una fusión puede avasallar la libertad de expresión y hacer cumplir reglas de desinversión. También contempla sanciones en caso de incumplimiento de esas reglas. Cuando hablan de la regulación, los propios relatores se refieren a la integración vertical y a la integración horizontal de un grupo empresario. Entonces, de nuevo, ¿en qué espejo uno se mira? Los relatores establecieron que el criterio debe ser ex ante, o sea preventivo. Si la Corte Suprema adoptara esa premisa, a mi criterio el caso quedaría resuelto de manera compatible con las normas interamericanas de derechos humanos.
–¿Por qué la LSCA no contempla Internet?
–Desde su nacimiento la LSCA fue acusada de obsoleta y de no regular Internet. Empiezo por lo segundo: bienvenido sea. Buscar una regulación de Internet es muy complejo. Es tanto un servicio como un soporte. ¿Quieren regular comercio electrónico, diarios electrónicos, podcast, correo electrónico? Lo que pierden de vista quienes dicen esto es que la LSCA no regula un soporte. Establece para ciertas actividades de la comunicación social –no para todas– una plataforma de pluralismo y diversidad por el uso de algún tipo de tecnología en determinadas condiciones. Pero los argentinos no inventamos la pólvora. En 2007 los europeos dijeron: “Todo aquello que está ofrecido como una parrilla de programación, es un servicio de comunicación audiovisual en línea, que tiene contenidos editoriales hilvanados y vocación de influencia sobre la opinión pública. A esto lo regulamos bajo la regla de la Convención de Diversidad Cultural de la Unesco”. Y luego argumentan: “Todo aquello que no sea una oferta de programación en línea o que tenga una vocación prevalentemente redaccional queda fuera de esa regla. Para eso no hay reglas ni siquiera de cuota mínima europea, que sí están vigentes para el servicio de comunicación audiovisual. Uno pincha y baja dónde y cómo quiere”. En Ecuador sí se regula Internet. Afortunadamente la LSCA no quiso regularlo.
-Otro punto que quedó nítido en la audiencia fue el debate sobre si los verdaderos monopolios u oligopolios no son las telefónicas.
–Cuando se quiso incorporar a las telefónicas dentro de la LSCA la queja fue fenomenal por parte de sectores de la oposición. Hay incluso un juicio de la Asociación de Televisoras de Cable contra el Ministerio de Economía. El proyecto original planteaba que para que una telefónica entrase a hacer video tenía que cumplir 13 premisas, casi el doble de lo que se le pedía a Telmex en México. Entre otras cosa se pedía, por ejemplo, contabilidad separada, se ponía un límite de una sola señal y se establecía que no tuvieran subsidios cruzados. Eso no cuadró. La Presidenta, acompañada de Gabriel Mariotto, que entonces era interventor del Comfer, y de Agustín Rossi, que era presidente del bloque de diputados del Frente para la Victoria, anunció públicamente que retiraría esa parte. Evidentemente la realidad política daba para aprobar una ley con ciertas cosas y no con otras. Además, todavía hay una regla de hierro: los servicios de telecomunicaciones van dentro de las normas de la Organización Mundial de Comercio, mientras que las reglas de radiodifusión o servicios de comunicación audiovisual están protegidas por la Convención de Diversidad Cultural y los Estados tienen la obligación de promoción y protección. Esta diferencia entre un carril y otro es clara en la legislación norteamericana, donde una misma ley regula de manera diferente de acuerdo a si se trata de conectividad o si el punto es un operador de televisión. En cuanto a cómo se llegará legalmente a encarar la convergencia digital, los europeos aún no lo tienen claro. Es una buena discusión. En los teóricos que me quedan por dar voy a usar el DVD de la audiencia con la Corte. Hay que acercarles a los estudiantes el objeto del debate. Espero que con todos los argentinos ocurra lo mismo, ¿no?
Fuente:Pagina12
entrevista a martín sabbatella
"A Clarín se le acabó el libreto de mentiras"
El titular de la AFSCA evaluó las audiencias en la Corte por la Ley de Medios y defendió los argumentos del Estado.
Por: Felipe Yapur
–El debate en las audiencias dejó entrever una disputa entre dos intereses muy definidos. Por un lado el interés público confrontado por las necesidades de una empresa poderosa...
–La audiencia dejó en claro que los argumentos de la constitucionalidad son rigurosos, fuertes y se basan en tener la absoluta convicción de que el Estado tiene la facultad de regular el mercado de la comunicación audiovisual. Además, es absolutamente necesario hacerlo porque hay un mandato constitucional. Por lo tanto, regular el mercado garantiza la libertad de expresión, el derecho a la información y comunicación del conjunto de la sociedad. Los que defendieron la inconstitucionalidad tuvieron como único argumento la defensa del interés de la empresa o su rentabilidad y esta no puede estar por encima de los derechos que tiene el interés público. Eso quedó muy claro porque la lógica del pensamiento del Grupo Clarín gira alrededor de su escala y modelo económico y dice que hay que preservar. Obviamente, el Estado debe pensar en ser garante del conjunto de los derechos de todos los argentinos y no de una empresa en particular.
–¿Confrontaron dos paradigmas?
–Sí, la lógica de la voracidad del mercado contra la idea del Estado como regulador para garantizar derechos. La audiencia sirvió para dejar bien en claro sobre si la ley es o no constitucional. Nosotros defendemos algo justo, nos asiste la razón y desde el otro lado se notó que no podían defender su postura porque era imposible de hacerlo. Clarín dice que la aplicación de la ley puede fundirlos y demostramos que es absolutamente falso.
–¿De qué forma?
–Cuando todas las empresas de la Argentina presentaron su plan de adecuación, menos el Grupo Clarín, no quiere decir que tengan vocación suicida. Todo lo contrario, entienden que deben adecuarse a la ley y si tienen que vender, transferir o achicarse lo hacen porque toda ley antimonopólica propone eso. Una cosa es que la ley te limite la rentabilidad o el crecimiento y otra cosa que te haga inviable. El otro dato que lo demuestra es el socio de Clarín, que tiene el 40% de las acciones de Cablevisión, vino a la AFSCA para adecuarse. Este socio, que hace negocios en otras parte del mundo, no creo que sea un suicida. Ya transcurrieron cuatro años de mentiras e inventos de Clarín para frenar la ley. Me parece que se les acabó el libreto.
–Uno de los abogados de Clarín ya anunció que recurrirán a cortes internacionales en caso de un fallo adverso.
–Clarín intentará hacer todo lo que pueda. Ya demostró (Héctor) Magnetto eso de no tener límite porque no está en la búsqueda de una empresa audiovisual exitosa. Esta ley no se los impide. Si hubieran adherido a la adecuación voluntaria presentaban su propio plan y continuarían siendo la empresa más importante del país. Sólo tendrían que convivir en armonía y equilibrio. Así se termina eso de que haya uno al que su tamaño le permite destruir a otras compañías con prácticas desleales. Los límites de la ley no les sirven porque les impiden manipular información, condicionar el rumbo del Estado y la democracia.
–El dinero es la fuente del poder y no las ideas...
–Su lógica es clara. El poder económico les permitió condicionar el rumbo de la política, de la economía y, por ende, del país. Así lo hicieron durante décadas. Esto no lo inventamos nosotros los kirchneristas. Lo dijo (Raúl) Alfonsín en un discurso en la Sociedad Rural. Clarín afianzó su poder a través de la dictadura militar, con el Terrorismo de Estado, en los años noventa y también extorsionando a los cableoperadores Pymes con el fútbol. Con ese poder condicionaron la democracia y es cierto que no se bancan no decidir más.
–La ley contó con el respaldo de varios partidos pero que hoy mantienen silencio. ¿Se borraron?
–Esta ley fue una de las más debatidas y con mayor participación social. Que hoy no digan nada demuestra que para mantener su política actual, de confrontación directa con el gobierno, tienen que traicionarse a ellos mismos, sus propios rasgos constitutivos, sus orígenes. Decidieron ponerse al servicio de quien articula el arco opositor que no es otro que Magnetto. Sólo así consiguen centímetros en los diarios o minutos en las pantallas.
–¿Y qué pasa si la Corte se expresa en contra del Estado?
–Sería una situación difícil porque no resuelve el problema que tiene la Argentina. Continuará la concentración mediática que sí lesiona la libertad de expresión y continúa existiendo el mandato de la Constitución para que el Estado lo resuelva.
–La Corte está ante una definición crucial...
–La Corte discute si esta herramienta legal se puede utilizar. Nosotros estamos convencidos sobre su constitucionalidad y las audiencias ayudaron a confirmarla porque Clarín no ofreció un argumento que demuestre lo contrario. Pero si la Corte falla en nuestra contra, el problema de la concentración mediática seguirá existiendo y no será un problema de este gobierno sino de la democracia.
–¿Y si señala una corrección en la ley?
–La ley es constitucional y no me imagino otro escenario.
–También debería ser difícil imaginar que la Corte priorice un interés particular, por más poderoso que sea, por el interés público.
–Nunca puede haber un interés particular por sobre el interés de todas y todos. Nunca puede estar el interés económico de una empresa por sobre la libertad de expresión, del derecho a la información y comunicación. Está en manos de la Corte si nuestra democracia sigue avanzando o retrocede.
–Las empresas que cumplen con la ley deben estar mirando este proceso.
–Deben estar expectantes porque son parte de este mercado. Lo que es cierto es que el fallo de la Cámara, que tiene para análisis la Corte, está hecho a medida para el Grupo Clarín porque declara inconstitucional lo que afecta a los intereses del grupo y mantiene aquello que sí afecta a la competencia. Si esto no se corrige entonces Clarín mantendrá su posición dominante en el mercado con el agravante de que se regula a sus competidores y a ellos no. Esto generará un nivel de desigualdad e injusticia muy grande. Por eso creo que es preciso que se haga justicia y lo más justo es que esta ley de la democracia se pueda aplicar.
–Esta disputa legal está enmarcada en otra mayor y tiene mucho que ver con el tipo de país que quiere la Argentina.
–Así es. Porque la ley desnuda un debate entre la Argentina del futuro o la del pasado. La que se inauguró en 2003 es la que deja atrás el neoliberalismo y que recupera la idea de nación, patria y soberanía. Construye un nuevo paradigma donde el Estado tiene el rol de garante de una sociedad de derechos donde lo público deja de ser lo de nadie para ser lo de todos. Esta ley pone en evidencia si la democracia es la voluntad popular, que se expresa a través del Parlamento y en la Casa de Gobierno, o si deciden las corporaciones. Lo que debe quedar en claro es que el mercado sin Estado es mercado negro y en esta Argentina que estamos construyendo eso no corre más.
Fuente:TiempoArgentino
Fuerte apoyo de la Federación Internacional de Periodistas a la Ley de Medios
La secretaria general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Beth Costa, se reunió con el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, para expresarle el “firme apoyo y compromiso de la Federación con la Ley de Medios argentina y la defensa de la libertad de expresión”.
Luego de participar de la “Jornada por la democracia y la libertad de expresión” que se realizó frente a Tribunales, en el marco de la audiencia pública por la Ley de Medios convocada por la Corte Suprema, la secretaria general de la Federación Internacional de Periodistas (FIP), Beth Costa, se reunió con el titular del AFSCA, Martín Sabbatella, para expresarle el “firme apoyo y compromiso de la Federación con la Ley de Medios argentina y la defensa de la libertad de expresión”.
Beth Costa, secretaria general de la mayor organización de periodistas del mundo, visitó a Sabbatella en la sede del AFSCA. Durante el encuentro que mantuvieron en la sede del organismo, Sabbatella y Costa acordaron seguir profundizando el vínculo entre la FIP y el AFSCA, para trabajar conjuntamente en la defensa del derecho a la información y a la comunicación.
La secretaria general de la FIP visitó Buenos Aires, en representación de la mayor confederación de sindicatos y asociaciones de periodistas del mundo que agrupa a unos 600 mil trabajadores y trabajadoras de prensa de distintos países, para participar de la Jornada “Por la Democracia y la Libertad de Expresión / En defensa de la ley que el Pueblo escribió”, organizada por la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (AFSCA) y la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD).
Sabbatella y Costa acordaron seguir profundizando el vínculo entre la FIP y el AFSCA, para trabajar conjuntamente en la defensa del derecho a la información y a la comunicación.
La brasilera Beth Costa fue una de las expositoras del panel “Libertad de expresión, pluralidad y diversidad de voces” en los foros en apoyo a la Ley de Medios que se realizaron en Plaza Lavalle, frente a Tribunales, durante el primer día de la audiencia pública convocada por la Corte Suprema de Justicia, en el marco de la causa por la aplicación integral de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sancionada en 2009 y trabada judicialmente por el Grupo Clarín.
La Federación Internacional de Periodistas es reconocida mundialmente por su larga historia y su profundo compromiso con la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras de la comunicación, y la libertad de expresión. Fundada en 1926, tiene su sede central en Bélgica y es la mayor organización mundial de periodistas. Según sostienen en su sitio web “la FIP promueve acciones internacionales en defensa de la libertad de prensa y la justicia social, con el apoyo firme, libre e independiente de los sindicatos de periodistas”.
Fuente:InfoNews
La libertad de expresión según el Grupo Clarín
Año 6. Edición número 276. Domingo 1 de Septiembre de 2013
Por Daniel Cecchini
dcecchini@miradasalsur.com
Por Daniel Cecchini
dcecchini@miradasalsur.com
La idea fuerza que los representantes del Grupo Clarín machacaron de diferentes maneras en las audiencias públicas convocadas por la Corte Suprema de Justicia de la Nación el miércoles y jueves pasados puede resumirse de la siguiente manera: si se dictamina la constitucionalidad de los artículos de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual que afectan la actual concentración de medios en manos del Grupo, se impedirá su sustentabilidad económica y esto, en definitiva, atentará contra la libertad de expresión. En otras palabras, que la libertad de expresión se sostiene con poder económico. Es como decir, más o menos, que la democracia sólo puede funcionar si los ricos son intocables. Se trata de una cuestión patrimonial. Uno de los amicus curiae del monopolio llegó incluso a decir que, precisamente por el poder económico que tiene, el Grupo Clarín es el único capaz de realizar investigaciones periodísticas en la Argentina.
Precisamente esta misma semana, el juez Julián Ercolini, a cargo de la causa que investiga la apropiación de Papel Prensa, rechazó un pedido de los abogados de Héctor Magnetto y Bartolomé Mitre para impedir que el Tribunal de Tasación de la Nación realizara una pericia con el fin de determinar si Clarín, La Nación y La Razón adquirieron “a precio vil” o no las acciones de esa compañía –propiedad del Grupo Graiver– durante la última dictadura cívico militar, utilizando las herramientas del terrorismo de Estado.
Estas dos informaciones están estrechamente relacionadas, porque el actual poderío económico del Grupo Clarín –ése que, según sus argumentos, garantizaría la libertad de expresión– se originó con la adquisición-apropiación de Papel Prensa, que les dio a Clarín y sus socios el monopolio de la producción de papel para diarios en el país.
Cuando se apropiaron de Papel Prensa, los propietarios de Clarín, La Nación y La Razón firmaron un pacto secreto de sindicación de acciones que recién salió a la luz en 2010. Mediante ese acuerdo, las tres empresas periodísticas lograron un control absoluto de Papel Prensa en desmedro de su otro socio, el Estado Nacional. Ese manejo fue compartido inicialmente, pero cambió en consonancia con las transformaciones ocurridas al interior del grupo, producto de los distintos escalamientos de poder que cada uno de sus integrantes logró hacer. Primero fue la quiebra de La Razón, a mediados de los ’80, y luego se produjo la consolidación de Clarín, a partir de los ’90, como el conjunto de medios más concentrado –en propiedad y dirección–, y extendido –en cobertura del mercado– de la Argentina.
Así el Grupo y sus socios pudieron fijar precios diferenciales para el insumo –más barato para ellos, más alto para el resto de los medios– y manejar a su antojo las cuotas de producción y abastecimiento. Esa ventaja competitiva fue el primer eslabón de la cadena que le permitió a Clarín convertirse en el grupo mediático más concentrado de la Argentina. Utilizándola, asfixió medios en todo el país, ya fuera para comprarlos a precios irrisorios o para obligarlos a cerrar. Lo mismo que luego haría con el monopolio de la televisión por cable.
Hace unos meses, la Comisión Federal Asesora (CFA) para la promoción y uso sustentable del papel para diario elaboró un informe que desnuda otra de las maniobras que realizan Clarín y La Nación en desmedro de Papel Prensa. Obligados ahora por ley a igualar los precios de venta, los accionistas mayoritarios redujeron sus compras de papel a la empresa y comenzaron a abastecerse en gran parte de papel importado, que compran a precios preferenciales en virtud al volumen de las compras: Clarín lo consigue a 490 dólares la tonelada, mientras que La Nación lo paga a 588 dólares la tonelada (datos obtenidos del sistema María en 2012). Mientras tanto, Papel Prensa vende su papel al resto de los diarios argentinos a un precio aproximado de 680 dólares la tonelada.
La apropiación. La maniobra de apropiación de Papel Prensa formó parte de la alianza estratégica entre la dictadura iniciada el 24 de marzo de 1976 y los representantes de los grupos mediáticos más grandes del país. Los grupos económicos concentrados necesitaban a los militares para eliminar a la disidencia política y social que se oponía a sus intereses. Los dictadores, por su parte, exigían no sólo una prensa silenciada mediante la censura, sino medios cómplices de sus políticas y de sus acciones. Esa misión la cumplieron Clarín, La Nación y La Razón y, a cambio de ello, recibieron el monopolio del papel de diario, una suerte de dictadura contra la libertad de expresión. Esa misma libertad de expresión que hoy Clarín dice garantizar mediante el poder económico y la concentración de medios obtenidos por su complicidad con la dictadura.
En la causa están imputados, entre otros, Héctor Magnetto, Ernestina Herrera de Noble, Bartolomé Mitre, Sergio Peralta Ramos, Marcos Peralta Ramos y Hugo Peralta Ramos. El dictador Jorge Rafael Videla y su ministro de Economía, José Alfredo Martínez de Hoz, escaparon con sus muertes a la acción de la Justicia. Lo mismo sucedió con Patricio Peralta Ramos, dueño de La Razón.
La complicidad entre los tres diarios y la dictadura fue admitida, en testimonios obtenidos por la periodista Graciela Mochkofsky, por el entonces presidente del diario La Razón, Patricio Peralta Ramos, y por el secretario general de la Presidencia de Videla, general Rogelio Villarreal.
En su defensa, Clarín sostiene que “la compraventa (de Papel Prensa) se llevó a cabo el 2 de noviembre de 1976. Fue una operación absolutamente legal y pública, anunciada en todos los diarios de la época”. “(...) los Graiver estaban libres: no habían sido secuestrados ni torturados ni amenazados por la dictadura gobernante”. Lo que Clarín no dice es que la noche del 2 de noviembre de 1976, los integrantes de la familia Graiver fueron separados y apretados en las oficinas del diario La Nación. Todos ellos venían recibiendo presiones y amenazas de muerte para que vendieran sus acciones de Papel Prensa a Fapel S.A. (la empresa fantasma creada por Clarín, La Nación y La Razón a esos efectos). Isidoro Graiver (que había concurrido a acompañar a sus padres, ya que sólo poseía muy pocas acciones residuales de la empresa) quedó solo en una oficina; Juan Graiver y su mujer (a quienes les correspondería un 25% de las acciones de David luego de realizada la sucesión) fueron llevados a otra; y en la tercera, Lidia Papaleo de Graiver (con derecho al 50% de las acciones en la sucesión y responsable de las correspondientes a su hija María Sol, otro 25%), fue apretada para que firmara un boleto de venta por menos de un millón de dólares, de los cuales sólo recibió 7.200 al firmar. Para ese momento, el Grupo Graiver llevaba invertidos más de 15 millones de dólares en Papel Prensa. Por eso se habla de “precio vil”.
Los integrantes del Grupo Graiver firmaron bajo amenaza de muerte y poco después de concretada la operación, fueron secuestrados, torturados y sometidos a consejos de guerra por la dictadura, que terminó expropiándoles el resto sus empresas.
Todo esto es lo que investiga la causa que está en el Juzgado Federal de Julián Ercolini. En ella está toda la información necesaria para saber mediante qué herramientas y con qué complicidades el Grupo Clarín pudo constituirse en el único garante de la libertad de expresión en la Argentina.
Rodolfo Walsh en la audiencia pública
Año 6. Edición número 276. Domingo 1 de Septiembre de 2013
Por Jorge Giles
jgiles@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 276. Domingo 1 de Septiembre de 2013
Por Jorge Giles
jgiles@miradasalsur.com
(TELAM).
Se habría emocionado con Cynthia Ottaviano y con Alejandra Gils Carbó y con Damián Loreti y con Horacio Verbitsky y con Miguel Rodríguez Villafañe y con Beinusz Szmukler en la primera jornada. Y casi seguramente en la segunda hubiese aplaudido de pie a Graciana Peñafort y a Martín Sabbatella y a todos los miembros de ese brillante equipo.
Pero cuando se escuchó de boca de los representantes del Grupo Clarín que ellos precisaban ser, de manera imprescindible, un monopolio grandote, grandote, grandote, porque sólo así se hace “periodismo de investigación y se puede ser una prensa libre”, el hombre se hubiese agarrado la cabeza sin poder creerlo y se hubiese retirado del lugar hasta llegar a Plaza Lavalle y mearse de la risa para no volver a morir de indignación y rabia.
El hombre de lentes se hubiese revisado los bolsillos y no tendría ni un peso para alargar un café en un barcito cualquiera. Sólo una lapicera, la copia original de la carta abierta y un cuaderno a espiral habría entre sus ropas.
La riqueza del texto estaba en su cabeza y en sus convicciones. Para qué más.
Y hubiese escrito en el banco de la plaza la prosa periodística más bella y más profunda que se pueda escribir sobre esta tierra.
“El periodismo es libre o es una farsa”, rezongaría nuevamente por lo bajo.
Uno no sabe a ciencia cierta cuáles fueron las razones que esgrimió la Corte para llamar a esta audiencia por la ley de medios de la democracia. Y por eso nos enojamos cuando nos dijeron que se hacía. Porque ya van cuatro años que la ley más participativa en la historia de este pueblo, está retenida en el subsuelo sombrío del Poder Judicial.
Ahora que pasó, debemos decir que agradecemos, aún no sabemos bien a quién, que esta audiencia se haya realizado.
Porque la palabra justa se mostró a corazón abierto en ese estrado tan solemne. Les dijo a propios y extraños que ella sabe defenderse cuando llega el momento de rendir cuentas ante la historia. Y eso fue lo que hizo y por eso nos emocionó a todos durante el último miércoles y jueves de este agosto que se fue.
Un agosto que se fue orgulloso en medio del rechazo y repudio del gobierno argentino a cualquier aventura criminal del imperio del norte contra el pueblo sirio. Bestias: ¿hasta cuándo seguirán bombardeando pueblos y ancianos y niños y la vida allí donde se manifieste? ¿Hasta cuándo enrostrarán su chapa de vengadores seriales contra los pueblos del mundo?
Un agosto que se fue con la patria al hombro, como dicen las paredes, enfrentando un nuevo ataque carroñero de los fondos buitre que amenazan con sus garras con hacer retroceder las agujas del reloj hasta la peor de nuestras crisis y cobrarnos así, como un tajo en la cara, las antiguas deudas que inventaron cuando nos dominaban a su antojo en nombre del capitalismo.
Un agosto que se fue sin envidiarle a septiembre su carné de primavera: que el 90% de los trabajadores y casi el 100% de los jubilados deje de pagar el odioso impuesto a las Ganancias llenó las casas de flores y guirnaldas para festejar la vida cada vez más digna que vivimos.
Pero alguna oposición, cual señora Gata Flora, le enrostró al gobierno de Cristina su afán electoralista.
O sea. Si el Gobierno no hace nada con el mensaje de las urnas es un gobierno indolente. Pero si el Gobierno escucha ese mensaje, es electoralista. Pónganse de acuerdo.
Aun así vale una reflexión: ¿qué hay de malo ser electoralista en democracia? ¿Acaso es mejor ser destituyente? ¿O no saben acaso que la primera verdad del peronismo dice que la verdadera democracia es aquella donde el gobierno hace lo que el pueblo quiere y defiende un solo interés: el del pueblo?
Hay que denunciar la deformación de la palabra, pero no hay que dejarse correr con ninguna vaina.
Se respondió, desde el oficialismo, que las medidas son nada más y nada menos que una expresión del proyecto de país que ya lleva diez años gobernando. Y es cierto. Pero habría que recoger el guante de la vil acusación y responder además que este gobierno siempre va delante de las demandas sociales con respuestas que siempre son insuficientes porque son demandas centenarias que ningún gobierno antes respondió con justicia. Y habría que decir que cuando asumió este proyecto en el 2003 se discutían vacaciones adelantadas para disimular despidos y los únicos impuestos que se debatían eran los que se correspondían con las pérdidas sufridas.
Si hoy se puede hablar de ganancias es porque hay ganancias.
La recuperación de la iniciativa política que logró el Gobierno debe ser acompañada y multiplicada al infinito con la iniciativa de todos los cuadros que se identifican con el proyecto de país que lidera Cristina. Que se pongan a la defensiva los opositores al proyecto.
Y volvemos a la audiencia pública en la Corte.
En ese espacio institucional estuvo representado el debate sustancial que atraviesa la historia en estos últimos años y sus protagonistas principales. Ninguno de los que allí habló es un actor de reparto. Esos sí que fueron titulares.
No había tres partes, sino dos.
El Estado de un lado, es decir la democracia y el pueblo; y del otro, los dueños del poder monopólico y mediático, es decir el Grupo Clarín.
Quienes expresaron los intereses del Grupo, no se anduvieron con vueltas. No habría que subestimar el alcance de su línea de defensa y ataque: ellos fueron a decir que sólo les interesa el capital concentrado.
Y ese capitalismo siempre avisó que no tiene pudores. Ni cuando mata, ni cuando tortura, ni cuando habla, ni cuando escribe.
Los dignos y dignas que nos representaron fueron a esa batalla sólo armados de razones y verdades.
Por eso salieron victoriosos.
Ahora vendrá el momento en que la Corte baje hasta ese mismo recinto y elija finalmente dónde quiere ubicarse.
Lo que dejaron las audiencias
Año 6. Edición número 276. Domingo 1 de Septiembre de 2013
Por Felipe Deslarmes
fdeslarmes@miradasalsur.com
Cynthia Ottaviano. La Defensora del Público frente a la corte suprema.
Dos posturas bien definidas concluyeron de las audiencias realizadas esta semana ante la Corte Suprema de Justicia por la constitucionalidad de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, llamada ley de medios, sancionada en 2009 con amplia mayoría en ambas Cámaras y obstaculizada por acciones dilatorias del poder real.
Entre las revelaciones importantes que surgieron de las distintas exposiciones se destacaron: los principios de la ley, la importancia de la libertad de expresión, la defensa de la pluralidad de voces, la actividad económica del Grupo Clarín.
Mientras que de un lado los argumentos cuestionaron el crecimiento empresario “monopólico “basado en prácticas “depredadoras” iniciadas en la última dictadura cívico militar; del otro, la empresa exponía un criterio de libremercado para advertir sobre la “incapacidad de sobrevivir” en caso de perder su posición dominante del mercado y denunciaba “hostigamiento” estatal.
El primer día expusieron sus principales argumentos de uno y otro lado; el segundo, debieron responder preguntas del magistrado que buscaría zonas débiles en los argumentos de ambas partes.
Quince minutos es lo que duraba cada exposición de los amicus curiae que prestaron argumentos técnicos y políticos, por partes iguales.
Entre los argumentos en contra de la ley, repetidas veces se confundió libertad de empresa con libertad de prensa. Así, el representante del multimedios, doctor Damián Cassino, señaló que con la aplicación completa de esta ley (esencialmente se cuestionan los artículos 41, 45, 48 y 161 que obligan a la desinversión), “se afecta la sustentabilidad del Grupo Clarín y la afectación a la sustentabilidad afecta la libertad de expresión”. Siguiendo un criterio de economía de mercado, Cassino agregó que “el régimen de multiplicidad de licencias afecta la escala y el alcance del grupo. Cuanto más usuarios existen, los costos se reducen y hacen más posibles las inversiones y si se reduce la escala no se puede mantener la estructura tecnológica”.
Otro de los abogados del Grupo Clarín, Alejandro Carrió, remarcó que “si se altera la red actual, la sustentabilidad del grupo se va a perder y se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país”. Y siguiendo el mismo concepto, la otra abogada del grupo, María Angélica Gelli, no dudó en asegurar que “el Grupo Clarín es el único medio que está en condiciones de hacer periodismo de investigación”. Los abogados, asistidos por Martín Gonzalo Etchevers, Carlos Winograd y Carlos Moltini concluyeron que “lo único que se persigue es desguazar al Grupo Clarín”.
Uno de los momentos que más incomodaron a los representantes de los intereses del grupo mediático que lidera Héctor Magnetto fue cuando debieron responder qué pasaba con la garantía de la libertad de expresión en los casos de los medios que no tienen el mismo poderío económico, teniendo en cuenta que se presentaron al proceso de adecuación 29 grupos de medios donde 14 ya se adecuaron y 15 están en proceso. Titubeos, miradas desorientadas y como contraataque soltaron la presencia o falta de la pauta oficial.
En el contrapunto, se encontraban, entre otros, los criterios de la defensora del Público, Cynthia Ottaviano: “Traigo la perplejidad del público, que espera saber, ¿cuánto tiempo es necesario para la aplicación de una ley antimonopolios? Es decisión de esta Argentina que se avance y profundice la democracia. Estamos ante un grupo comunicacional que cuando tuvo el mandato de informar, silenció un genocidio”. Y remarcó: “No somos usuarios ni consumidores, somos personas con derecho a elegir; en una democracia tiene que haber multiplicidad de voces y eso no ocurre cuando hay concentración comunicacional. Entonces, la ley vino a corregir esas asimetrías”.
También el presidente del CELS, Horacio Verbitsky, sostuvo en esa línea: “No estamos de acuerdo con la modalidad adoptada por la Corte para esta audiencia. Además de las partes en este expediente, afuera hay un país”. Criticó la “escandalosa demora” en la aplicación de la norma y advirtió: “La Corte desmiente el pronunciamiento de su presidente contra la politización de la Justicia y aplana como mera cuestión de partes un debate vital para la formación de la voluntad popular en una democracia más plena e informada”.
Demostrando una sólida formación legal y de militancia, la abogada Graciana Peñafort Colombi, una de las principales responsables en la redacción de la ley, respondiendo a la pregunta de la Corte que cuestionaba si se deseaba reducir la cantidad de licencias del Grupo Clarín, ¿por qué no se utilizó la vía del decreto?:
“Debo notar que en su pregunta hay un error. No se desea reducir al Grupo Clarín, sino que lo que busca tener esta ley es un mercado desconcentrado”. Ante un pedido de razones por las cuales “la conformación actual del Grupo Clarín obstaculiza los fines previstos por la Ley 26.522, en cuanto a garantizar la pluralidad y diversidad de voces y opiniones”, la joven abogada afirmó: “Por la magnitud, tiene posición dominante, marca precios, condiciones de competencia, tiene prácticas predatorias y excluyentes y compra competidores para cerrarlos”. Frente a lo cual, el presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti la interrogó por la facilidad para quitar las licencias. Entonces, Peñafort Colombi recordó que las licencias “no generaban derechos adquiridos, pero no se quitan discrecionalmente” y afirmó: “Las licencias se enmarcan en actividades de bien público, no es asimilable a una fábrica de galletitas”.
También se destacó Martín Sabbatella, titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca), respondiendo a los principales argumentos de los representantes del Grupo Clarín: “Todas, absolutamente todas las empresas de la Argentina, menos Clarín, presentaron su plan de adecuación voluntaria. A menos que creamos que todos tienen vocación suicida, o que todos tienen ganas de fundirse, no se entiende cómo el resto de las empresas sí están dispuestas a adecuarse voluntariamente.
Es mentira que la aplicación de la ley funde a las empresas. Si uno quiere tener una empresa de comunicación audiovisual en la Argentina, el límite de la ley alcanza. Ahora, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para otros objetivos, si uno quiere tener otra empresa para extorsionar a la democracia, si uno quiere tener una compañía audiovisual para definir el rumbo del país, si alguien quiere tener una empresa de comunicación audiovisual para manipular la opinión pública o para poner y sacar presidentes, obviamente no alcanza”. También cuestionó el fallo de la Cámara Civil y Comercial cuando “declaró constitucional todo lo que no afecta a Clarín e inconstitucional todo lo que lo afecta”, antes de concluir: “La Argentina tiene un problema en relación con la concentración mediática que nos está lesionando, necesitamos solucionarlo y entendemos, y entendieron los legisladores, que ésta es la herramienta para hacerlo. Por nuestra democracia no queremos nunca menos libertad de expresión y nunca más concentración mediática. Está en sus manos si la democracia puede seguir avanzando o retrocedemos”.
Finalmente, la procuradora Alejandra Gils Carbó pidió a la Corte que “valore el peso relativo de los reales intereses de un grupo de no desinvertir y mantener la concentración mediática y otros intereses que tutelan los derechos fundamentales de la libertad de expresión y la soberanía del pueblo”; requirió de la Corte Suprema “un fallo histórico develando las falacias de este proceso”; lamentó que “todavía se esté discutiendo si es constitucional una ley aprobada por las mayorías en el Congreso y goza del enorme consenso popular”; acusó al Grupo Clarín de obtener “beneficios legislativos y judiciales, gracias al inmenso poder de lobby, con potencialidad extorsiva que proporciona la concentración mediática” y afirmó que “hoy son los medios concentrados los que ponen en jaque a los gobiernos democráticos”.
La Corte Suprema deberá decidir, en base a las exposiciones, si apoya el principio de democratización con leyes que incentiven o protejan la competencia o si apoyará el criterio de propiedad privada, sin importar la forma en la que hubieran alcanzado los bienes que permitieron lograr una posición dominante.
Afuera, en la Plaza Tribunales, una multitud presionaba desde muy temprano por su derecho a la información, en defensa de la democracia y en contra de los lobbies y de las posiciones dominantes.
Pantallas gigantes colocadas a los costados del palco donde se realizaría después de las 18 un espectáculo artístico en defensa de la ley permitían seguir lo que ocurría en los tribunales. Aplausos o abucheos y silbidos mostraban adhesiones y descontentos. Curiosamente, el grupo mediático que reclamaba “libertad de expresión” censuró en la transmisión televisiva del canal TN las exposiciones de los defensores de la ley votada por amplia mayoría en el Congreso.
Ya fuera de la audiencia, el abogado del Grupo Clarín Damián Cassino advirtió que si la Corte Suprema no le da la razón a Clarín, “existen instancias internacionales de apelación”.
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