El Ejecutivo avanza también en el desendeudamiento con juicios pendientes con multinacionales
El gobierno oficializó el acuerdo en el CIADI en jurisdicción nacional
El acuerdo final confirmó una quita del 25% que reduce el pago a 5 empresas de U$S 677 millones reclamados a U$S 506 millones. No habrá efectivo y se entregarán bonos por la deuda. Los acreedores suscribirán los BAADE por U$S 68 millones.
Por: Nicolás Furfaro
"Se ratifica la posición jurídica que la Argentina va a seguir sosteniendo frente a laudos del CIADI", dijeron fuentes del gobierno nacional para enfatizar que se dejó de lado lo decidido en primera instancia en Washington y se logró firmar en terreno nacional.
La Resolución 598/2013 que publicó ayer la cartera económica explica que las empresas se acercaron al gobierno en agosto y ofrecieron sentarse a negociar. A partir de las propuestas que llevaron sus representantes en esa ocasión se llegó a la quita del 25%, que baja el pago de los U$S 677 millones que se reclamaban originalmente hasta los U$S 506 millones que se les darán finalmente con los Bonos Bonar 2017 (para capital) y Boden 2015 (para intereses).
Eso implica un financiamiento al 7% anual, y permite no desembolsar dinero en efectivo ni comprometer las reservas del Banco Central, que ayer cerraron en U$S 34.278 millones. "No hay antecedentes de una renegociación con quita en un laudo del CIADI, es un caso muy novedoso a nivel global", aseguraron altas fuentes oficiales.
Las empresas también se comprometieron a suscribir el 10% del reclamo original en BAADE, lo que lleva la quita inmediata a una cifra de más del 30 por ciento. Los U$S 68 millones –que se quedarán hasta al menos hasta 2016– ya ingresaron al país, ya que debían hacerlo antes del jueves. Sin embargo, según fuentes de la autoridad monetaria que encabeza Mercedes Marcó del Pont, hasta ayer no se había concretado el paso final para que aparezcan atados a los bonos creados originalmente para invertir en hidrocarburos e infraestructura a partir del plan de blanqueo de capitales.
Además, Economía señaló que los títulos fueron entregados a las empresas a su valor nominal, lo cual supone una quita todavía mayor si se tiene en cuenta el valor de mercado. Es decir, si fueran el lunes al mercado secundario de compra-venta de títulos y vendieran los papeles que recibieron del Estado Nacional como pago, el monto recuperado de la denuncia original sería solamente del 59 por ciento.
Las empresas implicadas son Azurix (cuya denuncia original ascendía a U$S 211,6 millones); CMS Gas (U$S 173,8 millones); Continental Casualty (U$S 4,1 millones); National Grid (U$S 54,3 millones); y Vivendi (U$S 233,1 millones). Aunque las negociaciones fueron concretadas con quienes son los titulares actuales de los reclamos. Las denuncias de CMS Gas, Continental Casualty Company, National Gride tienen como cabezas a Blue Ridge, CC-WB Holdings y NG-UN Holdings respectivamente. A la hora de cerrar la negociación con Argentina, los privados se comprometieron a "notificar el contenido de los respectivos acuerdos transaccionales al gobierno del país que haya sido contraparte en el tratado bilateral de inversiones en el mercado dentro del cual se llevó adelante el arbitraje."
Una de las críticas que daban vueltas cuando empezaron a surgir los rumores del acuerdo en el CIADI era el antecedente que esto podría generar para los casos pendientes ante el tribunal del BM (por unos U$S 20 mil millones). El gobierno rechazó esa posibilidad, y destacó que se aceptó el artículo 54 del convenio del tribunal dejando de lado el 53. Este último establece que el fallo es obligatorio y no puede ser objeto de apelación ni de cualquier otro recurso, lo que no permitiría avanzar en el sentido que se concretó el 8 de octubre.
Los cuestionamientos a la operación también alcanzaron a la intervención de Gramercy –un fondo que participó de los canjes de deuda– en representación de Continental Casualty. Las fuentes oficiales admitieron que participaron de la negociación, pero rechazaron las críticas y señalaron que su intervención implica menos del 10% de las negociaciones. Además señalaron que por ejemplo Blue Ridge, fondo del Bank Of America que es dueño de la deuda de CMS, también formó parte de las negociaciones.
La oficialización del acuerdo con las cinco empresas fue acompañado ayer por la decisión administrativa 830 de la Jefatura de Gabinete de Ministros, suscripta por Juan Manuel Abal Medina, que habilita una partida de $ 3000 millones en el Presupuesto de este año para adaptarlo a la emisión de papeles para el pago.
SCOTUS. El gobierno nacional también confirmó ayer que redoblará su apuesta en la estrategia judicial que se lleva adelante en Nueva York. Paul Clemente, experto en litigios ante la Corte Suprema de Estados Unidos (SCOTUS, por sus siglas en inglés), se sumará al estudio Cleary Gottlieb Steen & Hamilton en el enfrentamiento a los holdouts.
Lorenzino se reunió con el abogado la semana pasada, en medio del viaje a Washington DC para asistir a la Asamblea Anual del FMI y el Banco Mundial, y concretó su elección por sobre cuatro candidatos.
Clemente tiene el antecedente de haber sido procurador general del gobierno de George W. Bush y haber participado en 41 litigios frente al máximo tribunal estadounidense, 16 de los cuales se desarrollaron en los últimos dos años.
Según pudo saber este diario, el trabajo actual tiene como objetivo central responder al pedido de los fondos buitre de levantar el stay que todavía detiene la aplicación de la decisión de segunda instancia.
Abal Medina: desatar los nudos que hicieron otros
El jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, afirmó ayer que "es clarito" que "el camino" apunta a "retirarse" paulatinamente de los Tratados Bilaterales de Inversión (TBI), y "escapar de ese tipo de mecanismos que atan los destinos argentinos a tribunales de otros países".
El funcionario se refirió así a la postura de la Casa Rosada en materia de inversiones extranjeras, poco después de confirmarse el pago por U$S 677 millones, medida por la que debió ampliar la deuda en $ 3000 millones.
"Todo lo que se ha hecho fue para retirarnos de este tipo de tratados, el camino es clarito, clarito", planteó Abal Medina en diálogo con Radio América.
Cuando se le preguntó si era "posible que la Argentina a futuro denuncie los TBI", el ministro coordinador contestó: "La tendencia es escapar a ese tipo de mecanismos, que lo que hacen es atar destinos argentinos a tribunales de otros países." "En este caso (por los acuerdos con cinco firmas para pagar U$S 677 millones) había sentencias firmes que venían de hace rato y venían complicando cuestiones vinculadas al Banco Mundial" y sus préstamos, deslizó. Las empresas que aceptaron el acuerdo fueron Blue Ridge (titular de CMS Gas), CC-WB (titular del reclamo de Continental Casualty Co), Vivendi (Aguas del Aconquija), Azurix Corp, que recurrieron al CIADI, y NG-UN Holdings, tenedora del planteo de "National Grid".
Los ejecutivos de empresas de distintos sectores económicos consideraron que se dio "vuelta una página" y que ahora el gobierno debe cerrar el diferendo con el Club de París.
Por: Leandro Renou y Martín Ferreyra
Entre los bancos, también hubo buena recepción de los detalles del acuerdo, que fueron publicados ayer en el Boletín Oficial. "Para el país, tener acceso al financiamiento es una posibilidad inmensa. Y digo, financiarse en el exterior no es ni bueno ni malo, lo que hay que hacer es invertir bien esos fondos", detalló Enrique Cristofani, presidente del Banco Santander.
Pedro López Matheu, director de Asuntos Corporativos de Mondelez Internacional (ex KraftFoods), le bajó los decibeles al tema del CIADI. La noticia, consideró, reviste una importancia relativa para la empresa que representa, cuyo interés hoy por hoy está centrado en temas de competitividad interna. En cambio, el director ejecutivo de la consultora KPMG, Alberto Schuster, aprobó la solución del tema con el CIADI porque "es bueno que Argentina empiece a tomar decisiones para volver a insertarse en el mercado internacional". Schuster se explayó sobre las consecuencias de la medida cuando señaló que "la determinación del gobierno precede a otras soluciones como el tema del Club de París y, en conjunto, es fundamental para estar en mejores condiciones respecto al acceso al financiamiento internacional".
El consultor ejemplificó con uno de los principales reclamos de las privadas locales al indicar que "para mejorar la infraestructura en el país la inversión extranjera directa y la financiación de organismos multilaterales de crédito es crucial" y, en ese sentido, agregó que el financiamiento externo va a ser importante para dar respuesta "al tema logístico". "Si tenés un fallo en contra, tenés que pagar y pasar a otra cosa", concluyó el especialista.
El vocero de una de las empresas más importantes del sector agroexportador a nivel internacional elogió la negociación con el CIADI, pero evaluó que la medida demanda otras decisiones paralelas. "Como parte de una empresa que se dedica al comercio exterior muy fuertemente –expresó la fuente– la apertura argentina al vínculo con otros países es bienvenida." En esa línea, el consultado aseguró que la concesión de un crédito de U$S 3 mil millones por parte del Banco Mundial "habla muy bien de lo que está haciendo el gobierno" aunque reclamó, no obstante, "aclarar" la política de repatriación de dividendos para favorecer el panorama de las inversiones. "Esta es una política correcta del gobierno, y no es fácil cambiar temas económicos, como el del INDEC, pero las condiciones no son las mismas que años atrás y tiene que tomar medidas para que el modelo no estalle", resumió.
Por su parte, el titular de laboratorios Richmond, Marcelo Figueiras, consideró que "hoy hay tasas de préstamos a nivel internacional de 3 o 4% y es muy conveniente este acuerdo con el CIADI para conseguirlas". Además, explicó que "lo que viene será seguramente mejor si se cierra la historia con el Club de París y con los fondos buitre".
ECONOMISTAS. Dante Sica, de Abeceb.com, consideró ayer que la negociación con el CIADI "es un paso importante porque arregla el frente externo" y agregó que son señales que "podrían hacer avanzar el resto de los problemas que aún subsisten".
Por su parte, Eduardo Levy Yeyati lo vió positivo, pero consideró que "para resolver otros asuntos, como la deuda con el Club de París, lo que exige Francia es que Argentina acepte una visita del FMI para monitorear la deuda. Y en eso el país no tendría problemas, porque la deuda es muy baja, pero quizás no lo quiera hacer por cuestiones políticas." Por otra parte, Levy Yeyati se refirió al inminente acuerdo con Repsol, otro frente pendiente de resolución. "Ahí el gobierno nacional fue pragmático –dijo–, y van a llegar a un acuerdo."
Fuente:TiempoArgentino
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