El organismo quiso conocer los efectos de la separación de fiscales ad hoc en los juicios de lesa humanidad. El caso Blaquier.
Por: Gerardo Aranguren
Una delegación argentina expuso ayer y el lunes ante el Comité de la ONU para la Desaparición Forzada de Personas en Ginebra, Suiza, las medidas que tomó el país en los últimos años para perseguir los delitos de la dictadura y reparar a sus víctimas. Los especialistas de Naciones Unidas elogiaron las políticas argentinas sobre las desapariciones y demostraron interés en la estrategia de impugnar a los fiscales ad hoc desplegada en todo el país para demorar los juicios por delitos de lesa humanidad.
La delegación del país fue encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y debió responder a la interpelación sobre la aplicación en el país del la Convención Internacional para la protección de todas la personas contra las desapariciones forzadas.
Fresneda fue el encargado de presentar el informe sobre la situación en Argentina. El secretario de Derechos Humanos destacó las reformas legislativas realizadas durante los gobiernos del ex presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández para acabar con las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.
Señaló también la política reparatoria y de persecución de esos crímenes por parte de los tres poderes del Estado, así como la creación de instituciones para hacerlo. Por último indicó que son los organismos de Derechos Humanos, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, quienes garantizan "que la promesa realizada en la Convención sea una realidad para las generaciones futuras".
A la exposición de Fresneda se sumaron los informes presentados por el país y por organizaciones de Derechos Humanos, como Abuelas, que informó sobre la creación de una Unidad especializada para la investigación de la apropiación de niños y consideraron que esas medidas "deben potenciarse y fortalecerse".
El comité elogió a Argentina por haber abordado la cuestión de las desapariciones entre 1977 y 1983, aunque también se mostraron interesados en los últimos intentos de las defensas de los acusados por crímenes de la dictadura para demorar los procesos.
En ese sentido, uno de los miembros del comité, el alemán Rainer Huhle, luego de señalar "la importancia del Ministerio Público Fiscal en el impulso de las investigaciones de desapariciones forzadas", inquirió a la comitiva sobre el reciente apartamiento de Pablo Pelazzo, fiscal ad hoc de Jujuy, de las causas que involucran a Carlos Blaquier: "Recientemente, el Comité ha sido informado de una decisión de la Cámara Federal de Salta de separar de sus casos a uno de esos fiscales al considerar que su designación, como fiscal ad hoc, resultaba ilegal. ¿Qué consideración hace la delegación sobre este hecho? ¿Podría implicar un riesgo para la política de persecución penal de las desapariciones forzadas?"
Desde Ginebra, Auat indicó que la respuesta de Argentina "fue admitir que en estos procesos no están despejados los obstáculos al intentar avanzar sobre ciertos grupos de civiles y sectores económicos".
En diálogo con Tiempo Argentino, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad explicó que el comité se mostró informado sobre esa situación. "Les transmitimos nuestra preocupación como una circunstancia impensable a esta altura del proceso del avance de las causas. Esto nos marca la trascendencia y la complejidad que significó avanzar en las investigaciones. Todavía existe la posibilidad de encontrar algún cepo de impunidad que no está superado", indicó.
El fiscal también resaltó los elogios de los especialistas, quienes destacaron que Argentina es el único país que ha juzgado estos crímenes con sus propias herramientas, sin tribunales especiales.
Fuente:TiempoArgentino
Envío:Agnddhh
La delegación del país fue encabezada por el secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, y el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, Jorge Auat, y debió responder a la interpelación sobre la aplicación en el país del la Convención Internacional para la protección de todas la personas contra las desapariciones forzadas.
Fresneda fue el encargado de presentar el informe sobre la situación en Argentina. El secretario de Derechos Humanos destacó las reformas legislativas realizadas durante los gobiernos del ex presidente Néstor Kirchner y de Cristina Fernández para acabar con las detenciones arbitrarias y las desapariciones forzadas.
Señaló también la política reparatoria y de persecución de esos crímenes por parte de los tres poderes del Estado, así como la creación de instituciones para hacerlo. Por último indicó que son los organismos de Derechos Humanos, las Abuelas y Madres de Plaza de Mayo, quienes garantizan "que la promesa realizada en la Convención sea una realidad para las generaciones futuras".
A la exposición de Fresneda se sumaron los informes presentados por el país y por organizaciones de Derechos Humanos, como Abuelas, que informó sobre la creación de una Unidad especializada para la investigación de la apropiación de niños y consideraron que esas medidas "deben potenciarse y fortalecerse".
El comité elogió a Argentina por haber abordado la cuestión de las desapariciones entre 1977 y 1983, aunque también se mostraron interesados en los últimos intentos de las defensas de los acusados por crímenes de la dictadura para demorar los procesos.
En ese sentido, uno de los miembros del comité, el alemán Rainer Huhle, luego de señalar "la importancia del Ministerio Público Fiscal en el impulso de las investigaciones de desapariciones forzadas", inquirió a la comitiva sobre el reciente apartamiento de Pablo Pelazzo, fiscal ad hoc de Jujuy, de las causas que involucran a Carlos Blaquier: "Recientemente, el Comité ha sido informado de una decisión de la Cámara Federal de Salta de separar de sus casos a uno de esos fiscales al considerar que su designación, como fiscal ad hoc, resultaba ilegal. ¿Qué consideración hace la delegación sobre este hecho? ¿Podría implicar un riesgo para la política de persecución penal de las desapariciones forzadas?"
Desde Ginebra, Auat indicó que la respuesta de Argentina "fue admitir que en estos procesos no están despejados los obstáculos al intentar avanzar sobre ciertos grupos de civiles y sectores económicos".
En diálogo con Tiempo Argentino, el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad explicó que el comité se mostró informado sobre esa situación. "Les transmitimos nuestra preocupación como una circunstancia impensable a esta altura del proceso del avance de las causas. Esto nos marca la trascendencia y la complejidad que significó avanzar en las investigaciones. Todavía existe la posibilidad de encontrar algún cepo de impunidad que no está superado", indicó.
El fiscal también resaltó los elogios de los especialistas, quienes destacaron que Argentina es el único país que ha juzgado estos crímenes con sus propias herramientas, sin tribunales especiales.
Fuente:TiempoArgentino
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