"España camina 'con la ley en la mano' hacia un sistema autoritario"Publicado: 29 nov 2013 |GMT - RT
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Para la mayoría de partidos políticos, algunas asociaciones judiciales y movimientos ciudadanos, el objetivo del ejecutivo es reprimir las protestas y atenuar la presión social "a golpe de multa", con el objeto de que la gente salga cada vez menos a la calle.
En opinión del portavoz de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD), Óscar López, el texto, que regulará, entre otras cuestiones, las manifestaciones, contempla duras sanciones administrativas. "En España se puede esperar un endurecimiento total [de la situación]", señala López.
Texto completo en: http://actualidad.rt.com/actualidad/view/112754-espana-amordaza-voluntad-protesta-ley-seguridad-ciudadanaEn opinión del portavoz de la Plataforma en Defensa de las Libertades Democráticas (PDLD), Óscar López, el texto, que regulará, entre otras cuestiones, las manifestaciones, contempla duras sanciones administrativas. "En España se puede esperar un endurecimiento total [de la situación]", señala López.
En España se puede esperar un endurecimiento total [de la situación]
Esta ley de seguridad ciudadana se une a medidas como la reforma del código penal y la ley de tasas judiciales, aprobada en 2012, junto a un probable "endurecimiento de la Ley de Huelga, de tal modo que se recorte en gran medida el derecho de huelga, es decir, lo que están haciendo es recortar el derecho de que la clase trabajadora proteste en defensa de sus conquistas históricas".
López denuncia una batería de nuevas sanciones previstas en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo podrán ser revisadas por los tribunales previo pago de la correspondiente tasa. La reforma del sistema judicial diferencia así entre ciudadanos con poder adquisitivo y ciudadanos sin poder adquisitivo para los recursos de tipo administrativo.
"La única vía de recurrir la ley de seguridad ciudadana va a ser precisamente la vía judicial, aunque no exista un juez mediador en la instrumentación de las multas", asegura el portavoz de la PDLD.
La Ley de Seguridad Ciudadana distinguirá entre faltas muy graves, graves y leves a la hora de imponer las mutas. Eso conlleva que, en función de la gravedad de la falta, para poder recurrir una multa haya que llegar a pagar una tasa añadida de hasta 2.750 euros, indica López.
Todo ello constituye un proceso de cambio de "todo el marco jurídico legal para entrar en un nuevo sistema político que sería un sistema autoritario o totalitario de derecho". El experto subraya asimismo que sería un sistema 'de derecho' solo porque "formalmente se hace por vía parlamentaria, el Parlamento funciona, hay pluralidad de partidos".
Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular "permite [al Gobierno] ir hacia acciones del tipo de la Ley Habilitante con la que los nazis ilegalizaron en Alemania al Partido Comunista en su momento y acabaron con las libertades democráticas".
López denuncia una batería de nuevas sanciones previstas en la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, que solo podrán ser revisadas por los tribunales previo pago de la correspondiente tasa. La reforma del sistema judicial diferencia así entre ciudadanos con poder adquisitivo y ciudadanos sin poder adquisitivo para los recursos de tipo administrativo.
"La única vía de recurrir la ley de seguridad ciudadana va a ser precisamente la vía judicial, aunque no exista un juez mediador en la instrumentación de las multas", asegura el portavoz de la PDLD.
La Ley de Seguridad Ciudadana distinguirá entre faltas muy graves, graves y leves a la hora de imponer las mutas. Eso conlleva que, en función de la gravedad de la falta, para poder recurrir una multa haya que llegar a pagar una tasa añadida de hasta 2.750 euros, indica López.
Todo ello constituye un proceso de cambio de "todo el marco jurídico legal para entrar en un nuevo sistema político que sería un sistema autoritario o totalitario de derecho". El experto subraya asimismo que sería un sistema 'de derecho' solo porque "formalmente se hace por vía parlamentaria, el Parlamento funciona, hay pluralidad de partidos".
Sin embargo, la mayoría absoluta del Partido Popular "permite [al Gobierno] ir hacia acciones del tipo de la Ley Habilitante con la que los nazis ilegalizaron en Alemania al Partido Comunista en su momento y acabaron con las libertades democráticas".
Detenidos por la concentración en Moratalaz instan desde los calabozos a unirse a las protestasRené Otaduy denuncia la "forma brutal" con la que se efectuaron las detenciones, que pretenden "dificultar las movilizaciones en contra de la política represiva general". A partir de las 7 hay convocadas nuevas protestas contra la 'Ley Mordaza'
A.L. DE MIGUEL Madrid - 29/11/2013
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Desde la comisaría en la que sigue retenido, y en la misma mañana en la que el Consejo de Ministros debate el anteproyecto de la polémica Ley Mordaza, René Otaduy ha logrado escribir un mensaje a pesar de las restricciones aplicadas en las diligencias policiales, que teóricamente impiden a los detenidos acceder a dispositivos móviles.
Público se ha hecho con esta misiva, en la que sólo se han efectuado correcciones ortográficas: "Queridos compañeros, la oleada represiva que estamos sufriendo tiene dos estrategias: el endurecimiento legislativo que se aprobará hoy en Consejo Ministros a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la oleada de detenciones a lo largo del día de ayer realizadas de forma brutal. Detenciones que tienen entre otros objetivos dificultar las movilizaciones en contra de política represiva general".
Otaduy: "Con ambas movilizaciones mostraremos el rechazo a los recortes y la represión, la necesaria lucha y solidaridad"
"Como persona detenida en la Comisaría de Moratalaz creo que ambas cuestiones deben tener una respuesta en la calle. Por eso considero que la convocatoria contra la aprobación de la Ley Mordaza debe mantenerse, estar hoy, con más motivos, a las 19h en Génova y desde ahí acudir a la concentración en Plaza de Castilla de apoyo y solidaridad con nosotras y nosotros, los que estamos detenidos".
"Con ambas movilizaciones, yendo a Génova y a Plaza de Castilla, mostraremos el rechazo a los recortes y la represión, la necesaria lucha y solidaridad, que ¡No Pasaran!, y se verán reforzadas con la asistencia a cada una de ellas del conjunto del movimiento popular en Madrid".
"Para el Gobierno del PP sería un éxito que hoy no se visualizase ante su sede y otras instituciones el rechazo a su política brutalmente represiva y antipopular. Si querían evitar la convocatoria no lo van a lograr. Un abrazo. ¡No pasarán! No a la Ley Mordaza, nos tocan a uno, nos tocan a todos. ¡Rene Otaduy! ¡Acude y difunde! Todos a las 19h en Génova y a las 20 - 20:30 horas en Plaza de Castilla".
Con esta llamada a la concentración ante la sede nacional del Partido Popular y los Juzgados de Plaza de Castilla se cierra la misiva de Otaduy, que junto a otros 10 jóvenes fue detenido en los actos de protesta por las acciones policiales de este mismo jueves. La Policía Nacional detuvo a 19 jóvenes pertenecientes a diversos grupos de izquierdas por haber participado presuntamente en la protesta antifascista que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid el pasado 20 de noviembre.
Cientos de personas se concentran Plaza de Castilla en protesta por los 30 jóvenes detenidosLa convocatoria, lanzada por la Coordinadora 25-S, impulsora de las movilizaciones frente al Congreso, ha partido desde Génova y ha finalizado en los juzgados para recibir a los 19 detenidos a su salida
LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL-Madrid 29/11/2013
Cientos de personas convocadas por la Coordinadora 25-S se han concentrado frente a la sede del Partido Popular de Madrid, en la calle Génova, rodeados por un amplio dispositivo policial con decenas de furgones y agentes antidisturbios. en protesta por los 30 jóvenes detenidos por la Policía Nacional este jueves. La marcha ha confluido con otra concentración convocada a la misma hora frente a los Juzgados de Plaza de Castilla.
A la concentración se han sumado un grupo de afectados por las preferentes gritando "Blesa a prision" y "esto nos pasa con un gobierno facha". Detras de ellos ya hay 200 personas gritando "basta ya de Estado policial". La marcha se ha dirigido a los Juzgados de Plaza de Castilla al grito de "libertad detenidos por luchar".
De los que han pasado la noche del jueves en Moratalaz, 19 fueron detenidos en una operación policial acusados de haber participado en la marcha antifascista que tuvo lugar en la Universidad Complutense el pasado 20 de noviembre, en la que resultaron heridos cinco estudiantes pertenecientes a un colectivo de derechas. En protesta por estas detenciones, en la tarde del jueves se convocó una concentración frente a la comisaría de Moratalaz, en la que agentes antidisturbios cargaron contra los 300 asistentes y detuvieron a once de ellos.
Los primeros están acusados de delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, con agravante de actuar por odio, por lesiones y daños. Mientras, los que fueron detenidos en la concentración de la tarde están acusados delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad. Estos once han quedado en libertad este mismo viernes. Familiares y amigos han denunciado que varios de los detenidos por los hechos del 20-N en la Complutense no estaban ese día en la universidad y que otras ni siquiera pertenecen a los movimientos antifascistas, habiendo sido detenidas varias activistas feministas.
Uno de los arrestados en las inmediaciones de la comisaría de Moratalaz, René Otaduy, logró escribir un mensaje a pesar de las restricciones aplicadas en las diligencias policiales, que teóricamente impiden a los detenidos acceder a dispositivos móviles. "Queridos compañeros, la oleada represiva que estamos sufriendo tiene dos estrategias: el endurecimiento legislativo que se aprobará hoy en Consejo Ministros a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la oleada de detenciones a lo largo del día de ayer realizadas de forma brutal. Detenciones que tienen entre otros objetivos dificultar las movilizaciones en contra de política represiva general".
"Con ambas movilizaciones, yendo hoy a Génova y a Plaza de Castilla, mostraremos el rechazo, la necesaria lucha y solidaridad, que ¡No pasarán!, y se verán así reforzadas con la asistencia a cada una de ellas del conjunto del movimiento popular en Madrid", añade. Y concluye alegando que "para el Gobierno del PP, sería un éxito, que hoy no se visualizase, ante su sede y otras instituciones, el rechazo a su política brutalmente represiva y antipopular".
A la concentración se han sumado un grupo de afectados por las preferentes gritando "Blesa a prision" y "esto nos pasa con un gobierno facha". Detras de ellos ya hay 200 personas gritando "basta ya de Estado policial". La marcha se ha dirigido a los Juzgados de Plaza de Castilla al grito de "libertad detenidos por luchar".
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Los primeros están acusados de delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, con agravante de actuar por odio, por lesiones y daños. Mientras, los que fueron detenidos en la concentración de la tarde están acusados delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad. Estos once han quedado en libertad este mismo viernes. Familiares y amigos han denunciado que varios de los detenidos por los hechos del 20-N en la Complutense no estaban ese día en la universidad y que otras ni siquiera pertenecen a los movimientos antifascistas, habiendo sido detenidas varias activistas feministas.
Uno de los arrestados en las inmediaciones de la comisaría de Moratalaz, René Otaduy, logró escribir un mensaje a pesar de las restricciones aplicadas en las diligencias policiales, que teóricamente impiden a los detenidos acceder a dispositivos móviles. "Queridos compañeros, la oleada represiva que estamos sufriendo tiene dos estrategias: el endurecimiento legislativo que se aprobará hoy en Consejo Ministros a través de la nueva Ley de Seguridad Ciudadana y la oleada de detenciones a lo largo del día de ayer realizadas de forma brutal. Detenciones que tienen entre otros objetivos dificultar las movilizaciones en contra de política represiva general".
"Con ambas movilizaciones, yendo hoy a Génova y a Plaza de Castilla, mostraremos el rechazo, la necesaria lucha y solidaridad, que ¡No pasarán!, y se verán así reforzadas con la asistencia a cada una de ellas del conjunto del movimiento popular en Madrid", añade. Y concluye alegando que "para el Gobierno del PP, sería un éxito, que hoy no se visualizase, ante su sede y otras instituciones, el rechazo a su política brutalmente represiva y antipopular".
ANA PARDO DE VERA Madrid -29/11/2013
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Con una semana de retraso sobre lo previsto debido a la fuerte polémica que ha obligado a suavizar una ley "represora", según la oposición, el Gobierno ha dado luz verde al anteproyecto de la norma de Seguridad Ciudadana que sustituye a la de 1992, la denominada Ley Corcuera.
Una de las novedades conocidas este viernes del texto de esta ley, que será remitida al Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Agencia de Protección de Datos y Consejo Fiscal antes de iniciar el trámite parlamentario, es la inclusión como infracciones graves (de 1.000 a 30.000 euros) las ofensas o injurias a España, las comunidades autónomas, las entidades locales o sus símbolos, como las banderas correspondientes.
En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha referido a la quema de banderas como una de esas ofensas a España o al lugar al que corresponda la enseña, siempre que no sea constitutivo de delito tipificado en el Código Penal. También serían infracciones graves, explicó el titular de Interior, las manifestaciones "en las que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones". No así las pitadas a los himnos oficiales en los estadios de fútbol, por ejemplo, ya que según ha explicado Fernández Díaz a preguntas de la prensa sobre este comportamiento en concreto, el mismo está penalizado en la ley de 2007 contra la violencia en el deporte.
Equilibro entre libertad y seguridad
En el lado opuesto, y a pesar del "sentimiento contrario" del ministro al respecto, las manifestaciones contra la unidad de España o por la reivindicación independentista de un determinado territorio, "siempre que sean pacíficas y dentro de los límites legales", no constituirán una infracción según la nueva norma de seguridad.
El ministro del Interior ha insistido mucho en que la de seguridad ciudadana (ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su nombre oficial) trata de establecer todas las "garantías" para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos recogidos en la Constitución. Asimismo, Fernández Díaz ha insistido en que el Ejecutivo trata de busca el "equilibrio" entre la libertad y la seguridad de los españoles, recordando que "sin seguridad no hay libertad".
Una de las novedades conocidas este viernes del texto de esta ley, que será remitida al Consejo de Estado, Consejo General del Poder Judicial, Agencia de Protección de Datos y Consejo Fiscal antes de iniciar el trámite parlamentario, es la inclusión como infracciones graves (de 1.000 a 30.000 euros) las ofensas o injurias a España, las comunidades autónomas, las entidades locales o sus símbolos, como las banderas correspondientes.
En este sentido, el ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, se ha referido a la quema de banderas como una de esas ofensas a España o al lugar al que corresponda la enseña, siempre que no sea constitutivo de delito tipificado en el Código Penal. También serían infracciones graves, explicó el titular de Interior, las manifestaciones "en las que se llevaran pancartas o gritaran consignas claramente ofensivas o vejatorias contra España, las comunidades autónomas o sus símbolos o instituciones". No así las pitadas a los himnos oficiales en los estadios de fútbol, por ejemplo, ya que según ha explicado Fernández Díaz a preguntas de la prensa sobre este comportamiento en concreto, el mismo está penalizado en la ley de 2007 contra la violencia en el deporte.
Equilibro entre libertad y seguridad
En el lado opuesto, y a pesar del "sentimiento contrario" del ministro al respecto, las manifestaciones contra la unidad de España o por la reivindicación independentista de un determinado territorio, "siempre que sean pacíficas y dentro de los límites legales", no constituirán una infracción según la nueva norma de seguridad.
El ministro del Interior ha insistido mucho en que la de seguridad ciudadana (ley orgánica de Protección de la Seguridad Ciudadana, en su nombre oficial) trata de establecer todas las "garantías" para el ejercicio de los derechos y libertades de los ciudadanos recogidos en la Constitución. Asimismo, Fernández Díaz ha insistido en que el Ejecutivo trata de busca el "equilibrio" entre la libertad y la seguridad de los españoles, recordando que "sin seguridad no hay libertad".
Un ayuntamiento gallego gobernado por el PP repone placas de Franco y Primo de Rivera tras 30 años retiradas por Kaos. Galiza Viernes, 29 de Noviembre de 2013
O goberno de Vila de Cruces exalta as ditaduras de Franco e Primo de Rivera. Isto é o que vén de acontecer en Vila de Cruces, segundo denuncia a oposición municipal...
Case seis anos despois da súa aprobación, a Lei da Memoria Histórica aínda non chegou a moitos lugares públicos.Mentres algunhas institucións públicas se van desfacendo, devagar, dos derradeiros vestixios franquistas nos seus espazos públicos, xa sexa física ou simbolicamente, outras percorren o camiño contrario e, nunha inefable decisión, repoñen a simboloxía da ditadura que xa fora retirada, mesmo antes da propia lei. Isto é o que vén de acontecer en Vila de Cruces, segundo denuncia a oposición municipal.
"Hai cousas que xa pensábamos que estaban superadas pero, polo que se ve, o noso alcalde ou aínda vive na posguerra ou traizoouno o subsconciente". Son as dúas posibles explicacións que se lle ocorren ao PSdeG local tras comprobar que dúas placas de exaltación de senllas ditaduras, a de Primo de Rivera e a de Franco, foron recolocadas no local social municipal da parroquia de Carbia. Isto acontece, explican, "máis de trinta anos despois" de que fosen retiradas do seu emprazamento orixinal, a antiga Casa do Concello, por iniciativa do daquela edil socialista José María Vilariño.
Pero agora, denuncian, o popular Jesús Otero (PP), que goberna o municipio con maioría absoluta, "desempoounas e recolocounas nun novo local público, vulnerando a lei" de maneira consciente e "espertando vellas pantasmas do pasado". "Porque se o feito de ter placas franquistas sen retirar en lugares públicos pode resultar grave, máis delito ten recolocar as que xa foran retiradas no seu día", evidencian.
Mentres agardan a que "se pronuncie o resto dos concelleiros do goberno municipal", especialmente, din, unha edil veciña da parroquia "na que tiveron a feliz idea de colocar as placas", o PSdeG xa solicitou formalmente "que retiren inmediatamente as placas fascistas para evitar a vergoña que suporía para Vila de Cruces que tivese que ordenar a súa retirada a fiscalía ou o xuíz correspondente". "Para máis colmo -advirten- o local onde o alcalde reubicou as placas vén sendo local electoral", circunstancia que, "a bo seguro, propiciará impugnacións" en futuros comicios.
http://praza.com/politica/6018/o-goberno-de-vila-de-cruces-exalta-as-ditaduras-de-franco-e-primo-de-rivera/
¿Qué sanciona la nueva ley de Seguridad Ciudadana?La ley mordaza aprobada hoy por el Consejo de Ministros establece siete tipos de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros
Una joven es golpeada por policías en Valencia, el año pasado.
LAURA CAMACHO / PACO PARDO (EFE) Madrid -29/11/2013
El anteproyecto de Ley de Seguridad Ciudadana aprobado este viernes por el Consejo de Ministros establece siete tipo de infracciones muy graves sancionadas con multas de 30.001 a 600.000 euros.
También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros.
Estas son, en resumen, las principales infracciones que contempla la nueva ley, que sustituye a la aprobada en 1992, también conocida como 'ley Corcuera' o 'de la patada en la puerta':
-Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.
-Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.
-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas y explosivos no catalogados.
-Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.
-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.
INFRACCIONES GRAVES (Multa de 1.001 a 30.000 euros):
-Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.
-Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.
-Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
-Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes.
-Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.
-Obstaculizar gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones.
-Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse.
-Perturbación del orden en campaña electoral.
-Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad. También cuando se produzcan en centrales nucleares, aeropuertos, etc.
-Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso.
-Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.
-La prostitución y la demanda de sus servicios en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes.
-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias, explosivos catalogados y material pirotécnico.
-Obstruir inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales y establecimientos.
-Justificar el terrorismo, la xenofobia y la violencia contra la mujer, como la exhibición de fotos de terroristas.
-Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización.
-Falta de colaboración con la Policía en la averiguación o prevención del delito.
-Actos que atenten contra la indemnidad sexual (libre de padecer daño) de los menores.
-Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia.
-El botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado.
-Las "cundas" o taxis de la droga.
-El cultivo de drogas.
-Forzar o inducir a menores al consumo de alcohol o drogas.
-Los daños graves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, además de obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos.
-Escalar como acción de protesta en edificios públicos.
-Mal uso de animales feroces y el maltrato animal.
-Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.
-Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.
-Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.
-Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas.
-Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto.
-Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual.
-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.
-La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.
-Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.
-Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.
-Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.
-Entorpecer la circulación peatonal.
-Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.
-Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.
También contempla 31 clases de infracciones graves para las que se establecen multas de 1.001 a 30.000 euros, y 20 infracciones leves sancionables con multas de 100 a 1.000 euros.
Estas son, en resumen, las principales infracciones que contempla la nueva ley, que sustituye a la aprobada en 1992, también conocida como 'ley Corcuera' o 'de la patada en la puerta':
INFRACCIONES MUY GRAVES (multa de 30.001 a 600.000 euros):
-Convocatoria y asistencia a manifestaciones con finalidad coactiva e inobservancia de la legislación electoral desde que haya finalizado la campaña electoral hasta el fin de la votación. Un ejemplo fue lo ocurrido el 13-M tras los atentados del 11-M.-Perturbación muy grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.
-Reuniones o manifestaciones no comunicadas o prohibidas en lugares que tengan la consideración de infraestructuras críticas como centrales nucleares o aeropuertos, así como la intrusión en sus recintos, incluyendo su sobrevuelo, y la obstrucción de su funcionamiento.
-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas y explosivos no catalogados.
-Celebración de espectáculos públicos o actividades recreativas quebrantando la prohibición o suspensión ordenada por la autoridad.
-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a conductores de tren, metro o pilotos.
INFRACCIONES GRAVES (Multa de 1.001 a 30.000 euros):
-Concentraciones no comunicadas ante instituciones del Estado como el Congreso, el Senado, los Parlamentos autonómicos o los altos tribunales, aunque no tengan actividad y cuando se perturbe la seguridad ciudadana.
-Perturbación grave del orden en actos públicos, deportivos, culturales, espectáculos, oficios religiosos u otras reuniones numerosas.
-Alterar el orden público encapuchado o con cualquier elemento que dificulte la identificación.
-Desórdenes graves en vía pública o provocar incendios que representen un peligro para las personas o bienes.
-Obstruir a la autoridad en la ejecución de sus decisiones administrativas o judiciales, como en los desahucios.
-Obstaculizar gravemente la actuación de los servicios de emergencia en el desempeño de sus funciones.
-Desobediencia o resistencia a la autoridad o a sus agentes en el ejercicio de sus funciones y la negativa a identificarse.
-Perturbación del orden en campaña electoral.
-Manifestaciones y reuniones sin autorización o que infrinjan la ley de reunión y la negativa a disolver las acordadas por la autoridad. También cuando se produzcan en centrales nucleares, aeropuertos, etc.
-Portar, exhibir o usar armas de modo negligente o temerario o fuera de los lugares habilitados para su uso.
-Ofensas o ultrajes a España, a las comunidades autónomas y entidades locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio.
-La prostitución y la demanda de sus servicios en las proximidades de zonas infantiles, como parques o colegios, o en lugares donde se ponga en peligro la seguridad vial, como los arcenes.
-Fabricación, comercio y tenencia ilegal de armas reglamentarias, explosivos catalogados y material pirotécnico.
-Obstruir inspecciones y controles reglamentarios en fábricas, locales y establecimientos.
-Justificar el terrorismo, la xenofobia y la violencia contra la mujer, como la exhibición de fotos de terroristas.
-Uso de uniformes policiales o de servicios de emergencia sin autorización.
-Falta de colaboración con la Policía en la averiguación o prevención del delito.
-Actos que atenten contra la indemnidad sexual (libre de padecer daño) de los menores.
-Consumo y tenencia de drogas en lugares públicos y su tolerancia.
-El botellón, cuando perturbe gravemente la tranquilidad ciudadana y no esté autorizado.
-Las "cundas" o taxis de la droga.
-El cultivo de drogas.
-Forzar o inducir a menores al consumo de alcohol o drogas.
-Los daños graves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, además de obstaculizar la vía pública con vehículos, contenedores o neumáticos.
-Escalar como acción de protesta en edificios públicos.
-Mal uso de animales feroces y el maltrato animal.
INFRACCIONES LEVES (100 a 1.000 euros):
-Manifestaciones y reuniones que infrinjan la ley de reunión.-Exhibición de objetos peligrosos con ánimo intimidatorio.
-Incumplir restricciones de circulación peatonal o itinerario con ocasión de un acto público, reunión o manifestación.
-Amenazar, coaccionar, vejar e injuriar a los agentes de las fuerzas de seguridad cuando estén velando por el mantenimiento del orden público, por ejemplo en manifestaciones u otro tipo de protestas, y la grabación y difusión de sus imágenes que atenten contra el derecho a su honor o su imagen y que puedan poner en peligro su seguridad o la de la intervención policial.
-Amenazas, coacciones, injurias o vejaciones en vías públicas.
-Injurias o calumnias a través de cualquier medio de difusión a las instituciones, autoridades, agentes y empleados públicos, así como su falta de respeto.
-Realizar o incitar actos que atenten contra la libertad sexual.
-Deslumbrar con dispositivos tipo láser a las fuerzas de seguridad.
-La ocupación de cualquier espacio común, público o privado y la colocación de tiendas de campañas o tenderetes sin permiso en la calle.
-Perder tres veces o más el DNI en un plazo de 5 años y la negativa a entregar este documento cuando se acordara su retirada.
-Los daños leves a mobiliario urbano como marquesinas, papeleras o contenedores, así como los actos vandálicos a servicios públicos, por ejemplo, las pintadas y los grafiti.
-Práctica de juegos o deportes en lugares no habilitados cuando haya riesgo para las personas.
-Entorpecer la circulación peatonal.
-Escalar a edificios o monumentos o lanzarse desde ellos.
-Retirar las vallas de la Policía que delimitan perímetros de seguridad.
El Gobierno valenciano funde a negro Canal 9 tras 12 horas de resistenciaUna orden judicial permite a Fabra ejecutar el cierre de la primera televisión autonómica españolaLos trabajadores logran mantener las emisiones desde medianoches y narran en directo la muerte El desalojo de RTVV se produce de manera pacífica en un clima de gran tensión emocionalFerran Bono / Pilar Almenar Vara / Joaquín Ferrandis El País es Valencia / Burjassot -29 NOV 2013
A las 12.19 minutos, del viernes 29 de noviembre de 2013, la televisión pública valenciana ha muerto. La imagen se ha congelado y luego se ha fundido en negro. El Gobierno valenciano ha logrado cerrar las emisiones gracias a un orden judicial. Más de 12 horas han estado los trabajadores retransmitiendo la crónica de una muerte anunciada de 24 años de historia. Hasta el último suspiro se han mantenido en sus puestos de trabajo. Sólo una orden judicial ha doblegado su resistencia. Los gritos de indignación se han mezclado con las lágrimas de los empleados en el estudio, mientras los liquidadores designados por la Generalitat han penetrado con escolta policial en el control central de emisiones con la intención de clausurar RTVV.Los liquidadores han cortado la electricidad que permite la salida de la señal. Decenas de monitores de la sala control han quedado en negro al mismo tiempo. El pasillo de acceso estaba despejado de trabajadores. No ha sido necesaria la intervención de los ocho policías nacionales que han acompañado a los liquidadores. La acción ha sido pacífica, a pesar de los nervios a flor de piel y de las horas sin dormir.
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La última imagen de Canal 9 ha sido la de un grupo de fotógrafos agolpándose frente a la sala de control para inmortalizar el fin de una televisión. Y entre las cámaras y flashes, se ve la expresión congelada de Vicent Mifsud, el presidente del comité de empresa de RTVV, el representante de los 1.660 trabajadores que serán despedidos en los próximos días.
Todo los acontecimientos se han precipitado cuando el juzgado número uno de Paterna (Valencia) ha ordenado sobre las 11 de la mañana el desalojo de los trabajadores de las instalaciones de Canal 9, tras recibir el informe favorable de la Fiscalía a las medidas cautelares solicitadas por la comisión liquidadora de RTVV nombrada por la Generalitat. "Si el desalojo de RTVV no se produce de forma inmediata y voluntaria, se procederá al desalojo del edificio por la fuerza policial", señala el auto del juzgado.
Unos minutos antes, la Policía ha entrado y en las instalaciones para proceder al desalojo mientras los trabajadores se han siguen en el pasillo que conduce al centro de control de emisiones y grita "¡Fabra dimisión!", "¡ladrones!" y "RTVV no se cierra!". En la sede de Burjassot, dentro y fuera, permanecen concentrados centenares de empleados, políticos y ciudadanos contrarios al cierre.
Los liquidadores consideran que se ha producido un supuesto delito de usurpación de instalaciones y coacciones y han denunciado que se les impide realizar las funciones que legalmente tienen encomendadas.
El Ejecutivo de Fabra, que esta mañana ha trasladado su reunión semanal a la localidad de Ibi (Alicante) para evitar las protestas motivadas por el cierre de RTVV, ha argumentado que quienes mantengan la resistencia vulnerarán el artículo 203 del Código Penal que castiga con penas de prisión de un año y multa de seis a diez meses "al que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada (...) fuera de las horas de apertura" y con penas de prisión de seis meses a tres años "el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública".
A pesar de las advertencias, los empleados de Ràdio 9, cuyas emisiones fueron cortadas la pasada medianoche, han logrado volver a emitir programación propia a través de Internet a las 10 horas y a través de FM mediante la frecuencia del segundo canal Sí Ràdio.
En Ibi, donde está reunido el Gobierno valenciano, medio centenar de empleados de RTVV ha recibido a Fabra y al resto de consejeros con gritos de ¡Fabra dimisión! y ¡Fabra da la cara!
En este municipio el presidente de la Generalitat y del PP valenciano tiene previsto realizar un almuerzo con cargos del partido para explicarles su decisión sobre el cierre de RTVV.
Una larga noche
El Gobierno valenciano ha estado toda la noche tratando de cortar las emisiones de Canal 9. Los intentos han sido retransmitidos en directo por los propios periodistas de la casa, que están informando hasta el último momento del fin de 24 años de televisión y radio públicas. Primero se ha desconectado la señal de Ràdio 9 unos minutos antes de las medianoche. Luego dos liquidadores, nombrados por la Generalitat la misma tarde del jueves, y un técnico contratado se han personado en el Centre de Producció de Programes de Canal 9 en Burjassot custodiados por agentes de la policía autonómica y nacional. Han pretendido desconectar las emisiones de inmediato pero se han encontrado con la oposición de los trabajadores que se encontraban dentro, apostados en los pasillos y cerrando el paso a la sala del control central técnico, que distribuye la señal. Ante la oposición de la plantilla, uno de los liquidadores ha presentado una denuncia por ocupación ilegal del edificio público para que se identificara y se desalojara a los empleados, pero el juzgado no lo ha aceptado.
Ante el rechazo de los trabajadores, que se han ido sumando en la sede de RTVV, con el apoyo de numerosos representantes políticos de los partidos de la oposición, la policía ha mandado refuerzos sobre las 2 de mañana. La Generalitat, por su parte, ha enviado un correo electrónico sobre las tres de la madrugada y un mensaje al móvil a los empleados para comunicarles que no tenían que acudir a sus puestos porque tenían un permiso retribuido. Los cerca de 1.660 empleados de la plantilla no han sido todavía despedidos. Sí se ha cerrado la sede de RTVV en Alicante. La segunda cadena de Ràdio 9, la musical Sí Ràdio, ha continuado emitiendo.
La decisión de acabar con la señal se ha producido pocas horas después de una reunión urgente convocada por el Gobierno valenciano. En ella, el Ejecutivo, presidido por Alberto Fabra, del PP, nombró una comisión liquidadora, compuesta por dos abogados y el responsable financiero de RTVV. Posteriormente se ha publicado una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) que recogía los nombramientos y el cese de las emisiones.
La premura ha caracterizado las actuaciones del gobierno valenciano desde que Fabra anunció su decisión de clausurar RTVV el 5 de noviembre, tras la sentencia que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo, por el que se había despedido a 952 personas. Desde entonces, los informativos han sido especialmente críticos con esa decisión y con la gestión del PP tanto de la Generalitat como de RTVV, que se ha visto salpicado de numerosos escándalos de corrupción, amiguismo y despilfarro.
Conforme pasaban las horas en el Centre de Burjassot, se ha hecho más evidente que el plan de cierre de Canal 9 no estaba saliendo como había diseñado la Generalitat. Los informadores de la cadena han tenido tiempo de entrevistar a numerosos representantes de la oposición para recabar su opinión, como el expresidente socialista de la Generalitat, Joan Lerma, bajo cuyo mandato se abrió RTVV en 1989; el secretario general del PSPV, Ximo Puig; el portavoz de Compromís, Enric Morena; la diputada de Compromñis, Mónica Oltra; la líder de Esquerra Unida, Marga Sanz, y el diputado de esta formación, Ignacio Blanco, entre otros. Los periodistas han llamado también a políticos del PP que han declinado la posibilidad de participar en las entrevistas y debates. Un periodista de Canal 9 ha podido incluso entrevistar a un técnico, que acompañaba a los dos liquidadores, contratado supuestamente para apagar las emisiones. La cadena catalana TV-3 ha cedido el canal 3/24 horas para emitir la señal de Canal 9.
Sobre las 4.30, el jefe de la Policía Autonómica y el responsable de seguridad de RTVV se han reunido con el presidente del Comité de Empresa, Vicent Mifsud. A partir de esa hora, los trabajadores se han quedado a la espera de una orden judicial para cerrar las emisiones, que no ha sido requerida para actuar sobre Ràdio 9 o sobre la sede de Alicante.
La policía no ha dejado entrar a ningún trabajador que se tuviese que incorporar a su jornada laboral esta madrugada, tampoco a nadie que se se hubiera quedado fuera. El diputado Josep Moreno ha podido acceder a los estudios donde se estaban realizando el informativo por una ventana..
El presidente valenciano justifica el cierre por considerar insostenible financieramente RTVV después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El miércoles, el grupo parlamentario popular impuso su mayoría en las Cortes y aprobó una ley para liquidar RTVV. Después se han adoptado otras medidas para acabar cuanto antes con Canal 9 y su nueva línea informativa.
El PSPV impugna la decisión de cese de emisiones
El PSPV-PSOE va a pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la suspensión cautelarísima del cierre de RTVV por la “gravedad” de la decisión que causará “daños irreparables tanto a los trabajadores como a la sociedad valenciana”. La intención de Ximo Puig, secretario general de los socialistas valencianos, es impugnar esta mañana el acuerdo del Consell publicado esta madrugada en el Diari Oficial de la Comunitat Valencian (DOCV) por el que se acuerda el cese de las emisiones. Puig ha señalado que basan su posicionamiento en que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "legalmente no puede ser el que cierre la televisión" sino que deben hacerlo "los liquidadores" pero éstos "no están ni inscritos en el Registro". De este modo, ha lamentado la "velocidad" con la que "quieren poner fin a este cierre que no se ajusta a la ley". A su juicio, hoy es un día "nefasto", y ha denunciado que el Consell "está provocando una tensión enorme impropia de un gobierno democrático".
Todo los acontecimientos se han precipitado cuando el juzgado número uno de Paterna (Valencia) ha ordenado sobre las 11 de la mañana el desalojo de los trabajadores de las instalaciones de Canal 9, tras recibir el informe favorable de la Fiscalía a las medidas cautelares solicitadas por la comisión liquidadora de RTVV nombrada por la Generalitat. "Si el desalojo de RTVV no se produce de forma inmediata y voluntaria, se procederá al desalojo del edificio por la fuerza policial", señala el auto del juzgado.
Unos minutos antes, la Policía ha entrado y en las instalaciones para proceder al desalojo mientras los trabajadores se han siguen en el pasillo que conduce al centro de control de emisiones y grita "¡Fabra dimisión!", "¡ladrones!" y "RTVV no se cierra!". En la sede de Burjassot, dentro y fuera, permanecen concentrados centenares de empleados, políticos y ciudadanos contrarios al cierre.
Los trabajadores de Canal 9 abandonan las instalaciones. / PILAR ALMENARLa Fiscalía ha solicitado que la evacuación sea pacífica y voluntaria y una comisión judicial ha acudido a la sede de RTVV para comunicar la decisión del desalojo.El comité de empresa se ha reunido con la policía con el fin de que el desalojo sea ordenado y pacífico. Los agentes han explicado a los trabajadores que se formará un cordón policial en torno al control central de emisiones para proceder a la desconexión de la señal. Se negocia que les dejen decir unas palabras de despedida. Todos deberán abandonar la zona. Se han repetido los mensajes por Twitter pidiendo calma y que los trabajadores, políticos y demás ciudadanos dejaran las instalaciones de la emisora.
Estudios de los informativos de Canal 9. / TANIA CASTROFuentes del Gobierno valenciano, que preside Fabra, estaban a la espera de una orden judicial de desalojo del Centre de Producció de Programes de Burjassot. El juzgado de instrucción número 1 de Paterna, que se encontraba de guardia esta pasada madrugada, abrió diligencias tras la denuncia presentada por la comisión liquidadora de RTVV nombrada por la Generalitat. La denuncia, que no se dirige contra personas concretas, pide el desalojo de las instalaciones como medida cautelar.El presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, ha exigido a los trabajadores de Canal 9 que depongan su actitud. Una actitud de resistencia que ha impedido al Gobierno autonómico cortar las emisiones del canal de televisión. Una orden que se quería que estuviese ejecutada, con el correspondiente fundido a negro, a las tres de la pasada madrugada.
El Ejecutivo de Fabra, que esta mañana ha trasladado su reunión semanal a la localidad de Ibi (Alicante) para evitar las protestas motivadas por el cierre de RTVV, ha argumentado que quienes mantengan la resistencia vulnerarán el artículo 203 del Código Penal que castiga con penas de prisión de un año y multa de seis a diez meses "al que entrare contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública o privada (...) fuera de las horas de apertura" y con penas de prisión de seis meses a tres años "el que con violencia o intimidación entrare o se mantuviere contra la voluntad de su titular en el domicilio de una persona jurídica pública".
A pesar de las advertencias, los empleados de Ràdio 9, cuyas emisiones fueron cortadas la pasada medianoche, han logrado volver a emitir programación propia a través de Internet a las 10 horas y a través de FM mediante la frecuencia del segundo canal Sí Ràdio.
En Ibi, donde está reunido el Gobierno valenciano, medio centenar de empleados de RTVV ha recibido a Fabra y al resto de consejeros con gritos de ¡Fabra dimisión! y ¡Fabra da la cara!
En este municipio el presidente de la Generalitat y del PP valenciano tiene previsto realizar un almuerzo con cargos del partido para explicarles su decisión sobre el cierre de RTVV.
Una larga noche
El Gobierno valenciano ha estado toda la noche tratando de cortar las emisiones de Canal 9. Los intentos han sido retransmitidos en directo por los propios periodistas de la casa, que están informando hasta el último momento del fin de 24 años de televisión y radio públicas. Primero se ha desconectado la señal de Ràdio 9 unos minutos antes de las medianoche. Luego dos liquidadores, nombrados por la Generalitat la misma tarde del jueves, y un técnico contratado se han personado en el Centre de Producció de Programes de Canal 9 en Burjassot custodiados por agentes de la policía autonómica y nacional. Han pretendido desconectar las emisiones de inmediato pero se han encontrado con la oposición de los trabajadores que se encontraban dentro, apostados en los pasillos y cerrando el paso a la sala del control central técnico, que distribuye la señal. Ante la oposición de la plantilla, uno de los liquidadores ha presentado una denuncia por ocupación ilegal del edificio público para que se identificara y se desalojara a los empleados, pero el juzgado no lo ha aceptado.
Ante el rechazo de los trabajadores, que se han ido sumando en la sede de RTVV, con el apoyo de numerosos representantes políticos de los partidos de la oposición, la policía ha mandado refuerzos sobre las 2 de mañana. La Generalitat, por su parte, ha enviado un correo electrónico sobre las tres de la madrugada y un mensaje al móvil a los empleados para comunicarles que no tenían que acudir a sus puestos porque tenían un permiso retribuido. Los cerca de 1.660 empleados de la plantilla no han sido todavía despedidos. Sí se ha cerrado la sede de RTVV en Alicante. La segunda cadena de Ràdio 9, la musical Sí Ràdio, ha continuado emitiendo.
La decisión de acabar con la señal se ha producido pocas horas después de una reunión urgente convocada por el Gobierno valenciano. En ella, el Ejecutivo, presidido por Alberto Fabra, del PP, nombró una comisión liquidadora, compuesta por dos abogados y el responsable financiero de RTVV. Posteriormente se ha publicado una edición extraordinaria del Diario Oficial de la Comunitat Valenciana (DOCV) que recogía los nombramientos y el cese de las emisiones.
La premura ha caracterizado las actuaciones del gobierno valenciano desde que Fabra anunció su decisión de clausurar RTVV el 5 de noviembre, tras la sentencia que declaraba nulo el Expediente de Regulación de Empleo, por el que se había despedido a 952 personas. Desde entonces, los informativos han sido especialmente críticos con esa decisión y con la gestión del PP tanto de la Generalitat como de RTVV, que se ha visto salpicado de numerosos escándalos de corrupción, amiguismo y despilfarro.
Conforme pasaban las horas en el Centre de Burjassot, se ha hecho más evidente que el plan de cierre de Canal 9 no estaba saliendo como había diseñado la Generalitat. Los informadores de la cadena han tenido tiempo de entrevistar a numerosos representantes de la oposición para recabar su opinión, como el expresidente socialista de la Generalitat, Joan Lerma, bajo cuyo mandato se abrió RTVV en 1989; el secretario general del PSPV, Ximo Puig; el portavoz de Compromís, Enric Morena; la diputada de Compromñis, Mónica Oltra; la líder de Esquerra Unida, Marga Sanz, y el diputado de esta formación, Ignacio Blanco, entre otros. Los periodistas han llamado también a políticos del PP que han declinado la posibilidad de participar en las entrevistas y debates. Un periodista de Canal 9 ha podido incluso entrevistar a un técnico, que acompañaba a los dos liquidadores, contratado supuestamente para apagar las emisiones. La cadena catalana TV-3 ha cedido el canal 3/24 horas para emitir la señal de Canal 9.
Sobre las 4.30, el jefe de la Policía Autonómica y el responsable de seguridad de RTVV se han reunido con el presidente del Comité de Empresa, Vicent Mifsud. A partir de esa hora, los trabajadores se han quedado a la espera de una orden judicial para cerrar las emisiones, que no ha sido requerida para actuar sobre Ràdio 9 o sobre la sede de Alicante.
La policía no ha dejado entrar a ningún trabajador que se tuviese que incorporar a su jornada laboral esta madrugada, tampoco a nadie que se se hubiera quedado fuera. El diputado Josep Moreno ha podido acceder a los estudios donde se estaban realizando el informativo por una ventana..
El presidente valenciano justifica el cierre por considerar insostenible financieramente RTVV después de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia valenciano. El miércoles, el grupo parlamentario popular impuso su mayoría en las Cortes y aprobó una ley para liquidar RTVV. Después se han adoptado otras medidas para acabar cuanto antes con Canal 9 y su nueva línea informativa.
El PSPV impugna la decisión de cese de emisiones
El PSPV-PSOE va a pedir al Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV) la suspensión cautelarísima del cierre de RTVV por la “gravedad” de la decisión que causará “daños irreparables tanto a los trabajadores como a la sociedad valenciana”. La intención de Ximo Puig, secretario general de los socialistas valencianos, es impugnar esta mañana el acuerdo del Consell publicado esta madrugada en el Diari Oficial de la Comunitat Valencian (DOCV) por el que se acuerda el cese de las emisiones. Puig ha señalado que basan su posicionamiento en que el presidente de la Generalitat, Alberto Fabra, "legalmente no puede ser el que cierre la televisión" sino que deben hacerlo "los liquidadores" pero éstos "no están ni inscritos en el Registro". De este modo, ha lamentado la "velocidad" con la que "quieren poner fin a este cierre que no se ajusta a la ley". A su juicio, hoy es un día "nefasto", y ha denunciado que el Consell "está provocando una tensión enorme impropia de un gobierno democrático".
De cómo Fabra ejecutó la radiotelevisión pública (libre) de los valencianosLa decisión de cerrar RTVV con nocturnidad y precipitación acaba con el amotinamiento durante horas de los trabajadores del ente y la retransmisión a través de Canal9 del modus operandi del gobierno de Alberto Fabra.
JUAN E. TUR Valencia -29/11/2013
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Faltaba media hora para las 12 de la noche del jueves 28 de noviembre cuando la Generalitat publicaba una edición especial del Diario Oficial de la Comunitat Valenciana en el que hacía pública la orden de la Generalitat que permitía el cese de emisiones de RTVV. El gobierno valenciano se había reunido en pleno extraordinario esa misma tarde, se suponía que exclusivamente para nombrar el grupo de liquidadores que organizaría el cierre del ente de manera que se evitasen posteriores consecuencias legales y económicas adicionales de la decisión. Sin embargo, y aunque a la salida de la reunión se negara la mayor, la principal decisión tomada era la del cierre inmediato de todos los medios del ente.
Que la orden permitiera el cese de las emisiones se hiciera "efectivo a partir del día de la publicación del presente acuerdo" evidenciaba la intencionalidad del gobierno de que la ejecución fuera rápida y discreta, y la suspensión de la emisión de Ràdio9 rozando la medianoche, apenas 15 minutos después de su publicación lo confirmaba. El corte pillaba a los trabajadores haciendo el programa nocturno de deportes, el de máxima audiencia de la radio, y además tras un partido del Valencia, por lo que la noticia corría como la pólvora. El Consell no lograba así que el cierre pasara desapercibido. Lo que estaba por ver es que tampoco sería rápido.
Canal 9 retransmite el motín
La noticia pilló en antena a Frederic Ferri conduciendo el noticiario de continuidad del canal Nou24 y él fue el primero en comunicar el cese de las emisiones de Ràdio9 que, no obstante, seguía a su vez emitiendo a través de la señal de su segundo canal. Todo hacía prever que el rostro de Ferri, después de haber sido uno de los rostros de los informativos más criticados de Canal 9 por su sesgo propagandístico -aunque en los últimos meses ha tratado con más vehemencia de desmarcarse de ese estigma- sería el último que verían los ciudadanos en antena antes de que el canal fundiera a negro.
ero la temida desconexión no se produjo y tras tratar de mantener durante media hora cierta normalidad en la difusión de contenidos del informativo, la noticia de la ejecución del cierre y su retransmisión en directo se convirtieron en el eje de la emisión. "Esto, el cierre de una radiotelevisión pública solo ha pasado en Grecia. Ahora, Alberto Fabra ha convertido a a la Comunitat Valenciana en la Grecia de España", resumía en antena el presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, la medida del gobierno valenciano que apenas unos minutos antes se había empezado a ejecutar.
La imagen de la noche fue la del técnico que no quiso asumir la ejecución del apagón"Un gobierno que cree que tiene razón utiliza fórmulas democráticas, dialoga con los afectados. El problema es que Alberto Fabra sabe que no la tiene y por eso actúa de esta manera", decía la diputada de Compromís Mónica Oltra en conexión telefónica, en una retransmisión en la que la manida "nocturnidad y alevosía" se convertía en la frase más recurrida para definir el modo de operar del gobierno valenciano. Un gobierno que, casualmente, había anunciado unas horas atrás que la reunión semanal de su pleno en Valencia se realizaría este mismo viernes en la localidad de Ibi, a 130 kilómetros de la ciudad y de los periodistas que semanalmente interrogan al Consell.
Lo que sucedería a lo largo de la noche -con el protagonismo destacado de un técnico de televisión ajeno a la casa enviado para realizar un apagón que nadie quiere ejecutar, y que él finalmente tampoco quiso o supo asumir- refrendaría la sensación de improvisación y miedo del Consell ante la posibilidad de la existencia de un medio que -una vez ratificado el cierre- sí operaba definitivamente desligado de su control y exponiendo sus miserias, aunque fueran casi exclusivamente al respecto de su cierre.
Las víctimas del metro entran en Canal 9
"Es dramático que un accidente con 43 muertos no hiciera reventar la burbuja de las mentiras que nos contaban. Esto ha de servirnos para recordar en qué hemos fallado, como sociedad, y como periodistas" subrayaba Garrote, por fin hablando con libertad ante un micro de Canal 9; y con la misma elegancia aprovechaba su participación para recordar a la PAH, los colectivos de dependientes afectados por los impagos de la Generalitat, los vecinos del Cabanyal u otras tantas entidades y organizaciones sociales cuya voz también se silenció o tergiversó durante lustros por la manipulación de RTVV.
A negro por la fuerza
A partir de entonces, la retransmisión se convirtió en una cuenta atrás hacia el fin de las emisiones de la televisión. Un fin que, si no se producía de manera técnica, llegaría a través del desalojo de los trabajadores del centro de emisiones ubicado en Burjassot -ordenado por el juzgado de Paterna tras una denuncia registrada en la madrugada por los liquidadores del ente- y acordonado por la fuerzas de seguridad del Estado y autonómicas desde la medianoche.
"Quien hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga con imparcialidad", dice el versículo de la Biblia -Colonenses3.25- al que remitía el cartel que alzaba uno de los trabajadores que, junto a una nutrida representación de políticos de la oposición, ocupó el plató de informativos de Canal 9 desde bien entrada la madrugada. Los destinatarios de su mensaje seguramente serían el presidente de la Generalitat y su equipo de gobierno que, recibiendo un tremendo abucheo ciudadano a su llegada al edificio de Ibi en el que han realizado el pleno semanal del Consell, protagonizaron la penúltima noticia que daría Canal 9 en su historia. Su huida de Valencia en una fecha tan señalada y con una televisión pública informando de ella, no había pasado desaprercibida.
La última fue, sin embargo, para los trabajadores, que atrincherados en el plató de emisión y los pasillos colindantes a la sala en la que presumiblemente se encuentran los mecanismos para apagar la emisión, recibieron a las fuerzas policiales que les invitaron a abandonar el edificio a gritos de "esto es un golpe de Estado" y "Fabra dimisión". Cuando a las 12:20 horas la pantalla se fue a negro, después de muchos años, todos seguían cooperando para informar en libertad desde Canal 9.
Que la orden permitiera el cese de las emisiones se hiciera "efectivo a partir del día de la publicación del presente acuerdo" evidenciaba la intencionalidad del gobierno de que la ejecución fuera rápida y discreta, y la suspensión de la emisión de Ràdio9 rozando la medianoche, apenas 15 minutos después de su publicación lo confirmaba. El corte pillaba a los trabajadores haciendo el programa nocturno de deportes, el de máxima audiencia de la radio, y además tras un partido del Valencia, por lo que la noticia corría como la pólvora. El Consell no lograba así que el cierre pasara desapercibido. Lo que estaba por ver es que tampoco sería rápido.
Canal 9 retransmite el motín
La noticia pilló en antena a Frederic Ferri conduciendo el noticiario de continuidad del canal Nou24 y él fue el primero en comunicar el cese de las emisiones de Ràdio9 que, no obstante, seguía a su vez emitiendo a través de la señal de su segundo canal. Todo hacía prever que el rostro de Ferri, después de haber sido uno de los rostros de los informativos más criticados de Canal 9 por su sesgo propagandístico -aunque en los últimos meses ha tratado con más vehemencia de desmarcarse de ese estigma- sería el último que verían los ciudadanos en antena antes de que el canal fundiera a negro.
ero la temida desconexión no se produjo y tras tratar de mantener durante media hora cierta normalidad en la difusión de contenidos del informativo, la noticia de la ejecución del cierre y su retransmisión en directo se convirtieron en el eje de la emisión. "Esto, el cierre de una radiotelevisión pública solo ha pasado en Grecia. Ahora, Alberto Fabra ha convertido a a la Comunitat Valenciana en la Grecia de España", resumía en antena el presidente del comité de empresa, Vicent Mifsud, la medida del gobierno valenciano que apenas unos minutos antes se había empezado a ejecutar.
La imagen de la noche fue la del técnico que no quiso asumir la ejecución del apagón"Un gobierno que cree que tiene razón utiliza fórmulas democráticas, dialoga con los afectados. El problema es que Alberto Fabra sabe que no la tiene y por eso actúa de esta manera", decía la diputada de Compromís Mónica Oltra en conexión telefónica, en una retransmisión en la que la manida "nocturnidad y alevosía" se convertía en la frase más recurrida para definir el modo de operar del gobierno valenciano. Un gobierno que, casualmente, había anunciado unas horas atrás que la reunión semanal de su pleno en Valencia se realizaría este mismo viernes en la localidad de Ibi, a 130 kilómetros de la ciudad y de los periodistas que semanalmente interrogan al Consell.
Lo que sucedería a lo largo de la noche -con el protagonismo destacado de un técnico de televisión ajeno a la casa enviado para realizar un apagón que nadie quiere ejecutar, y que él finalmente tampoco quiso o supo asumir- refrendaría la sensación de improvisación y miedo del Consell ante la posibilidad de la existencia de un medio que -una vez ratificado el cierre- sí operaba definitivamente desligado de su control y exponiendo sus miserias, aunque fueran casi exclusivamente al respecto de su cierre.
Las víctimas del metro entran en Canal 9
Por primera vez entra en Canal la portavoz de la asociación de las víctimas del metro de Valencia
Cuando los valencianos despertaron, Canal 9 seguía allí. No obstante, ya no era la misma. Si Alberto Fabra y su gobierno la cerraban, los trabajadores habían decidido que la cerraran libre. Y como símbolo de esa libertad y de esa apertura, la invitada del informativo matinal era la portavoz de la Asociación de Víctimas del Metro 3 de julio, Beatriz Garrote, que por primera vez accedía a las instalaciones del ente."Es dramático que un accidente con 43 muertos no hiciera reventar la burbuja de las mentiras que nos contaban. Esto ha de servirnos para recordar en qué hemos fallado, como sociedad, y como periodistas" subrayaba Garrote, por fin hablando con libertad ante un micro de Canal 9; y con la misma elegancia aprovechaba su participación para recordar a la PAH, los colectivos de dependientes afectados por los impagos de la Generalitat, los vecinos del Cabanyal u otras tantas entidades y organizaciones sociales cuya voz también se silenció o tergiversó durante lustros por la manipulación de RTVV.
A negro por la fuerza
A partir de entonces, la retransmisión se convirtió en una cuenta atrás hacia el fin de las emisiones de la televisión. Un fin que, si no se producía de manera técnica, llegaría a través del desalojo de los trabajadores del centro de emisiones ubicado en Burjassot -ordenado por el juzgado de Paterna tras una denuncia registrada en la madrugada por los liquidadores del ente- y acordonado por la fuerzas de seguridad del Estado y autonómicas desde la medianoche.
"Quien hace lo malo recibirá el pago del mal que ha hecho, porque Dios juzga con imparcialidad", dice el versículo de la Biblia -Colonenses3.25- al que remitía el cartel que alzaba uno de los trabajadores que, junto a una nutrida representación de políticos de la oposición, ocupó el plató de informativos de Canal 9 desde bien entrada la madrugada. Los destinatarios de su mensaje seguramente serían el presidente de la Generalitat y su equipo de gobierno que, recibiendo un tremendo abucheo ciudadano a su llegada al edificio de Ibi en el que han realizado el pleno semanal del Consell, protagonizaron la penúltima noticia que daría Canal 9 en su historia. Su huida de Valencia en una fecha tan señalada y con una televisión pública informando de ella, no había pasado desaprercibida.
La última fue, sin embargo, para los trabajadores, que atrincherados en el plató de emisión y los pasillos colindantes a la sala en la que presumiblemente se encuentran los mecanismos para apagar la emisión, recibieron a las fuerzas policiales que les invitaron a abandonar el edificio a gritos de "esto es un golpe de Estado" y "Fabra dimisión". Cuando a las 12:20 horas la pantalla se fue a negro, después de muchos años, todos seguían cooperando para informar en libertad desde Canal 9.
Detenidos 30 jóvenes por las protestas antifascistasLa Policía detuvo durante el día a 19 jóvenes acusados de haber participado en la protesta del 20-N en la Complutense. La concentración que se convocó en protesta por esta operación acabó con otros 11 arrestados
LUIS GIMÉNEZ SAN MIGUEL Madrid -29/11/2013
Agentes de la Policía Nacional han detenido este jueves a un total de 30 personas. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde la Policía desplegó una operación en la que arrestó, a la mayor parte en sus domicilios, a 19 personas pertenecientes a diferentes colectivos de izquierda acusadas de haber participado en la protesta antifascista que tuvo lugar en la Universidad Complutense de Madrid el pasado 20 de noviembre en la que cinco estudiantes de derecha resultaron heridos. Por la tarde, se convocó una concentración en protesta a las puertas de la comisaría de Moratalaz a la que acudieron al rededor de 300 personas. La Policía cargó contra los manifestantes y otros 11 jóvenes fueron arrestados.
A los 19 se les acusa de delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y las libertades públicas, con agravante de actuar por odio, por lesiones y daños. Mientras, los que fueron detenidos en la concentración de la tarde están acusados delitos de resistencia, desobediencia y atentado a agentes de la autoridad.
La concentración frente a la comisaría de Moratalaz comenzó a las 19:00 horas, con alrededor de 300 personas que gritaban "Ser antifascista, no es ilegal" y "solidaridad detenidos por luchar". Tras unos momentos de tensión en los que los agentes antidisturbios de la UIP fueron reforzando los cordones, y cuando algunos asistentes se negaron a identificarse, comenzaron las cargas, a las que algunos jóvenes respondieron lanzando piedras.
Según fuentes policiales, algunos participantes en la protesta causaron daños en el mobiliario urbano y arremetieron contra los agentes que intentaban identificarlos, lo que causó lesiones a dos policías. Tras unas persecuciones por las calles aledañas, los agentes de la UIP e infiltrados detuvieron a 11 personas.
La "operación contra integrantes de extrema izquierda" de la mañana la efectuó Grupo 21 de la Brigada Provincial de Información, según una nota de la propia Jefatura Superior de Policía de Madrid. También destacan que era "una manifestación no comunicada" y que los detenidos pertenecían "a organizaciones de extrema izquierda y grupúsculos antifascistas, tales como Bukaneros e Izquierda Castellana", "con la clara intención de causar daños y lesiones en los estudiantes de la asociación del Foro Universitario Francisco de Vitoria".
Fuentes cercanas a ella señalan que una de las detenidas no estaba ese día en la Complutense y que ni siquiera participa en el movimiento antifascista. Sería una activista feminista de conocida militancia en el movimiento feminista autónomo madrileño.
La Delegada de Gobierno Cristina Cifuentes ha señalado a través de Twitter que "la mayoría de los presuntos delincuentes, detenidos por asalto y vandalismo, tiene antecedentes policiales. La operación sigue abierta". Según ha comunicado a Público la misma Delegación.
Los hechos de la Complutense se produjeron el pasado 20 de noviembre, día simbólico en el que tanto la extrema derecha como la izquierda salen a la calle, unos para hacer apología del franquismo y otros para mostrar su antifascismo. Varios colectivos de izquierda convocaron una concentración en la Complutense y recorrieron el campus con una pancarta en la que se podía leer "Ni LOMCE ni fascistas".
Cuando llegaron a la Facultad de Derecho, a grito de "fuera fascistas de la Universidad", se produjo un encontronazo con miembros de la asociación Foro Universitario Francisco de Vitoria, de ideología derechista. Cinco de sus miembros resultaron heridos y tuvieron que ser atendidos por el SAMUR. Además, se provocaron destrozos en el despacho de la asociación.
IU: "Quieren equiparar a los de izquierdas con los neonazis. Unos no son violentos y otros lo son siempre"
También este mismo jueves la Guardia Civil ha detenido a cinco neonazis por amenazar a concejales de Izquierda Unida de Alpedrete. Se les acusa de los mismos delitos que a los antifascistas y fueron previamente denunciados por IU. Se espera que aún haya una sexta persona detenida en las próximas horas, que ya ha sido identificada por las autoridades.
Francisco Javier García Centeno, uno de los concejales de IU de Alpedrete amenazados por los neonazis, afirma que "en política no hay casualidades". De esta forma, cree que el hecho de que las detenciones motivadas por su denuncia se hayan producido al mismo tiempo que las de los jóvenes antifascistas se debe a "una campaña para equiparar a los de un lado y los de otro". Y esto, a su juicio, no se puede hacer, puesto que "unos son violentos siempre y los otros no suelen serlo en la inmensa mayoría de los casos".
Desde 2012, ha habido 233 detenidos de extrema derecha y 224 de izquierda radical
La Policía y Guardia Civil han detenido en Madrid a 457 personas relacionadas con movimientos políticos, tanto de derecha como de izquierda, según recoge un informe elaborado por la Delegación de Gobierno remitido a Público. De ellos, un total de 233 detenidos están vinculados a organizaciones de extrema derecha, mientras que 224 están relacionados con la izquierda radical.En el año 2012 el número de detenidos de ultraderecha fue de 156, y en lo que va de 2013 de 77, mientras que en lo que se refiere a extrema izquierda hubo 173 detenciones en 2012 y 51 en el periodo transcurrido del presente año.
Según destaca el informe, en el concepto "extrema derecha" se computan tanto a personas que pertenecen al movimiento skinhead neonazi, como a personas que militan en asociaciones y formaciones políticas de extrema derecha. Los delitos que se les imputan son amenazas, atentado a agente de la autoridad, contra los derechos fundamentales y las libertades públicas, coacciones, daños, desórdenes públicos, lesiones, riña tumultuaria, tenencia ilícita de armas prohibidas y pertenencia a organización criminal.
En Madrid ciudad, destaca la operación relacionada con el incidente de la librería Blanquerna, que se cerró el pasado 28 de octubre con 15 detenciones, efectuadas por la Brigada de Información del Cuerpo Nacional de Policía.
En lo que se refiere a los militantes de izquierda, el informe detalla que "entre los delitos llevados a cabo por estos grupos, pueden citarse los sabotajes en el metro de Madrid en abril de 2012, donde hubo 9 detenidos; tenencia de artefacto explosivo en la huelga general del 14-N de 2012, con tres detenidos, así como intento de sabotaje a un cajero con motivo del Asedia el Congreso el 25 de abril de 2013, con cuatro detenidos".
Además, añade que "en el año 2012 hubo una gran actividad de los grupos de extrema izquierda en la ciudad de Madrid, realizándose 173 detenciones e imputándose delitos de desórdenes públicos, usurpación, resistencia y desobediencia, atentado contra agente de la autoridad, daños, infracción a la Ley de Extranjería y robo con fuerza.
Wert consigue "con la soledad del PP" la aprobación definitiva de la reforma educativaLa Lomce consigue luz verde en el Congreso gracias a la mayoría absoluta de los conservadores y la abstención de UPN. La oposición, que lamenta que el texto se haya "empeorado" durante su tramitación, se declara "insumisa" a la ley
PAULA DÍAZ Madrid- 28/11/2013
El Congreso aprueba la 'ley Wert' solo con los votos del PP
Solo. Con poco más de una treintena de diputados conservadores escuchando desde la bancada derecha del hemiciclo. El ministro de Educación, José Ignacio Wert, acudió hoy al Congreso para ver, en directo, la aprobación definitiva de la reforma educativa, de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (Lomce), de su ley, la ley Wert. Pero, aunque el texto consiguió el apoyo de la mayoría de la Cámara en la votación [182 votos a favor, frente a 143 en contra -de toda la oposición a excepción del diputado socialista por Balears Pablo Martín Peré, que se abstuvo (por error), y la anunciada abstención, también, de UPN], al debate previo no acudieron ni los suyos. Aunque el titular de la cartera del ramo insiste en decir que se siente respaldado por el Gobierno, ni un solo ministro estuvo ahí para apoyarle hasta que llegó la hora de votar. Una prueba de que la ley "no gusta a nadie", como critica la oposición, que hoy ha intentado hacérselo entender a Wert hasta cantando.
La diputada de Amaiur Maite Aristegui entonó unos versos en euskera, pero fue interrumpida rápidamente por Celia Villalobos, que sustituyó momentáneamente a Jesús Posada en la presidencia del Congreso. Y es que las performance se han hecho habituales en los debates parlamentarios de esta ley. La última vez que el texto pasó por el Congreso, fue también el diputado de Amaiur Mikel Errekondo quien emuló la "vuelta a las aulas franquistas" sujetando dos libros con los brazos en cruz.
Al margen de los momentos de ironía, los diputados de la oposición aceptaron el destino de la ley, su aprobación definitiva gracias al rodillo del PP, "con la soledad del PP", pero no se resignaron sin anunciar más luchas y ratificaron su compromiso de derogarla en cuanto cambie la mayoría parlamentaria. "No acataremos", insistieron Joan Tardà (ERC), Martì Barberá (CiU) y Aristegui,entre otros. "Fíjese, que hasta un Gobierno de centro derecha [el de CiU, en Catalunya] ya ha dicho que no se iba a aplicar; imagínese si gobernáramos los republicanos", le pidió Tardà a Wert, a quien pidió que, como en las aulas de antaño, escribiera mil veces: "No evangelizaré a los alumnos, no castigaré al profesorado". El diputado catalán incidió en el ataque a la inmersión lingüística previsto en la Lomce y auguró el olvido del ministro: "Igual que enterramos a Aznar, enterraremos su ley y a usted; nadie le recordará", sentenció.
"Esta ley no nos vale, nos es extraña, supone volver 40 años atrás y va en contra de nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra lengua; es una bomba en el corazón de Euskal Herria", enunció Aristegui. "No la acataremos", anunció. Isabel Sánchez Robles, del PNV, también recordó "la poco probable aplicación de la norma". "El Gobierno vasco la recurrirá ante el Tribunal Constitucional", adelantó, para pedir al ministro que "vaya adelantando su carta dimisión", ya que recientemente se comprometió, en una entrevista con ABC, a dejar el cargo si se demuestran principios de inconstitucionalidad en su ley. "Como grupo, también nos declaramos insumisos a su ley", sentenció también Caridad García, portavoz Izquierda Plural, que insinuó que Wert no era tan "valiente" como dice el presidente, Mariano Rajoy, ya que ayer no acudió al debate sobre su reprobación. Una petición de cese justificada, según Barberà, porque "Wert da una imagen de España de charanga y pandereta", dijo, haciendo alusión a algunas de las declaraciones más polémicas del ministro. Su reprobación fue rechazada hoy por 179 votos en contra, 136 a favor y seis abstenciones. En esta votación, la anécdota la protagonizó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que pulsó el botón incorrecto y votó para echar a Wert.
Todos recordaron que se trata de una normativa que nace "sin consenso" y teniendo en frente a toda la comunidad educativa. Además, los grupos de la oposición criticaron el "empeoramiento" que ha sufrido el texto durante su trámite parlamentario. "Estamos mucho peor que al principio; cuando creíamos que era imposible empeorarla, vuelve del Senado atacando aún más la Educación pública, universal y de calidad", resumió Rosana Pérez, del BNG. "Se aparta de la laicidad que propugna la Constitución, quita competencias a las Comunidades Autonómas y recentraliza, respondiendo a su anunciada intención de 'españolizar a los alumnos'", denunció.
Baldoví, a Wert: "Creo que esta ley ya no le gusta ni a usted mismo"
"La ley desoye al Consejo de Estado en la enmienda aprobada para que los centros educativos que segregan por sexos no tengan que justificar ese modelo educativo para optar a los conciertos", detalló también Uxue Barkos (Geroa Bai), que criticó "la sordera ministerial" al respecto. Joan Baldoví (Compromís),por su parte, definió a Wert como alguien que "circula en dirección contraria". "Una ley que debía nacer con consenso, nace con un defecto congénito, lleva en sus entrañas un monstruo deforme, la maldición de Frankestein; es el patito feo", ejemplificó. "No gusta a nadie, ni a la comunidad educativa y ni siquiera a los obispos, que querían más", aclaró. Y concluyó: "Creo que ya no le gusta ni a sí mismo".
"¿A quién corresponde la paternidad intelectual de la ley?", preguntó, por su parte, Enrique Álvarez Sostres.
Su partido, Foro Asturias, que se abstuvo en la primera votación de la Lomce en el Congreso, hoy ha votado en contra de la misma. "Es una ocasión histórica desaprovechada porque el sistema educativo debe ser revisado, pero no así", criticó. "¿De quién es esta ley que nace con el germen de la derogación inmediata?", continuó cuestionando. Y se respondió: "No es del PP, porque no responde al programa político del partido; no es de la izquierda, no es nacionalista, no es de sindicatos y no es de profesores -porque no se ocupa de ellos-; y no es del Gobierno, porque no responde al discurso de investidura del presidente del Gobierno".
Con esta decisión, Wert se ha quedado aun más solo que antes. Ya sólo le apoya (y poco) UPN -que se abstuvo en la votación-, que impulsó dos de las enmiendas más polémicas: las relacionadas con el blindaje de los centros concertados que segregan por sexo. Desde UPyD, Martínez Gorriarán insistió en que no apoyó la reprobación del ministro porque "Wert ni quiere despedir a todos los profesores ni comerse a los niños crudos", pero no apoya la Lomce porque "da más poder a las comunidades", aseguró. Por su parte, el diputado navarro Carlos Salvador negó que las citadas enmiendas supusieran el "sectarismo" del sistema y, respecto al conjunto de la Lomce tampoco la criticó: "Dejaremos que sea la Historia la que juzgue el esfuerzo por construir un futuro mejor".
La prevención de la violencia de género, en peligro
Precisamente, la enmienda sobre los colegios concertados fue objeto de duras críticas por parte de IU y PSOE. Porque, recuerdan, la medida está lejos de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres; una asignatura pendiente en la reforma educativa desde que Wert decidió eliminar Educación para la Ciudadanía. "Esta medida sólo la aprueban los sectores más retrógrados de la comunidad educativa; desoye las recomendaciones de la Unesco al respecto y tendrá consecuencias para el desarrollo de la igualdad y, por tanto, de prevención de la violencia de género", lamentó Caridad García. "Las mujeres [del PP] deberían pedir su retirada porque no vale hablar de violencia de género un día", añadió.
Mario Bedera, portavoz del PSOE en la Comisión de Educación del Congreso, ironizó sobre una noticia publicada hoy en la Cadena Ser: "Mato quiere incorporar en la Lomce la lucha contra la violencia de género. A buenas horas mangas verdes". En la misma línea se expresó también la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, en una entrevista concedida a Público recientemente. Los portavoces del Ministerio de Educación, por su parte, aseguraron a la prensa en los pasillos del Congreso que los temas de igualdad estarán garantizados en el desarrollo de los contenidos curriculares de cada materi. La prevención contra la violencia de género, desarrollada, dicen, "de forma transversal".
En general, la Lomce es, para Bedera, "una mala ley que no se va a poder aplicar mientras el personal docente no se sienta identificado con ella". Además, recordó, "será inaplicable porque tiene errores de bulto, como la desaparición de la asignatura de Filosofía obligatoria, y por razones económicas, ya que no tiene los fondos de los que depende para poder implantarla y las Comunidades tampoco tiene dinero", recordó.
El ministro: "Espero que haya terminado el tiempo de destruir y empecemos todos el tiempo de construir" Pese a todo y, como es lógico, Wert también mantiene el apoyo del grupo parlamentario mayoritario, el PP, cuya portavoz hoy en este debate, María Jesús Moro, defendió que la Lomce es una reforma de la ley actual (la LOE) que introduce, además, "entusiasmo, innovación, progreso, futuro; no inmovilismo". Además, repitió las palabras de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, asegurando que la reforma nace para "mejorar el sistema" y que todas sus medidas están "avaladas por los casi 11 millones de votos que recibió el Partido Popular".
Wert, por su parte, quiso ser breve hoy. En "la tercera ocasión que la Lomce pasa por la Cámara", agradeció "la interlocución de la portavoz del Grupo Popular" y defendió que "todas las enmiendas han mejorado el texto". Por último, llamó al consenso tras la aprobación de la que será la séptima ley educativa de la democracia: "Espero que haya terminado el tiempo de destruir y empecemos todos el tiempo de construir", concluyó. ¿Aplausos? Sí. Los de la bancada conservadora y, desde la tribuna, los de la número dos del Ministerio y su equipo de comunicación.
También fue breve, después, ante la prensa. Tras las votaciones, Wert compareció para defender su recién aprobada ley y anunciar sus pasos a seguir. Ahora buscará el consenso, dice el ministro, y "en cuanto vuelva al despacho" llamará a los consejeros de Educación de las comunidades para desarrollar "juntos" la nueva legislación. No admitió preguntas de los medios
Saénz de Santamaría votó, por error, a favor de reprobar al ministro
EUROPA PRESSLa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha protagonizado la anécdota de la jornada parlamentaria en el Congreso al votar por error a favor de la petición del PSOE de reprobar la gestión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, una iniciativa a la que el resto del Grupo Popular y UPN han votado en contra.
Se trata de la segunda vez que el PSOE solicita a la Cámara censurar la gestión de Wert al frente del Ministerio de Educación, una iniciativa que ha vuelto a ser rechazada por la mayoría absoluta del PP en el arco parlamentario, como ya sucediera hace un año. Entre otros puntos la oposición pedía su reprobación por la tramitación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), así como por la reciente polémica de las Erasmus, o los recortes emprendidos en las becas.
Al margen del error de la vicepresidenta, la votación se ha saldado con el voto en contra del PP y de UPN; la abstención de UPyD y Foro de Asturias; mientras que CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC y BNG han apoyado al PSOE en su censura.
Envío:Amarelle
La diputada de Amaiur Maite Aristegui entonó unos versos en euskera, pero fue interrumpida rápidamente por Celia Villalobos, que sustituyó momentáneamente a Jesús Posada en la presidencia del Congreso. Y es que las performance se han hecho habituales en los debates parlamentarios de esta ley. La última vez que el texto pasó por el Congreso, fue también el diputado de Amaiur Mikel Errekondo quien emuló la "vuelta a las aulas franquistas" sujetando dos libros con los brazos en cruz.
Al margen de los momentos de ironía, los diputados de la oposición aceptaron el destino de la ley, su aprobación definitiva gracias al rodillo del PP, "con la soledad del PP", pero no se resignaron sin anunciar más luchas y ratificaron su compromiso de derogarla en cuanto cambie la mayoría parlamentaria. "No acataremos", insistieron Joan Tardà (ERC), Martì Barberá (CiU) y Aristegui,entre otros. "Fíjese, que hasta un Gobierno de centro derecha [el de CiU, en Catalunya] ya ha dicho que no se iba a aplicar; imagínese si gobernáramos los republicanos", le pidió Tardà a Wert, a quien pidió que, como en las aulas de antaño, escribiera mil veces: "No evangelizaré a los alumnos, no castigaré al profesorado". El diputado catalán incidió en el ataque a la inmersión lingüística previsto en la Lomce y auguró el olvido del ministro: "Igual que enterramos a Aznar, enterraremos su ley y a usted; nadie le recordará", sentenció.
"Esta ley no nos vale, nos es extraña, supone volver 40 años atrás y va en contra de nuestra soberanía, nuestra identidad y nuestra lengua; es una bomba en el corazón de Euskal Herria", enunció Aristegui. "No la acataremos", anunció. Isabel Sánchez Robles, del PNV, también recordó "la poco probable aplicación de la norma". "El Gobierno vasco la recurrirá ante el Tribunal Constitucional", adelantó, para pedir al ministro que "vaya adelantando su carta dimisión", ya que recientemente se comprometió, en una entrevista con ABC, a dejar el cargo si se demuestran principios de inconstitucionalidad en su ley. "Como grupo, también nos declaramos insumisos a su ley", sentenció también Caridad García, portavoz Izquierda Plural, que insinuó que Wert no era tan "valiente" como dice el presidente, Mariano Rajoy, ya que ayer no acudió al debate sobre su reprobación. Una petición de cese justificada, según Barberà, porque "Wert da una imagen de España de charanga y pandereta", dijo, haciendo alusión a algunas de las declaraciones más polémicas del ministro. Su reprobación fue rechazada hoy por 179 votos en contra, 136 a favor y seis abstenciones. En esta votación, la anécdota la protagonizó la vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, que pulsó el botón incorrecto y votó para echar a Wert.
Todos recordaron que se trata de una normativa que nace "sin consenso" y teniendo en frente a toda la comunidad educativa. Además, los grupos de la oposición criticaron el "empeoramiento" que ha sufrido el texto durante su trámite parlamentario. "Estamos mucho peor que al principio; cuando creíamos que era imposible empeorarla, vuelve del Senado atacando aún más la Educación pública, universal y de calidad", resumió Rosana Pérez, del BNG. "Se aparta de la laicidad que propugna la Constitución, quita competencias a las Comunidades Autonómas y recentraliza, respondiendo a su anunciada intención de 'españolizar a los alumnos'", denunció.
Baldoví, a Wert: "Creo que esta ley ya no le gusta ni a usted mismo"
"La ley desoye al Consejo de Estado en la enmienda aprobada para que los centros educativos que segregan por sexos no tengan que justificar ese modelo educativo para optar a los conciertos", detalló también Uxue Barkos (Geroa Bai), que criticó "la sordera ministerial" al respecto. Joan Baldoví (Compromís),por su parte, definió a Wert como alguien que "circula en dirección contraria". "Una ley que debía nacer con consenso, nace con un defecto congénito, lleva en sus entrañas un monstruo deforme, la maldición de Frankestein; es el patito feo", ejemplificó. "No gusta a nadie, ni a la comunidad educativa y ni siquiera a los obispos, que querían más", aclaró. Y concluyó: "Creo que ya no le gusta ni a sí mismo".
"¿A quién corresponde la paternidad intelectual de la ley?", preguntó, por su parte, Enrique Álvarez Sostres.
Su partido, Foro Asturias, que se abstuvo en la primera votación de la Lomce en el Congreso, hoy ha votado en contra de la misma. "Es una ocasión histórica desaprovechada porque el sistema educativo debe ser revisado, pero no así", criticó. "¿De quién es esta ley que nace con el germen de la derogación inmediata?", continuó cuestionando. Y se respondió: "No es del PP, porque no responde al programa político del partido; no es de la izquierda, no es nacionalista, no es de sindicatos y no es de profesores -porque no se ocupa de ellos-; y no es del Gobierno, porque no responde al discurso de investidura del presidente del Gobierno".
Con esta decisión, Wert se ha quedado aun más solo que antes. Ya sólo le apoya (y poco) UPN -que se abstuvo en la votación-, que impulsó dos de las enmiendas más polémicas: las relacionadas con el blindaje de los centros concertados que segregan por sexo. Desde UPyD, Martínez Gorriarán insistió en que no apoyó la reprobación del ministro porque "Wert ni quiere despedir a todos los profesores ni comerse a los niños crudos", pero no apoya la Lomce porque "da más poder a las comunidades", aseguró. Por su parte, el diputado navarro Carlos Salvador negó que las citadas enmiendas supusieran el "sectarismo" del sistema y, respecto al conjunto de la Lomce tampoco la criticó: "Dejaremos que sea la Historia la que juzgue el esfuerzo por construir un futuro mejor".
La prevención de la violencia de género, en peligro
Precisamente, la enmienda sobre los colegios concertados fue objeto de duras críticas por parte de IU y PSOE. Porque, recuerdan, la medida está lejos de fomentar la igualdad entre hombres y mujeres; una asignatura pendiente en la reforma educativa desde que Wert decidió eliminar Educación para la Ciudadanía. "Esta medida sólo la aprueban los sectores más retrógrados de la comunidad educativa; desoye las recomendaciones de la Unesco al respecto y tendrá consecuencias para el desarrollo de la igualdad y, por tanto, de prevención de la violencia de género", lamentó Caridad García. "Las mujeres [del PP] deberían pedir su retirada porque no vale hablar de violencia de género un día", añadió.
Mario Bedera, portavoz del PSOE en la Comisión de Educación del Congreso, ironizó sobre una noticia publicada hoy en la Cadena Ser: "Mato quiere incorporar en la Lomce la lucha contra la violencia de género. A buenas horas mangas verdes". En la misma línea se expresó también la delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Blanca Hernández, en una entrevista concedida a Público recientemente. Los portavoces del Ministerio de Educación, por su parte, aseguraron a la prensa en los pasillos del Congreso que los temas de igualdad estarán garantizados en el desarrollo de los contenidos curriculares de cada materi. La prevención contra la violencia de género, desarrollada, dicen, "de forma transversal".
En general, la Lomce es, para Bedera, "una mala ley que no se va a poder aplicar mientras el personal docente no se sienta identificado con ella". Además, recordó, "será inaplicable porque tiene errores de bulto, como la desaparición de la asignatura de Filosofía obligatoria, y por razones económicas, ya que no tiene los fondos de los que depende para poder implantarla y las Comunidades tampoco tiene dinero", recordó.
El ministro: "Espero que haya terminado el tiempo de destruir y empecemos todos el tiempo de construir" Pese a todo y, como es lógico, Wert también mantiene el apoyo del grupo parlamentario mayoritario, el PP, cuya portavoz hoy en este debate, María Jesús Moro, defendió que la Lomce es una reforma de la ley actual (la LOE) que introduce, además, "entusiasmo, innovación, progreso, futuro; no inmovilismo". Además, repitió las palabras de la secretaria de Estado de Educación, Montserrat Gomendio, asegurando que la reforma nace para "mejorar el sistema" y que todas sus medidas están "avaladas por los casi 11 millones de votos que recibió el Partido Popular".
Wert, por su parte, quiso ser breve hoy. En "la tercera ocasión que la Lomce pasa por la Cámara", agradeció "la interlocución de la portavoz del Grupo Popular" y defendió que "todas las enmiendas han mejorado el texto". Por último, llamó al consenso tras la aprobación de la que será la séptima ley educativa de la democracia: "Espero que haya terminado el tiempo de destruir y empecemos todos el tiempo de construir", concluyó. ¿Aplausos? Sí. Los de la bancada conservadora y, desde la tribuna, los de la número dos del Ministerio y su equipo de comunicación.
También fue breve, después, ante la prensa. Tras las votaciones, Wert compareció para defender su recién aprobada ley y anunciar sus pasos a seguir. Ahora buscará el consenso, dice el ministro, y "en cuanto vuelva al despacho" llamará a los consejeros de Educación de las comunidades para desarrollar "juntos" la nueva legislación. No admitió preguntas de los medios
Saénz de Santamaría votó, por error, a favor de reprobar al ministro
EUROPA PRESSLa vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, ha protagonizado la anécdota de la jornada parlamentaria en el Congreso al votar por error a favor de la petición del PSOE de reprobar la gestión del ministro de Educación, Cultura y Deporte, José Ignacio Wert, una iniciativa a la que el resto del Grupo Popular y UPN han votado en contra.
Se trata de la segunda vez que el PSOE solicita a la Cámara censurar la gestión de Wert al frente del Ministerio de Educación, una iniciativa que ha vuelto a ser rechazada por la mayoría absoluta del PP en el arco parlamentario, como ya sucediera hace un año. Entre otros puntos la oposición pedía su reprobación por la tramitación de la Ley Orgánica para la Mejora de la Calidad Educativa (LOMCE), así como por la reciente polémica de las Erasmus, o los recortes emprendidos en las becas.
Al margen del error de la vicepresidenta, la votación se ha saldado con el voto en contra del PP y de UPN; la abstención de UPyD y Foro de Asturias; mientras que CiU, Izquierda Plural (IU-ICV-CHA), PNV, ERC y BNG han apoyado al PSOE en su censura.
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