ESTELA DIAZ, SECRETARIA DE GENERO DE LA CTA, SOBRE LA ASISTENCIA A LAS VICTIMAS.

ESTELA DIAZ, SECRETARIA DE GENERO DE LA CTA, SOBRE LA ASISTENCIA A LAS VICTIMAS

“Falta articular respuestas”

La militante feminista destaca los avances para enfrentar la violencia de género, pero advierte sobre la necesidad de disponer de un plan nacional, de más presupuesto para asistir a las víctimas y un mayor acompañamiento a las denunciantes.

Por Mariana Carbajal

“La dimensión de esta problemática no se resuelve con voluntarismo ni con respuestas aisladas”, dice Díaz.Imagen: Pablo Piovano

“El problema sigue siendo la falta de articulación de las respuestas entre todos los actores que participan a la hora de proteger a una víctima de violencia de género”, señaló Estela Díaz, secretaria de Género de la CTA, con experiencia en la implementación de políticas públicas en el territorio bonaerense para asistir a víctimas de violencia machista. Estuvo a cargo de la puesta en marcha de una línea telefónica especializada del gobierno provincial, además de participar en la definición de protocolos de atención a las víctimas. En una entrevista con Página/12, con motivo de conmemorarse hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, enumeró los avances para enfrentar la problemática y lo que falta todavía para que las intervenciones sean efectivas. La necesidad de disponer de un plan nacional contra la violencia de género, de mayor presupuesto para la temática, de un sistema de acompañantes para quienes quieren denunciar como prevé la nueva ley y de dispositivos para situaciones de emergencia, fueron algunos de los puntos que incluyó entre las asignaturas pendientes. “No alcanza sólo con hablar de refugios. Hoy vemos varones extremadamente violentos, dispuestos a todo. La decisión de las mujeres de cortar la relación, en otros momentos parecía un paso trascendente para el fin de la violencia, en cambio las cifras de femicidios muestran que casi el 30 por ciento es perpetrado por la ex pareja”, alertó Díaz.

–¿Siempre la mujer que sufre violencia de parte de su pareja o ex pareja debe denunciarlo? ¿O hay situaciones en que es mejor que no recurra a la Justicia?
–El tema de la denuncia judicial está sumamente mitificado. Escuchamos relatos que reiteran que la mujer denunció seis, diez, veinte veces, como si el hecho de la denuncia pusiera en acto mecanismos mágicos de solución de un problema que es complejo y multicausal. En tal caso, la denuncia es una parte de una serie de acciones que será necesario desplegar. No hay respuestas únicas. Cada historia tiene sus particularidades a considerar a la hora de pensar en las mejores intervenciones. Cuánto tiempo de violencia, qué tipos de violencias presentes, la frecuencia, si hay amenazas de muerte, si hay armas, el nivel de aislamiento de la persona que sufre la violencia, si toma psicofármacos, si tuvo intentos de suicidio, si ya hubo denuncias o consultas por el tema en alguna institución. Muchas veces puede resolverse el problema sin ningún tipo de intervención judicial, incluso a veces es realmente contraproducente, porque los mecanismos de victimización secundaria del aparato judicial y policial desalientan a la mujer, que se enfrenta con una institución poco amigable, con escasa capacidad de escucha realmente activa. Para esto es importante recurrir a consultar en primer término a líneas telefónicas especializadas o servicios que atiendan la violencia, con equipos interdisciplinarios capacitados con enfoque de género. El problema es que este tipo de servicios no están presentes en todo el territorio y muchas veces la situación es de emergencia. En ese caso se debe recurrir al lugar más cercano, que suele ser una comisaría o el Poder Judicial.

–La nueva legislación contempla aspectos muy detallados y novedosos para el procedimiento judicial...
–Sí. La figura del acompañante es muy importante y será necesario avanzar mucho más en su concreción. Coloca subjetivamente de modo diferente a las personas estar con alguien de su confianza, contribuye a fortalecer el lugar de la persona que está solicitando una intervención institucional. Un aspecto central contemplado en el enfoque integral de la nueva ley es que se requiere y reconocen las intervenciones públicas para asistir y atender a las personas que sufren violencia como sujetos de derecho que están siendo vulnerados. Esto requiere atender a las víctimas no como pasivas sino como personas que están siendo vulneradas. No necesita quien sufre violencia salir del tutelaje y la sumisión del violento al tutelaje estatal. Lo que necesita es la revalorización como persona, que contribuya para la construcción de autonomía.

–¿Qué avances destacaría en el tratamiento de la temática en la Justicia y en las respuestas que brinda el Estado a las víctimas para protegerlas?
–El cambio de marco legal ha sido fundamental. Hoy los términos violencia de género y femicidio están incorporados al lenguaje común y sobre todo comunicacional, aunque todavía no se tenga una comprensión cabal de su significado. A pesar de los enormes cambios operados en estos años, las modificaciones culturales profundas conviven con prácticas, instituciones y discursos que resisten a los cambios. Por eso es tan importante la sanción de la ley de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, por el poder simbólico que tiene el discurso jurídico, no sólo el alcance real y efectivo. En estos años también se avanzó con capacitaciones específicas para el personal judicial, de salud, de educación. El Consejo Nacional de las Mujeres inauguró este año una línea telefónica de tres dígitos gratuita, nacional, que atiende las 24 horas, el 144.

–¿Qué falta para mejorar las respuestas?
–Falta que se formule el plan nacional integral previsto por la ley. Este plan debe definir metas y objetivos concretos. También esto supone una infraestructura, presupuesto y personal mucho más importante que el actual. La persona que sufre violencia vive en determinado territorio y es allí donde el Estado debe estar presente y activo. También es fundamental mejorar los dispositivos de atención en la emergencia. No alcanza sólo con hablar de refugios. Es como si sólo tuviéramos un martillo para hacer una casa, hay que pensar en una caja de herramientas que contemple una adecuada evaluación de riesgo. Hoy vemos varones extremadamente violentos, dispuestos a todo. La decisión de las mujeres de cortar la relación en otros momentos parecía un paso trascendente para el fin de la violencia. En cambio, las cifras de femicidio muestran que casi el 30 por ciento es realizado por la ex pareja. Los alcances y la dimensión de esta problemática no se resuelven con voluntarismo ni con respuestas aisladas.

RECLAMO DE LA DEFENSORIA

“Apoyo y contención”
Por Mariana Carbajal

La coordinadora del Observatorio de Violencia de Género de la Defensoría del Pueblo bonaerense, Laurana Malacalza, expresó su preocupación por los obstáculos en el sistema judicial que deben enfrentar las víctimas para que las causas avancen. En una entrevista con Página/12, con motivo de conmemorarse hoy el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, Malacalza advirtió que la respuesta del Estado para protegerlas no se debe limitar al ámbito de la Justicia, y señaló la necesidad de ampliar la oferta de servicios de apoyo y contención en la salud física y psíquica, y de promover políticas de acceso a subsidios económicos, asignaciones familiares, a planes de vivienda y empleo, y a instancias de capacitación laboral para las víctimas.

–En el Informe del Observatorio (ver página 2) se señalan críticas a la atención de la violencia de género en el sistema judicial. ¿Encontraron aspectos en los que se ha avanzando en relación con la protección que se le debe dar a la mujer que denuncia a su pareja o ex pareja por malos tratos?
–En términos de protección, es importante destacar la incorporación de parte de los organismos públicos de avances en materia de definición de un sistema único de registro en la provincia, a partir de la incorporación de nuevas dimensiones tanto por parte de la Suprema Corte de Justicia bonaerense a través del Sistema Augusta, la incorporación de la dimensión Violencia Familiar en el Sistema Informático del Ministerio Público de la Procuración y la implementación de una nueva Planilla de recepción de denuncias para las Comisarías de la Mujer y la Familia de la Dirección de Coordinación de Políticas de Género del Ministerio de Seguridad. Estos registros incluyen los “factores de riesgo” como una dimensión de análisis que deberían definir medidas de protección más efectiva en el corto plazo. Respecto de las medidas de protección de mediano y largo plazo, aparecen grandes deficiencias, por eso desde el ONG consideramos importante fortalecer el espacio de las Mesas Locales, que integran en cada distrito organizaciones y referentes del municipio, de la provincia y la Justicia. Para dar una respuesta integral que coordine y articule las medidas de protección otorgadas por la Justicia con el trabajo territorial de las ONG, de los gobiernos locales y de las instancias provinciales.

–¿A qué responde que un porcentaje significativo de causas terminen paralizadas o archivadas?
–A que gran parte del sostenimiento del proceso judicial queda en la denunciante. El proceso judicial impone a la víctima la obligación de presentarse a ratificar en algunos casos y en otros casos a ampliar lo dicho en la dependencia policial; presentar aportes probatorios sobre los hechos denunciados, concurrir a audiencias. Incluso se las compromete a ayudar en la realización de ciertas diligencias: llevar oficios a comisarías y hacer el seguimiento en la notificación de las medidas, activar la denuncia por el incumplimiento de las medidas. Todas estas instancias promueven grandes dificultades para sostener los procedimiento judiciales, provocando primero la paralización y posteriormente el archivo.

–¿A qué se debe que el número de denuncias crezca año a año?
–Por un lado, existen márgenes sociales cada vez más reducidos de tolerancia frente a la violencia contra las mujeres, producto de una mayor sensibilización social frente a la temática y de avances legislativos en la materia. Por otro lado, el Estado provincial ha instado a la denuncia y a la gestión judicial del conflicto como una forma de respuesta frente a la problemática. Esto se pone de manifiesto en la apertura de comisarías de la Mujer y de oficinas de Atención a la Víctima en las dependencias policiales de todo el territorio provincial que explican, en parte, este aumento de cantidad de denuncias.

–En el Informe plantean “desnaturalizar la denuncia” y que haya respuestas articuladas con el Poder Ejecutivo. ¿Podría explicar más este planteo?
–El modelo de gestión de la violencia contra las mujeres en las relaciones interfamiliares se sostiene a partir de la denuncia en sede policial y judicial. Entendemos que debe incluirse en las definiciones de políticas públicas un concepto amplio del acceso a la Justicia que incluya no sólo las acciones judiciales y los recursos que la iniciación y el sostenimiento de las mismas implican, sino todas aquellas acciones y prácticas que promueven, entre otros, la implementación de servicios de apoyo y contención en la salud física y psíquica, el acceso a subsidios económicos, asignaciones familiares, a planes de vivienda y empleo, a instancias de capacitación laborales. Esta concepción permite pensar en un modelo de trabajo en red, que pueda generar una estrategia articulada y perdurable en el tiempo, con las áreas del Poder Ejecutivo, que propicie la identificación efectiva del riesgo real de las víctimas, el diseño de un abordaje integral de los casos involucrando medidas vinculadas con el acceso a la vivienda y a un empleo decente. La reciente puesta en marcha del Programa Andando por parte del Ministerio de Desarrollo Social es una primera definición de políticas públicas en este sentido, que promueve apoyo económico a las víctimas en los primeros 6 meses en forma articulada con las Mesas Locales y las ONG que trabajan en el territorio. Sin embargo, las instancias de articulación entre el Poder Ejecutivo y el Judicial aún son incipientes. Crear y fortalecer estos espacios de articulación redundaría en una mayor protección y asistencia a las víctimas.

LAS VICTIMAS CONTRA LAS VIOLENCIAS

Un programa diferente
Por Mariana Carbajal

En la Ciudad de Buenos Aires, las mujeres tienen otro dispositivo para ser acompañadas en el proceso de la denuncia: allí, las comisarías de la Policía Federal tienen la obligación de llamar al 137 y convocar a un equipo del Programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación, cada vez que se presenta una mujer a denunciar situaciones de violencia, ya sea doméstica o sexual. Una psicóloga y una trabajadora social escuchan a la mujer en la seccional y le explican sobre sus derechos y cuáles son las opciones que tiene. Le recomiendan, como política del Programa, que realice la denuncia y si quiere hacerla la acompañan a la Oficina de Violencia Doméstica de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que funciona las 24 horas todos los días del año. El programa fue creado por Eva Giberti. Este mismo modelo de acompañamiento también se implementó en el último año en Resistencia, Chaco, y en Posadas, Misiones.

Desde octubre de 2006, cuando fue creado, hasta septiembre 2013, la Brigada Móvil de Atención a Víctimas de Violencia Familiar asistió a 6561 víctimas femeninas cuyos agresores han sido sus parejas o ex parejas. Las edades de las víctimas oscilan entre 15 años y mayores de 60. En la Línea 137 se brinda información, asesoramiento, y en casos de urgencia o emergencia se dispone el envío al domicilio de la víctima de un móvil policial no identificado, con dos policías de civil y dos profesionales del Programa.
Sólo en septiembre último el 137 recibió 1115 llamados por violencia familiar, de los cuales el 55,3 por ciento (617) correspondió a víctimas que llamaban por primera vez. El 44,7 por ciento restante (498) fueron llamados de casos abiertos en oportunidades anteriores.De las 617 llamadas, 75 derivaron en pedidos de intervención, es decir, en el desplazamiento de las brigadas móviles al domicilio de la víctima: en un 38 por ciento de los casos el agresor era la pareja y en un 12 por ciento, la ex pareja; el 50 por ciento restante correspondió a otros familiares, fundamentalmente padres.
Fuente:Pagina12