LA ADECUACION A LA LEY DE CLARIN Y LA SITUACION DE LAS TELEFONICAS
Paisaje después de la batalla
La historia desconocida del plan de adecuación al que se resignó Clarín por temor a la tasación. Ralph Booth y el Fondo Fontinalis adquirirían la mayoría de Cablevisión. El latino diferente, David Martínez, su fondo Fintech y la oferta por Telecom. El combate de Magnetto con Paka-Paka. Reunión de directorio viernes y domingo a la tarde, los planes de adecuación aún no aprobados y el camino a la convergencia. El mito de la independencia del regulador y los cuatro números de la quiniela de yapa.
Por Horacio Verbitsky
Este sería el resultado de la desinversión.
1. que el Grupo Clarín vendiera su 60 por ciento en Cablevisión a terceros no vinculados, para evitar los incumplimientos a la normativa;
Este sería el resultado de la desinversión.
3. que para computar el 35 por ciento de la proporción de mercado admisible, se consideren todos los servicios de televisión por suscripción a nivel nacional, por cualquier soporte que fuera, incluyendo televisión abierta digital, satélite o cable;
4. que se exceptúen de impuestos, tasas y gravámenes las operaciones necesarias para la adecuación;
5. que se acepten todas las reorganizaciones societarias previas o necesarias para la adecuación, por el procedimiento de tracto abreviado, y que
6. se garantice el derecho de propiedad de la sociedad sobre su red, para mantener la continuidad de la prestación de los servicios de telecomunicaciones.
Desde el Central Park
La Dirección de Adecuación y Transferencia de la AFSCA recomendó dar una respuesta afirmativa a la consulta, recordando que la ley también establece cupos de producción nacional y local y la integración de la grilla. El 7 de diciembre, el directorio de la Autoridad aprobó esa respuesta y la envió a Fintech. La grilla fue tema de discusión entre los accionistas. Martínez quiso saber “qué es esa palapala”. Cuando le explicaron que se trataba de la señal infantil Paka-Paka, dijo que le resultaba incomprensible que el Grupo Clarín no accediera a incluirla. Para no ser agresivo explicó que desde su piso frente al Central Park es difícil apreciar esas cuestiones de detalle y sugirió que no justificaban el daño que la compañía estaba sufriendo y el que podría correr en el futuro. “Es que sería una derrota política”, le respondió el contador Héctor Horacio Magnetto. El Grupo Clarín desautorizó la presentación de Martínez en un comunicado. Ya en enero y sin formalidades, Martínez detalló en un non paper los alcances de su propuesta. Dijo que Cablevisión se escindiría y formaría tres sociedades independientes, a las que en forma provisoria identificó como Cablevisión Continuadora, Escindida 1 y Escindida 2. Agregó que el Grupo Clarín sólo conservaría el 60 por ciento de la Escindida 1, que cuenta con 24 licencias en zonas que no se superponen con los servicios de televisión abierta de Artear. Cablevisión Continuadora alcanzaría a 2,8 millones de abonados con sus 24 licencias. Fintech mantendría su 40 por ciento actual y como inversor mayoritario ingresaría el fondo de inversión estadounidense Fontinalis Partners, cuyo principal accionista, Ralph Booth, adquirió hace un año el 9 por ciento del capital del Grupo Clarín que antes perteneció al banco de inversión Goldman Sachs. La Escindida 1, con un 60 por ciento del Grupo Clarín y el resto de otro comprador no identificado, también tendría 24 licencias, pero con un alcance muy inferior, de 424.000 abonados. La Escindida 2, con veinte licencias cubriría 180.000 abonados y pertenecería a varios inversores asociados.
Además planteó diez temas a resolver en la homologación judicial del posible acuerdo:
1. Fusión entre Cablevisión y Multicanal. Que todos los organismos regulatorios convaliden las resoluciones previas del COMFER, la Comisión Nacional de la Competencia, la Secretaría de Comercio y el Ministerio de Economía. La AFSCA dijo No, ya que la fusión no incide en el cálculo de licencias admitidas por la ley.
2. Precio. Derogación de las resoluciones que fijaron en 109 pesos mensuales el precio máximo del abono, eliminación de las diversas multas aplicadas por Comercio Interior y Lealtad Comercial y archivo de la investigación por colusión iniciada por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia. No.
3. Telecomunicaciones. Restitución de la licencia de Fibertel para Internet y de las autorizaciones para prestar el servicio universal, con otorgamiento de numeración de telefonía e interconexión con las telefónicas. No, porque eso no concierne a la AFSCA.
4. Grilla. No incrementar el número de señales obligatorias. No.
5. Licencias. Propuso desistir de 77 licencias y pidió que se aceptaran los criterios de fusión y extensión de licencias de Cablevisión. No, dado que Cablevisión posee 237 licencias, muy por encima de lo autorizado.
6. Cuota de mercado. Que el cálculo del 35 por ciento para servicios de televisión por suscripción se hiciera sobre 10 millones de abonados, y no sobre la base actual de 8,8 millones. Eso incrementaría la porción permitida de 2,8 a 3,5 millones de abonados. No.
7. Aspectos técnicos. Aprobar el uso de un cabezal para varias licencias y retransmitir desde hubs; aprobar la norma NTSC. Reconocer el criterio de red única para prestar todos los servicios, desde televisión e Internet, hasta telefonía y valor agregado. Autorizar en todo el país la transmisión de video y datos en el actual espectro 2.5 de microondas (MMDS). No.
8. Importaciones. Liberación de Declaraciones Juradas de Autorización de importaciones para bienes de uso y de capital y mejoras arancelarias como incentivo a la inversión. No.
9. Impuestos. Excepción impositiva para las operaciones de compraventa y la reorganización societaria necesarias para la adecuación. Se aplicaría el mismo criterio que a los demás.
10. Varios. Desestimar y archivar unos setenta sumarios por faltas y renovar como si fueran nuevas todas las licencias, con independencia de su fecha de vencimiento. La respuesta fue que se analizaría caso por caso.
En febrero hubo un segundo non-paper de Fintech, en el que se hizo evidente que no había trabajado sólo Martínez sino también el Grupo Clarín, donde arreciaban las discusiones internas por la intransigencia de su CEO. Solicitó que a las empresas continuadoras de Cablevisión se les reconocieran licencias de telecomunicaciones, algo que no depende de la AFSCA. Otro pedido fue que la señal propia de cable que conservara el Grupo fuera eximida de la obligación de conectar con la cadena nacional. Además insistió con el reconocimiento de las dos prestadoras de servicios de Internet del Grupo Clarín, Prima y Fibertel, pero la Autoridad Federal insistió en que sólo discutiría acerca de la aplicación de la ley audiovisual. Otra pretensión fue que las tres sucesoras de Cablevisión pudieran ofrecer también servicios de Internet, algo que está en discusión en la Secretaría de Comunicaciones. Una precondición de la AFSCA es el desistimiento de todas las acciones judiciales y el cumplimiento de la grilla.
Pánico a la tasación
El fallo de la Corte Suprema del martes 29 de octubre dio por vencidos todos los plazos. Para algunos analistas del mercado, la premura con que reaccionó el Grupo Clarín respondió al temor por la adecuación de oficio que Sabbatella inició la mañana del jueves 31 y a su reunión por la tarde con el titular del Tribunal de Tasaciones de la Nación, ingeniero Daniel Martín, y con el viceministro de Economía, Axel Kicillof, para acelerar la tasación de los bienes del Grupo. Si el fallo necrosó en pocas horas un tercio de la capitalización bursátil de Clarín, la tasación podría haberle asestado un golpe letal, cuando se abriera el capítulo de deudas y contingencias, que los conocedores entienden mucho más alto que lo declarado. A las siete de la tarde del viernes 1 de noviembre, en vez de iniciar el fin de semana en sus propiedades de descanso los miembros del directorio se congregaron en la sede de la calle Piedras encabezados por el contador Magnetto y con la asistencia de su sobrino Pablo Casey, José Antonio Aranda, Lucio Pagliaro, Alejandro Urricelqui, Jorge Rendo, el contador Lorenzo Calcagno, el auditor externo Alberto César José Menzani y Luis María Blaquier, sobrino del procesado accionista del Ingenio Ledesma Carlos Pedro Blaquier. El productor agropecuario y ganadero Aranda dijo que Clarín respetaba la ley y las decisiones de la Justicia pero a continuación descalificó el fallo de la Corte como violatorio de la Constitución Nacional y de los tratados internacionales de derechos humanos, de la libertad de expresión, del derecho de propiedad y del ejercicio libre del comercio. Añadió que el Grupo estaba ante el escenario más hostil y adverso imaginable en un país republicano. Luego de afirmar que “no se trata de teatralizar un vacío clamor de victimización” dijo que la ley y “una polémica sentencia” imponían “dividir lo criteriosa y legítimamente unido” y a “vender lo válida y esforzadamente comprado”, con “el objetivo desembozado de acallar voces independientes de quien ejerce el poder político” y “silenciar medios que hoy ejercen periodismo crítico”. Luego de esta lastimera introducción, le cedió la palabra al director financiero del grupo, Alejandro Urricelqui, quien presentó el plan de adecuación preparado por un grupo ad hoc. Luego de un cuarto intermedio la discusión continuó el domingo 3 a las seis de la tarde. Por unanimidad se decidió dividir el grupo en seis unidades de comunicación audiovisual sin vinculación societaria entre ellos, siguiendo el esquema de Fintech, y que el Grupo fuera titular en forma directa o indirecta de sólo una de esas unidades:
I. Canal 13 de Buenos Aires, Canal 12 de Córdoba, Canal 6 de Bariloche; Radio Mitre, AM y FM de Buenos Aires y Córdoba y la FM de Mendoza; más 24 licencias locales de TV por cable de la actual Cablevisión, en ciudades donde no hay incompatibilidad con la televisión abierta y la señal noticiosa TN.
II. El grueso de las actuales operaciones de Cablevisión y Fibertel, más 24 licencias de cable y la señal porteña Metro. En esa unidad, Fintech conservará el 40 por ciento de las acciones.
III. Tendrá 20 licencias de televisión por cable de la Cablevisión actual.
IV. Las señales audiovisuales Canal 13 satelital, Magazine, Volver, Quiero Música en mi Idioma, Canal Rural, TyC Sports y TyC Max.
V. Las licencias radiales en frecuencia modulada de Tucumán, Bariloche, Bahía Blanca y Santa Fe.
VI. El Canal 7 de Bahía Blanca y el Canal 9 de Mendoza. La reformulación del Grupo alcanzó también al diario. Su editor responsable, Ricardo Kirchbaum, anunció a la redacción que ante “el avance del gobierno sobre los medios críticos” y la merma de circulación y de anunciantes decidieron “profundizar el proceso para la convergencia” del papel y la edición digital y el desarrollo de nuevos medios. Con ese fin informó sobre un nuevo rediseño del diario en papel y una nueva web de noticias y de servicios y de entretenimientos, para “satisfacer intereses más diversos con los nuevos lenguajes visuales, adecuados a los nuevos hábitos y tendencias”. La nueva web “se nutrirá de los contenidos que tienen más repercusión social en las redes”, organizada por áreas en vez de secciones, de acuerdo con las necesidades y preferencias de la audiencia digital. “Toda la redacción trabajará sin importar el soporte final. Los textos podrán ir al diario impreso y luego enriquecerse con videos o audios para la publicación digital o al revés”, para aprovechar mejor los recursos disponibles. No explicó si hubo una negociación previa con los sindicatos que agrupan a sus trabajadores para que acepten “el cambio más importante que hemos emprendido”, una apuesta “en la que se juega la perspectiva laboral de todos”.
Los 39
Hasta la propuesta del Grupo Clarín, 39 titulares de licencias habían cumplido con lo dispuesto por la ley. Todas esas propuestas fueron admitidas en términos técnico formales y 29 ya fueron tratadas por el directorio de la AFSCA. Quince fueron rechazadas, ya que no había motivos para la adecuación y sólo trataban de aprovechar la coyuntura para eludir la prohibición de venta de licencias. Entre esos rechazos figuró una presentación del escribano Raúl Juan Pedro Moneta, quien pretendió hacer pasar como grupo la propiedad de distintos medios cuyos titulares eran hijos de Moneta. El criterio aplicado es que no pueden vender quienes no conforman un grupo, ni pueden quedarse con todo lo que poseen quienes sí lo son y exceden los topes legales. Las otras 14 presentaciones fueron aprobadas y están en ejecución, entre ellas las de DirecTV, Daniel Hadad y Cadena 3. Para comprar los medios que Hadad estaba obligado a vender, el Grupo Indalo, del empresario petrolero y del juego Cristóbal López, debió desprenderse de las empresas de servicios públicos que poseía en Comodoro Rivadavia. La idea de la ley es incrementar los costos al suprimir la sinergia y de ese modo facilitar que nuevos actores desafíen en forma competitiva a los precedentes. En el caso del Grupo Clarín las seis unidades de negocios deberán tener accionistas, sedes, equipamiento, administración y marketing distintos. En el punto 26 de su presentación, el Grupo solicitó el trato igualitario garantizado por el artículo 16 de la Constitución Nacional y se reservó el derecho de modificar su propuesta si la AFSCA permitiera una interpretación más favorable de la ley a cualquier otro licenciatario. Allanado por la Corte el principal obstáculo a la aplicación de la ley, cumplir con esa igualdad es el mayor desafío que tiene por delante el gobierno. Además de la propuesta del Grupo Clarín, falta que el directorio trate otras diez: entre ellas algunas muy significativas, como las de Telefe (de Telefónica), el grupo español Prisa, Telecentro, del ex diputado Alberto Pierri, y Grupo 1, del también ex diputado y empresario petrolero José Luis Manzano, asociado con Daniel Vila y familiares de Francisco De Narváez. Muchas publicaciones inspiradas por el Grupo Clarín dentro de su estrategia de victimización han mencionado que la AFSCA ya había aprobado esas presentaciones. No es así. Sabbatella ha repetido que nadie impide que los accionistas de un Grupo que se divide se hagan cargo de los segmentos resultantes, siempre que la escisión sea en serio y que cada accionista pueda justificar el origen de su capital. Este podría no ser el caso de Barbarita Vila, del Grupo Uno, cuya división sería así ficticia. No menos dudoso es el dibujo societario que intenta Telefe, arguyendo que no tiene relación con Telefónica de Argentina, aunque ambas responden al mismo holding controlante en España. Pierri partió de su licencia original, en San Justo, y sumó 35 extensiones, que cubren un enorme territorio, que comprende hasta la Capital Federal. El concepto de la extensión es otro: debe ser desde una localidad con mayor densidad poblacional a otra con un índice menor y no pueden sumarse extensiones de la extensión. Telecentro podría conservar lo que ya tiene, pero reagrupado en al menos diez de las 24 licencias permitidas, de modo que limitaría su expansión.
Los últimos roces
El Grupo Clarín también se declaró en “estado de indefensión” administrativa y amagó con acudir a la Justicia ante cada resolución de la Autoridad Federal y, “en particular en el supuesto de que no se deje sin efecto el procedimiento de la transferencia de oficio”. Al mismo tiempo, Sabbatella le reiteró a David Martínez que la propuesta voluntaria podría aprobarse si cesara la judicialización y se cumpliera con la grilla. Desde su callejón sin salida Magnetto deberá repensar si se justifica la resistencia a transmitir las aventuras de Zamba y sus amigos. La AFSCA tiene 120 días para considerar la admisibilidad del expediente pero se estima que respondería en la primera semana de diciembre y el proceso de adecuación podría concluirse a mediados de 2014. La aún no concedida aprobación del plan de Telefé y el posible desembarco de Fintech en Telecom replantean un aspecto de la ley, en el que el gobierno nacional y el Grupo Clarín han coincido más de lo que cada uno quisiera reconocer. El proyecto de ley de CFK permitía el acceso de las telefónicas a la comunicación audiovisual, con el mismo tope de mercado vigente para los demás, y al mismo tiempo las forzaba a abrir su retaguardia, para que también en telecomunicaciones hubiera competencia. La oposición y algunas organizaciones sociales se opusieron y para que el proyecto contara con una fuerte mayoría, el gobierno accedió a modificarlo. Durante la audiencia pública, los expositores por el Grupo Clarín, desdeñaron la ley como obsoleta, porque no contempla Internet ni la convergencia, cuyo momento parece hoy más cerca que entonces.
El tema de la independencia
Por Horacio Verbitsky
El ente de aplicación de la ley debería ser un órgano técnico e independiente afirmó el punto 74 del voto mayoritario de la Corte Suprema. Con ese argumento el Grupo Clarín en sus medios y distintas fuerzas de la oposición en declaraciones y hasta en una presentación judicial solicitaron suspender la aplicación de la ley.
La Corte lo despachó en pocas líneas, sin perder tiempo en tonterías, aunque hubieran sido alentadas por ella misma. No se trató de la parte resolutiva sino de un obiter dictum, es decir un comentario al paso. No hay en el expediente prueba alguna de que la AFSCA no sea aquello que el punto 74 le señala que debe ser. Y cada afirmación de la Corte Suprema debe referirse a la constitucionalidad de los instrumentos que analiza. La Constitución sólo consagra la independencia de los jueces, el Defensor del Pueblo, y el Ministerio Público. Que varios miembros de la AFSCA sean designados a propuesta de los partidos políticos y su presidente por el oficialismo sólo prueba la vigencia del orden democrático del que los partidos son instituciones fundamentales. Para cualquier otra exigencia debería reformarse la Constitución. Es decir, las quejas no pasan de una chicana o un berrinche, llevado al paroxismo por el representante del FAP en la AFSCA, Gerardo Milman, cuando intentó argumentar su mayor idoneidad técnica porque había sido vicepresidente 1º de la Comisión de Libertad de expresión y Sabbatella sólo vicepresidente 2º.
El lunes 4 de noviembre, luego de los festejos por la presentación del Grupo Clarín, diez empleados del área de Control y Regularización de Emisoras de la AFSCA, hicieron una vaca y apostaron a la quiniela el número del expediente de adecuación, 22.253. En el sorteo nocturno de la lotería de la provincia de Buenos Aires el primer premio fue para el 2253, con lo que ganaron 95.000 pesos.
Fuente:Pagina12
Frente a un hecho de resonancia institucional y virtuosas proyecciones históricas primaron la réplica infundada, la argumentación “ad hominem”, amén de las distracciones en nimiedades.
El Tribunal, como todo estamento del Estado, produce hechos valiosos, comete errores, eventualmente raya alto, a veces cae en inconsecuencias. La perfección y aun la plena coherencia son, ay, inalcanzables. El saldo de una Corte que lleva nueve años es más que bueno, en promedio. En este expediente ocurre algo similar: el saldo final es alto, aunque ha habido decisiones muy cuestionables en el largo itinerario a la decisión final. Entre ellas, la prolongación del pleito, premio indebido a la mala fe procesal del Grupo y a la complicidad de jueces y camaristas deplorables. Algún diputado también colaboró como pseudo procurador de Clarín, afrentando su mandato.
Mucho de lo escrito y vociferado en estos días versó sobre menudencias o cuestiones adjetivas. Vale la pena recorrerlas, porque debajo de lo mínimo subyacen cuestiones interesantes, debilidades del discurso opositor, verdades que se callan o solapan.
A Clarín, sus formadores de opinión y adláteres los puso nervioshos y hasta shacó de quicio el día en que se pronunció el veredicto.
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El relato existe, epa: El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, venía siendo un mimado por el establishment. Hace menos de cinco meses, el 19 de junio, su foto ocupó cinco columnas de la tapa de La Nación, más de la mitad. Un crédito enorme, con escasos precedentes, si los hay.
Era el premio a la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley que estableció la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora el hombre no es el enemigo público número uno pero está en el pelotón que aspira a tamaño lauro.
Una fracción asombrosa de los dicterios contra Lorenzetti es por el momento en que se difundió el fallo, dos días después de las elecciones generales. Se le endilga haberse apurado, haber interferido con el tiempo de la política, haber desdibujado el veredicto electoral.
La forzosa primera réplica al cuestionamiento, que encabezó notas casi calcadas de editorialistas en Clarín y La Nación, es que la Corte no pecó de apresurada, sino de retardataria. La sentencia no se apuró, se dilató en demasía, como ya se dijo. Demasiada tolerancia con medidas cautelares infundadas se combinó con el tiempo vaticano que se concedió el mismo Tribunal para pronunciarse. Legalmente, la Corte no tiene plazos para expedirse. Es una vergüenza pero es dura lex: podría ablandársela acelerando la gestión. Los cortesanos se abstuvieron de hacerlo.
Los Supremos, empezando por Lorenzetti, arguyeron siempre que lo mejor era que el conflicto por la LdSCA se resolviera a través de una sentencia definitiva y no de medidas cautelares. Es encomiable el criterio, que se concretó parcialmente. El devenir del pleito toleró que las cautelares incidieran en la realidad, concediendo años de injusta protección a Clarín.
Cuando se acercaba el desenlace, Lorenzetti consiguió prorrogarlo hasta después de las elecciones generales. Enrique Petracchi y Eugenio Raúl Zaffaroni lo instaron a apurarse (por así decir), dejando en claro que jamás se llegaría a votos unificados, como mocionaba el presidente del cuerpo. Seguir tirando la pelota afuera carecía de sentido, con todos los votos escritos e irrevocables. Así se hizo. Y tronó el escarmiento mediático, infundado como ya se señaló.
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Las famosas tres tapas: Había que dejar decantar el veredicto electoral, alegan los ofendidos. Traducido al criollo: el encono viene porque la realidad le impuso dos o tres tapas en días que pensaban consagrar a la exaltación del diputado electo Sergio Massa. La tirria contradice la lectura dominante sobre los comicios. Los ofendidos alegaron que su resultado es, inexorablemente, el fin del ciclo kirchnerista. La realidad es versátil, dos años son mucho tiempo, el porvenir es un “jardín de senderos que se bifurcan”, nada de eso disuade a la Vulgata hegemónica. Su profecía sobre el futuro político está inscripta en la piedra. Nada puede alterarla, ningún acontecimiento imaginable o imprevisto afectará al fin de ciclo. Siendo así, es más sorprendente la embestida. Ya se ha probado que tres tapas no consiguen voltear a un gobierno, cabe suponer que tres de otro signo no se bastan para reponerlo.
Quizá la explicación sea otra. La oposición mediática y buena parte de la política advirtieron que el oficialismo no está vencido. La integración del Congreso, la aprobación del Presupuesto 2014 y de leyes económicas importantes, el crecimiento de la buena imagen presidencial son señales de alerta. No todo está dicho y eso enoja, no la hipotética falta de timing de la Corte.
También subleva que la agenda cotidiana siga en disputa. Que, con tanto poder, los medios dominantes no consigan manejarla a su antojo.
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Agenda y relato: Durante los últimos años se ha remachado que el “relato” oficialista es una falacia. Más aún, que no tiene sentido elaborar un relato. Por añadidura, los refutadores seriales niegan que haya una agenda mediática, susceptible de ser manipulada o tan siquiera editada. Sólo existen los hechos, que “el periodismo independiente” destaca con probidad frente a las falacias del régimen.
Sin embargo, los medios dominantes pierden la chaveta y el decoro verbal cuando un hecho relevante altera la agenda soñada.
Es que, intuye sin originalidad el cronista, el relato existe. Es más, no hay acción política ni ideología sin un relato que las vertebre. Una cosmovisión o ideología es una lectura del mundo organizada y, a su manera, lógica. Jerarquiza hechos, explica sus relaciones, los pondera conforme a una escala de valores.
La labor de editar un medio trajina un camino similar, con todas las variaciones propias de la actividad. Claro que hay hechos cuya gravitación es innegable, preponderantes “por cojones”. Las elecciones, el atentado contra las Torres Gemelas, Fukushima, son tapas sí o sí. Pero su explicación, los puntos salientes, sus proyecciones se elaboran según el pensamiento de cada cual.
Los relatos existen, la Corpo y la Opo se resienten porque el suyo sufrió un mentís rotundo. Los pretensos institucionalistas quedaron en off side. La ley es constitucional, los manejos de Clarín arteros, la información un bien social, la regulación estatal un recurso válido, cuando no necesario.
He ahí otros datos que encolerizan, mucho más que el día de la sentencia.
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Un rebusque para devaluar: Otro rebusque para devaluar la sentencia es valerse de algunas consideraciones laterales, volcadas por algunos de los jueces de la Corte: Lorenzetti, Elena Highton y Petracchi (en parte). Esas reflexiones son postuladas en el voto conjunto de Lorenzetti y Highton que, en la página 30 de la versión on line, estipulan que se trata de un “obiter dictum”. En jerga, un “obiter” son razonamientos adicionales, que no forman parte estricta de una sentencia. No son cosa juzgada, pues, por su relativa ajenidad a lo litigado.
Hay variados pareceres sobre la utilidad de los obiter, entre los abogados y juristas. El cronista se inscribe entre los que, sin ponerse dogmático, cree que la mayoría de las veces confunden más de lo que aportan.
Pueden parecerse más a divagaciones que a conclusiones serias. La falta de poder para tornarlos aplicables aconseja ser avaro con el recurso.
De cualquier modo, no es discutible que el obiter (que los jueces en cuestión describieron bien y separaron en un apartado, como para evitar confusiones) no tiene imperium para condicionar a las partes.
Los derrotados en lo esencial, transformaron a las disquisiciones cortesanas en “fundamentos” o hasta “recomendaciones”. Pero hete aquí que la Corte no puede recomendar cómo debió legislarse la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Lo cierto es que el órgano es político, de ahí que lo integren variadas representaciones parlamentarias minoritarias. Sería absurdo ese recaudo en un ente “imparcial” o apolítico.
Otro tanto puede decirse respecto de lo argüido sobre la pauta oficial, cuestión que atañe más (piensa el cronista) a la prensa escrita que a la audiovisual.
Como sea, muchos opositores trastocaron el sentido de las “recomendaciones”. Diputados del PRO colmaron la medida: dedujeron un recurso pidiendo se suspendiera el fallo hasta que se honraran las recomendaciones. En esta columna se escribió, hace una semana, que era un dislate que debía ser rechazado de volea. El tribunal lo hizo pero no sancionó a los litigantes por su abuso de la judicialización. Las reglas procesales prevén sanciones para quien pleitea de modo temerario. Una multa, así fuera de un valor simbólico, ayudaría a calibrar mejor la conducta de los legisladores pero otra vez primó una falsa transigencia.
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En plena licencia: La sentencia, lo fundamental, es un salto de calidad del sistema democrático, cuando estaba cumplir 30 años, edad que combina juventud con madurez.
En uso de sus derechos como protagonista, Lorenzetti optó por divulgar sus posiciones en un programa de radio y un diario fervorosamente opositores. Perfil distorsionó sus dichos, la mendacidad se hizo tapa en otros espacios críticos hacia el Gobierno. La desmentida llegó como es regla: tarde y presentada con subterfugios y falsías.
En el fragor de la brega se llegó a promover un disparate: es delito que los integrantes de dos poderes del estado se comuniquen. Exótica idea parida por los autodenominados promotores del “diálogo...” pero las palabras son etéreas mientras los intereses son sólidos. El sentido común hegemónico no aspira a la coherencia, sino a la dominación.
La organización Justicia Legítima elogió el fallo, como había anticipado su titular, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, en un reportaje concedido a Página/12. Tal vez el episodio ayude a disipar algo el encono del presidente de la Corte con esa agrupación en la que revistan jueces, funcionarios y abogados de destacada trayectoria. Si se mitigaran celos o vanidades, se advertiría que son mucho más afines a las más recordables sentencias de la Corte que sus pares de primera instancia o de Cámara que apañaron la mala praxis de Clarín.
Todos estos sucedidos se produjeron durante la licencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los poderes del Estado no dejaron de funcionar, las internas del partido de gobierno se insinuaron pero de modo muy tenue para lo que son los hábitos nacionales.
Seguramente el Poder Judicial será escenario de otras disputas u ofensivas contra sus mejores integrantes y contra el oficialismo. No son lo mismo, pero coinciden en ser bestias negras de una derecha corporativa que, aunque sacudida, no bajará la guardia.
Fuente:Pagina12
OPINION
Los sonidos de la furia
La furia posterior a la histórica sentencia de la Corte. Un debate sobre el tiempo, pleno de falacias: sus razones escondidas. El relato existe y la agenda importa, caramba. Las supuestas “recomendaciones” y un papelón del PRO. Distorsiones y falacias. Y algo más.
Por Mario Wainfeld
La sentencia de la Corte Suprema reconociendo la plena constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LdSCA) desató la furia del Grupo Clarín, sus corifeos e intelectuales orgánicos. Pocos se interesaron en el contenido del fallo, muchos menos dieron cuenta de haberlo leído siquiera. Ni hablar de analizarlo con rigor.
Frente a un hecho de resonancia institucional y virtuosas proyecciones históricas primaron la réplica infundada, la argumentación “ad hominem”, amén de las distracciones en nimiedades.
El Tribunal, como todo estamento del Estado, produce hechos valiosos, comete errores, eventualmente raya alto, a veces cae en inconsecuencias. La perfección y aun la plena coherencia son, ay, inalcanzables. El saldo de una Corte que lleva nueve años es más que bueno, en promedio. En este expediente ocurre algo similar: el saldo final es alto, aunque ha habido decisiones muy cuestionables en el largo itinerario a la decisión final. Entre ellas, la prolongación del pleito, premio indebido a la mala fe procesal del Grupo y a la complicidad de jueces y camaristas deplorables. Algún diputado también colaboró como pseudo procurador de Clarín, afrentando su mandato.
Mucho de lo escrito y vociferado en estos días versó sobre menudencias o cuestiones adjetivas. Vale la pena recorrerlas, porque debajo de lo mínimo subyacen cuestiones interesantes, debilidades del discurso opositor, verdades que se callan o solapan.
A Clarín, sus formadores de opinión y adláteres los puso nervioshos y hasta shacó de quicio el día en que se pronunció el veredicto.
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El relato existe, epa: El presidente de la Corte, Ricardo Lorenzetti, venía siendo un mimado por el establishment. Hace menos de cinco meses, el 19 de junio, su foto ocupó cinco columnas de la tapa de La Nación, más de la mitad. Un crédito enorme, con escasos precedentes, si los hay.
Era el premio a la sentencia que declaró la inconstitucionalidad de la ley que estableció la elección popular de los miembros del Consejo de la Magistratura. Ahora el hombre no es el enemigo público número uno pero está en el pelotón que aspira a tamaño lauro.
Una fracción asombrosa de los dicterios contra Lorenzetti es por el momento en que se difundió el fallo, dos días después de las elecciones generales. Se le endilga haberse apurado, haber interferido con el tiempo de la política, haber desdibujado el veredicto electoral.
La forzosa primera réplica al cuestionamiento, que encabezó notas casi calcadas de editorialistas en Clarín y La Nación, es que la Corte no pecó de apresurada, sino de retardataria. La sentencia no se apuró, se dilató en demasía, como ya se dijo. Demasiada tolerancia con medidas cautelares infundadas se combinó con el tiempo vaticano que se concedió el mismo Tribunal para pronunciarse. Legalmente, la Corte no tiene plazos para expedirse. Es una vergüenza pero es dura lex: podría ablandársela acelerando la gestión. Los cortesanos se abstuvieron de hacerlo.
Los Supremos, empezando por Lorenzetti, arguyeron siempre que lo mejor era que el conflicto por la LdSCA se resolviera a través de una sentencia definitiva y no de medidas cautelares. Es encomiable el criterio, que se concretó parcialmente. El devenir del pleito toleró que las cautelares incidieran en la realidad, concediendo años de injusta protección a Clarín.
Cuando se acercaba el desenlace, Lorenzetti consiguió prorrogarlo hasta después de las elecciones generales. Enrique Petracchi y Eugenio Raúl Zaffaroni lo instaron a apurarse (por así decir), dejando en claro que jamás se llegaría a votos unificados, como mocionaba el presidente del cuerpo. Seguir tirando la pelota afuera carecía de sentido, con todos los votos escritos e irrevocables. Así se hizo. Y tronó el escarmiento mediático, infundado como ya se señaló.
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Las famosas tres tapas: Había que dejar decantar el veredicto electoral, alegan los ofendidos. Traducido al criollo: el encono viene porque la realidad le impuso dos o tres tapas en días que pensaban consagrar a la exaltación del diputado electo Sergio Massa. La tirria contradice la lectura dominante sobre los comicios. Los ofendidos alegaron que su resultado es, inexorablemente, el fin del ciclo kirchnerista. La realidad es versátil, dos años son mucho tiempo, el porvenir es un “jardín de senderos que se bifurcan”, nada de eso disuade a la Vulgata hegemónica. Su profecía sobre el futuro político está inscripta en la piedra. Nada puede alterarla, ningún acontecimiento imaginable o imprevisto afectará al fin de ciclo. Siendo así, es más sorprendente la embestida. Ya se ha probado que tres tapas no consiguen voltear a un gobierno, cabe suponer que tres de otro signo no se bastan para reponerlo.
Quizá la explicación sea otra. La oposición mediática y buena parte de la política advirtieron que el oficialismo no está vencido. La integración del Congreso, la aprobación del Presupuesto 2014 y de leyes económicas importantes, el crecimiento de la buena imagen presidencial son señales de alerta. No todo está dicho y eso enoja, no la hipotética falta de timing de la Corte.
También subleva que la agenda cotidiana siga en disputa. Que, con tanto poder, los medios dominantes no consigan manejarla a su antojo.
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Agenda y relato: Durante los últimos años se ha remachado que el “relato” oficialista es una falacia. Más aún, que no tiene sentido elaborar un relato. Por añadidura, los refutadores seriales niegan que haya una agenda mediática, susceptible de ser manipulada o tan siquiera editada. Sólo existen los hechos, que “el periodismo independiente” destaca con probidad frente a las falacias del régimen.
Sin embargo, los medios dominantes pierden la chaveta y el decoro verbal cuando un hecho relevante altera la agenda soñada.
Es que, intuye sin originalidad el cronista, el relato existe. Es más, no hay acción política ni ideología sin un relato que las vertebre. Una cosmovisión o ideología es una lectura del mundo organizada y, a su manera, lógica. Jerarquiza hechos, explica sus relaciones, los pondera conforme a una escala de valores.
La labor de editar un medio trajina un camino similar, con todas las variaciones propias de la actividad. Claro que hay hechos cuya gravitación es innegable, preponderantes “por cojones”. Las elecciones, el atentado contra las Torres Gemelas, Fukushima, son tapas sí o sí. Pero su explicación, los puntos salientes, sus proyecciones se elaboran según el pensamiento de cada cual.
Los relatos existen, la Corpo y la Opo se resienten porque el suyo sufrió un mentís rotundo. Los pretensos institucionalistas quedaron en off side. La ley es constitucional, los manejos de Clarín arteros, la información un bien social, la regulación estatal un recurso válido, cuando no necesario.
He ahí otros datos que encolerizan, mucho más que el día de la sentencia.
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Un rebusque para devaluar: Otro rebusque para devaluar la sentencia es valerse de algunas consideraciones laterales, volcadas por algunos de los jueces de la Corte: Lorenzetti, Elena Highton y Petracchi (en parte). Esas reflexiones son postuladas en el voto conjunto de Lorenzetti y Highton que, en la página 30 de la versión on line, estipulan que se trata de un “obiter dictum”. En jerga, un “obiter” son razonamientos adicionales, que no forman parte estricta de una sentencia. No son cosa juzgada, pues, por su relativa ajenidad a lo litigado.
Hay variados pareceres sobre la utilidad de los obiter, entre los abogados y juristas. El cronista se inscribe entre los que, sin ponerse dogmático, cree que la mayoría de las veces confunden más de lo que aportan.
Pueden parecerse más a divagaciones que a conclusiones serias. La falta de poder para tornarlos aplicables aconseja ser avaro con el recurso.
De cualquier modo, no es discutible que el obiter (que los jueces en cuestión describieron bien y separaron en un apartado, como para evitar confusiones) no tiene imperium para condicionar a las partes.
Los derrotados en lo esencial, transformaron a las disquisiciones cortesanas en “fundamentos” o hasta “recomendaciones”. Pero hete aquí que la Corte no puede recomendar cómo debió legislarse la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual (Afsca). Lo cierto es que el órgano es político, de ahí que lo integren variadas representaciones parlamentarias minoritarias. Sería absurdo ese recaudo en un ente “imparcial” o apolítico.
Otro tanto puede decirse respecto de lo argüido sobre la pauta oficial, cuestión que atañe más (piensa el cronista) a la prensa escrita que a la audiovisual.
Como sea, muchos opositores trastocaron el sentido de las “recomendaciones”. Diputados del PRO colmaron la medida: dedujeron un recurso pidiendo se suspendiera el fallo hasta que se honraran las recomendaciones. En esta columna se escribió, hace una semana, que era un dislate que debía ser rechazado de volea. El tribunal lo hizo pero no sancionó a los litigantes por su abuso de la judicialización. Las reglas procesales prevén sanciones para quien pleitea de modo temerario. Una multa, así fuera de un valor simbólico, ayudaría a calibrar mejor la conducta de los legisladores pero otra vez primó una falsa transigencia.
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En plena licencia: La sentencia, lo fundamental, es un salto de calidad del sistema democrático, cuando estaba cumplir 30 años, edad que combina juventud con madurez.
En uso de sus derechos como protagonista, Lorenzetti optó por divulgar sus posiciones en un programa de radio y un diario fervorosamente opositores. Perfil distorsionó sus dichos, la mendacidad se hizo tapa en otros espacios críticos hacia el Gobierno. La desmentida llegó como es regla: tarde y presentada con subterfugios y falsías.
En el fragor de la brega se llegó a promover un disparate: es delito que los integrantes de dos poderes del estado se comuniquen. Exótica idea parida por los autodenominados promotores del “diálogo...” pero las palabras son etéreas mientras los intereses son sólidos. El sentido común hegemónico no aspira a la coherencia, sino a la dominación.
La organización Justicia Legítima elogió el fallo, como había anticipado su titular, la camarista María Laura Garrigós de Rébori, en un reportaje concedido a Página/12. Tal vez el episodio ayude a disipar algo el encono del presidente de la Corte con esa agrupación en la que revistan jueces, funcionarios y abogados de destacada trayectoria. Si se mitigaran celos o vanidades, se advertiría que son mucho más afines a las más recordables sentencias de la Corte que sus pares de primera instancia o de Cámara que apañaron la mala praxis de Clarín.
Todos estos sucedidos se produjeron durante la licencia de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner.
Los poderes del Estado no dejaron de funcionar, las internas del partido de gobierno se insinuaron pero de modo muy tenue para lo que son los hábitos nacionales.
Seguramente el Poder Judicial será escenario de otras disputas u ofensivas contra sus mejores integrantes y contra el oficialismo. No son lo mismo, pero coinciden en ser bestias negras de una derecha corporativa que, aunque sacudida, no bajará la guardia.
Fuente:Pagina12
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