En los últimos meses, el fiscal federal Miguel Ángel Osorio, a cargo de la Fiscalía Nº10, recibió nueva evidencia para apoyar el expediente que llevaba adelante por operaciones por 8 millones de dólares vinculadas a otra firma del multimedios radicada en el estado de Delaware, Estados Unidos.
BAHAMAS. El 11 de junio de 2011, la AFIP confeccionó el ROS Nº6938 vinculado con la firma GC Dominio SA y contra sus socios y directores, Ernestina Herrera de Noble, José Antonio Aranda y Lucio Rafael Pagliaro. La operación sospechosa consistió en la transferencia de $ 3.053.784, un equivalente entonces a 940 mil dólares, desde el Banco Mariva –base de operaciones del Grupo– con destino al First Overseas Bank Limited (FOBAL), ubicado en la guarida fiscal de Nassau, en las Bahamas. El giro se llevó a cabo el 23 de octubre de 2008, un día después de que fuera radicada la denuncia por maniobras ilícitas con la venta de acciones de las AFJP, ante el inminente anuncio del gobierno de la estatización de los fondos previsionales.
En base a una inspección que la AFIP llevó adelante en Clarín, obtuvo un extracto bancario de FOBAL del que surge que esos fondos fueron a su vez girados ese mismo día para la compra de BODEN 2012, que a la fecha, el Estado argentino canceló en moneda extranjera. La suma exacta de bonos adquiridos fue por 939.250 dólares. Según la AFIP, "la operatoria efectuada impediría constatar la real tenencia de títulos en el exterior, la veracidad del destino de los fondos, como así también auditar los resultados de la misma, en virtud de encontrarse radicada en un país de baja o nula tributación". De acuerdo a la documentación a la que accedió Tiempo Argentino, en exclusiva, esos fondos salieron de Argentina bajo el concepto de "inversiones de portafolio" pero regresaron al país bajo la forma de compra de bonos desde una guarida fiscal.
DDJJ. Pero a su vez, el Banco Central confeccionó otro ROS el 29 de septiembre de 2009 relativo a Pagliaro –director del Grupo Clarín– a partir de su declaración jurada de bienes. En 2006, declaró poseer bienes exentos por $ 917.666, mientras que al año siguiente declaró como patrimonio personal la suma de
$ 367.105.429, unas 399 veces más que en el período fiscal anterior. Mientras tanto, llevó a cabo múltiples compras de divisas.
En tanto, Aranda –vicepresidente del holding– en 2006 declaró bienes por $ 180 millones y, un año más tarde, esa suma trepó a los $ 412.110.419. La UIF realizó un análisis técnico y jurídico que le permitió constatar que esos fondos transferidos al exterior fueron parte de la distribución de dividendos del Grupo Clarín durante 2008 por las utilidades netas obtenidas en 2007. El mismo año en que negociaron sus acciones a las AFJP. Ninguno de estos datos, con la información existente y a pesar de la capacidad económica demostrada, permitió explicar la "racionalidad lícita" de estas operaciones, por lo que se alertó sobre la sospecha de lavado de activos.
Con esta evidencia, la UIF dejó asentado un pedido formal al fiscal Osorio para que dicte un embargo preventivo sobre los bienes de Grupo Clarín SA, GC Dominio SA, Ernestina Herrera de Noble, Héctor Magnetto, José Aranda y Lucio Pagliaro por la suma de $ 799.616.396. Mientras tanto, se giraron pedidos de informes que aún están pendientes a las UIF de Bahamas, Estados Unidos e Islas Vírgenes Británicas.
ANTECEDENTES. Las pruebas incorporadas tienen puntos de contacto con otros expedientes que cerrarían el círculo sobre la maniobra, que fue originada por la salida a la Bolsa de sus acciones en el año 2007, luego de haber presentado un Acuerdo Preventivo Extrajudicial impugnado por la entonces fiscal de Cámara Alejandra Gils Carbó. En ese proceso se legitimó el ingreso como accionista del grupo inversor Fintech –de David Martínez– y se vendieron acciones clase B, que según un informe de la Comisión Nacional de Valores (CNV) al que accedió este diario, fueron vendidas a precios altos a las AFJP que las adquirieron de forma compulsiva, a la vez que fueron recompradas a menor precio por sociedades offshore, las cuales eran controladas en su mayoría por altos cargos del mismo Grupo. Es decir que por un lado Clarín obtuvo ganancias por vender a buen precio sus acciones pagadas con el dinero de los futuros jubilados, y consiguió que las propias AFJP se las volvieran a vender a un precio 74% menor, a través de distintas firmas.
VISTONE. En esa colocación de acciones, un 30% nuevas y el 70% restante en manos de Herrera de Noble, Magnetto, Aranda y Pagliaro fue central la compañía Vistone LLC. A la cuenta a su nombre en el HSBC de los Estados Unidos fueron a parar más de la mitad de los fondos generados en aquella ocasión. Según un informe de la CNV el objetivo manifestado era "cancelar deudas" del Grupo con esa firma, también controlada por los mismos accionistas. El total de la maniobra operada en el 2007 que se dividió a nivel local e internacional se calculó en 465 millones de dólares. El perjuicio para las AFJP estuvo dado en que adquirieron las acciones a un precio de corte de $ 29,14, sin asesoramiento de consultoras de riesgo y cuando los títulos estaban a la baja, por lo que hicieron un pésimo negocio con los fondos de los jubilados que administraban, cuando las vendieron a un precio sensiblemente inferior.
Toda esta operatoria irregular fue descripta por el arrepentido financista Hernán Arbizu, en el marco de las actividades que la banca JP Morgan realizaba en el país y que posibilitó la fuga de capitales de 469 empresas, varias de ellas pertenecientes a Clarín. En la declaración que efectuó en el marco del expediente 1331/08 de la CNV ("Grupo Clarín SA s/análisis de negociación período 02. 01.08 al 10.04.08"), Arbizu respondió que el destino de los fondos obtenidos de la venta de acciones fue a cancelar deudas y a otras cuentas de los accionistas en banca privada, especialmente las de Pagliaro, Aranda y Noble, lo que a partir de los ROS incorporados a la causa, se transforma en un indicio importante para la investigación y para desentrañar una de las maniobras más sofisticadas de presunta defraudación. Ese expediente hoy está en el juzgado en lo Penal Económico Nº 3, a cargo de Rafael Caputo.
El dato
Pagliaro
El director del Grupo Clarín declaró en 2006 bienes exentos por 917.666, y un año después su patrimonio personal creció 399 veces más. Declaró $ 367.105.429.
El dato
Aranda
En 2006 declaró bienes por $ 180 millones y un año después la suma trepó a $ 412.110.419.
El fiscal federal Miguel Ángel Osorio también tiene a su cargo la compleja causa por las maniobras de venta indiscriminada de acciones en poder de las AFJP, ocurrida días antes de que el gobierno tomara la decisión de estatizar los fondos de jubilaciones y pensiones que administraban esas firmas. En el expediente 14855/08 que tiene cinco cuerpos de actuaciones y en el que solicitó la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) pidió la ampliación de la información sobre quiénes fueron los reales compradores de esos títulos que involucran a las principales empresas del país como Repsol YPF, Tenaris y Banco Patagonia, a las que se agrega Molinos Río de la Plata. Todavía está pendiente la realización de una pericia ordenada por la Cámara Federal para determinar el perjuicio ocasionado a las AFJP en las dos jornadas en las que se llevó a cabo la operatoria.
La PROCELAC ordenó a fines de septiembre pasado que se comience a analizar las operaciones "inusuales" registradas en los días 29 de septiembre y 15 de octubre de 2008 que marcaron un pico de operaciones por encima, incluso, de los topes que las AFJP tenían habilitados para comercializar. El fiscal antilavado Carlos Gonella solicitó que la Comisión Nacional de Valores (CNV) aporte información sobre la evolución del precio de la acción y el volumen operado en términos nominales día por día, durante ese mes.
Lo mismo para los valores de cotización, cierre y promedio de las acciones de esas firmas, al igual que los de determinados títulos emitidos por el Estado.
El punto más importante de la solicitud radica en algo que hasta ahora es desconocido: en nombre de quién actuaron los agentes de Bolsa que compraron las acciones de las que se desprendían los gerentes de las AFJP, cuando era inminente la estatización. Es decir, quiénes fueron los clientes finales de las vertiginosas compras que se sucedieron el 17 de octubre de ese año también.
El 20 de octubre de 2008, el fiscal Guillermo Marijuan –a cargo de la Unidad Fiscal de Investigaciones de los Delitos Relativos a la Seguridad Social (Ufises)– inició una denuncia de oficio basada en información periodística que daba cuenta de la operatoria de desprendimiento de activos de las AFJP y logró una medida cautelar para que se detengan esos manejos. Pero limitó la pesquisa a una fecha en la cual no ocurrieron los movimientos sospechosos, por lo que la investigación sufrió un traspié significativo al no poder comenzar a construirse. El juez federal Claudio Bonadio ordenó entonces el cierre por inexistencia de delito y mandó la causa a archivo, algo que fue revocado por la Cámara Federal, que ordenó que se profundice la investigación. Con el correr del tiempo se determinó que hubo dos bloques de operaciones durante dos jornadas en las que las AFJP se desprendieron de títulos y acciones que nunca habían sido advertidas.
La actual interna judicial entre fiscales comenzó a jugar en este caso un rol significativo como telón de fondo.
Marijuan, principal responsable de las causas en perjuicio de la ANSES, decidió apuntar sus cañones contra Gonella –su par antilavado– y ahora contra el propio Osorio, al que acusó de haber cerrado una causa que involucraba al gobierno nacional.
La cifra
2
fueron las jornadas en las que, se estima, se llevaron a cabo las operaciones que llamaron la atención de la justicia federal.
Fuente:TiempoArgentino
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