SABBATELLA NOTIFICO A CLARIN EL INICIO DEL PROCESO DE DESINVERSION
La adecuación está en marcha
El titular de la Afsca visitó la sede del Grupo Clarín y les comunicó a los abogados que empezará el proceso de oficio para que el multimedios cumpla con el límite de licencias. Dejó abierta una opción para que presenten un plan voluntario.
Por Nicolás Lantos
Imagen: Jorge Larrosa
El proceso de adecuación de oficio del Grupo Clarín a la cantidad de licencias permitidas por la nueva Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual (LSCA) ya está en marcha, confirmó el titular de la Afsca, Martín Sabbatella, que ayer se apersonó en la sede del multimedio para entregar la notificación correspondiente. Luego de que la Corte Suprema de Justicia fallara a favor del Estado determinando la completa constitucionalidad de la norma y estableciera que todos los plazos para ajustarse a lo que ella dispone ya se encuentran vencidos, la autoridad de aplicación puso en marcha los mecanismos para avanzar con el desguace del mayor conglomerado mediático del país y con la venta de sus licencias excedentes. Tal como anticipó Página/12, en su visita al edificio de la calle Piedras el funcionario dejó abierta la puerta para que Clarín presente en el corto plazo un plan de de-sinversión voluntaria basado en una propuesta realizada en tiempo y forma por Fintech, socio minoritario de Cablevisión, para que sea evaluada por el organismo. “Se acabó la discusión, la ley es constitucional y hay que aplicarla”, manifestó Sabbatella ante la prensa que lo esperaba a la salida del edificio de la empresa.
El titular de la Afsca se presentó poco antes del mediodía en la sede de Clarín, en el barrio porteño de Constitución, con la finalidad de entregar a los abogados del multimedio la notificación del comienzo del proceso de adecuación de oficio a la LSCA, de acuerdo con lo establecido por la nueva legislación ante la ausencia de un plan voluntario presentado por la empresa para ajustarse a la ley. Esta es la segunda vez que comienza ese trámite: el 7 de diciembre del año pasado, luego de que cayera la cautelar que protegía al Grupo de la aplicación de los cuatro artículos relativos a desinversión, Sabbatella había presentado un escrito similar, aunque el proceso quedó en suspenso horas más tarde ante una nueva cautelar. Ahora, la autoridad de aplicación decidió realizar una nueva presentación para evitar posibles impugnaciones judiciales a la original.
El funcionario llegó acompañado por su habitual escolta: los directores de Administración, Gestión y Desarrollo de Servicios de Comunicación Audiovisual, Daniel Larrache, y de Asuntos Jurídicos, Sergio Zurano. Luego de algunos minutos ingresó al edificio, donde permaneció reunido durante casi dos horas con el abogado del Grupo Clarín, Damián Cassino, dos asesores y un escribano. El diálogo fue “a cara de perro pero cortés”, describió uno de los asistentes. El momento de mayor tensión fue cuando Cassino pretendió su-bordinar el cumplimiento de la ley al cumplimiento de algunos considerandos que incluyó la Corte Suprema en la parte no resolutiva de su fallo, algo considerado “improcedente” por los representantes del Estado, de acuerdo con los principios básicos del derecho.
“Intimo al representante de la Afsca para que en el plazo de 48 horas informe a mis representados cómo dará cumplimiento al obiter establecido en el considerando 74 que establece lo siguiente: ‘Ser un organismo técnico e independiente, protegido de debidas interferencias del Gobierno’”, sostuvo Cassino. “En este mismo acto rechazo por improcedente la intimación que efectuara el apoderado del Grupo Clarín SA por falaces e inexactos la totalidad de los términos que vertiera en la misma”, zanjó el asunto Zurano. Por lo demás, el intercambio se mantuvo en los canales de lo esperado y no arrojó novedades al proceso, confiaron a Página/12 fuentes de la autoridad de aplicación.
Sabbatella explicó al abogado de Clarín que de acuerdo con lo fallado por la Corte Suprema de Justicia todos los plazos para presentar un plan de adecuación voluntaria están “absolutamente vencidos” y le entregó el inventario de licencias y bienes de ese conglomerado que había confeccionado el Afsca. Ahora el multimedio tiene quince días para efectuar correcciones o ratificarlo.
Además, se informó a Cassino que sus representados aún tienen una posibilidad de meter “por la ventana” un esquema de desinversión voluntario, ya que un socio minoritario, Fintech, había presentado en tiempo y forma una propuesta, a la que podrían adherir. El tiempo límite para esta segunda oportunidad no está determinado con precisión. “Tienen que presentarlo antes de que el proceso de oficio sea irreversible. Por ejemplo, si lo hacen después de los concursos ya sería inaplicable”, explicaban desde el organismo.
De todas formas, el proceso de oficio ya está corriendo: si en quince días el Grupo no ratifica o corrige el inventario, la Afsca lo dará por bueno y procederá a la segunda etapa del plan de adecuación, que implica tasar las licencias y los bienes fundamentales necesarios para el funcionamiento de cada una de ellas, que deben ser transferidos en conjunto. A continuación, de no haber una propuesta voluntaria, la Afsca seleccionará cuáles serán los ítems que saldrán a concurso, con el criterio de minimizar el perjuicio del afectado. En principio, quedarían a disposición para transferir aquellas licencias de menor valor económico. Una vez tomada esa decisión, solo quedará concursar y completar la adjudicación, tal como lo establece la ley. En total, se estima que todo el trámite debería demorar entre seis y doce meses.
“El objetivo de la Afsca es que aquellos grupos con excedente de licencia se adecuen a lo que establece la ley, y Clarín es uno de ellos, el más importante. Si lo hacen voluntariamente o de oficio es un tema secundario para nosotros”, explican en el organismo. También aseguran que aunque el ritmo de adecuación de los otros grupos excedidos hasta ahora era “algo lento”, hay una “decisión política de avanzar con el mismo ritmo en todos los casos”.
En el mismo sentido se manifestó Sabbatella a la salida de la reunión en Clarín. “La Afsca es un organismo que trabaja con igualdad de criterio para el conjunto de las empresas”, afirmó. También recordó que, luego del fallo de fondo de la Corte Suprema, Clarín tiene derecho a litigar pero ningún paso que tome en ese sentido puede tener “carácter suspensivo” sobre el proceso de adecuación, que continuará por los cauces establecidos. “El fallo de la Corte establece la constitucionalidad de todos los artículos de la ley –recordó el funcionario–. Se terminó la incertidumbre, se acabó la discusión, la ley es constitucional y hay que aplicarla.”
LA PROPUESTA DE FINTECH
La última opciónPor Nicolás Lantos
La última chance para que Clarín presente un plan de adecuación voluntaria a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual tiene un nombre: Fintech Advisory Inc., propietaria del 40 por ciento de las acciones de Cablevisión, que presentó en diciembre una propuesta para que el multimedio se ajustara a derecho. Si bien el plan carece de validez por no contar con el aval del socio mayoritario, ahora el Grupo podría utilizarla para meter “por la ventana” una nueva presentación que se adecue a los nuevos parámetros.
La empresa Fintech, propiedad del empresario de origen mexicano nacionalizado británico David Martínez Guzmán, opera desde Nueva York y tiene intereses diversos en varios países del mundo, incluyendo la compra de bonos de deuda soberana. El 5 de diciembre del año pasado presentó una nota ante la Afsca con una propuesta para que Clarín, socio mayoritario en la empresa de televisión por cable, vendiera la totalidad de su paquete accionario en Cablevisión: “En protección de los intereses de la compañía, Fintech Advisory Inc. viene, en su carácter de accionista minoritario y no controlante, a plantear esta consulta a los efectos de proponer la adecuación por parte de Cablevisión a los términos de la Ley 26.522 y así prevenir los daños que pudieren causar a la compañía incurrir en irregularidades y actos no ajustados a derecho en un todo de acuerdo al marco normativo vigente”, decía la nota.
Para intentar ahora, a partir de aquel trámite, un proceso de adecuación voluntaria, los directivos de Clarín deberán negociar con Martínez Guzmán, con quien no tienen una buena relación. El objetivo de Fintech es quedarse con la torta mayoritaria de Cablevisión, adecuando al máximo sus posibilidades: 24 licencias y el 35 por ciento de la audiencia nacional. Un premio jugoso que difícilmente el Grupo quiera ceder. La alternativa: someterse al criterio de la Afsca, que de oficio ya comenzó a trabajar para adecuar a Clarín a los límites de la ley.
El comunicado del Grupo
Luego de ser notificado del comienzo del proceso de adecuación de oficio a los parámetros establecidos por la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, el Grupo Clarín emitió un nuevo comunicado donde sostiene que “el Gobierno decidió avanzar de facto” y “al margen de lo establecido por la ley y por el propio fallo” de la Corte Suprema. “El titular de la Afsca, Martín Sabbatella, se presentó en la sede del Grupo Clarín para llevar adelante un procedimiento de oficio y forzoso, cuando esto es abiertamente ilegal.
Funcionarios de la Afsca hicieron lo propio en las sedes de Canal 13, TN y Radio Mitre”, informó la empresa. Según el comunicado, “de ninguna manera puede aplicársele este procedimiento al Grupo Clarín, ya que las normas de adecuación estuvieron totalmente suspendidas para la compañía a raíz de la medida cautelar”. Además sostuvo que “la nulidad de este procedimiento ha sido expresamente reconocida por la Justicia en un fallo de la Cámara Federal del mes de junio pasado, que rechazó la validez de la ‘adecuación de oficio’ en el caso del Grupo Clarín”. Finalmente concluyó que el fallo de la Corte “dejó claramente establecido que deben regir para el Grupo Clarín las mismas condiciones, alternativas y posibilidades que tuvieron el resto de los grupos de medios”, por lo que el “de-sembarco” de la Afsca “en los medios del Grupo Clarín desconoce el fallo de la Corte y ratifica que el Gobierno está urgido por avanzar contra las escasas voces independientes que quedan en la Argentina”.
LLAMATIVA PRESENTACION DE DIPUTADOS MACRISTAS EN LA CORTE SUPREMA A FAVOR DE CLARIN
Un pedido para suspender la sentencia
Le piden al Máximo Tribunal que la decisión de declarar constitucional la ley de medios se suspenda hasta que “no esté garantizada la libertad de expresión”. El constitucionalista Eduardo Barcesat lo consideró “un dislate procesal”.
Por Miguel Jorquera
Los diputados macristas Federico Pinedo y Patricia Bullrich defendieron la presentación ante la Corte.Imagen: DyN
Un grupo de diputados nacionales alineados con el macrismo solicitó a la Corte Suprema de Justicia la “suspensión de la sentencia”, dictada por la propia Corte, que declara la constitucionalidad de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual “hasta tanto no estén garantizados el cumplimiento de la libertad de expresión y de prensa”. El jefe de bloque de los diputados PRO en la Cámara baja, Federico Pinedo, insistió ante Página/12 que el escrito recoge las sugerencias del máximo tribunal sobre “la independencia de la Afsca, la transparencia en la publicidad oficial y la apertura de los medios públicos”, y que en caso de que “la Corte no acuerde en eso” recurrirán a “otras vías judiciales” para hacer el mismo reclamo. Para el abogado constitucionalista Eduardo Barcesat, la presentación de los legisladores opositores es “un dislate procesal” y de una “temeridad absoluta” contra uno de los poderes del Estado.
“Venimos a solicitar que se suspenda la ejecución de la sentencia recaída hasta tanto se verifiquen los presupuestos fijados por Vuestras Excelencias como requisitos para que en la República Argentina rijan las garantías de libertad de expresión y libertad de prensa, fundamentos necesarios del Estado de Derecho y del sistema democrático establecido por el artículo primero de la Constitución Nacional”, sostuvo el escrito presentado por un empleado del Congreso en mesa de entradas de la Corte Suprema y que firmaron los diputados del interbloque macrista Federico Pinedo, Paula Bertol, Pablo Tonelli, Cornelia Schmidt-Liermann, Alberto Triaca y Gladys González (PRO); Patricia Bullrich (Unión Por Todos) y Roberto Pradines (Demócrata de Mendoza).
Los legisladores opositores también reclamaron –tomando “los considerandos” del propio fallo– que “se verifique la acción del Estado como ‘garante de la libertad de expresión’, que garantice que ‘por la vía de subsidios, de reparto de la pauta oficial o de cualquier otro beneficio, los medios de comunicación (no) se conviertan en meros instrumentos de apoyo a una corriente política determinada o en una vía para eliminar el disenso y el debate plural de ideas’”.
La presentación judicial también embiste contra la conformación de la autoridad de aplicación: “La Afsca es partidaria”, dice en uno de los subtítulos del escrito para luego afirmar que “el presidente, Martín Sabbatella, no es un profesional con calificación en materia de comunicación social”. Dedica otro largo capítulo a “los números de la publicidad oficial”, justifican su “intervención” en la causa como diputados que “comparten” la opinión de la Corte de que “el Estado debe garantizar la libertad de expresión” –que el fallo de los supremos afirma que no está afectada– y sostienen su “legitimación judicial” en que son “legisladores pertenecientes a las minorías parlamentarias, reconocidas en la Ley” de Servicios de Comunicación Audiovisual.
“Nuestro argumento jurídico es que compartimos la opinión de la Corte en que el Estado debe garantizar la libertad de expresión, con tres ejes: la independencia de la Afsca, que Sabbatella no tiene, la transparencia en la publicidad oficial y la apertura de los medios públicos”, afirmó Pinedo a este diario.
–¿No se mezclan las cosas? La presentación cuestiona temas que no están vinculados con la Afsca ni con la constitucionalidad de la ley dictada por la Corte –preguntó Página/12.
–Consideramos que también son objetivos de la ley. Si la Corte no acuerda con eso y nos dice otra cosa, iremos por otro lado y buscaremos una vía judicial alternativa. Nuestro compromiso es con el deber –contestó Pinedo.
De todas maneras, el jefe de la bancada PRO volvió a la carga contra Sabbatella al que consideró como “no idóneo”, pero prefirió no opinar sobre las condiciones que reuniría Marcelo Stubrin, el director de la autoridad de aplicación designado por la UCR como segunda minoría parlamentaria. El escrito, en tanto, plantea que la Comisión Bicameral (parlamentaria) de Seguimiento de la Ley no se ha vuelto a reunir para tratar la impugnación de Alejandro Pereyra como “representante de la segunda minoría parlamentaria” (FAP), pero omite los argumentos esgrimidos por los organismos que los impugnaron: lo acusan de “falsear” su currículum cuando se presentó en un concurso del Comfer durante el gobierno de la Alianza y de “incompatibilidad” para ejercer esa función por ser abogado de empresas de comunicación.
“Son fuegos artificiales, es un dislate y no tiene legitimación procesal sobre cosa juzgada. Quienes presentan el escrito no han sido parte del proceso, ni siquiera actuaron como amicus curiae”, respondió Barcesat ante la consulta de Página/12 sobre la posibilidad de que la presentación judicial pudiera avanzar. El constitucionalista lo consideró además de una “temeridad absoluta: le dicen a la Corte Suprema que suspenda su fallo porque se han equivocado”. “Se trata de un estropicio constitucional que es pasible de ser sancionado –agregó Barcesat–, que tratándose de letrados es más gravoso. Como establece el Código Civil, a mayor grado de conocimiento mayor grado de responsabilidad.”
Medios, justicia y democracia
El sueño de un país normal
El alcance y el sentido de la libertad de expresión. Intereses vs. derechos. La legitimidad de la Corte Suprema en un “país normal”.
Gustavo Maurino *
En la penúltima frase de su discurso de asunción a la presidencia, Néstor Kirchner planteó un típico sueño paradójico; lo podríamos llamar la revolución de la normalidad. Dijo el entonces presidente: “Vengo a proponerles un sueño; quiero una Argentina unida, quiero una Argentina normal, quiero que seamos un país serio, pero, además, quiero un país más justo”.
La normalidad es bastante simple (y aun así, en algunas ocasiones, una empresa revolucionaria y ardua).
En un país normal, quienes habrían cometido crímenes, especialmente graves, son enjuiciados.
En un país normal, la comunidad –y no los acreedores externos– deciden las políticas económicas y sociales.
En un país normal, la Corte Suprema no trabaja al servicio del poder ni del gobierno, sino al de la Constitución.
En los años siguientes a 2003, la Argentina realizó arduos esfuerzos hacia la normalidad: enjuició a los criminales del proceso impunes, recuperó autonomía económico/social frente a sus acreedores externos y constituyó una Corte Suprema al servicio de la Constitución. No ha sido nada fácil: los juicios no han estado exentos de complicaciones, la renegociación de la deuda sigue impactando sobre el país y la Corte Suprema ha sido en varias ocasiones cuestionada en su legitimidad por distintos sectores, tanto al fallar a favor como en contra del Gobierno. A veces, la normalidad es lo más difícil.
Pero hay otro elemento fundamental, y también revolucionario, que debemos mencionar. En un país normal, ninguna voluntad está por encima de la ley democrática y la Constitución. Ningún poder es mayor ni más legítimo que el de la ley democrática y la Constitución.
El fallo de la Corte Suprema sobre la ley de medios, al igual que su sentencia en el caso “Simón” sobre las leyes de impunidad –y, a juicio de quien escribe, otros que tal vez sean menos simpáticos a los lectores, como el relativo a la reforma del Consejo de la Magistratura–, correctos o no, están inspirados por el mismo principio. Nadie está por encima de la ley.
La Corte falló cuando debía hacerlo, luego de que fallara la Cámara, y sin prestarse a que se manipulara su sentencia para fines electorales.
También falló como debía hacerlo, luego de un procedimiento público y participativo ejemplar, y argumentando correctamente el caso a la luz del ideal constitucional de la democracia deliberativa, estableciendo que la libertad de expresión es una precondición para la legitimidad democrática, distinguiendo los derechos fundamentales de los meramente patrimoniales, y analizando con deferencia hacia el Congreso la razonabilidad de la ley.
Podremos estar de acuerdo o no sobre el fallo. La propia Corte invita en el fallo a la sociedad a discutir su sentencia y sus argumentos. Pero todos deberíamos reconocer definitivamente que el Máximo Tribunal ejerció legítimamente su autoridad legítima de resolver estos conflictos constitucionales. Como ocurre, y debe ocurrir, en un país normal; tal vez acercando un poco más a su concreción el sueño paradójico planteado en aquel discurso que muchos recordarán.
* Abogado, profesor de Derecho.
Por Guido Croxatto *
La ley de la palabra
Uno de los mayores desafíos de toda democracia es determinar el alcance y el sentido de lo que entendemos por libertad de expresión. La libertad de expresión fue comprendida desde comienzos del siglo XIX como una forma de contención frente al absolutismo. Así nació el Estado de Derecho. El liberalismo nació con autores como Locke defendiendo este derecho como un derecho humano inherente, anterior al Estado. El Estado sólo era legítimo en tanto respetaba estos derechos naturales inherentes del individuo que los tenía por el solo hecho de ser tal. Por eso se lo pensó como frontera a la censura o la persecución. A grandes trazos ésta fue la doctrina que rigió durante dos siglos. El individuo se hacía valer frente al Estado con su libertad de ser escuchado. De poder alzar la voz. Hacerse ver y poder defender su identidad.
Cuando ese derecho esencial desaparece o es mancillado, cuando no se puede hablar, desaparecen siempre las personas, sus tradiciones, voces, reclamos, sus culturas. Su palabra. Por eso es planteado como primer derecho. Porque una persona que no se puede expresar, que carece de esa libertad básica, a menudo es una persona perseguida cuya identidad no se respeta. La libertad de expresión es fundamental en una democracia. El problema es cuando esa libertad no es para todos. Cuando la libertad se convierte en un concepto vacío. Cuando no hay igualdad en la libertad de expresión. Cuando no hay igualdad en la palabra ni en los derechos. Cuando no son todos libres, sino sólo algunos. Cuando la libertad de expresión se convierte en una cáscara para defender intereses, pero no derechos. Este fue el núcleo político de la discusión por la ley de medios. La diferencia entre defender intereses y defender derechos. Entre defender la rentabilidad del mercado y las empresas que venden y administran información o la dignidad de cada persona. Su derecho a ser escuchada.
La concentración del mercado –que empezó poco a poco a determinar el sentido y el alcance de los derechos, administrando el espacio que se le daba a cada voz– fue moldeando, como advierte Zaffaroni, la cultura (por ejemplo, el tipo de entretenimiento que consumimos, asociado, por ejemplo, a la violencia de género, entretenimientos que ciertos sectores defienden como su “libertad de expresión” en tanto otros grupos, por ejemplo, las mujeres, como violación de su propia libertad de ser escuchadas). Así se fue generando, con el correr del tiempo, nuevos desafíos para la libertad de expresión. Las mujeres, los indígenas, los jóvenes, veían que esa libertad no era de ellos. Que no eran siempre libres para expresarse.
En un mercado que se presentaba como libre, había personas que no lo eran. Así nace el segundo liberalismo. El llamado liberalismo igualitario. Por eso esta ley es en rigor una ley plenamente liberal. El Estado deja de ser una amenaza, o la primera amenaza, como recuerda Fiss, ahora empieza a ser visto como una garantía. Como una nueva oportunidad para la igualdad de derechos (que el mercado no promueve, sino que socava). Las dictaduras dejaron en la región una estructura de medios que hacía escuchar unas voces, en detrimento de otras, que fueron (y muchas veces son) silenciadas. En ese sentido la dictadura fue un claro ejemplo de cómo cuando la prensa concentrada decide no informar sobre un tema, decide no decir, no saber, la sociedad misma repite que no sabe, “yo no sabía”. La constitución de una esfera pública sólida –sin desaparecidos– con debates consistentes es así esencial para una democracia.
Para generar una esfera pública solida –jerarquizar la democracia es promover la participación ciudadana– se debe promover, sin embargo, un mayor acceso a esa esfera pública, hoy para muchos vedada. Inaccesible. La ley de medios promueve mayor acceso al debate público. Promueve más democracia. Más pluralismo. Es el anverso del “no te metás”.
Lo importante de este fallo es, en suma, que la libertad de expresión deja de ser un concepto vacío, pasa a ser un derecho. Un derecho conquistado por la democracia. Por la sociedad, que participó como pocas veces en la constitución de una ley. La forma en que esta ley nació es la mejor garantía de sus aspiraciones plurales. Esta ley viene a hacer ver, a hacer escuchar otras voces que el mercado no escucha, porque no son rentables. Porque su mensaje no vende (en dictadura la voz de las Madres tampoco vendía, eran viejas y locas, y sin embargo sólo ellas decían la verdad). Pone el interés público (la libertad, el derecho a ser escuchado) por sobre el interés privado (rentabilidad). Por eso Zaffaroni habla en su voto de una “Erwägung” o ponderación de principios y valores. Porque no se trata de que ambas partes no tengan en su favor argumentos, sino de que, en caso de un conflicto o colisión de derechos, se debe privilegiar aquel que pesa más. Zaffaroni aplica en su voto los argumentos de la tradición alemana: la teoría principalista de los derechos. El interés público pesa más que el interés privado. La constitución de una esfera pública más plural y de una cultura más abierta y más tolerante pesa más en una democracia que la rentabilidad concentrada de un grupo empresario, cualquiera sea. El derecho a la palabra es un derecho inseparable de otro derecho conquistado y legislado como tal: el derecho a la memoria.
Los griegos hablaban de la isegoría y la isonomía, no sólo la libertad, sino sobre todo la igualdad de palabra. Lyotard dice en su texto Los derechos del otro (cuando propone redenominar los derechos humanos como derechos del otro) que el primer derecho en una comunidad libre es ese derecho que, en los pasos de la memoria, la Argentina acaba de conquistar. El derecho a la palabra es el derecho que toda persona libre tiene por el sólo hecho de formar parte de una comunidad. Sartre decía que la palabra tiene una ley intrínseca. No puedo defender mi palabra sin defender al mismo tiempo la del otro. Eso es lo que viene a hacer esta ley. Los únicos que no tienen palabra son los esclavos, dijo Aristóteles en la Política. A través de la palabra el hombre constituye una imagen de la justicia. En la Argentina ya no quedan esclavos porque desde ahora todos constituyen, con su palabra, esa imagen. Esa esfera. Ese ideal. El de una comunidad política basada en la justicia. Y en la palabra.
* UBA - Conicet.
REFLEXIONES DEL JUEZ EUGENIO ZAFFARONI TRAS EL FALLO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sobre la ley de medios y la cultura
El magistrado consideró “incompleto” el debate planteado en torno de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. En ese sentido, dijo que “el tema es más amplio” y que hay un “fenómeno mayor que lo engloba, que es nuestra propia cultura”.
El juez Zaffaroni se refirió a la ley de medios durante una charla en la Casa del Bicentenario.Imagen: Leandro Teysseire
“No podemos admitir de ninguna manera una homogeneización a través de medios masivos”, sostuvo Eugenio Za-ffaroni en la Casa del Bicentenario. El ministro de la Corte participó ayer de una mesa sobre los 30 años de democracia, en la que hizo un repaso de los avances en derechos humanos y civiles de estas tres décadas. Como era de esperar, toda la atención estuvo puesta en si hablaba sobre la ley de medios, que fue el último punto de su balance.
Zaffaroni, que compartió el panel con el radical Federico Storani, fue recibido con un aplauso cerrado por el público. “¡Gracias!”, le gritaron varios desde los pasillos (algunos agregaron, explícitamente “por la ley de medios”), donde, después de ocupar todas las sillas del auditorio, la gente se acomodó para seguir de parada la exposición.
El juez, sin mencionar el fallo de la Corte, planteó que el debate que se viene dando sobre la ley de servicios audiovisuales le parece “incompleto”.
“En algún sentido, da la impresión de que la ley de medios fuera una pelea del Gobierno con un grupo económico. Eso está, obviamente”, se metió en el tema. “Otros, con una visión un poco más amplia, dicen ‘este es una debate político, hay monopolios u oligopolios de medios que amenazan la democracia, al derecho a la información hay que pluralizarlo’. Esto también es cierto; pero el debate que queda es que el tema es más amplio. Hay un fenómeno de mayor amplitud que lo engloba, y ese fenómeno mayor es nuestra propia cultura. Somos un país pluriétnico, un país donde hay variables culturales amplias, desde los pueblos originarios a los abuelos que vinieron en los barcos de todas partes del mundo.”
“Esa diversidad cultural –agregó– es la causa de cómo interactuamos, de nuestra cultura, de las condiciones de respeto con que tenemos que movernos, de que tengamos que aceptar las diferencias del otro, y esta es la clave de la riqueza de nuestra cultura. No podemos admitir de ninguna manera una homogeneización a través de medios masivos, porque eso nos mata la diversidad.”
Zaffaroni remarcó “el dinamismo social” que existe en el país (“toda América latina es así”, apuntó), y añadió que esto tiene consecuencias políticas, por ejemplo, “en nuestra vocación movimientista; nosotros no podemos estructurarnos como partidos políticos europeos, no, porque somos una sociedad muy plural”. Para Zaffaroni, “permitir una homogeneización (de los medios de comunicación) sería directamente un suicidio cultural”. “Estaríamos destruyendo lo que es la base de nuestro dinamismo social”, concluyó.
Antes, el ministro de la Corte había hecho un balance de los derechos humanos y civiles desde la recuperación de la democracia. El panel fue presentado por Leopoldo Moreau, que con la Fundación Espacio Progresista co-organizó el seminario dedicado a recordar los 30 años transcurridos desde la salida del poder de los militares.
Previamente a Zaffaroni y Storani, hubo otra mesa con el politólogo Edgardo Mocca y el propio Moreau.
En su balance, Zaffaroni empezó por la reforma, en el ’83, al inicio del gobierno de Raúl Alfonsín, del Código de Justicia Militar, “que posibilitó el llamado Juicio a las Juntas, que permitió que toda la opinión pública conociera la dimensión de la atrocidad que había sido el terrorismo de Estado”. Reconoció “la derogación de la ley de autoamnistía” dictada por los militares, la reforma del Código Penal, la liberación de muchos presos políticos y la disminución del número de presos comunes, la creación del Banco Nacional de Datos Genéticos que años más tarde permitiría la recuperación de los nietos. Criticó después las leyes de obediencia debida y punto final, “que fueron leyes de amnistía con otro nombre”.
Los juicios por los crímenes cometidos durante la dictadura, incluidos los levantamientos carapintadas, la obediencia debida, el punto final y los indultos de Carlos Menem hasta llegar a la anulación de las leyes de impunidad fueron uno de los ejes de la exposición.
En el capítulo de los derechos civiles, el ministro recordó la sanción de la ley de divorcio. “Eramos uno de los últimos países antidivorcistas que quedaban en el mundo”, apuntó. Storani, que habló antes que Zaffaroni, también se había detenido en la importancia de esta ley. Para dar una idea del clima de época, el dirigente radical, que en entonces cumplía uno de sus mandatos como diputado, contó que después de votar el proyecto favorablemente, la Iglesia lo excomulgó. También recordó que la jerarquía católica sacó a la Virgen de Luján de la basílica y la llevó a la Plaza de Mayo para hacerla encabezar una marcha de protesta. Más cercano en el tiempo, formaron parte del balance la ley de matrimonio igualitario, la de Igualdad de Género. Al listado, Zaffaroni agregó la derogación del servicio militar obligatorio, “una especie de pena impuesta por haber nacido en territorio argentino, y quizá lo único (su derogación) que se pueda rescatar de los ’90”.
Zaffaroni rescató igualmente de esa década la importancia de la Constitución del ’94, que si bien fue impulsada para habilitar la reelección presidencial de Menem, recordó, tuvo la virtud de ser una gran puesta común en la que participó todo el arco político. También puso a la Constitución como la bisagra que separó a la dictadura de la época democrática. “Si la asunción de Alfonsín fue un momento bisagra, lo fue para todos aquellos que preferimos que la sociedad camine bajo la forma de una Constitución, de un estatuto, de una norma fundamental, ordenadamente o más o menos ordenadamente pero bajo un marco normativo, que es lo que por regla general nos evita sangre, dolor y muertes. O lo que tiene muchas más posibilidades de evitarlos.”
Fuente:Pagina12
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