05.11.2013
Derechos Humanos
Comenzó el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis
Derechos Humanos
Comenzó el segundo juicio por delitos de lesa humanidad en San Luis
El Tribunal Oral en lo Criminal Federal de San Luis comenzó en la capital puntana el segundo juicio por crímenes de lesa humanidad cometidos en esta provincia, donde se juzgan a 29 acusados entre ex militares del Ejército y la Fuerza Aérea, ex policías provinciales y federales, y también civiles involucrados en la represión.
Los tres jueces titulares y subrogantes son José María Pérez Villalobos (Córdoba), Marcelo Alvero (Buenos Aires) y Héctor Cortéz (Mendoza), mientras que el suplente es Oscar Alberto Hergot de Buenos Aires.
Los fiscales son Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo y la parte querellante es la APDH filial San Luis, representada por los abogados Norberto Foresti y Carlos Pereyra junto a Pablo Salinas del MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos) de la provincia de Mendoza.
El Tribunal está investigando la desaparición forzada y asesinatos de Domingo Hildeyardo Chacón, Adolfo Enrique Pérez, Luis María Frümm, Vicente Rodríguez, Graciela Fiochetti, Pedro Valentín Ledesma, Santana Alcaraz, Nolasco Leyes, Roberto Rafael García, Dante Bodo y Sebastián Cobos, ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis.
Además la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos y torturas de Aníbal Franklin Olivera, Manuel Armando Alfonso, Juan Fernando Vergés, Carlos Enrique Correa, Andrónico Agüero, Mirtha Gladis Rosales, Ana María Garraza, Isabel Catalina Garraza, Juan Cruz Sarmiento Cabrera, Alfredo Luis José Montoya, María Luisa Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandía, Lucy María Beatriz, Alejo Sosa, Joaquín Julio Lucero Belgrano, Ramón Gómez y Víctor Fernández, entre otros.
La causa está caratulada "Menéndez, Luciano Benjamín y Otros" y el militar represor, que era jefe del III Cuerpo de Ejército, no estuvo en la sala, ya que debe responder por otras acusaciones en Córdoba y La Rioja, simultáneamente, lo que fue aceptado tanto por la Asamblea Permanente como por la Fiscalía, para poder llevar adelante las audiencias.
Ahora son juzgados por segunda vez los ex militares Ángel Fernández Gez y Carlos Esteban Pla, que en esa época era el ex jefe de Policía, y los ex miembros de esta fuerza Luis Alberto Orozco y Juan Carlos Pérez, quienes ya fueron condenados en 2009.
Se sumaron a la lista de imputados Luciano Benjamín Menéndez (juzgado en ausencia), Vicente Ernesto Moreno Recalde, Carlos María Alemán Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Andrés Leonardo García Calderón,Juan Amador Garro, y Pedro Armando Gil Puebla.
También Nelson Humberto Godoy -ex jefe departamental de la Policía de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes-, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofré, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez, Alberto Jorge Moreira, Jorge Félix Natel, Enrique Manuel Ortuvia Salinas, Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomás Palma, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez, Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi.
El Tribunal informó que las audiencias del debate se realizarán los días martes y miércoles durante el mes de noviembre, y en diciembre se concretarán los días jueves y viernes hasta el día 20 del último mes del año, y a partir de ese día habrá un receso por la feria judicial hasta febrero del 2014.
El inicio del juicio se demoró por ajustes técnicos, ya que es transmitido por el sistema de video conferencia a sedes judiciales federales de Mendoza y de Buenos Aires.
Desde horas muy tempranas la explanada de las instalaciones del Tribunal Oral Federal puntano ubicado en avenida Illia 36, en el mismo edificio del Correo Central, estuvo colmada por más de un centenar de personas entre familiares y amigos de víctimas de la represión, como así también integrantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.
El ingreso a la sala de audiencias estuvo restringido a nada más que 25 familiares de las víctimas y de los imputados, los que tuvieron que anotarse antes del 1 de noviembre.
En esta primera audiencia, la principal actividad registrada fue la lectura durante varias horas de los detalles de las causas que se juzgan y las acusaciones, realizándose un cuarto intermedio a las 13.30 para luego proseguir desde las 15.30.
Esta instancia de lectura de las acusaciones continuará mañana desde las 9.30, ya que por su gran extensión no se culminó, y hasta que no se cumpla este mandato, no comenzarán a escucharse los testimonios.
Norberto Foresti, abogado representante de la APDH, dijo a Télam que la querella aportará unos 160 testigos y se escucharán en el recinto unos 300 testimonios, algunos de los cuales ya fueron citados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Luis en el año 2009.
Los imputados fueron trasladados a primera hora a la sede del Tribunal, y durante el receso permanecieron en el recinto, pudiendo observarse un notable deterioro físico en muchos de ellos, que tuvieron que ser asistidos para poder caminar e ingresar a la sala de audiencias.
Una vez culminada la jornada judicial, la mayoría de los acusados fueron trasladados a la Penitenciaría Provincial donde están cumpliendo sus condenas, y una minoría, que tiene prisión domiciliaria, fue llevada por personal de la policía federal a sus lugares de residencia.
Los fiscales son Cristian Rachid y Mónica Spagnuolo y la parte querellante es la APDH filial San Luis, representada por los abogados Norberto Foresti y Carlos Pereyra junto a Pablo Salinas del MEDH (Movimiento Ecuménico de Derechos Humanos) de la provincia de Mendoza.
El Tribunal está investigando la desaparición forzada y asesinatos de Domingo Hildeyardo Chacón, Adolfo Enrique Pérez, Luis María Frümm, Vicente Rodríguez, Graciela Fiochetti, Pedro Valentín Ledesma, Santana Alcaraz, Nolasco Leyes, Roberto Rafael García, Dante Bodo y Sebastián Cobos, ocurridos en Villa Mercedes, Luján, La Toma y la ciudad de San Luis.
Además la privación ilegítima de la libertad seguida de tormentos y torturas de Aníbal Franklin Olivera, Manuel Armando Alfonso, Juan Fernando Vergés, Carlos Enrique Correa, Andrónico Agüero, Mirtha Gladis Rosales, Ana María Garraza, Isabel Catalina Garraza, Juan Cruz Sarmiento Cabrera, Alfredo Luis José Montoya, María Luisa Ponce de Fernández, Jorge Alfredo Salinas, Juan Manuel Echandía, Lucy María Beatriz, Alejo Sosa, Joaquín Julio Lucero Belgrano, Ramón Gómez y Víctor Fernández, entre otros.
La causa está caratulada "Menéndez, Luciano Benjamín y Otros" y el militar represor, que era jefe del III Cuerpo de Ejército, no estuvo en la sala, ya que debe responder por otras acusaciones en Córdoba y La Rioja, simultáneamente, lo que fue aceptado tanto por la Asamblea Permanente como por la Fiscalía, para poder llevar adelante las audiencias.
Ahora son juzgados por segunda vez los ex militares Ángel Fernández Gez y Carlos Esteban Pla, que en esa época era el ex jefe de Policía, y los ex miembros de esta fuerza Luis Alberto Orozco y Juan Carlos Pérez, quienes ya fueron condenados en 2009.
Se sumaron a la lista de imputados Luciano Benjamín Menéndez (juzgado en ausencia), Vicente Ernesto Moreno Recalde, Carlos María Alemán Urquiza, Celso Juan Ángel Borzalino, Luis Mario Calderón, Hugo Ricardo Cremonte, Horacio Ángel Dana, Andrés Leonardo García Calderón,Juan Amador Garro, y Pedro Armando Gil Puebla.
También Nelson Humberto Godoy -ex jefe departamental de la Policía de San Luis, en la ciudad de Villa Mercedes-, Marcelo Eduardo González Moure, Benjamín Jofré, Rafael Enrique Leyes, Raúl Benjamín López, Omar Lucero, Armando Nicolás Martínez, Alberto Jorge Moreira, Jorge Félix Natel, Enrique Manuel Ortuvia Salinas, Carlos Alberto Ozarán, Santos Tomás Palma, Higinio Rafael Robles, Roque Rubén Rodríguez, Oscar Guillermo Rosello y Ricardo Alfredo Rossi.
El Tribunal informó que las audiencias del debate se realizarán los días martes y miércoles durante el mes de noviembre, y en diciembre se concretarán los días jueves y viernes hasta el día 20 del último mes del año, y a partir de ese día habrá un receso por la feria judicial hasta febrero del 2014.
El inicio del juicio se demoró por ajustes técnicos, ya que es transmitido por el sistema de video conferencia a sedes judiciales federales de Mendoza y de Buenos Aires.
Desde horas muy tempranas la explanada de las instalaciones del Tribunal Oral Federal puntano ubicado en avenida Illia 36, en el mismo edificio del Correo Central, estuvo colmada por más de un centenar de personas entre familiares y amigos de víctimas de la represión, como así también integrantes de organismos de derechos humanos y agrupaciones políticas.
El ingreso a la sala de audiencias estuvo restringido a nada más que 25 familiares de las víctimas y de los imputados, los que tuvieron que anotarse antes del 1 de noviembre.
En esta primera audiencia, la principal actividad registrada fue la lectura durante varias horas de los detalles de las causas que se juzgan y las acusaciones, realizándose un cuarto intermedio a las 13.30 para luego proseguir desde las 15.30.
Esta instancia de lectura de las acusaciones continuará mañana desde las 9.30, ya que por su gran extensión no se culminó, y hasta que no se cumpla este mandato, no comenzarán a escucharse los testimonios.
Norberto Foresti, abogado representante de la APDH, dijo a Télam que la querella aportará unos 160 testigos y se escucharán en el recinto unos 300 testimonios, algunos de los cuales ya fueron citados en el primer juicio por delitos de lesa humanidad realizado en San Luis en el año 2009.
Los imputados fueron trasladados a primera hora a la sede del Tribunal, y durante el receso permanecieron en el recinto, pudiendo observarse un notable deterioro físico en muchos de ellos, que tuvieron que ser asistidos para poder caminar e ingresar a la sala de audiencias.
Una vez culminada la jornada judicial, la mayoría de los acusados fueron trasladados a la Penitenciaría Provincial donde están cumpliendo sus condenas, y una minoría, que tiene prisión domiciliaria, fue llevada por personal de la policía federal a sus lugares de residencia.
Fuente:Telam
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