Por Horacio Verbitsky
Hace una semana este diario informó que una propiedad de la Iglesia cercana a Rosario fue usada por el Ejército para secuestrar y torturar. La Congregación Salesiana intentó desmentirlo, negando conocer el tema y asegurando que la Justicia no los consultó. Página/12 presenta ahora los documentos que prueban lo publicado y desmienten la desmentida religiosa.
DESMENTIDA SALESIANA Y PRUEBAS DE LA COMPLICIDAD RELIGIOSA
Sobre callado, mentido
Los salesianos dicen que jamás oyeron de un campo de concentración en su seminario de Funes y que la Justicia no los consultó. Eso no es cierto. La denuncia la formuló el ex sacerdote Santiago Mac Guire y era pública desde 1983. El juzgado de Rosario pidió informes a esa Orden y al Arzobispado de Rosario, pero no contestaron. Aquí, las pruebas de lo difundido el domingo pasado en esta página. El Episcopado mantiene su tradicional silencio, como si el grave episodio no le concerniera.
Por Horacio Verbitsky
El diario Democracia, del 27 de diciembre de 1983. Hace 30 años Mac Guire denunció que había estado en el Namuncurá.
La Congregación Salesiana sostuvo que hasta la publicación en esta página del artículo “Un silencio atronador”, sobre un campo clandestino de concentración que funcionó en las instalaciones del seminario salesiano Ceferino Namuncurá en la ciudad santafesina de Funes, “nunca se nos había informado de algo al respecto ni se nos citó o requirió información alguna de la causa a que se hace referencia”. Añade que el 13 de octubre el diario Rosario/12 mencionó “la posibilidad de un centro clandestino aún no revelado”. Según la declaración distribuida en Córdoba por el provincial salesiano Manuel Cayo y su vocero Carlos Bosio, “en dicha oportunidad no realizamos ninguna declaración por estar en el entendimiento de que se trataría de un error. Por otra parte, estábamos seguros de que si ello fuera así, la misma Justicia habría requerido nuestra colaboración durante la tramitación del juicio al que se hace referencia, cosa que no ha sucedido”. Los facsímiles de esta página prueban que esto no es cierto. La Justicia sí pidió informes a la Congregación Salesiana y también al Arzobispado de Rosario, sobre una denuncia formulada por el ex sacerdote Santiago Mac Guire hace tres décadas y que tuvo amplia difusión en la prensa rosarina. Es un avance que la Congregación salesiana lea ahora este diario, cuando no lo hacía entonces con el diario Democracia del Litoral, que publicó en forma destacada la denuncia de Mac Guire.
En la edición del 27 de diciembre de 1983 de ese diario, una extensa nota en la cabeza de su página 13 se tituló: “Mac Guire, desde el 3 de diciembre, ¡libre!”, con la bajada “Los generales Galtieri y Jáuregui conocían la existencia del campo de concentración de Funes”. Secuestrado en abril de 1978, Mac Guire pasó detenido el resto de la dictadura y quedó en libertad una semana antes de que asumiera el presidente Raúl Alfonsín. Al pie de la primera columna, que continúa en la segunda, el ex sacerdote dice: “Tengo muchos elementos para afirmar que esos trece días en que estuve ‘desaparecido’ me tuvieron en un campo de concentración situado en Funes, al que llamaban Ceferino Namuncurá, ya que se trataba de una propiedad vendida por la Iglesia al Ejército. Posteriormente, cuando estaba en el Batallón 121, el sargento Gauna y el cabo 1 Berra me confirmaron que yo venía del campo de Funes”. Su afirmación contiene un error: el Ejército no había comprado esa propiedad eclesiástica, sólo la usaba, para fines non sanctos. Recién al año siguiente fue vendida por los salesianos, pero a la Fuerza Aérea, que instaló allí su Liceo Aeronáutico. Eso es lo que ahora está reconstruyendo el fiscal Gonzalo Stara, quien actúa ante el juez Marcelo Bailaque, titular del Juzgado Federal 4 de Rosario. Mac Guire era demasiado notorio como para que alguna orden eclesiástica pudiera ignorarlo. Fue uno de los miembros más activos del Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, que confrontó en forma abierta con el arzobispo rosarino Guillermo Bolatti, estuvo varias veces detenido y se realizaron grandes movilizaciones por su libertad. Luego se convirtió en un importante dirigente peronista. Quien lo casó cuando dejó los hábitos fue el arzobispo de Santa Fe y vicepresidente de la Conferencia Episcopal, Vicente Zazpe, todo lo cual hace inverosímil el pretendido desconocimiento sobre el caso.
Pedidos de informes
El 26 de noviembre de este año, el secretario que atiende las causas de derechos humanos en ese tribunal, Román Pablo Lanzón, se dirigió en el oficio 504/DH a la Inspectoría Argentina Norte de la Congregación Salesiana, con sede en Córdoba, inquiriéndole como colaboración en las causas por graves violaciones a los derechos humanos “si en el año 1978 se encontraba bajo su jurisdicción la Casa Salesiana Ceferino Namuncurá”, en Funes, Departamento Rosario, Santa Fe.
El mismo día, Lanzón formuló la misma pregunta al arzobispo de Rosario, José Luis Mollaghan. Además le pidió todos los datos del archivo de su arquidiócesis sobre Santiago Mac Guire, el ex sacerdote que fue torturado en las instalaciones de los salesianos. La Inspectoría salesiana “Beato Artémides Zatti” es la división administrativa que abarca a todas las provincias del centro y norte de la Argentina y surgió en 2010 por la fusión de las inspectorías de Córdoba (centro y noroeste del país) y de Rosario (Litoral y Nordeste).
Comprende las provincias de Mendoza, San Luis, Córdoba, Santa Fe, Entre Ríos, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Santiago del Estero, Chaco, Corrientes, Misiones, Salta, Jujuy y Formosa, donde los salesianos tienen 94 casas, que otorgan educación, contención, diversión, guía, ayuda y alegría a 845.000 jóvenes, según la misma página de la orden en la que se publicó la respuesta a la nota del domingo. Al cierre de esta edición, ni Mollaghan ni los salesianos habían respondido al requerimiento judicial.
Más suerte tuvo el juzgado con el Ministerio de Defensa, al que había cursado un oficio similar, pidiendo la información que tuviera sobre la transferencia del predio salesiano a la Fuerza Aérea. El ministro Agustín Rossi hizo llegar una copia de la escritura celebrada el 16 de abril de 1979 en la Escribanía General del Gobierno de la Nación, entre el apoderado de la Asociación Civil Institución Salesiana Nuestra Señora del Rosario, Mario Ernesto Del Degan, y el director de Infraestructura de la Fuerza Aérea, comodoro Horacio Emilio Hunicken. Los salesianos vendieron el inmueble al Estado Nacional “con todo lo plantado, clavado y demás adherido al suelo” por 2136 millones de pesos de entonces. Según la Memoria Histórica del Liceo Aeronáutico, su creación fue dispuesta por la conducción de la Fuerza Aérea a principios de 1979. Una comisión creada para impulsar el proyecto consideró tres posibles ubicaciones: Olavarría, en la provincia de Buenos Aires, San Miguel de Tucumán y Funes, que fue la elegida. Se inauguró en marzo de 1980. Es decir que en abril de 1978, cuando se produjeron los secuestros y las torturas, el predio aún no había sido adquirido por la Fuerza Aérea y estaba en posesión de la Orden de Sales.
El comunicado de la Congregación admite que “donde hoy funciona el Liceo Aeronáutico estuvo el primer edificio del Aspirantado Salesiano Ceferino Namuncurá y que, por razones de su gran tamaño y la disminución vocacional, fue vendido a la Fuerza Aérea en 1979 para que funcionara allí el Liceo. Con el producto de la venta se construyó en un terreno colindante el actual Aspirantado y Prenoviciado que fue inaugurado en 1983, por lo que durante esos años no hubo presencia salesiana efectiva en dicho predio”. Esta ambigua frase omite que Mac Guire fue secuestrado en abril de 1978, un año antes de la venta del predio. Así lo ratificó el miércoles su esposa, María Magdalena Carey, al declarar ante el juez Bailaque, y el fiscal Stara, en la clínica Casa Club, de Rosario, donde está internada. Uno de los hijos de ambos, Lucas Mac Guire, a quien su padre llevaba en bicicleta cuando lo secuestraron, y que fue entregado a unos vecinos, es querellante en la causa.
Un riñón por los golpes
La viuda contó que fue con sus hijos al Arzobispado, habló con Bolatti y le dijo que era el único que podía salvar la vida de Mac Guire. El arzobispo le prometió averiguar y en una nueva reunión sugirió que podía “haber sido secuestrado por algún compañero”. En Buenos Aires intentó ver al también rosarino cardenal Antonio Caggiano, quien conocía a Mac Guire desde el seminario, pero no le permitieron pasar y sólo pudo dejarle una carta. Le contestó por escrito que iba a rezar por él. El general Adolfo Luciano Jáuregui, quien era jefe del Cuerpo de Ejército con sede en Rosario, fue a la casa de Mac Guire con otros militares uniformados y repitió ante su esposa lo que le había dicho Bolatti, que el ex sacerdote había sido “secuestrado por algún propio compañero porque me decía que él recibía muchos guerrilleros en su casa, y yo le decía que no”. Además la interrogó por esos compañeros, entre ellos el también ex sacerdote Rubén Dri. Según la viuda, desde el obispado le dieron la noticia de la aparición de Mac Guire y el secretario personal de Bolatti la acompañó al Batallón a verlo. “Me lo encuentro en una cama, atado de pies y manos. Estaba muy lastimado, muy mal. Me dijo que lo habían maltratado, que le habían pasado picana y que lo habían golpeado mucho”, declaró la viuda. En una segunda visita Mac Guire le contó que dos suboficiales le habían dicho que el lugar donde lo retuvieron y torturaron era el Ceferino Namuncurá. Mac Guire le dijo que en el Batallón había recibido la visita de Bolatti y la del sacerdote Eugenio Zitelli, quien lo reemplazó en la parroquia popular del Bajo Saladillo cuando se casó con Magdalena. Bolatti también le contó a Carey esa visita a su esposo. El 1 de noviembre había declarado en la causa Roberto Pistacchia, quien estuvo secuestrado en el mismo lugar con Mac Guire y con Eduardo Garat. El último nunca reapareció. Pistacchia declaró que cuando lo llevaron desde Funes, en el Batallón lo esperaban el general Jáuregui y el arzobispo Bolatti.
–Hemos cumplido. Aquí tiene a Santiago Mac Guire –dijo el militar.
–Este no es Mac Guire –replicó el eclesiástico.
Jáuregui ordenó que volvieran a Funes a buscar al ex sacerdote. Lo trajeron a la rastra porque no podía caminar solo y lo ubicaron en otra cama junto a la de Pistaccchia. El ex cura saludó a Bolatti y ambos conversaron. Según Carey, su esposo, que entonces ya tenía 50 años, nunca se recuperó. “Cambió su forma de ser, se transformó en un ser muy huraño. Perdió un riñón y los médicos le dijeron que era a consecuencia de los golpes que había sufrido”, agregó.
No sabe/no contesta
La declaración del provincial y del vocero salesiano añade que “ninguno de los hermanos que han estado en esos años en la casa ni los que estuvieron después, ni ningún testimonio de esa época o posterior han manifestado su conocimiento sobre la posibilidad de que se dieran en nuestra casa –mientras estaba bajo nuestra responsabilidad– los hechos relatados” por Página/12. El comunicado de la Orden dijo también que estaba dispuesta a “colaborar con la Justicia en todo lo que la misma nos requiera”, pero esto no se verificó ante el pedido de informes. Los salesianos aclaran que la Casa Obra María Auxiliadora, con escuela primaria y secundaria, funcionó siempre en otro predio de la misma localidad de Funes y que la Fundación Apis, estuvo en el actual aspirantado de Funes desde su creación, en el año 2003, hasta 2012 cuando fue cerrada. El Episcopado, que estuvo reunido en Buenos Aires durante esta semana, y que cerró sus deliberaciones con una nueva declaración sobre lo que llama “el flagelo de la droga”, nada dijo sobre el campo de concentración que funcionó en la institución religiosa, como si el tema no le importara o no le concerniera.
Los salesianos dicen que la Justicia nunca los consultó. El facsímil muestra el pedido de informes del juzgado, que no contestaron.
El Ministerio de Defensa sí contestó. El Ceferino Namuncurá se vendió a la Fuerza Aérea recién en 1979.
Los salesianos de Don Videla
Por Ariel Lede y Lucas Bilbao *
Dentro de la “familia salesiana” es posible encontrar personas que encarnaron diferentes criterios pastorales e ideológicos. Existió un obispo Victorio Bonamín que justificó y acompañó la represión dictatorial, pero también un obispo Jaime De Nevares que levantó su voz para denunciar las torturas y desapariciones perpetradas por los militares. Existió un sacerdote Rubén Alá, que trabajó de informante confeccionando listas de curas tercermundistas, pero también Miguel Angel Nicolau, ligado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y que trabajaba con estudiantes en villas de San Nicolás hasta que fue secuestrado en Rosario por un grupo de tareas y asesinado en 1977. Sin embargo, pese a algunas excepciones de clérigos que denunciaron los crímenes o fueron víctimas de ellos, la Congregación Salesiana, con uno de sus obispos a la cabeza y varios de sus clérigos acompañando las funciones castrenses, sirvió a los planes del régimen militar.
En octubre de 1976 los padres inspectores se reunieron con el presidente de facto Jorge R. Videla y lo invitaron a la clausura de los festejos por el centenario de la Congregación en el Teatro Colón, acto al que asistió el 17 de noviembre de 1976. En la audiencia, el presbítero Luis García Padrón hizo notar una “feliz coincidencia” al dictador: “Los salesianos iniciamos nuestra tarea misionera acompañando al Ejército Argentino. Hoy iniciamos el segundo centenario también acompañando a las Fuerzas Armadas de la Patria. ¡Ojalá nuestra tarea pueda ser nuevamente de apoyo para el país!”.
Videla respondió: “Es cierto. Muchas cosas unen al Ejército y a los salesianos a través de la vida patria. Hoy mismo, hasta nuestro querido provicario, Victorio Bonamín, es un salesiano” (Boletín Salesiano Nº 350). El obispo de las Fuerzas Armadas anotó orgulloso en su diario personal: “Hno. Norverto: me trae el Boletín Salesiano en el que se leen las palabras del Gral. Videla sobre mi persona”.
Una de las más importantes manifestaciones de apoyo de la Congregación a la dictadura fue la cesión de sacerdotes salesianos al Vicariato Castrense. El Vicariato estaba integrado por capellanes castrenses y auxiliares. Los castrenses se abocaban al sacerdocio exclusivamente en el mundo militar, mientras que los auxiliares participaban de la actividad del Vicariato sin abandonar el trabajo pastoral en sus diócesis. El nombramiento de los auxiliares implicaba necesariamente el acuerdo del obispo diocesano o el superior de la Congregación religiosa correspondiente. Con veinte años de existencia, la institución no había alcanzado la autosuficiencia: de los 400 capellanes que pasaron por el Vicariato en el período 1975-1983, los auxiliares conformaban el 70 por ciento. Estos números evidencian que sin el auxilio de obispos y congregaciones, el Vicariato hubiese demorado décadas en poblar todo el territorio militar, y la última dictadura no habría contado con el servicio espiritual directo en la “trinchera”. La función de los sacerdotes militares fue notablemente descripta por el provicario castrense en su diario personal, el 18 de diciembre de 1976: “Dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares”. De ese total de auxiliares, más de 40 sacerdotes al servicio del Vicariato Castrense eran salesianos. No es casual esta cantidad si pensamos que Bonamín acumulaba cincuenta años tejiendo vínculos al interior de la Congregación, lo que le permitía mayor conocimiento y control.
Sus diarios personales constituyen hoy pruebas documentales para fiscales y querellantes en distintos juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero no son los únicos documentos del obispo. Según datos que maneja la Justicia, hay más y están alojados desde hace un año en la Casa Inspectorial de Córdoba, desde donde se emitió el comunicado que cuestiona la nota de Horacio Verbitsky. Si quisieran, la Congregación Salesiana y la Iglesia argentina en general podrían hacer públicos numerosos documentos que aportarían datos sobre víctimas, crímenes y mecanismos del terrorismo de Estado, además de un importante acopio de información en la memoria de muchos de los clérigos que sirvieron a la dictadura. Si la Congregación, como dice su comunicado, está a “entera disposición para colaborar con la Justicia”, tiene por dónde empezar.
* Autores de la investigación sobre los diarios de Bonamín.
La verdad pendiente
Por Horacio Verbitsky
Por Ariel Lede y Lucas Bilbao *
La capilla del actual Liceo Aeronáutico, donde en 1978 funcionó un campo clandestino de concentración.
El terrorismo de Estado encontró en la Iglesia Católica uno de sus pilares de legitimación. Para la década del 70 Iglesia y Ejército habían alcanzado un alto grado de simbiosis ideológica e institucional, siendo el Vicariato Castrense su expresión más clara. La Congregación Salesiana, así como los jesuitas, franciscanos y otras órdenes, prestó su colaboración al Vicariato, base fundamental de la última dictadura militar. Creada en Italia por Giovanni Bosco a mediados del siglo XIX, sus misioneros llegaron a Buenos Aires en 1875. Los “salesianos de Don Bosco” (de ahí la sigla “SDB”) fundaron colegios, seminarios y casas religiosas en el “territorio nacional”, con una preferencia inicial por las tierras patagónicas, a través de las misiones y acompañando las campañas militares del Estado argentino en vías de consolidación. Un siglo después, los salesianos conformaban un cuerpo de seis obispos, alrededor de 780 sacerdotes, 115 hermanos coadjutores, más de 90 estudiantes y 800 hijas de María Auxiliadora.
Dentro de la “familia salesiana” es posible encontrar personas que encarnaron diferentes criterios pastorales e ideológicos. Existió un obispo Victorio Bonamín que justificó y acompañó la represión dictatorial, pero también un obispo Jaime De Nevares que levantó su voz para denunciar las torturas y desapariciones perpetradas por los militares. Existió un sacerdote Rubén Alá, que trabajó de informante confeccionando listas de curas tercermundistas, pero también Miguel Angel Nicolau, ligado al Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo y que trabajaba con estudiantes en villas de San Nicolás hasta que fue secuestrado en Rosario por un grupo de tareas y asesinado en 1977. Sin embargo, pese a algunas excepciones de clérigos que denunciaron los crímenes o fueron víctimas de ellos, la Congregación Salesiana, con uno de sus obispos a la cabeza y varios de sus clérigos acompañando las funciones castrenses, sirvió a los planes del régimen militar.
En octubre de 1976 los padres inspectores se reunieron con el presidente de facto Jorge R. Videla y lo invitaron a la clausura de los festejos por el centenario de la Congregación en el Teatro Colón, acto al que asistió el 17 de noviembre de 1976. En la audiencia, el presbítero Luis García Padrón hizo notar una “feliz coincidencia” al dictador: “Los salesianos iniciamos nuestra tarea misionera acompañando al Ejército Argentino. Hoy iniciamos el segundo centenario también acompañando a las Fuerzas Armadas de la Patria. ¡Ojalá nuestra tarea pueda ser nuevamente de apoyo para el país!”.
Videla respondió: “Es cierto. Muchas cosas unen al Ejército y a los salesianos a través de la vida patria. Hoy mismo, hasta nuestro querido provicario, Victorio Bonamín, es un salesiano” (Boletín Salesiano Nº 350). El obispo de las Fuerzas Armadas anotó orgulloso en su diario personal: “Hno. Norverto: me trae el Boletín Salesiano en el que se leen las palabras del Gral. Videla sobre mi persona”.
Una de las más importantes manifestaciones de apoyo de la Congregación a la dictadura fue la cesión de sacerdotes salesianos al Vicariato Castrense. El Vicariato estaba integrado por capellanes castrenses y auxiliares. Los castrenses se abocaban al sacerdocio exclusivamente en el mundo militar, mientras que los auxiliares participaban de la actividad del Vicariato sin abandonar el trabajo pastoral en sus diócesis. El nombramiento de los auxiliares implicaba necesariamente el acuerdo del obispo diocesano o el superior de la Congregación religiosa correspondiente. Con veinte años de existencia, la institución no había alcanzado la autosuficiencia: de los 400 capellanes que pasaron por el Vicariato en el período 1975-1983, los auxiliares conformaban el 70 por ciento. Estos números evidencian que sin el auxilio de obispos y congregaciones, el Vicariato hubiese demorado décadas en poblar todo el territorio militar, y la última dictadura no habría contado con el servicio espiritual directo en la “trinchera”. La función de los sacerdotes militares fue notablemente descripta por el provicario castrense en su diario personal, el 18 de diciembre de 1976: “Dar criterios sobrenaturales al accionar de los militares”. De ese total de auxiliares, más de 40 sacerdotes al servicio del Vicariato Castrense eran salesianos. No es casual esta cantidad si pensamos que Bonamín acumulaba cincuenta años tejiendo vínculos al interior de la Congregación, lo que le permitía mayor conocimiento y control.
Sus diarios personales constituyen hoy pruebas documentales para fiscales y querellantes en distintos juicios por crímenes de lesa humanidad. Pero no son los únicos documentos del obispo. Según datos que maneja la Justicia, hay más y están alojados desde hace un año en la Casa Inspectorial de Córdoba, desde donde se emitió el comunicado que cuestiona la nota de Horacio Verbitsky. Si quisieran, la Congregación Salesiana y la Iglesia argentina en general podrían hacer públicos numerosos documentos que aportarían datos sobre víctimas, crímenes y mecanismos del terrorismo de Estado, además de un importante acopio de información en la memoria de muchos de los clérigos que sirvieron a la dictadura. Si la Congregación, como dice su comunicado, está a “entera disposición para colaborar con la Justicia”, tiene por dónde empezar.
* Autores de la investigación sobre los diarios de Bonamín.
La verdad pendiente
Por Horacio Verbitsky
El domingo pasado, al concluir el Primer Encuentro de Laicos para la Renovación de la Iglesia, Cristianos para el Tercer Milenio y la Asociación Argentina Teilhard de Chardin instaron a los miembros del Congreso Nacional a incluir en el proyecto de reforma del Código Civil y Comercial la función social del derecho de propiedad. Invocaron para ello “las más antiguas tradiciones doctrinarias de la Iglesia, reafirmadas por nuestro padre Francisco en la exhortación apostólica Evangelii Gaudium”. También reclamaron a la Conferencia Episcopal “que informe a la sociedad argentina acerca de los avances y resultados del compromiso asumido en la 104ª Asamblea Plenaria del año pasado, cuando dijeron con referencia a lo ocurrido durante el terrorismo de Estado y con motivo de las acusaciones formuladas por el ex dictador Videla: ‘Nos sentimos comprometidos a promover un estudio más completo de esos acontecimientos, a fin de seguir buscando la verdad, en la certeza de que ella nos hará libres (cf. Jn 8,32). Por ello nos estamos abocando a revisar todos los antecedentes a nuestro alcance’”. Además expresaron su respaldo “al proceso judicial en desarrollo, para esclarecer el brutal asesinato de monseñor Enrique Angelelli y conocer la identidad de sus ejecutores y responsables políticos. Brindamos todo nuestro aliento y respaldo solidario a los testigos –religiosos, sacerdotes y laicos– que deberán volver a exponerse, para dar testimonio de la barbarie sufrida por aquellos años y especialmente de las circunstancias que llevaron al martirio a quien fuera fiel testigo del Evangelio y leal servidor de las necesidades de su pueblo”. Concluyeron reiterando su “compromiso permanente con el evangelio de Jesucristo y muy particularmente en el presente con los esfuerzos transformadores de nuestro padre Francisco”.
Fuente:Pagina12



No hay comentarios:
Publicar un comentario