Otro diciembre caliente: el Gobierno calificó de “acciones deliberadas para generar caos” con fines desestabilizadores las acciones policiales y los intentos de saqueo. Justicia denunció “una red organizada” e investigará la relación de los robos con las protestas policiales. Hubo un muerto en Concordia, otro en Jujuy y otro en Chaco. Todos los bloques del Congreso rechazaron la extorsión policial.
EL GOBIERNO LE APUNTO A LA SEGUIDILLA DE PROTESTAS POLICIALES Y SAQUEOS REGISTRADOS EN DISTINTOS PUNTOS DEL PAIS
“Son acciones deliberadas para generar caos”
Del jefe de Gabinete para abajo, ministros, gobernadores y legisladores cuestionaron la metodología elegida por los policías. Ayer se registraron al menos dos nuevos muertos. Hubo acuerdo en la provincia de Buenos Aires.
Por Julián Bruschtein
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, se reunió con la procuradora, Alejandra Gils Carbó, por la investigación por las protestas y saqueos.Imagen: DyN
“Es un hecho que no se advertía en 30 años de democracia. No es casualidad que esta caricatura de efecto autoritario pretenda socavar las bases de legitimidad democrática, al cumplirse 30 años de democracia ininterrumpida.” El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, salió ayer a criticar con dureza los autoacuartelamientos policiales y los saqueos que se registraron en distintos puntos del país. El funcionario consideró que detrás de los incidentes existían “acciones deliberadas que pretenden generar caos y zozobra en la sociedad”. El gobierno nacional monitoreaba anoche la situación que continuaba desarrollándose en diferentes distritos del país luego de una jornada que sumó, en principio, dos nuevos muertos.
“Todo el pueblo argentino quiere vivir en paz y en democracia y las instituciones del sistema republicano deben funcionar correctamente para identificar a aquellos que actúan para promover procesos de desestabilización”, fueron las primeras declaraciones que realizó el jefe de Gabinete ante el escenario planteado por algunas policías provinciales que se retiraron de las calles para reclamar aumentos salariales, y que trajo aparejados saqueos en algunas zonas de las provincias afectadas. “Es importante ratificar el liderazgo de cada gobernador elegido democráticamente y de encuadrar las negociaciones en paz y con la capacidad que tiene cada provincia para disponer de los recursos”, agregó, enviando un mensaje a los policías autoacuartelados. Los reclamos policiales comenzaron en Córdoba la semana pasada. Después de negociaciones infructuosas, la policía cordobesa decidió retirar el servicio de calle como medida de protesta, lo que derivó en una noche de caos con saqueos y enfrentamientos. El gobernador José Manuel de la Sota debió volver de apuro de un viaje y resolvió el conflicto cediendo a todos los reclamos policiales. Como consecuencia de esa actitud, el reclamo comenzó a propagarse por todo el país. La Rioja, Catamarca, Neuquén y Río Negro, el primer día. Desde el domingo a la tarde se sumaron Chubut, Santa Fe, San Juan, Mendoza, Entre Ríos, Chaco, Jujuy y, principalmente, Buenos Aires, que cuenta con la mayor fuerza policial provincial del país. El saldo, según las diferentes versiones, era de dos o tres víctimas fatales, que se agregaban al muerto del primer día en Córdoba. También se reportaban robos y saqueos en otros lugares . En el gobierno nacional seguían el avance de las negociaciones en las provincias sin dejar de observar los delitos que venían detrás. “Estas acciones son fogoneadas por sectores que no sólo intentan desestabilizar a los gobiernos provinciales, sino también al gobierno nacional”, señaló el secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, y agregó que buscaban “generar caos, violencia y dejar a los ciudadanos a la intemperie de la delincuencia”. La intencionalidad de los saqueos “no es casualidad porque en aquellos lugares donde se producía la zona liberada, atrás aparecía alguna acción concertada entre algunos policías y delincuentes haciendo saqueos, no por una cuestión social, ni reivindicativa, sino directamente delictiva”, sostuvo Parrilli. Recordó el inicio del conflicto. “La negligencia del gobernador De la Sota, una vez que se le escapó de las manos el intento de echarle la culpa al gobierno nacional, fue lo que generó este casi efecto dominó en distintas provincias.” “No existen las casualidades en este tipo de acciones. Hay sectores que se aprovechan de la policía y la fuerzas de seguridad, como ya pasó con la Gendarmería y la Prefectura”, agregó a Página/12 un dirigente peronista en la Casa Rosada. “El gobierno nacional, a través de la ministra de Seguridad, María Cecilia Rodríguez, y por instrucción de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, está monitoreando el estado de situación en cada una de las provincias, con cada uno de los gobiernos y con cada uno de los responsables para generar mecanismos de protección social y ciudadana”, destacó Capitanich sobre el panorama nacional, informando sobre las tareas que despliega la flamante ministra en su primera semana en el cargo. En la misma línea, el chaqueño apuntó que el seguimiento que se estaba realizando de la situación en cada una de las provincias en conflicto estaba enfocado en la posibilidad de ejecutar la “acción directa” a través de la intervención territorial con Gendarmería, Prefectura y Policía Federal. El secretario de Seguridad, Sergio Berni, activo en el envío de gendarmes a los lugares calientes, también apuntó que no se podía ser “rehén y víctima” de grupos pequeños de policías a los que se les había dado un arma “no para que extorsionen sino para que velen por la seguridad”. Respecto de la naturaleza de los reclamos, Capitanich apuntó que sería un “acto de irresponsabilidad fiscal” de parte de los gobernadores responder a las demandas “más allá de su capacidad financiera”. Y advirtió que “no es compatible” en el marco de una administración ordenada de las arcas provinciales otorgar incrementos salariales que “no sean susceptibles de financiamiento” y que “pretendan ser financiados por el Estado nacional”. “Es responsabilidad de los gobiernos provinciales encauzar las negociaciones, pero también es responsabilidad del Poder Judicial, que debe actuar ante estos hechos vandálicos”, destacó Capitanich y puso en el ojo en la importancia de dar el “correcto encuadramiento legal” de las investigaciones apuntando a las figuras del delito de “sedición” y de “defensa de la democracia”. Mientras se sucedían acuartelamientos en Concordia, La Plata, Mar del Plata y otros puntos del país, Capitanich advirtió que “los policías deben ser protectores de la población y no promotores del caos”, y apuntó que “no puede existir sindicalización para una persona que porta un arma”. Uno de los gobernadores afectados por las protestas de ayer fue el de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien no dudó de la existencia de “instigación política” detrás de los conflictos. Puso de ejemplo el caso de la ciudad de Concordia, donde un joven murió electrocutado –aparentemente al tratar de saquear electrodomésticos– y hubo 25 heridos. “Se trató de un puñado de 50 suboficiales, la mayoría con malísimos antecedentes”, consideró Urribarri.
REUNION EN DIPUTADOS
Comunicado conjunto
El ministro Julio Alak (der.) y su vice Julián Alvarez hablaron ayer.
En una inusual declaración conjunta, diputados nacionales de todas las bancadas que integran la Cámara baja realizaron ayer una declaración conjunta en rechazo de las generalizadas protestas policiales en reclamo de aumento salarial en desafío a los gobiernos provinciales. “La forma de expresarse de los efectivos es una injustificada modalidad que no se corresponde con la situación de personas que se encuentran armadas en defensa de la ley”, afirmaron los legisladores.
El presidente de la Cámara, Julián Domínguez, analizó la situación anoche con los jefes de bloque Federico Pinedo (PRO), Juliana Di Tullio (FpV), Elisa Carrió (UNEN), Mario Negri (UCR), Carlos Brown (FE), Jorge Valinotto (Frente Cívico de Córdoba) Gerardo Milman (GEN), Carlos Heller (Nuevo Encuentro), Darío Giustozzi (Frente Renovador), Mario Das Neves (Trabajo y Dignidad), Claudio Lozano (Unidad Popular) y Juan Carlos Zabalza (Socialista). Los diputados que participaron resaltaron que “se decidió manifestar el apoyo de los partidos políticos aquí representados a la gestión de los gobernadores frente a los hechos de dominio público”. También se puso de manifiesto que “las fuerzas policiales deben asumir el sentido y la responsabilidad institucional que el Estado y la sociedad les delegó como garantes de la seguridad pública y la paz social”. Y concluyeron que “la forma de expresarse de los efectivos es una injustificada modalidad, que no se corresponde con la situación de personas que se encuentran armadas en defensa de la ley”. Ya durante la jornada, aunque en algunos casos destacaron que los reclamos podían ser justos, varios de los principales dirigentes de la oposición, como Sergio Massa, Julio Cobos, Francisco de Narváez y Margarita Stolbizer, salieron a rechazar la metodología elegida por los policías para llevar adelante sus protestas.
LA PROCURACION COORDINARA INVESTIGACIONES EN TODO EL PAIS
Las relaciones peligrosas
Una comisión de fiscales se ocupará de posibles conexiones entre los saqueos y las medidas de fuerza de las policías. El Ministerio de Justicia hará una denuncia penal a promotores de grupos de Facebook que alientan esos hechos.
Por Irina Hauser
“Saquear los chinos para pasarla bien el 24”, es uno de los eventos que el Gobierno pidió a Facebook que levante.
Ante la multiplicación de saqueos en distintas provincias y la hipótesis de que podría existir vinculación entre esos hechos y las protestas policiales en expansión, la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó, decidió crear una comisión específica para que se ocupe de coordinar las investigaciones en todo el país. Por su lado, la procuradora bonaerense, María del Carmen Falbo, dispuso crear comités de crisis de fiscales y defensores en la provincia de Buenos Aires ante eventuales nuevos episodios. El ministro de Justicia, Julio Alak, sostuvo que “los saqueos son organizados, no espontáneos y se dan en forma simultánea con medidas de fuerza” de las policías en distintas jurisdicciones. “No obedecen a necesidades alimentarias”, afirmó. El secretario de Justicia, Julián Alvarez, informó que proliferaron convocatorias a desvalijar comercios desde las redes sociales y anunció que la cartera hará una denuncia penal. A la vez le apuntó al massismo.
Gils Carbó comenzó a analizar la semana pasada el escenario ante las protestas policiales crecientes y los saqueos en Córdoba, y el viernes pidió una reunión con el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. El encuentro se concretó ayer y allí la jefa de los fiscales planteó su idea de generar una comisión específica para ocuparse de coordinar las investigaciones y centralizar la información. Pero hizo especial hincapié en que no se puede descartar que estén en juego “conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional”. Así lo dice la resolución que crea una comisión de fiscales para ocuparse de esta problemática. El punto de partida, señala, es que “de manera concomitante con esas manifestaciones (policiales) se produjeron atentados colectivos contra la propiedad (saqueos), que generan zozobra y perturban la tranquilidad de la población nacional”. Gils Carbó también habló con Alak, quien compartió el mismo diagnóstico. La sedición y los motines, así como los saqueos, son delitos que, si se producen de manera aislada, podrían ser investigados por los poderes judiciales de cada jurisdicción. La variable que está en estudio pone en duda un supuesto efecto contagio espontáneo entre las distintas fuerzas policiales y la desconexión con los saqueos. La existencia de conexiones de algún tipo llevaría a que se investiguen los hechos en la Justicia federal, de ahí la insistencia de la procuradora quien, además, invocó la Ley de Defensa de la Democracia. La comisión estará coordinada por el fiscal federal de San Isidro, Fernando Domínguez, y la integrarán por ahora los fiscales generales Federico Martín Carniel (de Resistencia, Chaco), José Ignacio Candioti Puyol (de Paraná, Entre Ríos) y Adolfo Raúl Villate (de Rosario, Santa Fe). Todos ellos actúan en lugares donde hay focos de conflicto. La comisión, en principio, no tiene el objetivo de hacer investigaciones en causas puntuales sino centralizar las pesquisas de todo el país, tanto a nivel federal como provincial, según explican en la Procuración. Reunirá la información de todas las causas en marcha y presentará informes a Gils Carbó como para que vaya determinando los pasos a seguir, que pueden incluir desde hacer denuncias y dar instrucciones hasta designar fiscales coadyuvantes donde hagan falta refuerzos. Domínguez, el coordinador del grupo, fue fiscal de San Martín durante 15 años, y en 2013 asumió como fiscal federal en San Isidro. Sus investigaciones sobre corrupción en el municipio Malvinas Argentinas llevaron la detención por dos semanas y el procesamiento del intendente Jesús Cariglino. El jueves, Domínguez se reunirá con todos los integrantes de la comisión. Durante una conferencia de prensa que ofreció por la tarde junto al secretario de Justicia, Julián Alvarez, Alak advirtió que los saqueos “son organizados, y no espontáneos”, y que desde distintas áreas de gobierno se está realizando un seguimiento. “Hay una organización que los estimula y los induce.” Y al referirse a las fuerzas policiales, señaló que “no se puede privar a la comunidad de un servicio esencial como lo es la seguridad pública”, dijo el ministro. “Exhortamos a la policía a que deponga esta actitud”, dijo. “Un saqueo es una violación a la ley. Y la Justicia va a actuar con toda firmeza, al igual que con quienes deben prestar un servicio público y no lo están haciendo. Nadie dice que no se pueden analizar las necesidades de ese sector, pero éste no es el modo. Quienes deben proteger la ley, no pueden estar incumpliendo con la ley”, dijo el ministro. “Esto lo sabe un ingresante a la fuerza”, insistió. “El gobierno nacional tiene la fortaleza suficiente para poder enfrentar esta situación de ilegalidad”, intentó tranquilizar. Tanto Alak como Alvarez remarcaron dos resoluciones adoptadas por los ministerios públicos fiscales. El ministro informó que “la procuradora general de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, resolvió que los 720 fiscales de Buenos Aires sean puestos en guardia permanente, priorizando el procesamiento, la investigación y la condena de todo ciudadano que provoque un saqueo”. Destacó a su vez la iniciativa de Gils Carbó y anunció que la funcionaria se reunirá en Córdoba con el secretario de Seguridad de la Nación, Sergio Berni, procuradores y fiscales. La iniciativa de la procuradora Falbo apunta a que en los 18 departamentos judiciales bonaerenses se conformen “comités de crisis”, previendo posibles nuevos saqueos. “Los hechos de público conocimiento acaecidos en ciudades de las provincias que han derivado en saqueos a diferentes comercios y supermercados, con afectación de bienes a particulares y la integridad física de las personas de una u otra manera involucradas, podrían proyectarse al ámbito de esta provincia”, previno Falbo. Alvarez anunció que el ministerio “tomará medidas relacionadas con las redes que convocan a realizar saqueos”, que “están todas relacionadas entre sí”. Se refería a que el ministerio va a presentar una denuncia penal por atentados contra el orden público para que cruce datos sobre los promotores de consignas de saqueos especialmente vía Facebook. Desde el ministerio se le pidió a Facebook Argentina que dé de baja a esos grupos que aparecieron en la red, como se ha hecho con, por ejemplo, promotores de discriminación y de bullying: “Saquear los chinos para pasarla bien el 24”, otro llama a “saquear todo en Rosario”, y otro en Tucumán (“saqueada cien por ciento tucumana”). También hay un grupo de la policía que llama a la organización de la policía y a acuartelarse. Alvarez le apuntó también al massismo y en especial a Salvador Baratta, ex segundo jefe policial en la Bonaerense (fue jefe de Coordinación Operativa hasta 2011, cuando fue desplazado) y ahora concejal en Lanús por el Frente Renovador. El secretario de Justicia comentó que Baratta había hecho declaraciones en el programa de radio de Jorge Rial, donde alentó los reclamos de la policía. “En vez de llamar a la paz –marcó el secretario de Justicia–, extorsiona a los gobiernos provinciales, plantea que si no se le hace lugar a un reclamo, pasa lo que pasó en Córdoba.”
SCIOLI DISPUSO POR DECRETO UN INCREMENTO QUE LLEVA EL SALARIO BASICO INICIAL DE UN AGENTE A 8570 PESOS
El aumento aplacó a la Policía Bonaerense
Después de una jornada de protestas en La Plata y Mar del Plata, y pese a las diferencias internas, los policías de la provincia aceptaron la mejora salarial. Antes, Scioli había exigido que se normalizara la situación.
El grueso de los policías aceptó la mejora que, para los sectores más bajos de la escala, llega hasta el 50 por ciento.Imagen: DyN
Recién al caer la noche, y en medio de algunas disputas intestinas, el sector sublevado de la policía que tuvo en vilo a los bonaerenses aceptó el aumento otorgado por decreto por el gobernador Daniel Scioli. Así se daba por terminada la protesta de los uniformados que se habían concentrado en la sede de la Infantería platense y en la comisaría 1ª de Mar del Plata. Scioli había anunciado a primera hora de la tarde una recomposición de los haberes de la Bonaerense que llevará al salario básico inicial de la policía a 8570 pesos. “Nos parece justo y razonable”, dijo Scioli en La Plata, aunque aclaró que se trata de “una decisión tomada y no un ofrecimiento, porque no son trabajadores nucleados en asociaciones sindicales”. La resolución la adoptó en consulta con otros gobernadores (Santa Fe, Córdoba y Entre Ríos) para no generar diferencias que potencien los reclamos policiales. De todas maneras, el gobernador les apuntó a los agitadores entre los uniformados: “Son grupos minoritarios y por eso convocamos a estos individuos a que normalicen la situación”, remarcó, al tiempo que destacó que le llamaba la atención que las protestas de efectivos en diferentes provincias se dieran al cumplirse 30 años de democracia.
Una dependencia de la Infantería policial en La Plata fue el primer foco de reclamo de la Bonaerense, a donde desde el domingo llegaron policías “retirados” y “exonerados” para hacer su reclamo, también en compañía de la “familia policial”, compuesta por supuestos parientes. Pero la única situación de vandalismo en la provincia se vivió en las primeras horas de la madrugada del lunes en Mar del Plata, con saqueos a una docena de comercios. Las autoridades provinciales tienen aún la vista puesta allí. Nadie se explica cómo la decisión de abandonar el servicio de tres de las 17 comisarías marplatenses dio origen a rápidos saqueos de comercios en el centro de la ciudad. Según el intendente Gustavo Pulti, doce comercios fueron atacados por vándalos entre la 0.30 y las dos de la madrugada del lunes, y que hay 17 detenidos por la policía que no se había sumado a la protesta. Más tarde agregó que sólo el “50 por ciento de la policía local” estaba en actividad, además de los efectivos de Prefectura. Hasta allí viajó por la tarde el jefe de la Bonaerense, el comisario Hugo Matzkin, para dialogar con los insubordinados y convencerlos de que desistieran de su postura. Al caer la tarde, desde la Gobernación había cierto optimismo de que la propuesta salarial de Scioli descomprimiría la resistencia de los policías díscolos. Preferían no hablar de “focos” y “autoacuartelamiento” policial y definían la situación de los rebeldes como “manifestaciones” de “personal fuera de servicio” y “retirado” que “no afectaba el funcionamiento policial”. Voceros de la Gobernación también circunscribían la protesta a la Infantería en La Plata y a los policías marplatenses. También reconocían pequeñas asambleas en algunos municipios del conurbano, como sucedió en Almirante Brown, donde los uniformados trataban de extender el reclamo. Por esas horas, el ministro de Seguridad provincial, Alejandro Granados, se había trasladado hasta las dependencias de la Infantería para tratar de disuadir de la protesta a los sectores más duros que rechazaban el acuerdo, pese a que muchos uniformados se habían dado por conformes con el anuncio salarial del gobernador. Hubo un nuevo encuentro con los rebeldes, donde Granados ratificó –según afirmaron los voceros provinciales– que se “trataba de una decisión y no de una negociación”. La ratificación y la firma del decreto de aumento salarial fueron una “prenda” de garantía para los uniformados dispuestos a aceptar el aumento. La difusión de la firma del decreto estuvo a cargo del jefe de Gabinete sciolista, Alberto Pérez, de la ministra de Economía provincial, Silvina Batakis, y del propio Granados. “Este esfuerzo que está haciendo este gobierno y que está haciendo toda la sociedad tiene que ser retribuido por toda la policía, institución que en su enorme mayoría está cumpliendo con su deber”, sostuvo Pérez con el decreto en la mano e instó a “un pequeño grupo de policías que no está cumpliendo con su responsabilidad a que lo hagan, porque los funcionarios públicos están para llevar tranquilidad a las familias de la provincia de Buenos Aires y no para llevar zozobra”. Las diferencias entre los propios policías se manifestaron en la asamblea platense de los uniformados, donde la discusión y forcejeos precedieron al anuncio de los “negociadores” que habían dialogado con Granados, en medio de una puesta en escena para los medios de comunicación. “Somos la policía del pueblo”, rezaba el cartel que presidía la asamblea de la Bonaerense. “El pueblo unido jamás será vencido”, cantaban los policías. “El negociador”, según los uniformados, leyó el decreto provincial con salarios “básico, de bolsillo y remunerativos, sin las horas Cores”. La nueva escala lleva el sueldo inicial de un oficial de 5717 pesos a 8570 (50 por ciento de aumento), de un teniente de 7708 a 10.578 (37 por ciento) y un oficial principal de 8050 a 10.918 (36 por ciento). La propuesta que habría hecho Granados incluye otros 450 pesos por uniforme en enero y el compromiso de enganchar el sueldo policial a los aumentos que se definan en la paritaria docente de la provincia. “Ahora dejo el lugar para que hablen otros, ya que tienen tanto huevo”, vociferó el uniformado en un mensaje dirigido a los “más disconformes”, retirados y familiares. Cuando éstos tomaron el protagonismo frente a las cámaras y grabadores, comenzaron los insultos contra Scioli y soltaron la amenaza de que volverían a sublevarse, pero el grueso de los policías que aceptaron el aumento ya se había retirado del lugar. Poco después Scioli ratificaba ante algunos medios que “no íbamos a seguir con la escalada de las negociaciones” y daba por cerrado el episodio policial para “llevar tranquilidad” a los bonaerenses. “Nada justifica desproteger”
El presidente del bloque de diputados bonaerenses de Nuevo Encuentro, el sabbatellista Adrián Grana, rechazó ayer las medidas de fuerza de los policías, al asegurar que “nada justifica desproteger a los ciudadanos” y pidió “responsabilidad y extrema mesura y que vuelvan en forma inmediata al trabajo para evitar que un reclamo laboral o sindical se transforme en un problema para el conjunto de los bonaerenses”.
EN CONTRA DEL METODO POLICIAL
Rechazo opositor
Los diputados opositores Sergio Massa (Frente Renovador), Julio Cobos (UCR) y Francisco de Narváez (Unión Celeste y Blanco) coincidieron ayer en reclamar a los policías que levantaran el autoacuartelamiento, luego de mantenerse en silencio durante varios días sobre el conflicto que se inició en Córdoba y se propagó a varias provincias del país. “El gran desafío es que haya tranquilidad y paz, que funcionen normalmente las instituciones, que nadie abuse de su posición para exigir un reclamo salarial y que, sobre todas las cosas, todos seamos responsables en este momento particular donde todos debemos poner lo mejor de sí para funcionar bien y enfrentar a los que quieran generar violencia en este contexto”, dijo Massa.
Además remarcó que “el que saquea es un ladrón que comete un delito” e informó que ponía a disposición los móviles locales y “las 4000 cámaras repartidas en los 11 municipios” para que “puedan trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad de la provincia y de la Nación, para transmitir seguridad a la gente”. Por su parte, De Narváez, mediante su cuenta en la red social Twitter, les pidió “a los policías bonaerenses que reclaman mejoras que mantengan la calma y utilicen métodos pacíficos de protesta”. Además, manifestó: “Queremos que los reclamos se canalicen a través del diálogo, sin cortes de calles y que la protesta policial se efectúe de manera que los efectivos no dejen de prestar el servicio de seguridad a la sociedad”. En un tono más crítico, Cobos señaló que “tratándose de una fuerza militarizada, no puede realizar este tipo de medidas, dejar de proteger a la ciudadanía, porque es el escudo para nuestra vida, nuestros bienes”. El ex vicepresidente también aseguró que “acá no hay sedición, no saben cómo expresarse ante la posibilidad de tener un poder adquisitivo razonable”. Un comunicado de la UCR reclamó al gobierno nacional que asuma su “responsabilidad” y garantice la “convivencia” ante los saqueos registrados en diversas provincias y los conflictos con las fuerzas de seguridad. En paralelo, la diputada por el FAP Margarita Stolbizer consideró “legítimo” el reclamo “social y laboral de muchos policías” provinciales, pero advirtió que esa demanda “no puede amparar presiones ni convalidar complicidades con el delito”. El Partido Socialista expresó su “más enérgico repudio a la insubordinación de las fuerzas policiales, que pone en riesgo la paz social y el resguardo de la vida de las personas”. A contramano, el sector disidente de la CTA que encabeza Pablo Micheli convocó “al resto de las centrales obreras y a todos los sectores populares” a “un paro nacional” para que “obligue al Gobierno” a llamar a una mesa de diálogo ante la situación de “emergencia social” que, consideró, atraviesa el país.
UN MUERTO DURANTE LOS INCIDENTES EN ENTRE RIOS Y OTRO FALLECIDO EN JUJUY
La tragedia de los saqueos
En la noche del domingo al lunes hubo algunos saqueos en la ciudad de Concordia. En uno de ellos, un joven murió electrocutado. Hubo 25 heridos. Durante el día, el conflicto con la policía pudo ser superado. Urribarri dijo que se buscó “dañar políticamente al Estado”.
Los grupos recorrieron distintos comercios y se llevaron preferentemente televisores.
“Volvió la calma a Concordia”, afirmó ayer el gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, quien se instaló en esa ciudad para buscar una salida a la crisis planteada por el autoacuartelamiento de un sector de la policía local. Como consecuencia de la protesta policial, hubo saqueos durante la noche del domingo y la madrugada del lunes. Urribarri confirmó que murió electrocutado “un joven de 22 años que había entrado con otras personas a un negocio de electrodomésticos”; otras 25 personas resultaron heridas. Anoche se supo de una segunda muerte, en hechos similares ocurridos en Jujuy (ver aparte). Urribarri aseguró que en su provincia “fue imposible prever el accionar delictivo claramente pergeñado” por grupos que “pretendían dañar económicamente a los comerciantes y políticamente al Estado”. El ministro de Gobierno, Adán Bahl, ratificó en Paraná que el sueldo inicial de los policías fue elevado a 8530 pesos. En Concordia, seguían autoacuartelados anoche “unos 50 o 60 agentes”, pero voceros del grupo anticiparon que levantaron la medida tras el acuerdo salarial.
Mientras tanto, otros policías que no adhirieron a la medida, junto con la Gendarmería y Prefectura, habían retomado el control en esa ciudad y habían reforzado la custodia en Paraná, la capital provincial, donde hasta anoche no se habían registrado incidentes. Antes del acuerdo, el vicegobernador José Cáceres había llamado, por medio de un comunicado, a “la paz y social y la normalización institucional” para “recuperar la concordia y brindar tranquilidad a toda la sociedad”. Cáceres dijo que “conservar la paz, la seguridad y evitar heridos o pérdidas humanas es un deber prioritario de todos, tanto de las autoridades democráticamente electas como de quienes llevan adelante el reclamo o de quienes aprovechan esta situación para cometer hechos que todos lamentamos profundamente”. Desde Concordia, el gobernador Urribarri informó que ordenó que se reúna “toda la información necesaria, videos y fotos, porque ninguno de los comercios que fueron atacados fue porque alguien tuviera hambre”. Afirmó que lo ocurrido “indigna y no dudo de que también haya habido instigaciónpolítica”. De todas maneras, insistió en que “volvió la calma a Concordia” y sostuvo que “la inmensa mayoría de la Policía –porque no llegan a 50 las personas que tomaron la jefatura–, más los efectivos de Gendarmería y de Prefectura se encuentran trabajando”. El gobernador reiteró que “va a actuar la Justicia” para investigar a las personas que participaron de los saqueos porque “este hecho delictivo no tiene justificativo, porque no hay una situación social que explique semejante vandalismo”. Sobre la actitud asumida por los policías que se autoacuartelaron y tomaron la jefatura, señaló que “puede estar configurada en el Código Penal bajo la figura de sedición, que es un delito contra el Estado democrático”. Las palabras del gobernador fueron refrendadas por el procurador del Superior Tribunal de Justicia, Jorge Amílcar García, quien afirmó que “este quebrantamiento de la ley (por parte de los autoacuartelados) es de una gravedad inusitada y les vamos a caer con todo el peso de la ley”. García recordó que la institución policial tiene “el deber de resguardar la seguridad, se les da el monopolio de la fuerza, la posibilidad de portar las armas, estas personas tienen deberes que son especiales”. Y puso un ejemplo: “Imaginen que nosotros, los jueces, decimos que vamos a liberar a todos los delincuentes a la calle para sembrar este caos”. El procurador coincidió con el gobernador en el sentido de que “esto está orquestado y no hay que chuparse los dedos”. Insistió, por lo expuesto, en que “estamos ante la posibilidad de un delito de sedición, que significa la afectación del orden constitucional”. Consideró que el Estado “debe demostrar que es fuerte” y, por tal motivo, la Justicia “irá hasta las últimas consecuencias legales”. García sostuvo, además, que los autoacuartelados son “personajes que ya tenemos identificados” y que ellos serían los que “instigaron los saqueos” protagonizados “por personas que no son carenciadas, porque se llevaron televisores y plasmas, algo lamentable”. Resumió su postura afirmando que “hay que contestar con toda la fuerza del derecho, no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de estado de derecho; lo que ocurrió es un aprovechamiento desleal en el marco de las reglas del juego”. Por su parte, el intendente de Concordia, Gustavo Bordet, aseguró que “la situación está normalizada” y personal de diversas seccionales que no participaron del reclamo patrullan la ciudad desde ayer a la mañana. De todas maneras, admitió que “aún persiste el amotinamiento de unos 50 o 60 personas (en la jefatura central), con una clara actitud sediciosa”. Denunció que hubo “una actitud sediciosa y muy organizada, porque en el mismo momento en que comienza el autoacuartelamiento, comienzan los saqueos en distintos lugares de la ciudad”. Remarcó que los incidentes “no fueron espontáneos, sino que hubo un nivel de organización y hay que decir que los robos que se hicieron no fueron de artículos de primera necesidad de consumo, sino que se robaron electrodomésticos, motocicletas, muebles y otros bienes de esa naturaleza”. También destacó que se va a actuar “en forma implacable con aquellos que cometieron estos delitos”. En Paraná, mientras tanto, aunque no se habían producido incidentes, por precaución se suspendieron la entrega de premios de la Asociación Paranaense de Vóleibol y la final femenina que debían jugar ayer Echagüe y Rowing.
Pelea fatal con un comerciante En Jujuy, la protesta policial fue sin autoacuartelamiento y se limitó a una concentración frente a la Casa de Gobierno, con participación de familiares de los agentes, a los que se sumaron suboficiales y personal en general que estaba franco de servicio. De todos modos, como en otras provincias, hubo saqueos en San Pedro de Jujuy, mientras que un joven de 18 años murió en el interior de un comercio de la ciudad de Perico, según informó en su edición on line el diario El Tribuno, de Jujuy. Según el matutino, el joven murió al ser herido con un arma blanca durante un forcejeo entre dos presuntos saqueadores y el encargado de la caja del comercio. El caso es investigado por la fiscal Mónica Montalvetti. La comisaria Noemí Aybar, vocera del grupo que lleva adelante el reclamo salarial, aclaró que “los servicios se cumplen normalmente y la seguridad está garantizada”, a la vez que pidió que se abra un canal de diálogo con el gobierno, que respondió creando una comisión que analizará el tema. El gobernador Eduardo Fellner instruyó al ministro de Gobierno, Oscar Insausti, para que encabece las conversaciones “para analizar el mejoramiento de las condiciones laborales”. Aunque los policías jujeños se comprometieron a “evitar el caos”, ayer se produjo un saqueo en un comercio de electrodomésticos ubicado en el centro de la ciudad de San Pedro de Jujuy. El grupo que ingresó al negocio se movilizaba en moto y cuando estaba cargando mercaderías en sus vehículos, fue interceptado por policías que estaban cubriendo las guardias habituales. De todos modos, se llevaron celulares, tablets, netbooks y cámaras digitales.
LOS RECLAMOS POLICIALES EN CADA PROVINCIA; LOS QUE ACORDARON Y LOS QUE CONTINUAN. UN MUERTO EN CHACO
El mapa de las protestas uniformadas
Con distinta gravedad, en Chubut, Corrientes, Tucumán, La Pampa, Chaco y Río Negro, los conflictos se mantienen vigentes. En Mendoza, Neuquén, Misiones, San Juan y Catamarca hubo acuerdo entre los gobiernos y los policías rebeldes. La situaciones más conflictivas.
Algunos comercios de la ciudad de Tucumán sufrieron saqueos; la mayoría decidió no abrir.Imagen: DyN
En buena parte del país, las policías provinciales siguieron aprovechando el momento para hacer cada una sus propios reclamos. En Chubut, Corrientes, Tucumán, La Pampa y Río Negro, los conflictos continúan, con distintos grados de envergadura. En Chaco hubo un muerto. En Mendoza, Neuquén, Misiones, San Juan y Catamarca, las negociaciones parecen llegar a buen puerto. El panorama es el siguiente:
Chaco: pese a que horas antes el vicegobernador de Chaco en ejercicio del Ejecutivo, Juan Carlos Bacileff Ivanoff, había anunciado el pago de los servicios adicionales y la incorporación de 1200 nuevos agentes, policías de la comisaría 1ª de Resistencia iniciaron el domingo una protesta en reclamo de mejoras salariales, con cortes de calles. Por la medida, se suspendió el transporte público en la capital chaqueña. A su vez, la mayoría de los comercios que abrieron el domingo decidieron cerrar sus puertas ante el temor por posibles saqueos o incidentes. Hubo algunos saqueos aislados y un joven murió baleado por un comerciante que resistió el ataque. Hay un policía herido.
Chubut: ayer, grupos de policías de Comodoro Rivadavia, Puerto Madryn y Trelew dejaron de prestar servicios en reclamo de aumento de sueldos, pese a que el gobernador, Martín Buzzi, anunció el fin de semana mejoras en los haberes de los 4200 agentes en actividad y de aquellos que se encuentran en situación de retiro. El jefe de la Unidad Regional de Comodoro Rivadavia, comisario José de la Cruz Castillo, precisó que los agentes de la seccional 7ª y un grupo de la 5ª cumplieron con la medida de fuerza. En Madryn, unos 80 efectivos del Comando Radioeléctrico hicieron lo propio. El vocero del Gobierno, Sergio Fernández Novoa, manifestó que el servicio de seguridad “está garantizado” y que “no se comunicó ningún vocero de los efectivos en retención de servicios”.
Corrientes: efectivos policiales de la capital provincial anunciaron la retención de servicios y se autoconvocaron en la sede del Comando de Patrullas de esa ciudad en demanda de reclamos salariales. Pedro Gómez, policía que oficia de vocero, sostuvo en la manifestación que el pedido es un salario de bolsillo de 10 mil pesos para quienes egresan de la Escuela Policial. En tanto, no hubo declaraciones oficiales sobre el conflicto, aunque el gobernador Ricardo Colombi y funcionarios de su gabinete mantuvieron una reunión en la residencia oficial. Además, se llevaron a cabo autoconvocatorias en comisarías de distintas localidades del interior, como Goya y Paso de los Libres.
Tucumán: unos cien policías tucumanos se autoacuartelaron junto a sus familias en la Subjefatura de la fuerza provincial, para reclamar un sueldo de bolsillo de 12 mil pesos y el reintegro de los efectivos exonerados por una protesta laboral ocurrida hace seis meses. La medida de fuerza provocó que muchos comercios cerraran sus puertas o restringieran el acceso a los compradores y que el gobierno distribuyera agentes en las principales esquinas comerciales de la capital. Pese a eso, se registró un saqueo en un comercio de lácteos, cuando el negocio estaba cerrado. Ante la protesta, el gobernador José Alperovich había señalado que “la seguridad está bien” en la provincia.
La Pampa: un grupo de policías pampeanos anunció una marcha junto a sus familias para el miércoles 18 en reclamo de aumentos salariales y mejoras en las condiciones laborales, pero descartaron que vayan a autoacuartelarse. Los agentes pidieron un aumento de salarios y que el básico pase de 1500 a 3000 pesos. Al mismo tiempo, exigieron que se mejore la situación por adicionales atrasados y las condiciones de los móviles policiales “destruidos por el uso constante”, según reza una carta dirigida a las autoridades locales encabezadas por el ministro de Gobierno, Leonardo Villalba, y al jefe policial, Ricardo Baudaux.
Río Negro: el gobierno y el jefe de la Policía, Fabián Gatti, encabezaron en la noche del domingo una reunión con unos 20 delegados en el quinto piso de la municipalidad de Cipolletti. Mientras tanto, en Roca, un nutrido grupo de efectivos policiales realizó una marcha por las calles céntricas y mantuvo el corte de la intersección de las calles 9 de Julio y Sarmiento, frente a la comisaría 3ª. En Viedma, integrantes de la fuerza policial, activos y retirados, así como también familiares, sostenían la protesta frente a la Jefatura de Policía de la ciudad.
Mendoza: luego de una reunión de tres horas entre la mutual que representa a los policías mendocinos, Amuppol, y funcionarios del gobierno provincial, se acordó ayer la suma de 500 pesos de aumento de bolsillo a todos los miembros de la policía y penitenciaría, y la puesta en marcha de una mesa de diálogo en donde se comience a discutir incrementos salariales a partir de la aprobación del presupuesto local. Omar Alcalde, titular de Amuppol, sostuvo que “esto es un principio, como para iniciar las conversaciones”; “es el reconocimiento de que el problema existe”. Sin embargo, desde la asociación indican que la resolución final la tomarán los agentes cuando se les comunique formalmente el ofrecimiento.
Neuquén: el domingo pasado, los representantes de policías de Neuquén, que reclamaban un incremento salarial, y funcionarios del gobierno provincial alcanzaron un acuerdo para destrabar el conflicto iniciado el viernes. La oferta de incremento salarial rondó los diez mil pesos de bolsillo, lo que motivó que aquellos efectivos que se mantenían acuartelados en la Jefatura de Neuquén levantaran la medida. Durante el fin de semana, la Gendarmería evitó incidentes e intentos de saqueos.
Misiones: de acuerdo con el ministro de Gobierno provincial, Jorge Franco, el gobierno de Misiones dispuso el domingo el pago de horas extra adeudadas a los efectivos de la policía provincial. Si bien no se dio a conocer a cuánto asciende la deuda de la administración provincial con los efectivos, fuentes de una denominada mesa de enlace estimaron que se remonta a “varios meses”. Los integrantes de dicho órgano de negociaciones habían advertido en los últimos días acerca del inicio de una protesta para reclamar el pago de deudas. De la misma manera, se cerraron negociaciones en San Juan, Catamarca y La Rioja.
EN SANTA FE, CRITICA DE BONFATTI Y NEGOCIACIONES
Con el arzobispo como mediador
Los policías de Santa Fe que dejaron de cumplir funciones en reclamo de aumentos salariales, profundizaron la crisis al rechazar dos propuestas del gobierno de Antonio Bonfatti, mientras la Iglesia se ofreció a mediar en el conflicto y se denunciaron nuevos saqueos.
El gobierno provincial ofreció un aumento salarial que lleva el sueldo de bolsillo para los agentes que recién ingresan a 7600 pesos en diciembre y a 8100 en febrero. Anoche, la asamblea policial definía si aceptaba. Ante el fracaso de las negociaciones durante el día, el arzobispo de Santa Fe, José María Arancedo, manifestó su disposición a colaborar para “destrabar” el conflicto, y reclamó a las partes soluciones mediante el diálogo y por vías “institucionales”. Los policías autoconvocados, que instalaron carpas frente a la Casa de Gobierno provincial, mantienen la protesta en 17 de las 19 unidades regionales, mientras en Rosario los efectivos mantienen una posición cerrada. Por ello, Bonfatti se trasladó anoche a Rosario para dialogar con los efectivos apostados frente a la jefatura local. Ante la falta de móviles, las entidades bancarias de Santa Fe decidieron no abrir sus puertas. Asimismo, los supermercados cerraron en la capital, donde durante el fin de semana se registraron episodios delictivos que generaron inquietud entre los comerciantes. Bonfatti encabezó un acto a la mañana en la Casa de Gobierno en “defensa de la institucionalidad”, al que asistieron Arancedo, el jefe del Frente Amplio Progresista y diputado socialista, Hermes Binner; el secretario de Transporte de la Nación, Alejandro Ramos, legisladores nacionales, intendentes, jefes comunales, jueces y gremialistas. “Aquí lo que está en juego son los valores de la democracia, las instituciones de la República”, sostuvo el gobernador. Fuente:Pagina12
09.12.2013 extorsión policial El Gobierno irá a la Justicia por los incitadores a saqueos y pidió a los policías "deponer la actitud"
El gobierno nacional aseguró que "la Justicia actuará con toda firmeza" contra quienes llevan adelante incitaciones a saqueos en redes sociales. Sobre las medidas de fuerza de efectivos, Alak aseguró que "hay vías institucionales para el reclamo, y entre ellas no está quitar el servicio a ciudadanos".
El ministro de Justicia Julio Alak aseguró que "la justicia actuará con toda firmeza" contra quienes llevan adelante incitaciones a saqueos en redes sociales, y llamó a los efectivos que realizan protestas a que "depongan la actitud", dado que “las medidas de fuerza adoptadas están fuera de la ley”.
En una conferencia de prensa realizada en la sede de la cartera que dirige, Alak acompañado del Secretario de Justicia, Julián Alvarez, anunció la apertura de una investigación penal contra quienes promueven o incitan saqueos en las redes sociales.
Al mismo tiempo, el ministro calificó a las protestas policiales como actividades fuera de la ley, ya que según sostuvo “la seguridad es un servicio esencial y ningún ciudadano argentino puede estar privado de este derecho”.
Al inicio de la conferencia de prensa, el Secretario de Justicia aseguró que “desde hace días en las redes sociales se vienen haciendo una serie de convocatorias a realizar saqueos por parte de sectores de distinto signo político”.
El Gobierno irá a la Justicia por los incitadores a saqueos y pidió a los policías "deponer la actitud".
Acto seguido, Alvarez expuso un conjunto de imágenes en las que exhibió las convocatorias, las cuales indicó “se encuentran relacionadas entre ellas a partir de distintos actores que están convocando a estos actos en la provincia de Buenos Aires y en otros lugares del país”.
Vinculado a la creación de un “clima de desestabilización”, Alvarez calificó como “preocupantes” las declaraciones radiales formuladas por el exjefe de la policía provincial y actual concejal del Frente Renovador, Salvador Baratta, quien justificó las medidas policiales y deslizó amenazas si no se resuelve el conflicto.
También mostró sorpresa por el hecho de que a días de cumplirse 30 años de democracia, “los sectores políticos que se caracterizan por jactarse de la democracia y de la seguridad como eje de campaña electoral, hoy en su mayoría hacen un silencio total”.
Posteriormente, el Ministro Justicia y Derechos Humanos se refirió tanto a las protestas policiales, como a los saqueos de comercios sucedidos los últimos días.
Alak afirmó que "hemos podido comprobar que los saqueos no han sido espontáneos, sino que fueron organizados. Estos hechos sucedieron de manera simultánea con una medida de fuerza que está fuera de la ley, dado el carácter esencial de la seguridad pública".
"Quien ingresa en una institución policial sabe que no puede recurrir a una medida de fuerza", subrayó Alak, para quien también surgen "claros indicios" del accionar de una organización "delictiva" a partir de la "elección de la época del año".
En lo relativo a las medidas de fuerza impulsadas por efectivos de seguridad provincial, aseguró que "nadie está diciendo que no se van analizar necesidas o demandas, pero el ámbito y el modo no pueden ser la privación de la seguridad a nuestra población, por lo que vamos a efectuar las denuncias penales correspondientes".
Con respecto a los asaltos a comercios, el ministro destacó que "no obedecen a necesidades alimentarias y suceden en momentos en los que Argentina tiene una tasa de desocupación más baja de su historia, por lo tanto no obedece a necesidades sociales".
Alak resaltó que los delitos cometidos durante los últimos días "atentan no sólo contra la seguridad, sino también contra la Constitución Nacional".
Entre los delitos mencionó "la alteración del orden público, los robos agravados, extorsiones y amenazas, la intimidación pública y la incitación a la violencia colectiva".
Posteriomente, Alak confirmó que se aunarán esfuerzos en distintos estamentos y distritos a fin de acelerar las investigaciones sobre los hechos delictivos.
De esta manera, anunció que la Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó, ordenó a los fiscales federales avanzar en las investigaciones para la imputación, procesamiento y detención de quienes hayan estado involucrados en esas acciones.
También aseguró que la Procuradora General de la provincia de Buenos Aires, María del Carmen Falbo, dictó una resolución para que los 720 fiscales dispongan el seguimiento de las actividades vinculadas a los saqueos y al incumplimiento de la prestación de la seguridad pública.
Finalmente, el Ministro comunicó que han convocado a todos los procuradores y fiscales generales de las provincias argentinas para que junto a la Procuración General y a la cartera de Seguridad nacional puedan coordinar y otorgarle precisión a los procesos de investigación de quienes no están cumpliendo con la ley y a los que protagonizan saqueos y actos delictivos.
09.12.2013 extorsión policial El secretario de Justicia denunció la utilización de redes sociales para incentivar saqueos y criticó a un concejal massista
Julián Alvarez aseguró que el actual concejal de Lanús por el massismo y ex jefe de policía, Salvador Baratta, "se encuentra haciendo declaraciones" relacionadas con los reclamos policiales" y advirtió sobre la creciente modalidad de incentivar a los saqueos a través de las redes sociales.
Alvarez, al brindar una serie de anuncios junto al ministro del área, Julio Alak, anunció que el ministerio "tomará medidas relacionadas con las redes que convocan a realizar saqueos", las cuales "están todas relacionadas entre sí".
09.12.2013
extorsión policial
De la Sota reconoció la crisis política en Córdoba y modificó el gabinete
El gobernador tomó juramento a la nueva cúpula policial y anunció la reestructuración del Gabinete provincial, donde la nota saliente es el alejamiento del jefe de gabinete, Oscar González, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva.
El gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, instó a la nueva cúpula policial a poner todo el empeño en la “tarea de reconstrucción” de la policía provincial y también a “recomponer la relación de amistad que debe existir entre la sociedad civil”.
Al poner en funciones al nuevo jefe de Policía, Julio César Suárez, en reemplazo del renunciante César Almada, el mandatario deseó éxitos a los nuevos integrantes de la fuerza policial “que tienen la principal responsabilidad de cuidar la vida, los bienes y la tranquilidad de la familia que viven en nuestra provincia”.
Asimismo, De la Sota resaltó que con la nueva cúpula policial se mantuvo una larga conversación sobre la características de la gestión que debe llevar adelante”.
En ese sentido, manifestó su respaldo a las nuevas autoridades que tienen la responsabilidad de “devolver la tranquilidad y la paz social a los cordobeses”.
De la Sota manifestó su respaldo a las nuevas autoridades que tienen la responsabilidad de “devolver la tranquilidad y la paz social a los cordobeses”
Durante la puesta en funciones de la nueva cúpula policial, De la Sota también anunció la reestructuración del Gabinete provincial, respaldándose en los intendentes para su nuevo período de gestión.
En ese contexto aceptó la renuncia de la ministra de Seguridad, y la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, quien será reemplazada por el intendente de la localidad de Alta Gracia, Walter Saieg, bajo la nueva figura ministerial de Gobierno y Justicia, lo que implica que desaparece la Jefatura de Gabinete y su titular, Oscar González, se quedará sin funciones.
El intendente de San Francisco, Martín Llaryora, fue designado en la cartera de Comercio y Justicia, en reemplazo de Jorge Lawson, quien pasará a cumplir funciones en el Ministerio de Comunicación y Estrategia.
El diputado nacional, Francisco Fortuna, reemplazará al ministro de Salud, Carlos Simón, y el intendente de Melo, Julián López, asumirá en la cartera de Agricultura, en lugar del renunciante Néstor Scalerandi.
El intendente de Morteros, Germán Pratto, asumirá en la Secretaría de Ambiente, en reemplazo de Luis Federico Bocco; y el intendente de La Calera en la Secretaría de Asuntos Municipales de la cartera de Gobierno y Seguridad.
Los nuevos ministros asumirán en sus funciones el próximo miércoles a las 17 en Casa de Gobierno.
09.12.2013 extorsión policial La oposición rompió el silencio y también pidió por una salida al conflicto
Los diputados electos opositores Sergio Massa (Frente Renovador), Julio Cobos (UCR) y Francisco De Narváez (Unión Celeste y Blanco) reclamaron a los policías que levanten el autoacuartelamiento, luego de días en que mantuvieron silencio sobre el conflicto que se inició en Córdoba.
"El gran desafío es que haya tranquilidad y paz, que funcionen normalmente las instituciones, que nadie abuse de su posición para exigir en un reclamo salarial y, que sobre todas las cosas, todos seamos responsables en este momento particular donde todos debemos poner lo mejor de sí para funcionar bien y enfrentar a los que quieran generar violencia en este contexto”, dijo Massa, a través de un comunicado de prensa.
Por su parte, mediante su cuenta en la red social Twitter, De Narváez les pidió "a los policías bonaerenses que reclaman mejoras que mantengan la calma y utilicen métodos pacíficos de protesta".
Y expresó: "Queremos que los reclamos policiales se canalicen a través del diálogo, sin cortes de calles y que la protesta policial se efectúe de manera que los efectivos no dejen de prestar el servicio de seguridad a la sociedad".
En el mismo sentido, en radio Mitre, Cobos remarcó que "tratándose de una fuerza militarizada, no puede realizar este tipo de medidas, dejar de proteger a la ciudadanía, porque es el escudo para nuestra vida, nuestros bienes".
Sin embargo, según el exvicepresidente, "acá no hay sedición; no saben cómo expresarse ante la posibilidad de tener un poder adquisitivo razonable".
"La UCR ha sacado un comunicadito: no hay intento conspirativo, queremos ayudar, pero hay que dejarse ayudar", sintetizó el dirigente, respecto de los documentos que emitió el partido y que hacen eje en la situación salarial de los uniformados.
En paralelo, Massa difundió un encuentro con intendentes, en el que, según comunicó a la prensa, remarcó que "el que saquea es un ladrón que comete un delito", aunque no trascendió que hiciera alusión directa a la actitud tomada por los uniformados.
En tanto, el exintendente de Tigre informó que pone a disposición los móviles locales y "las 4.000 cámaras repartidas en los 11 municipios" para que "puedan trabajar de manera coordinada con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y de Nación, para transmitir seguridad a la gente".
Fuente:Telam
Martes 10 de Diciembre de 2013 Ascienden a cinco las muertos por los saqueos A los fallecidos en Concordia y Jujuy, se sumaron en las últimas horas tres víctimas fatales en Chaco. Además, hay cuatro heridos de bala.
A una semana de la protesta de la policía cordobesa por reclamos salariales y los saqueos en esa ciudad capital, los muertos en distintos distritos del país ya suman cinco en medio de las revueltas de las fuerzas provinciales y los disturbios callejeros que propician. El domingo por la noche, un joven murió en la ciudad entrerriana de Concordia luego de recibir una descarga eléctrica en medio de los asaltos masivos a comercios. Anoche, un joven falleció en la localidad jujeña de Perico tras recibir una puñalada en un intento de saqueo a un negocio de ropa deportiva. Y tres personas murieron en la ciudad de Resistencia, Chaco, en las últimas horas.
Los trágicos saqueos en Chaco dejaron tres muertos. (Gentileza foto: Data Chaco)
Además de los tres muertos en Chaco, otras cuatro personas resultaron con heridas de bala, entre ellas un efectivo policial que anoche fue operado de urgencia. El director del Hospital Perrando de Resistencia, Cristian Obregón, confirmó pasada la medianoche en declaraciones televisivas la muerte de un joven de 23 años que ya había ingresado sin signos vitales al centro asistencial, así como de otras dos personas que murieron en los lugares de los violentos saqueos. Obregón informó que una de esas víctimas habría muerto a causa de impactos de bala recibidos durante los asaltos que se sucedieron desde las 21.30 en inmediaciones a la avenida Castelli y calle 15, y el otro falleció en los saqueos registrados sobre la avenida Edison y calle 8 de Resistencia, donde se produjeron intercambios de disparos entre asaltantes, comerciantes y policías.
Urribarri confirmó un muerto por los saqueos en Concordia El mandatario explicó en Vorterix que "es uno de los jóvenes saqueadores que quedó electrocutado" al intentar robar un local de elecrodomésticos. Además, afirmó que "los saqueadores se pusieron de acuerdo con alguien que les avisó que los policías se iban a meter en la jefatura".
El gobernador de Entre Ríos, Sergio Urribarri, confirmó hoy que una persona murió durante los saqueos registrados anoche en Concordia en momentos en que un sector de la Policía provincial realizaba un reclamo salarial en esa ciudad y aseguró que no negociará con los que tomaron la jefatura policial.
"El muerto de Concordia es uno de los jóvenes saqueadores que quedó electrocutado en uno de los locales saqueados", indicó Urribarri en diálogo con el programa Guetap de Radio Vorterix, y agregó: "Nadie saqueaba comida. Eran autos caros que se llevaban electrodomésticos". En cuanto al reclamo, advirtió que no negociará con "los 40 o 50 que tomaron la jefatura" porque "son personas con malos antecedentes", aunque sostuvo que "con el resto sí". "No vamos a negociar con los que cometieron sedición", sentenció. Para Urribarri, "los saqueadores se pusieron de acuerdo con alguien que les avisó que los policías se iban a meter en la jefatura". El mandatario precisó que "el problema se suscitó en la ciudad de Concordia entre las 20 y las 21", y que se comunicó "con el secretario de Seguridad, Sergio Berni, a las 23.05, e inmediatamente el personal que tenían ellos en Prefectura y en Gendarmería en la ciudad de Concordia lo afectaron al operativo". "La situación en la provincia en Entre Ríos en normal, salvo en Concordia donde está controlado desde la 1", informó.
Se registraron saqueos en Concordia y Mar del Plata Denunciaron robos en supermercados y distintos comercios de ambas ciudades. Prefectura y Gendarmería patrulla las calles.
En el marco de las protestas policiales, la fuerza de Concordia se mantiene acuartelada en reclamo de mejoras salariales, y al filo del domingo comenzaron a reportarse saqueos y robos a cadenas de supermercados, comercios tradicionales y distintos locales del centro de la ciudad. Como saldo, se registró un muerto y al menos 40 heridos.
El gobernador Sergio Urribarri confirmó que una persona falleció durante los saqueos. Pasadas las 4 de la madrugada, el mandatario provincial informó que mantuvo una reunión con el intendente de Concordia, y los responsables de Prefectura y Gendarmería.
Urribarri señaló que en el marco del conflicto con las fuerzas de seguridad, el jefe de Policía de la provincia se reunió con parte del personal que se había congregado allí, en la Jefatura de Policía. Por otro lado, hospitales de la zona informaron que hay más de 40 heridos a raíz del estallido de violencia.
El periodista de El Diario, de Concordia, Guillermo Pérez, aseguró que "la policía no estaba presente". "No se la ve en ningún punto de la ciudad", dijo. En declaraciones a un canal de noticias, señaló que presenció saqueos a supermercados y casas de electrodomésticos.
Al igual que en Córdoba, "nunca vi que se llevaran alimentos ni productos perecederos". Todo lo contrario, "se robaron la caja registradora en un supermercado, computadoras y electrodomésticos de todo tipo", explicó Pérez.
"La situación es caótica, comerciantes repelieron los robos a balazos. Ahora el centro está controlado por una especie de guardia humana mientras que los barrios están liberados y es un caos", dijo el periodista, quien también puso su atención sobre "la cantidad de chicos en moto que se desplazan; van y vienen a la pesca".
"Son como 400 policías. Está la jefatura tomada, los patrulleros parados en la calle", describió uno de los integrantes de la plana mayor de la fuerza de Concordia al sitio de noticias local. "Siento una gran impotencia, nosotros no podemos dar respuesta a los planteos", subrayó.
Los policías autoconvocados llegaron acompañados de varios de sus familiares e ingresaron por la fuerza, entre golpes de puño y amenazas, provocando heridas al jefe y al sub jefe de la policía departamental de ese ciudad entrerriana, añadió el sitio.
Frente a este panorama y luego de los desmanes, que se produjeron mayormente entre las 21 y las 24 -según reportaron medios locales y vecinos a través de las redes sociales. La Prefectura y Gendarmería salió a custodiar distintos puntos de la ciudad, habitada por unas 170 mil personas.
Mar del Plata
En la ciudad costera en las últimas horas del domingo también se registraron saqueos y daños a comercios, situación que generó alarma entre los propietarios de locales que en varios casos y durante la madrugada montaban guardias ante el riesgo de resultar damnificados por los vándalos.
El intendente municipal, Gustavo Pulti, durante la madrugada recomendó a los comerciantes "no abrir las puertas de sus locales" hasta tanto se normalice la presencia policial en las calles marplatenses. En las redes sociales "han armado un espacio donde están incentivando una situación caótica, se trata de gente conocida por todos", afirmó el jefe comunal.
El mercado Súper Comunitario, que iba a abrir sus puertas por primera vez en la mañana de este lunes, fue atacado poco antes de las 23 por desconocidos que forzaron persianas metálicas y arrasaron con buena cantidad de mercadería que ya estaba alistada en las góndolas.
La lista suma al menos dos pequeños locales de la Avenida Fortunato de la Plaza, en la zona Sur, donde se asegura que hubo robos de mercaderías y valores, delitos cometidos por autores que no fueron identificados ni capturados.
También se mencionó un intento de saqueo en un mercado de Fortunado de la Plaza y Cerrito y destrozos en vidrieras de al menos dos locales de Peatonal San Martín, en uno de los casos con algunas prendas de vestir sustraídas.
Estos casos se denunciaron poco después del inicio del acuartelamiento de uniformados que reclaman una recomposición salarial y este domingo por la noche manifestaban frente a la Comisaría 1ª, en pleno centro.
El ministro de Justicia Julio Alak aseguró que "la justicia actuará con toda firmeza" contra quienes llevan adelante incitaciones a saqueos en redes sociales, y llamó a los efectivos que realizan protestas a que "depongan la actitud", dado que “las medidas de fuerza adoptadas están fuera de la ley”.
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