Por Carlos Rodríguez
LEON ARSLANIAN ADVIRTIO QUE LAS POLICIAS SON “NAPOLEONICAS” Y DEBEN SER REFORMULADAS
“Las debe conducir el poder político”
El ex ministro de Seguridad bonaerense planteó que “no queda otro camino que la reforma” de las fuerzas policiales”. Dijo también que “si no se las descentraliza y se las democratiza”, los alzamientos serán “un cuento de nunca acabar”.
Por Carlos Rodríguez
Por Carlos Rodríguez
Imagen: Rafael Yohai
“Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino.” El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, en una entrevista con Página/12, consideró que las policías, en el país, “siguen siendo napoleónicas y se autogobiernan porque siempre pactan con sectores de los gobiernos”. Sostuvo que “si no se las descentraliza y se las democratiza de una buena vez”, las rebeliones policiales que sacudieron al país en los tiempos recientes “van a ser el cuento de nunca acabar”. De todos modos, recalcó que “para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimientos técnicos; una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante”. Arslanian se declaró a favor de la sindicalización de las policías, pero puntualizó que los uniformados “no pueden tener derecho de huelga, porque están obligados a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que deben proteger”, en referencia a los saqueos que se produjeron en estos días, en coincidencia con las protestas policiales que tuvieron lugar en varias provincias.
“Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino.” El ex ministro de Seguridad bonaerense León Arslanian, en una entrevista con Página/12, consideró que las policías, en el país, “siguen siendo napoleónicas y se autogobiernan porque siempre pactan con sectores de los gobiernos”. Sostuvo que “si no se las descentraliza y se las democratiza de una buena vez”, las rebeliones policiales que sacudieron al país en los tiempos recientes “van a ser el cuento de nunca acabar”. De todos modos, recalcó que “para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimientos técnicos; una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante”. Arslanian se declaró a favor de la sindicalización de las policías, pero puntualizó que los uniformados “no pueden tener derecho de huelga, porque están obligados a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que deben proteger”, en referencia a los saqueos que se produjeron en estos días, en coincidencia con las protestas policiales que tuvieron lugar en varias provincias.
Recalcó que las cúpulas policiales “no representan a la tropa” porque “no las mueve un interés gremial, porque los jefes negocian políticamente sus propias condiciones y sus propios intereses. A cambio de gobernabilidad pactan con los sectores políticos las condiciones para tener libertad para manejar y regular los delitos”. Recordó que cuando fue ministro “nos apoderamos de la información” que reunían las comisarías, porque “si esa información queda en manos de la policía, nunca vamos a tener conocimiento de las irregularidades” que se cometen, con participación policial, en materia de delitos graves como narcotráfico, robo organizado, trata o casos de violencia institucional.
Arslanian fue ministro de Seguridad bonaerense durante los años 1998/99, en el gobierno de Eduardo Duhalde, luego de que estallara el escándalo del caso Cabezas y la “Maldita Policía”. Quiso hacer la reforma policial, pero no pudo porque lo sacaron del cargo cuando asumió Carlos Ruckauf como gobernador. Volvió a la función en el período 2004/2007, con Felipe Solá en el gobierno, y completó la reforma que, según el mismo Arslanian, “fue totalmente destruida por el gobierno de (Daniel) Scioli”.
–Después de las revueltas policiales que conmocionaron al país se abrió un debate sobre la sindicalización de las fuerzas de seguridad. ¿Qué opina usted al respecto?
–Lo que creo es que la sindicalización es un capítulo o un subcapítulo importante de la reforma policial. La sindicalización tiene que ver con la formación de los recursos humanos policiales, con los derechos y obligaciones de los policías, con la salubridad y la higiene de los que ejercen la profesión. Cuando nosotros hicimos la nueva ley orgánica de la policía provincial, uno de los artículos estuvo destinado a reclamar que se respeten los derechos laborales de los policías, en total acuerdo con los convenios de la OIT (Organización Internacional del Trabajo) y con los convenios internacionales de derechos humanos que han sido incorporados a la Constitución Nacional.
–¿Los policías pueden tener todos los mismos derechos laborales que cualquier trabajador?
–Debo aclarar que cuando hablamos de sindicalización policial no estamos hablando del derecho de huelga. La sindicalización no significa que los policías tengan los mismos derechos que un trabajador portuario, pero sí que tengan una representación genuina, que pueda sentarse a negociar con los gobiernos temas tales como los salarios, las condiciones laborales. Y que puedan discutir los modos de organizaciones de las fuerzas de seguridad; no puedo decir que son medievales, pero sí que son napoleónicos en la mayoría de las provincias argentinas.
–La semana pasada, en los hechos, tuvimos una huelga policial que abrió la puerta a los saqueos y que puso en jaque a varios gobiernos provinciales generando una conmoción a nivel nacional.
–La policía no puede tener derecho de huelga, porque está obligada a preservar derechos superiores, como son el derecho a la vida y a los bienes de la sociedad a la que debe proteger. Los intereses y el bienestar del colectivo social está por encima de los intereses corporativos de las fuerzas policiales y de seguridad. Los policías tienen derecho a participar, a través de representantes legítimos de la tropa, en mesas de trabajo sobre salarios, condiciones de trabajo y de salubridad, tratamiento adecuado de enfermedades profesionales, prestaciones médicas garantizadas, derecho a la vivienda, estabilidad en el lugar de trabajo.
–En las revueltas policiales queda siempre claro la división que existe entre suboficiales y oficiales, entre la cúpula y la tropa.
–En la reforma policial que se pudo completar (cuando fue ministro de Seguridad entre 2004 y 2007), nosotros planteamos el tema de la sindicalización, porque teníamos muy claro que las cúpulas nunca representan a la tropa. A las cúpulas no las mueve un interés gremial. Las cúpulas negocian políticamente sus propias condiciones y lo que les interesa en términos generales. Y los gobiernos sólo les exigen que garanticen la gobernabilidad. Con algunos gobiernos, las cúpulas negocian las condiciones para tener libertad para manejar y regular el delito de la mejor manera, en defensa de sus propios intereses. En los hechos, lo que ocurre es que desde los sectores políticos se permite el autogobierno de las fuerzas policiales y de seguridad.
–¿Por esas razones, cuando fue ministro, usted eliminó la jefatura de policía para que esa responsabilidad fuera civil?
–Yo creo que pudimos demostrar que era posible llevar adelante una reforma, un programa coherente, sin necesidad de pactar nada con las fuerzas de seguridad. Los gobiernos no tienen que pactar nada, pero nuestra reforma, después de la asunción del gobernador (Daniel) Scioli y su ministro de Seguridad (Carlos Stornelli), fue destruida en sus principales aspectos. En 2009, ya fuera del gobierno, llegamos a un acuerdo para avanzar hacia una seguridad democrática, con participación de organizaciones de derechos humanos, especialistas y referentes de diferentes fuerzas políticas. Y lo primero que se planteó es que las fuerzas policiales dejen de estar gobernadas por sí mismas. El que las debe conducir y disciplinar es el poder político (la voz de Arslanian se hace más grave y al mismo tiempo se transforma casi en un grito). Eso no ocurrió porque se decidió pactar con las policías. La seguridad es un resorte de los gobiernos y no se puede negociar.
–Al margen de los “pactos”, también es cierto que resulta difícil disciplinar a fuerzas policiales que se autogobiernan y hasta se autofinancian. Recuerdo los rostros de algunos oficiales cuando usted, como ministro, iba a darles instrucciones. Lo miraban feo.
–Absolutamente cierto. Pero de todos modos, fuimos ganando espacio, cierto grado de autoridad moral. Para poder imponer una reforma policial hay que tener conocimiento sobre lo que se está haciendo, hay que tener conocimientos técnicos. Una reforma policial no la puede hacer un civil ignorante. En un año creamos el 911, instalamos un call center con gente preparada que tenía un amplio manejo lingüístico, transformamos a los suboficiales en oficiales, hicimos que fuera obligatorio para todos tener el secundario completo, trabajamos muy fuerte con el Ministerio de Educación. Teníamos mucha gente que no había terminado la escuela primaria y nos dimos cuenta que no había ninguna diferencia entre el conocimiento y el trabajo real que hacían suboficiales y oficiales, por eso eliminamos esa diferencia que genera situaciones de rivalidad. Pero bueno, todo lo que hicimos, lo destruyó el gobierno de Scioli. La policía Buenos Aires 2 fue destruida. A mí no se me amotinó nadie. Y los jubilados policiales, que dejaban la actividad y pasaban a cobrar sólo el 25 por ciento de lo que recibían en el servicio activo, se fueron con el ciento por ciento del último sueldo percibido.
–¿Usted encontró apoyo, dentro de la Policía Bonaerense, para seguir adelante con la reforma?
–En una reunión que se hizo en la Escuela Juan Vucetich, con presencia de Scioli, muchos le pidieron que siguiera con la reforma. Los buenos policías, que los hay, querían que siguiera; los malos, por supuesto, no querían saber nada con perder su poder y sus negocios. La gente del BID (Banco Interamericano de Desarrollo) me vino a ver para monitorear la reforma. Hizo un muy buen informe, favorable, y concluyó que había que aportar plata para la reforma.
–¿Y cómo se combaten esos males endémicos de las policías, como la tortura, la corrupción, la trata, el narcotráfico, el vínculo cada vez más claro con el crimen organizado?
–Nosotros creamos información online. Nos apoderamos de la información que no puede quedar en manos de las policías, porque si queda en sus manos nunca se va a saber nada de lo que está pasando. Hay que apropiarse de la información que manejan para saber todo lo que nunca van a contar. Hicimos estadísticas reales, mes a mes, con la información obtenida por empleados civiles comisaría por comisaría. Así determinamos la cantidad referenciada de los delitos. Y de esa forma, saltaban las irregularidades.
–¿Se pudo avanzar con las investigaciones sobre violencia institucional y otros delitos?
–Lo que hicimos es intervenir de modo efectivo hacia el interior de la fuerza. Lo primero fue armar la base de datos y después hacer la inteligencia de esa información. Asuntos Internos no puede estar en manos de un policía y los agentes involucrados en delitos ya no fueron defendidos por abogados de la propia fuerza. Si al sistema lo maneja la policía, hay complicidades de todo tipo. También empezamos a trabajar con los foros vecinales, que aportaban mucha información sobre el delito y sobre la actuación de las fuerzas policiales. Muchas veces, los mapas del delito de los vecinos eran mucho más precisos y acertados que los que confeccionaban las comisarías.
–¿Cuál sería su consejo a las autoridades gubernamentales para ponerle fin a estos levantamientos policiales?
–Acá hay que hacer la reforma policial o hacer la reforma policial, no queda ningún otro camino. La policía sigue siendo napoleónica, autogobernada. Si no se la descentraliza, si no se la democratiza de una buena vez, esto es el cuento de nunca acabar. Hay que terminar con esta rémora perversa de oficiales y suboficiales, y de un jefe de policía y una cúpula policial que no representan a nadie y que sólo defiende intereses personales.
MARCELO SAIN HABLO CON PAGINA/12 SOBRE LA CRISIS DE LAS FUERZAS POLICIALES
“Hay un desmanejo político de la policía”
El ex titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria afirmó que se debe encarar “la reconstrucción de soberanía política y de capacidad de gerenciamiento político de la seguridad”. Dijo que hubo saqueos “claramente fogoneados” por los propios policías.
Por Sebastian Abrevaya
Por Sebastian Abrevaya
Imagen: Bernardino Avila
El diputado provincial Marcelo Saín es una de las principales voces en materia de seguridad. Fue el primer titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –la única fuerza de seguridad federal creada en democracia– y secundó a León Arslanian en el Ministerio de Seguridad bonaerense cuando se encaró un proceso de reestructuración policial, que quedó finalmente trunco tras su reemplazo por Carlos Stornelli. En diálogo con Página/12, el ahora legislador de Nuevo Encuentro aseguró que la crisis desatada en las últimas semanas demostró el colapso “de la modalidad de gestión política de la seguridad”, producto del resquebrajamiento de un “doble pacto”. Por un lado, el “pacto político-policial” y por el otro el “pacto policial-criminal”. Según Saín, en este contexto se generan las condiciones para avanzar en un proceso de reforma con tres etapas: la reconstrucción de soberanía política sobre la seguridad y las policías, la redefinición del proyecto institucional de policía y, en tercer lugar, la “laboralización del trabajo policial”.
El diputado provincial Marcelo Saín es una de las principales voces en materia de seguridad. Fue el primer titular de la Policía de Seguridad Aeroportuaria –la única fuerza de seguridad federal creada en democracia– y secundó a León Arslanian en el Ministerio de Seguridad bonaerense cuando se encaró un proceso de reestructuración policial, que quedó finalmente trunco tras su reemplazo por Carlos Stornelli. En diálogo con Página/12, el ahora legislador de Nuevo Encuentro aseguró que la crisis desatada en las últimas semanas demostró el colapso “de la modalidad de gestión política de la seguridad”, producto del resquebrajamiento de un “doble pacto”. Por un lado, el “pacto político-policial” y por el otro el “pacto policial-criminal”. Según Saín, en este contexto se generan las condiciones para avanzar en un proceso de reforma con tres etapas: la reconstrucción de soberanía política sobre la seguridad y las policías, la redefinición del proyecto institucional de policía y, en tercer lugar, la “laboralización del trabajo policial”.
–¿Qué mirada tiene sobre los levantamientos policiales?
–Fue un reclamo salarial y después hay que ver la consecuencia institucional de eso.
–¿Cómo analiza entonces ese reclamo?
–Ha habido un fuerte malestar laboral en las policías. Lo que quedó demostrado a partir de esta crisis es que estas policías conviven fuertemente con bolsones de trabajadores pobres, que a sí mismos no se consideran trabajadores. Y que además no lo son desde el punto de vista jurídico, porque no portan ningún derecho laboral. Eso tiene que ver con la configuración de estas fuerzas fuertemente militarizadas y estructuradas sobre la base de la sumisión al superior. Esto eclosionó. Una de las manifestaciones más fuertes de esta situación de crisis es una suerte de licuación de la estructura de mando tradicional, que ya no es administrable por las cúpulas con el reglamento militarizado en la mano. Uno de los fenómenos que hemos visto en estos días es que no ha habido clandestinidad en la demanda. Es un fenómeno que yo no lo asimilaría a ningún otro tipo de hecho de desestabilización por parte de fuerzas policiales. El segundo aspecto es la existencia de estructuras de conducción policial profundamente anacrónicas y con muy escasa capacidad de gestión de la crisis. Y en esto hay que destacar la ausencia total de estructuras de gestión política. A punto tal es la acefalía y la defección política en las provincias –existan o no ministerios de seguridad–, que en ninguna se vislumbró capacidad política de gestión de la información y de la conflictividad. Eso obligó a que los propios gobernadores de manera directa intercedieran ante la crisis, incluso en algunos casos estableciendo diálogos y negociaciones con los propios sectores que establecieron los reclamos. Le pasó a un gobierno como el de De la Sota, que le concedió a la policía todo el poder, al punto de llevar como ministro de Seguridad a Alejo Paredes, vinculado con la oficialidad de la dictadura militar.
–Precisamente allí es donde se desencadena el conflicto, que después se reproduce en otros distritos...
–Sí, pero es un error decir que en el caso cordobés están reaccionando a la falta de fondos provenientes del crimen. Eso es desconocer que los fondos provenientes del narcotráfico no se distribuyen socialmente de manera equitativa. Hay también policías que reaccionan frente a las cúpulas. En la proclama anónima del 14 de diciembre, los tipos claramente están diciéndoles a los jefes que no protegen a los trabajadores, que son ricos, están vinculados al crimen, y ellos no son delincuentes.
–¿Pero cómo se pasa de un reclamo salarial a esta situación?
–Esta crisis arranca siendo una demanda laboral, pero termina siendo una crisis política por ausencia de gestión política sobre estas cuestiones. Hemos vislumbrado que algunos sectores internos en algunas provincias se montaron sobre muchas de estas cosas que deben ser internas entre ellos. El tipo de Mar del Plata que libera la zona para que saqueen el centro, quizás esté motivado por razones internas con el jefe departamental, que no tiene nada que ver con el conflicto original. Pero hay un contexto donde es funcional la canalización de ese conjunto de conflictos o diferencias internas. Allí sí después hubo lo que la policía sabe hacer: liberación de zonas, pactos con sectores criminales, estímulo a determinados saqueos.
–¿Hubo intencionalidad en los saqueos?
–En algunos era claro. Lo dijo el gobernador de Chaco y es creíble. En Córdoba también por algún sector policial. En Mar del Plata claramente hubo comisarios comprometidos con los saqueos. Pero hay que analizar caso por caso. En Buenos Aires, entre los policías de Adrogué, La Plata y los de algún otro sector más no comprometían más de mil miembros de la institución sobre 60 mil. Pero el grado de repercusión política que eso tiene es enorme, no solamente porque sea fogoneado por algún medio de comunicación, como hizo TN, que claramente alentó a que esto ocurriera y se expandiera. Por fuera de eso el hecho en sí mismo es muy acotado, pero tiene un grado de repercusión política y social muy elevado. En la provincia, los únicos saqueos que ocurrieron fueron claramente fogoneados por la propia policía. Claramente hubo liberación de zonas. ¿A qué respondió? No fue una maniobra de sectores provinciales, quizá responda a factores muy propios del lugar.
–Algunos gobernadores apuntaron que es responsabilidad del gobierno nacional...
–La principal responsabilidad es el desmanejo político de la policía. Esta policía no es resultado del espíritu santo. Es la policía de esta política. Acá hubo 20 años de un acuerdo tácito de que los gobiernos delegaran el poder de la gestión de la seguridad pública a las policías y éstas gestionan la problemática criminal, en algunos casos incluso participando en el crimen. Este doble pacto es lo que se empieza a agrietar. A través del desmanejo de las organizaciones policiales se agrieta el pacto político policial y, a través del crecimiento del crimen más complejo y organizado y su autonomización respecto de la regulación estatal, como hemos visto en los problemas con el narcotráfico en la provincia de Buenos Aires, Santa Fe y Córdoba, se empieza a quebrar el pacto policial-criminal. Es simultáneo, forma parte de lo mismo. Y ahora, cuando se quiebra ese doble pacto, no hay resto político para enfrentar el tema, porque al darle el gobierno de la seguridad a la policía, nunca se construyó capacidad de gestión política. El gran desafío no es tanto el proceso de reforma policial, esa es una segunda etapa, lo más importante es construir capacidad de gestión política.
–¿Y por qué no se avanzó por ese camino?
–Porque la política cree que esto es ingobernable. Y siempre a los gobernantes, que saben que estos procesos son de largo plazo, les cuesta mucho, primero, crear estructuras especializadas de gestión y no ven ningún tipo de beneficio político inmediato. Y al mismo tiempo creen que va a haber contestación de sectores policiales y/o políticos y judiciales contra cualquier impronta de reforma. No hay mirada estratégica. Y un proceso de cambio implicaría acuerdos políticos porque va más allá de la temporalidad de un gobierno. Si acá no hay una reapropiación política de la conducción de la seguridad y de las policías, sucesivas crisis van a ocurrir y se van a comer un pedazo de la soberanía política argentina.
–¿Qué posición tiene sobre la sindicalización?
–Ese debe ser un punto de llegada, la conversión del empleo policial en un trabajo. Hay un abordaje esquizofrénico del Estado y de la política con relación a los policías. No podemos tener policías con doble empleo. Tiene que haber un nivel salarial que imponga la exclusividad. Si no, no hay profesionalización y desempeño eficaz de las tareas. Las condiciones materiales de trabajo hay que revertirlas. Y hay que permitir el derecho a futuro a la agremiación y a la negociación colectiva, no así el derecho a huelga. La sindicalización tiene que ser pensada en el marco de un cambio mucho más integral en la policía.
–¿Cuál sería?
–La reconstrucción de soberanía política y de capacidad de gerenciamiento político de la seguridad y de las policías. Repensar las policías. Hay que tener un nuevo proyecto institucional de policía, que resulte de un debate nacional acerca de para qué está, cómo se debe organizar y cuánto debe costar una policía a la altura de la gestión democrática de los conflictos. Y el tercer punto es el laboralización del trabajo policial.
–¿La creación de las policías municipales es parte de la solución?
–Sí, es un cambio importante. En Buenos Aires, la municipalización de las policías en las grandes ciudades es una de las respuestas que el sistema político bonaerense va a dar a esta crisis, a nivel de seguridad preventiva. Los intendentes se convierten en los jefes de policía y tienen policías totalmente nuevas, con personal capacitado nuevo, a su servicio, para poder gestionar localmente la seguridad. Va a tener funciones solamente abocadas a la seguridad preventiva, al crimen menor en la calle. No va a tener tareas investigativas vinculadas con el crimen organizado, ni con control de grandes manifestaciones, ni con operaciones especiales.
LA JUSTICIA ORDENO LA DETENCION DE POLICIAS EN TUCUMAN
Nueve que roban de uniforme
Uno de los policías detenidos en Tucumán en el momento de su traslado.Imagen: Gentileza La Gazeta de Tucumán
La Justicia tucumana ordenó la detención de nueve policías provinciales a los que se acusa como autores mediatos de una serie de delitos cometidos durante la ola de ataques a comercios y viviendas ocurridos cuando esa fuerza abandonó el servicio para reclamar aumentos de salario. Las detenciones se produjeron entre el viernes a la noche y ayer en distintos domicilios de San Miguel de Tucumán. Los uniformados fueron trasladados a Tribunales, donde comenzaron a prestar declaración indagatoria ante los fiscales Diego López Avila y Adriana Giannoni. Si bien no trascendieron los nombres, se sabe que al menos uno tiene el rango de comisario. Los fiscales entrerrianos Fabio Zabaletta y Germán Dri, en tanto, encontraron en la casa de un policía un electrodoméstico que habría sido robado durante los saqueos ocurridos en esa provincia.
La Justicia tucumana ordenó la detención de nueve policías provinciales a los que se acusa como autores mediatos de una serie de delitos cometidos durante la ola de ataques a comercios y viviendas ocurridos cuando esa fuerza abandonó el servicio para reclamar aumentos de salario. Las detenciones se produjeron entre el viernes a la noche y ayer en distintos domicilios de San Miguel de Tucumán. Los uniformados fueron trasladados a Tribunales, donde comenzaron a prestar declaración indagatoria ante los fiscales Diego López Avila y Adriana Giannoni. Si bien no trascendieron los nombres, se sabe que al menos uno tiene el rango de comisario. Los fiscales entrerrianos Fabio Zabaletta y Germán Dri, en tanto, encontraron en la casa de un policía un electrodoméstico que habría sido robado durante los saqueos ocurridos en esa provincia.
Los hechos en Tucumán ocurrieron entre lunes y martes, cuando las calles se convirtieron en tierra de nadie producto de una medida de fuerza iniciada para reclamar mejoras salariales, objetivo que finalmente consiguieron cuando el gobierno, luego de intensas negociaciones, les otorgó un aumento del 35 por ciento.
El acuerdo elevó a 8700 pesos el sueldo inicial de un agente, el menor rango de la fuerza, pero generó una fuerte fractura entre los uniformados y la sociedad, en tanto el gobernador José Alperovich dijo que fue víctima de “una extorsión”.
La sublevación de los policías tucumanos comenzó al domingo a la noche en el edificio de la subjefatura, donde funciona el estratégico sistema del 911. Mientras los policías permanecían autoacuartelados, distintas bandas se dedicaron a saquear comercios, supermercados, distribuidoras y hasta casas de familia en la capital tucumana y en las localidades de Famaillá y Yerba Buena. El caso generalizado derivó en que los vecinos se armaran y levantaran barricadas en las calles para protegerse de los ataques. Los saqueos e incidentes se prolongaron hasta el martes, cuando los policías lograron finalmente su objetivo.
El gobierno provincial, a través del fiscal de Estado Jorge Posse Ponessa, presentó en los tribunales penales una denuncia por sedición contra policías debido a la modalidad de protesta adoptada. A partir de ese momento diferentes fiscales comenzaron a trabajar para lograr identificar a los saqueadores y determinar la responsabilidad de los policías en esos ataques. Luego de tensas jornadas que provocaron la muerte de cuatro personas y casi un centenar de heridos, además de pérdidas millonarias por los ataques a comercios y viviendas, el gobernador Alperovich aceptó la renuncia del jefe de policía Jorge Racedo y designó en su reemplazo a Dante Bustamante.
En las primeras horas de ayer, representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron la detención de nueve efectivos, que finalmente ordenó la jueza de Instrucción Mirta Lenis de Vera, según trascendió en medios provinciales. El gobernador Alperovich, por su parte, informó que hay medio centenar de detenidos por los saqueos y que se hicieron más de cien allanamientos para buscar la mercadería robada. “Estamos tratando de perseguir a todos los responsables y queremos que paguen por lo que hicieron”, sostuvo el gobernador.
La figura de autoría mediata implica que alguien colabora o instiga con su accionar para que se cometan determinados delitos como robos, lesiones y hasta homicidios.
En Entre Ríos, durante un allanamiento realizado ayer por la mañana, los fiscales Zabaletta y Dri encontraron un equipo de aire acondicionado portátil en la casa de un policía de apellido Rodríguez. Su vivienda había sido señalada por testigos como uno de los lugares en donde se habrían descargado productos robados durante los saqueos.
El fiscal Dri relató a la agencia Télam que “se realizaron varios allanamientos en casas de funcionarios públicos” y en ese marco llegaron a la “de un policía donde se encontró un artículo” que pudo haber sido robado. Explicó que los integrantes de la vivienda allanada no pudieron justificar la compra de ese electrodoméstico y que fue el hermano del policía quien dijo haber comprado el equipo de aire a un chico en la calle, en la esquina de su casa, por 200 pesos. El viernes a la noche se habían realizado otros allanamientos durante los cuales se secuestró, entre otras cosas, un colectivo con varios elementos robados en su interior. Dri explicó que muchos funcionarios policiales fueron denunciados por testigos anónimos y que la fiscalía se encuentra trabajando sobre pruebas gráficas y audiovisuales para intentar avanzar sobre pistas que surgen de las denuncias. El jueves, los fiscales habían detectado una serie de artículos robados en una vivienda perteneciente a un familiar de un sargento.
DEFINICION DE JORGE CAPITANICH EN LA ASAMBLEA DE CARTA ABIERTA
“Democratizar la seguridad”
El jefe de Gabinete advirtió que quienes “socavan las bases del poder democrático están siempre al acecho”, y dijo que hay que responderles “con mayor firmeza y democracia”. Llamó a “promover la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad”.
Jorge Capitanich habló ante los intelectuales de Carta Abierta en la Biblioteca Nacional.Imagen: Télam
“Aquellos que socavan las bases del poder democrático están siempre al acecho”, aseguró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su visita a Carta Abierta en la Biblioteca Nacional. “De la única manera que hay que responder es con mayor firmeza y mayor democracia”, consideró el funcionario nacional, quien señaló que las provincias deben sumarse al compromiso para una seguridad democrática y abogó por un comité contra la tortura en las cárceles. En el encuentro hubo un apoyo de los intelectuales a una pronta reforma de las policías y también se plantearon cambios al proyecto del Código Civil y Comercial.
“Aquellos que socavan las bases del poder democrático están siempre al acecho”, aseguró el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, en su visita a Carta Abierta en la Biblioteca Nacional. “De la única manera que hay que responder es con mayor firmeza y mayor democracia”, consideró el funcionario nacional, quien señaló que las provincias deben sumarse al compromiso para una seguridad democrática y abogó por un comité contra la tortura en las cárceles. En el encuentro hubo un apoyo de los intelectuales a una pronta reforma de las policías y también se plantearon cambios al proyecto del Código Civil y Comercial.
Los integrantes de Carta Abierta tuvieron su habitual encuentro en la Biblioteca Nacional, en el que debatieron sobre lo ocurrido estas últimas dos semanas con las sublevaciones policiales, los saqueos y la muerte de diez personas. “Hubo coincidencia de apoyar las declaraciones de Cristina Fernández de Kirchner en el sentido de avanzar con una reforma de las instituciones provinciales de seguridad. Se planteó que era una tarea impostergable para poder seguir profundizando este proceso”, afirmó a Página/12 Eduardo Jozami, director del Centro Cultural de la Memoria Haroldo Conti, que funciona en la ex ESMA.
El sociólogo Carlos Girotti coincidió con los planteos de Jozami.
También señalaron que la insubordinación policial no fue sólo una movida de desestabilización para crear la sensación de que el Gobierno no tiene autoridad, sino que también busca complicar la situación económica, acelerando una espiral inflacionaria. Varios discursos responsabilizaron al gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota por la pésima resolución del primer conflicto, que estalló en su provincia.
Cuando concluyó la asamblea hubo un brindis en el patio de la Biblioteca del que participaron Daniel Filmus, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y Capitanich. Cada uno hizo su evaluación de la situación del país, luego de un discurso de Ricardo Forster. El filósofo planteó el compromiso de Carta Abierta con la profundización del modelo, reseñó los logros de la última década y recordó las visitas de Néstor Kirchner a Carta Abierta.
A Capitanich le tocó el cierre y advirtió que “aquellos que pretenden socavar las bases del poder democrático están siempre al acecho y la única manera en que hay que responder es con mayor firmeza y mayor democracia”. El jefe de Gabinete llamó a “promover la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad”. “Los que deben proteger la vida y el patrimonio no pueden ser los mismos que promuevan los hechos delictivos”, indicó.
A su vez, Capitanich descartó una causa social de los saqueos: “Nunca hubo tanto crecimiento económico como en esta década y fue el kirchnerismo el que solucionó la tensión entre democracia y crecimiento económico. Nunca se ha discutido la reparación histórica en las provincias del norte como hasta ahora. El kirchnerismo se animó a construir gobernabilidad democrática con calidad institucional aunque muchos nos cuestionen”, dijo. El ministro coordinador consideró que “vivimos en un mundo desigual que ha generado una división extraordinaria que debe ser reparada por la política” y destacó que “las corporaciones no pueden apropiarse de los gobiernos”. “Hemos vivido una semana muy intensa y tenemos que entender que los grupos corporativos o los vestigios de la dictadura militar o aquellos que pretenden socavar las bases de la legitimidad del poder democrático están siempre al acecho”, alertó.
Capitanich volvió a remarcar la responsabilidad de los gobiernos provinciales. “La seguridad pública es un poder no delegado de las provincias argentinas pero las provincias, como lo hicimos en la provincia de Chaco, tienen que tener ley de seguridad democrática.” “Tenemos que avanzar con la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad, tenemos que promover claramente el comité de prevención de la tortura para lugares de encierro”, afirmó. Lo siguió un aplauso cerrado.
Para esto, llamó a “profundizar el debate público en todas las circunstancias y en todos los medios” y a continuar la “revolución en paz de carácter popular que tiene que surgir de la conciencia popular”. Destacó que “hay que democratizar el sistema de seguridad pública, garantizar transparencia, para que las mafias enquistadas, vinculadas con la trata de personas, el narcotráfico y otros flagelos que agobian a la sociedad argentina puedan ser desterrados”.
En la asamblea de Carta Abierta también hubo quienes plantearon que era importante que el conjunto de intelectuales participe del debate que resta sobre la reforma del Código Civil y Comercial. Hubo críticas a los cambios que recibió la norma. En particular, los intelectuales señalaron que se debe incluir la función social de la propiedad y cuestionaron la redacción del artículo que señala que la vida empieza con el embrión.
Por último, uno de los integrantes señaló la importancia de reivindicar a Raúl Alfonsín, como ocurrió con el discurso de la Presidenta en el aniversario de los 30 años de democracia. Sobre el papel de Alfonsín aparecieron diversos matices, pero hubo acuerdo en que en este momento hay que rescatar a quienes debieron enfrentar a los poderes fácticos.
Una confesión de Scioli
Orquestadas y prefabricadas
Imagen: DyN
Inclusión social y control político de las fuerzas de seguridad para incorporarlas a los procesos democráticos en cada una de las jurisdicciones, como ya se hizo con las Fuerzas Armadas. Ese fue el antídoto contra la extorsión policial que la presidente CFK prescribió en su discurso del 10 de diciembre. Pero mientras las Fuerzas Armadas y las intermedias, como la Gendarmería y la Prefectura, son estructuras nacionales, las policías están en la jurisdicción de cada provincia. Una cultura institucional anquilosada se amalgama con el mensaje represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios del statu quo económico y social responden a la preocupación por la denominada inseguridad. El gobierno nacional detecta la raíz del problema, pero cuando habla del control civil sólo percibe a la justicia como un estorbo para la conducción política de las fuerzas. Esta no es una contradicción menor. Que una de las provincias castigadas por la sedición y la muerte haya sido el Chaco (donde el flamante jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto en marcha el mecanismo local que contempla la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) también manifiesta la magnitud de las resistencias que el cambio provoca. Una de las víctimas fue el subcomisario Christian Vera, de 36 años. Su familia tenía una íntima relación de amistad con Capitanich, quien pocos días antes había asistido al velorio de la madre del oficial. Vera no se plegó a sus colegas acuartelados e intentó contener un saqueo. Vestía su chaleco antibalas, pero el proyectil ingresó por la ingle y lo mató. ¿Fue por casualidad, o el disparo partió de otro profesional que conocía dónde termina la protección del chaleco? Otra pregunta, que escuché con insistencia en Córdoba, ¿cómo pudo haber sólo un muerto si durante toda la noche se escucharon disparos en forma incesante? En cualquier caso, es imposible exagerar la gravedad de los hechos degradantes sucedidos, que tendrán consecuencias económicas y sociales, al adelantar las negociaciones paritarias previstas para el año próximo en las que todos los trabajadores de la órbita del Estado Nacional, las provincias y los municipios reclamarán con estricta justicia igual trato. También afectarán el vínculo entre la Nación y las provincias, que no pueden hacer frente a los compromisos arrancados a sus gobernadores. Los alzamientos carapintada, la hiperinflación y los saqueos, la crisis de fin de siglo con todo lo que implicó (descomposición institucional, feroz transferencia de ingresos, surgimiento de nuevas formas de organización social, asesinato de militantes populares), son los otros picos de crisis que dejaron huellas y cuya sombra ominosa sólo pudo disiparse con profundas transformaciones. Este cuadro impone una respuesta lúcida y eficiente de las autoridades, para encarar de una buena vez y a fondo las reformas policiales que se han venido posponiendo durante décadas.
Un informe de la Comisión Cordobesa por la Memoria, en cuyo capítulo sobre la seguridad y la policía intervinieron los académicos de la Universidad Nacional de Córdoba Magdalena Brocca, Susana Morales, Valeria Plaza y Lucas Crisafulli, sostiene que el gobierno provincial provee a su policía cada vez más armamento, tecnología, móviles y efectivos, así como mayor autonomía operativa. Entre 2003 y 2013 el crecimiento del personal policial superó al de cualquier otra repartición pública: de 13.000 a 27.000 efectivos, pese a lo cual las tasas delictivas se mantuvieron y las contravencionales volaron: en 2005 hubo 8.960 detenidos por contravenciones, en 2011, 73.100, ocho veces más. El Cuerpo de Acción Preventiva no responde a la estructura de las comisarías, sino a un mando propio y centralizado, como el Comando Radio Eléctrico de la dictadura. Este cuerpo “define –habilita o restringe– las formas de habitar el territorio urbano de grandes sectores de la población cordobesa”, dice el informe. En consecuencia, Córdoba tiene una policía joven, casi sin formación profesional, salvo un curso de nueve meses, cuyo verdadero aprendizaje se realiza en la calle con el Código de Faltas como hoja de ruta. Esa subcultura policial, vinculada a la jerarquía, la obediencia, la disciplina y el ingreso a una corporación con lógicas violentas, aleja y diferencia a sus miembros de la vida civil. El bajo sueldo básico obliga a realizar adicionales, que la misma policía asigna en forma arbitraria. Durante 2012, para duplicar el básico de 3500 pesos era necesario trabajar 16 horas por día. Esta precarización absoluta, con condiciones laborales indignas, conspira contra la eficiencia y la profesionalidad. La ley de seguridad remeda el modelo neoyorquino de tolerancia cero, pero sin la depuración policial que fue uno de sus aspectos. Permite suprimir las libertades con sólo invocar genéricas “razones de seguridad”. La ley orgánica define el “estado policial”, que obliga incluso a los que están de franco y a los retirados a portar el arma reglamentaria las 24 horas del día, “para prevenir o interrumpir la ejecución de un delito o contravención” en cualquier lugar y momento. Así se profundiza el carácter de corporación separada del resto de la sociedad, y la posibilidad de reacción violenta y armada frente a conflictos cotidianos de menor importancia. El régimen disciplinario de la policía es vago y ambiguo; castiga “la falta de celo o exactitud en el cumplimiento de los deberes”, el “descuido en el aseo personal, uso del cabello largo”, hasta el “contraer deudas con personas de mala reputación” o “prestarse a reportajes o formular declaraciones públicas, referidas a aspectos funcionales o de carácter político, sin contar con la autorización de la superioridad”.
Sí, jefe
Por Horacio Verbitsky
Qué puede hacer la Nación
Por Horacio Verbitsky
En hechos sociales y políticos el orden de los factores altera el producto y es central para discernir responsabilidades y culpas. Esta vez, que no otras, el detonante único fue el accionar de las policías provinciales, que generaron desprotección y anomia en la mayoría de las provincias y en decenas de ciudades. El abandono súbito de la prevención y la disuasión, agravado por su exteriorización estridente propagada con alegría por los medios dominantes, buscó desestabilizar al poder político. El miedo se incentivó con operativos anunciando el caos inminente a los ciudadanos-vecinos.
Es prematuro concluir que se urdió una conjura previa así como es palpable que durante un tiempo cruel hubo coincidencias en los métodos, intereses objetivos idénticos, una alianza real de uniformados. Se movieron de consuno como asociación ilícita, más allá de si lo acordaron antes o después del comienzo en Córdoba.
La finalidad, parece, no fue golpista en sentido estricto porque se centraba en los reclamos gremiales pero se utilizó (y por ende se acicateó) el debilitamiento de los gobernantes electos. Se quiso sacar tajada desestabilizando al sistema democrático. Ninguno de los insurrectos tenía medida la dosis exacta que lo ponía en jaque sin generar situación de jaque mate.
El chantaje fue, pues, sedicioso en el sentido constitucional del término, implementado por grupos armados por el Estado para defender a la población. La conducta es imperdonable, la mayor responsabilidad en fuerzas militarizadas recae en sus cuadros superiores.
Sería, de todos modos, superficial omitir las hondas raíces históricas en que se asientan las novedades de estas semanas. Las relaciones perversas entre los gobiernos y las fuerzas de seguridad vienen de lejos. La delegación del mando político en las autoridades policiales es una lacra vieja, muy expandida. El ahora diputado provincial y también académico Marcelo Saín no es el único que las viene describiendo y denunciando, aunque sí está entre los más constantes y agudos en el análisis. Su libro El Leviatán azul (publicado en 2008) da debida cuenta de los fenómenos. Un artículo muy reciente (aunque previo a la detonación de las sublevaciones en Córdoba), “Las grietas del doble pacto” (Le Monde Diplomatique de diciembre), puede parecer premonitorio: suelen serlo las detecciones de problemas crónicos que pueden y suelen agravarse. Lo que describe el sociólogo Saín son las transas entre gobernantes y policías por un lado, entre agencias de seguridad y delincuentes por otro. Una de sus sólidas e inquietantes hipótesis es que las autoridades legales han perdido terreno aun dentro de sus acuerdos espurios.
Las policías pactan con los delincuentes o delinquen tout court. En la coyuntura hay testigos presenciales que los vieron azuzando los saqueos, poniendo el cuerpo para incentivar el vandalismo en las zonas liberadas. El cronista recibió testimonios directos de habitantes de Tucumán y el conurbano que los vieron y los conocen.
Con los recursos de comunicación que están al alcance de cualquiera, las palabras se completan con fotos o filmaciones. Las crónicas y las imágenes de otros territorios corroboran que el fenómeno fue muy vasto.
Las circunstancias socioeconómicas de la Argentina son otro factor presente, que ahora fue gatillado adrede pero que forma parte del inquietante contexto. La clase trabajadora ha mejorado sus standards de empleo, ingresos e inclusión pero la desigualdad se mantiene, dentro de un panorama distinto. La marginalidad sobrevive, el rencor y el consumismo también... la oportunidad los aguijonea.
En un modelo que promueve el bienestar y por ende el consumo, el consumismo y las fantasías aspiracionales inaccesibles están, valga la expresión, a la vuelta de la esquina. Los lazos comunitarios o los frenos inhibitorios se relajan ante estímulos ya repetidos. “Los que salen” son minoría pero el problema sociocultural que encarnan dista de ser irrisorio o mero producto de la manipulación.
Cualquier lectura o intento de solución que no pondere, sólo para empezar, todos esos factores estará condenado al fracaso. Aun sopesándolos bien, la solución es ardua e imposible de conseguir en plazos breves.
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Autoridad y demandas: La mayoría de los gobernadores no tenían legitimidad para enfrentar con firmeza a sus aliados de cinco minutos antes.
Ningún jefe policial intentó pactar con sus subordinados una tregua de dos o tres días para negociar en su nombre con los gobernantes un acuerdo digno sin ejercer el chantaje directo. Era una táctica imaginable en una “mesa de arena” pero no en la realidad. No podían intentarlo porque carecen de autoridad ante la tropa.
La paga es mala y se da por hecho que se complementa con cajas negras, que se distribuyen de modo desigual. Otro rebusque, no ilegal pero sí indeseable, es la profusión de tareas adicionales u horas extra.
Como cualquier laburante, el policía tiene derecho a un sueldo digno. No es tal el que forzosamente exige integrarse con horas extra. La duración razonable de la jornada laboral es parte de los derechos básicos de cualquier trabajador. Someterlo a un régimen excesivo los damnifica amén de resentir su capacidad de actuar.
Las reivindicaciones podrán ser razonables total o parcialmente. Es insostenible que no existan cauces institucionales para canalizarlas. La sindicalización, un debate que rebrota por temporadas, es una hipótesis a explorar, aunque cuesta suponer que éste sea el momento, con el cuchillo en la garganta.
La normativa internacional vigente en la Argentina (artículo noveno del Convenio 86 de la Organización Internacional del Trabajo y artículo 6 del Pacto de San José de Costa Rica) exime a los estados miembro de la obligación de sindicalizar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero no le prohíbe hacerlo, lo que queda supeditado a los sistemas políticos y laborales nacionales.
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La desigualdad como clave: Ya se dijo, hubo zonas liberadas y complicidad policial en saqueos. Sería reduccionista sentenciar que eso es lo único que se vivió. Pequeños comerciantes de barrios humildes dan cuenta de conocer, por el trato cotidiano, a algunos de los que los saquearon.
Un dirigente baqueano de un movimiento social kirchnerista comenta que en Glew se combinó un corte de luz impiadoso (muchos bonaerenses estuvieron privados de corriente eléctrica durante días o semanas), con “pibes ligados al raterío y al bardo” de barriadas teñidas por la violencia. No percibió un activismo político importante.
La significación de la palabra “bardo” está cada vez más extendida. Grafica procesos sociales hondos y relativamente nuevos, merece más que un subrayado en esta columna.
O sea, también hay un componente social en todos los saqueos que se repiten, en el vaivén de coyunturas cambiantes. Su causa inicial ya no es el hambre sino, cabe razonar, determinantes más complejas. La chocante desigualdad con los estamentos más ricos de la sociedad es una de ellas. El mejor abordaje sobre el punto fue una intervención del antropólogo Pablo Semán. Fijaba su mirada en Córdoba, con su continuo de riqueza arrogante y pobreza, pero al pintar la aldea describió un universo más vasto.
Otro aspecto denso es la desigualdad dentro de la propia clase trabajadora. El crecimiento conjunto de los primeros años del kirchnerismo ayudó a enormes masas a salir del infierno pero ni aún entre ellos la distribución fue igualitaria. Luego, se estancaron mejoras relevantes y conseguidas merced a decididas políticas públicas. La persistencia de un tercio de la clase en el empleo informal es, quizá, la más impactante.
Hay dos tercios de trabajadores sindicalizados, cuyo salario pulsea año a año con la inflación, mientras tienen vacaciones pagas, aguinaldo y obra social. El resto changuea, la pasa peor en los momentos de baja de la actividad, no todos cobran todos los meses.
Según pasan los años, los mejor posicionados se convierten en pequeños propietarios, de autos o hasta de viviendas modestas. El gap con sus pares se ahonda, con su carga de resentimientos, roces y suspicacias.
Hay intérpretes kirchneristas o afines que traducen ese proceso complejo como el acceso a la clase media, insolidaria y hasta potencialmente “gorila”. De todo hay en las viñas del Señor pero lo principal no es eso sino la acentuación de asimetrías que agravan la desigualdad, problema más intrincado y presente que la exclusión estricta.
Por las dudas, se insiste: en este diciembre no hubo estallido social. Pero si se reformularon (y ojalá que no pase) podrían repetirse prácticas instaladas en grupos sociales vulnerables, insatisfechos. La bronca acumulada es un factor de riesgo, los intendentes y gobernadores lo saben por eso precavían los saqueos antes de la barbarie policial.
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Sistema, Estado, Gobierno: El pico más alto de los conflictos, por ahora, coincidió con la evocación de los 30 años transcurridos desde la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Se decidió mantener los festejos centrales, una decisión difícil que el cronista considera correcta. El discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los actos en el Museo del Bicentenario y en la Plaza histórica se resignificaron. Conjugaron la alegría con la preocupación, la crítica a los desestabilizadores. Y pusieron de manifiesto que la movilización es siempre una herramienta válida. Las palabras de los músicos e intérpretes populares también describieron la contingencia y tomaron partido.
El cronista, que ya escribió argumentos parecidos, recibió mails críticos de lectores y lectores de este diario. Mayormente viven en Tucumán y censuraron la fiesta por desaprensiva y hasta por tener un tufillo unitario. Su pensamiento es digno de ser consignado y respetado, así no se comparta. Prueba lo compleja que es la sociedad y que es imposible tomar decisiones plenamente satisfactorias (aun para los que piensan muy parecido) en un contexto desdichado.
La trama de complicidades en torno de “la Seguridad” es añeja. Destrabarla insumirá años, si es que se emprende un buen camino. La democracia en ínsitamente reformista y trabajosos sus trámites institucionales. Todo modo, es el marco irrenunciable.
En los encendidos debates de la etapa se confunde (a menudo de mala fe) al Gobierno con el Estado. Hoy día hubo quienes se regocijaron con ataques al sistema, aduciendo que sólo tenían por destinatario al Gobierno, que la encarna parcial y transitoriamente.
Defenderlos es el deber de todos los ciudadanos. La celebración de los 30 años ganados abarca a una generación que vivió toda su existencia en democracia. Alegrarse tiene sentido sólo a condición de proponerse que la llama siga activa para otras generaciones y que el sistema ahonde los avances y repare las necesidades pendientes, que son muchas. El progreso no está garantizado por la democracia, pero sin ella es inimaginable.
No es fácil ganar de local
Por Mario Wainfeld
El sinfín continuará, es lo más presumible. Claro que debe entenderse que “la tapa” no es todo en la vida. El veredicto popular sigue influyendo en la composición del Congreso nacional, de los legislativos provinciales y comunales y en las perspectivas de los dirigentes que ganaron o perdieron.
El nuevo elenco de gobierno y las nuevas competencias otorgadas seguirán vigentes. Los desempeños se verán, el cambio, posiblemente, signará los dos próximos años.
Los gobernadores ascendieron y sufrieron un sofocón. Las dos variables persisten. En el futuro inmediato, tendrán que hacerse cargo del daño causado al tejido social por los crímenes, las vidas segadas, la desolación y el miedo.
Y, claro, de las complicaciones financieras que deberán sobrellevar, de resultas de los pactos con las policías. Los pedidos de ayuda económica a la Nación serán uno de los recursos. También deberán pensar en mejorar la capacidad recaudatoria de sus provincias, de modo que sean los sectores más ricos los que paguen una parte sustancial de la factura.
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El gobernador cordobés José Manuel de la Sota ya está asediado por gremios estatales variados. La escena se replicará en otros territorios: los uniformados adelantaron el escenario que solía abrir su telón con la paritaria docente. Los maestros tienen la herramienta de la huelga, cuya lesividad incide en los hogares de millones de argentinos. Los huelguistas armados pueden causar un daño mayor, irreparable y salvaje, en cuestión de horas.
El bonaerense Daniel Scioli se vio obligado a imitar al Gallego de la Sota en eso de volver zumbando de un viaje al exterior. En ese caso, no lo convocó sólo el incendio. También incidieron llamadas con exigencias precisas emanadas desde Olivos. Scioli se arregló para desmontar la protesta mediante un decreto de aumento. Una táctica pasable para zafar, que no resuelve el dilema estratégico.
Entre otros problemas futuros, tiene uno en su propio elenco, es el flamante ministro de Seguridad Alejandro Granados cuya torpeza en estos días agravaba la ausencia del gobernador.
La relación entre gobiernos provinciales y autoridades policiales es una trama habitualmente nefasta. Y no hay más remedio que los protagonistas que son parte del problema traten de serlo de la solución. Pero Granados no da la impresión de calificar para ese doble rol. Formateado en el menemismo y en el duhaldismo, con modales y jactancia de sheriff, el hombre se dedicó a prometer lo incumplible a las cúpulas policiales. Jamás marcó la distancia necesaria y menos cuestionó la prepotencia e ilegalidad de los reclamos.
Sólo para completar, llamó “mogólico” a alguien que lo criticó. Se disculpó tarde y mal, porque desconoce la corrección política y luce como incapaz para resolverla.
Scioli ya viene pidiendo oxígeno económico, avales para contraer endeudamiento externo. No es el único entre sus pares, más vale.
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Hace mes y medio, la vulgata mediática opositora daba por sentado que los gobernadores “olerían sangre” del Gobierno y correrían a morderlo, cual perros de Pavlov. Hoy día, mandatarios nacionales y provinciales comparten un haz de problemas comunes y el deber de gestionarlos.
Esa es una de las características del sistema democrático. Es imposible “hacer política” en una probeta o en un frasco. Menos que nadie pueden hacerlo quienes gestionan, porque su futuro (y hasta su subsistencia presente) depende de los desempeños cotidianos.
En la década K, los gobernadores y alcaldes han tenido resultados electorales satisfactorios, prevalecieron las revalidaciones en el territorio con eventuales proyecciones “hacia arriba”. Pero ganar de local, como en el fútbol de los domingos, es bien peliagudo. La tribuna decide y no lo hace sólo mirando el color de la camiseta, sino los resultados. Eso suscita coincidencias objetivas de necesidades, que seguramente serán decisivas en los meses y años venideros.
Gastón Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que el tema de la sindicalización “está opacando la discusión sobre una posible reforma de la seguridad pública en general”. Chiller sostuvo que “la duda que se nos plantea (ante lo ocurrido en estas semanas) es si la sindicalización hubiese servido para evitar los acuartelamientos y los saqueos”. El dirigente del CELS señaló que lo “realmente importante es la reforma policial, el quiebre de los pactos con sectores políticos, el fin de las fuerzas policiales violentas y corruptas, vinculadas con el crimen organizado”.
Chiller resaltó que “lo realmente preocupante es que se hayan cerrado los conflictos, que tuvieron un carácter extorsivo, sin que se haya advertido una fuerte posición de los gobiernos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”. El director ejecutivo del CELS puntualizó que “algunos conflictos, como el ocurrido en Córdoba, tuvieron relación con las investigaciones que señalan los altos niveles de vinculación entre policías y el narcotráfico”. Insistió en que lo grave es que “no se retome la discusión pública sobre las reformas policiales, que cuando se hicieron (en la provincia de Buenos Aires), sufrieron contrarreformas que ratificaron el poder autónomo de la policía. En este marco, hablar sobre sindicalización es tirar la pelota afuera”.
El sociólogo Juan Pegoraro, director de la revista Delito y Sociedad, admitió que no tiene una “opinión totalmente formada” sobre si es buena o mala la sindicalización. “Es un tema tremendamente complejo, porque no sabemos cómo puede funcionar esa alternativa en una fuerza policial militarizada”. Coincidió con Chiller en la necesidad de “evitar que se repitan estos planteos autoritarios, donde todo parece indicar que las autoridades policiales son las que fogonean a la tropa a generar estas situaciones”. En ese sentido, mencionó lo sucedido en Córdoba y Santa Fe como prueba de que “en esos casos los hechos ocurridos tienen que ver con las investigaciones que se están haciendo sobre la participación policial en delitos graves como el narcotráfico y la trata de personas”.
Pegoraro agregó que, en ese marco, “la sociedad, no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, vive en la disyuntiva de, por un lado, necesitar que la policía le dé seguridad y, por el otro, temerle a lo que se ha dado en llamar la maldita policía”. Resaltó, en el mismo sentido, que “nunca como ahora están tan vinculados los delitos paralelos y los negocios policiales, a la vez que también se advierte la participación del Poder Judicial. No es toda la policía, ni todo el Poder Judicial, pero el problema existe, es una realidad”.
“Si no existiera esa vinculación –destacó Pegoraro–, hay muchos delitos que no podrían funcionar tan libremente.” Concluyó que el interrogante es “por qué no se puede lograr que la policía pueda funcionar dentro de normas legales. Cómo hay que hacer para lograr que los policías cumplan con la ley: no torturar, no matar, no robar. Por qué razón es tan difícil terminar con esta impunidad. Cómo es posible que el caso Bulacio haya pasado por 18 jueces, sin que se haga justicia. Los jueces dependen de la policía, pero la policía debería estar sometida al poder político”.
El titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que el tema de la sindicalización “debe debatirse a nivel nacional” y que en el Congreso “debe abordarse la Ley de Seguridad Interior e inscribir la propuesta dentro de los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los convenios 154 de Negociaciones Colectivas y 87 de Libertad Sindical”. El dirigente radical remarcó que “debe haber fuertes límites en las medidas de acción directa para evitar el acuartelamiento”.
La diputada socialista por Santa Fe Alicia Ciciliani, integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), rechazó la sindicalización policial: “Con la policía que tenemos no creo que podamos pensar en esta alternativa. Hay que hacer una reforma policial en un proceso donde sepamos bien qué modelo policial queremos”. Aclaró que “la sindicalización no se puede pretender con el derecho a huelga cuando le damos el poder de la fuerza”.
Desde el PRO, la diputada nacional Patricia Bullrich aseguró que “el modelo de no sindicalización es un modelo de verticalismo donde la persona policía no tiene cómo plantear sus problemas”. Por esa razón recordó que desde el Congreso viene impulsando la sindicalización “como lo hice cuando fui ministra de Trabajo”. Bullrich afirmó que “las experiencias en el mundo son positivas porque fueron una forma de descomprimir los conflictos”. Agregó que debe instrumentarse “un derecho de huelga limitadísimo porque no pueden levantar el servicio de cuidar a la gente”.
El ex titular del bloque del massismo en Diputados, Roberto Mouillerán, se mostró a favor de la sindicalización “siempre que se limite la cuestión de la huelga porque el servicio que prestan es esencial”. Expresó que está “de acuerdo con la sindicalización, en la medida en que la misma contemple que el servicio que brinda la policía es un servicio esencial y por lo tanto se debe limitar la cuestión de la huelga”.
Fuente:Pagina12
El sociólogo Carlos Girotti coincidió con los planteos de Jozami.
También señalaron que la insubordinación policial no fue sólo una movida de desestabilización para crear la sensación de que el Gobierno no tiene autoridad, sino que también busca complicar la situación económica, acelerando una espiral inflacionaria. Varios discursos responsabilizaron al gobernador de Córdoba José Manuel De la Sota por la pésima resolución del primer conflicto, que estalló en su provincia.
Cuando concluyó la asamblea hubo un brindis en el patio de la Biblioteca del que participaron Daniel Filmus, el ministro de Trabajo, Carlos Tomada, y Capitanich. Cada uno hizo su evaluación de la situación del país, luego de un discurso de Ricardo Forster. El filósofo planteó el compromiso de Carta Abierta con la profundización del modelo, reseñó los logros de la última década y recordó las visitas de Néstor Kirchner a Carta Abierta.
A Capitanich le tocó el cierre y advirtió que “aquellos que pretenden socavar las bases del poder democrático están siempre al acecho y la única manera en que hay que responder es con mayor firmeza y mayor democracia”. El jefe de Gabinete llamó a “promover la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad”. “Los que deben proteger la vida y el patrimonio no pueden ser los mismos que promuevan los hechos delictivos”, indicó.
A su vez, Capitanich descartó una causa social de los saqueos: “Nunca hubo tanto crecimiento económico como en esta década y fue el kirchnerismo el que solucionó la tensión entre democracia y crecimiento económico. Nunca se ha discutido la reparación histórica en las provincias del norte como hasta ahora. El kirchnerismo se animó a construir gobernabilidad democrática con calidad institucional aunque muchos nos cuestionen”, dijo. El ministro coordinador consideró que “vivimos en un mundo desigual que ha generado una división extraordinaria que debe ser reparada por la política” y destacó que “las corporaciones no pueden apropiarse de los gobiernos”. “Hemos vivido una semana muy intensa y tenemos que entender que los grupos corporativos o los vestigios de la dictadura militar o aquellos que pretenden socavar las bases de la legitimidad del poder democrático están siempre al acecho”, alertó.
Capitanich volvió a remarcar la responsabilidad de los gobiernos provinciales. “La seguridad pública es un poder no delegado de las provincias argentinas pero las provincias, como lo hicimos en la provincia de Chaco, tienen que tener ley de seguridad democrática.” “Tenemos que avanzar con la participación popular en el control de las fuerzas de seguridad, tenemos que promover claramente el comité de prevención de la tortura para lugares de encierro”, afirmó. Lo siguió un aplauso cerrado.
Para esto, llamó a “profundizar el debate público en todas las circunstancias y en todos los medios” y a continuar la “revolución en paz de carácter popular que tiene que surgir de la conciencia popular”. Destacó que “hay que democratizar el sistema de seguridad pública, garantizar transparencia, para que las mafias enquistadas, vinculadas con la trata de personas, el narcotráfico y otros flagelos que agobian a la sociedad argentina puedan ser desterrados”.
En la asamblea de Carta Abierta también hubo quienes plantearon que era importante que el conjunto de intelectuales participe del debate que resta sobre la reforma del Código Civil y Comercial. Hubo críticas a los cambios que recibió la norma. En particular, los intelectuales señalaron que se debe incluir la función social de la propiedad y cuestionaron la redacción del artículo que señala que la vida empieza con el embrión.
Por último, uno de los integrantes señaló la importancia de reivindicar a Raúl Alfonsín, como ocurrió con el discurso de la Presidenta en el aniversario de los 30 años de democracia. Sobre el papel de Alfonsín aparecieron diversos matices, pero hubo acuerdo en que en este momento hay que rescatar a quienes debieron enfrentar a los poderes fácticos.
El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, confesó que “el lunes fue el día de más tensión de mi carrera política”, en referencia a la rebelión de la policía de la provincia para arrancarle una mejora salarial, aunque pidió que “desdramaticemos” para que no se generen “situaciones de instigación”. Scioli adjudicó su tensión a “la dinámica que podía llegar a tomar esa noche el conflicto” y consideró que “la experiencia de estos años me permitió atravesar las circunstancias”. Aclaró que su “paciencia tiene un límite” y que el aumento no fue producto de una negociación sino “una decisión”. “Puedo entender los reclamos y cualquier situación que se plantee pero acá hay un tema superior que es que el conjunto de la policía no podía dejar indefensa a la gente y abandonada a su suerte”, dijo. Luego pidió que “desdramaticemos, que no se generen situaciones de instigación, de querer sembrar incertidumbre, miedo, y (reclamó un) uso irresponsable de las redes sociales”.
Orquestadas y prefabricadas
El titular de Aerolíneas Argentinas, Mariano Recalde, consideró que los saqueos en distintos puntos del país fueron “maniobras prefabricadas y orquestadas que tienen muy poco de espontaneidad y que buscaron desestabilizar”. “Por suerte ahora se puede investigar y sacar a la luz mucho más rápido lo que son estas maniobras”, agregó Recalde, presente en la inauguración de un centro vecinal en el Barrio Obrero de Villa Lugano, quien pidió “que la Justicia actúe firmemente, que tengan el castigo que se merecen y que no pase nunca más”. El ministro de Trabajo, Carlos Tomada, quien durante el acto entregó certificados a personas capacitadas en albañilería, destacó “el compromiso” y “la militancia” del gobierno nacional en la ciudad de Buenos Aires. La capacitación orientada a habitantes de la zona sur de la ciudad fue un trabajo conjunto entre el Ministerio de Trabajo, la Fundación Uocra y la organización La Cámpora.
INCLUSION SOCIAL Y CONTROL POLITICO DE LAS FUERZAS DE SEGURIDAD
El antídoto
La inclusión social y el control político de las fuerzas de seguridad son el antídoto prescripto por el gobierno nacional para la descomposición de las policías provinciales. El Estado Nacional está limitado por las autonomías provinciales, pero aun así tiene un amplio campo de actuación para confrontar con el modelo vertical y jerárquico y el modo de relación con la sociedad, como fuerzas de ocupación. El rol de la Justicia para desbaratar las redes de ilegalidad con participación policial.
Por Horacio Verbitsky
Desde Córdoba
Por Horacio Verbitsky
Desde Córdoba
Inclusión social y control político de las fuerzas de seguridad para incorporarlas a los procesos democráticos en cada una de las jurisdicciones, como ya se hizo con las Fuerzas Armadas. Ese fue el antídoto contra la extorsión policial que la presidente CFK prescribió en su discurso del 10 de diciembre. Pero mientras las Fuerzas Armadas y las intermedias, como la Gendarmería y la Prefectura, son estructuras nacionales, las policías están en la jurisdicción de cada provincia. Una cultura institucional anquilosada se amalgama con el mensaje represivo y autoritario con que los sectores beneficiarios del statu quo económico y social responden a la preocupación por la denominada inseguridad. El gobierno nacional detecta la raíz del problema, pero cuando habla del control civil sólo percibe a la justicia como un estorbo para la conducción política de las fuerzas. Esta no es una contradicción menor. Que una de las provincias castigadas por la sedición y la muerte haya sido el Chaco (donde el flamante jefe de gabinete, Jorge Capitanich, había comenzado la reforma de su policía y puesto en marcha el mecanismo local que contempla la Convención contra la Tortura de las Naciones Unidas) también manifiesta la magnitud de las resistencias que el cambio provoca. Una de las víctimas fue el subcomisario Christian Vera, de 36 años. Su familia tenía una íntima relación de amistad con Capitanich, quien pocos días antes había asistido al velorio de la madre del oficial. Vera no se plegó a sus colegas acuartelados e intentó contener un saqueo. Vestía su chaleco antibalas, pero el proyectil ingresó por la ingle y lo mató. ¿Fue por casualidad, o el disparo partió de otro profesional que conocía dónde termina la protección del chaleco? Otra pregunta, que escuché con insistencia en Córdoba, ¿cómo pudo haber sólo un muerto si durante toda la noche se escucharon disparos en forma incesante? En cualquier caso, es imposible exagerar la gravedad de los hechos degradantes sucedidos, que tendrán consecuencias económicas y sociales, al adelantar las negociaciones paritarias previstas para el año próximo en las que todos los trabajadores de la órbita del Estado Nacional, las provincias y los municipios reclamarán con estricta justicia igual trato. También afectarán el vínculo entre la Nación y las provincias, que no pueden hacer frente a los compromisos arrancados a sus gobernadores. Los alzamientos carapintada, la hiperinflación y los saqueos, la crisis de fin de siglo con todo lo que implicó (descomposición institucional, feroz transferencia de ingresos, surgimiento de nuevas formas de organización social, asesinato de militantes populares), son los otros picos de crisis que dejaron huellas y cuya sombra ominosa sólo pudo disiparse con profundas transformaciones. Este cuadro impone una respuesta lúcida y eficiente de las autoridades, para encarar de una buena vez y a fondo las reformas policiales que se han venido posponiendo durante décadas.
Los pactos rotos
Llegué a Córdoba cuando recién concluía la noche del terror, para participar en un homenaje a María Elba Martínez, la abogada defensora de los derechos humanos que murió en agosto. Ella fue la principal impulsora de la causa Menéndez, pero también comprendió que la estructura represiva de entonces se continuaba en dispositivos, métodos y personas, que el sistema político debía purgar y subordinar. María Elba me habló por primera vez del Tucán Grande y del Tucán chico, los hermanos represores Carlos y Raúl Yanicelli, a quienes el gobierno radical respaldó al frente de las direcciones de Inteligencia y de Drogas Peligrosas. El ex policía Luís Alberto Urquiza los acusó de haberlo interrogado bajo torturas, en la dirección de Inteligencia policial, la D2, y el gobernador Ramón Mestre y su ministro Oscar Aguad tuvieron que pasar al Tucán Grande a retiro. En 2008 fue detenido y este año condenado a prisión perpetua. Pero De la Sota designó como jefe de policía a su ex custodio y al mismo tiempo ex secretario del Tucán Grande, el comisario Alejo Paredes. En una consagración explícita de la autonomía policial y la falta de control político, lo ascendió luego a ministro de Seguridad. Paredes eligió como jefe de policía a su compañero en aquella siniestra D2, comisario Ramón Frías. El comisario Julio César Giménez denunció que el nuevo jefe lo había amenazado para que dejara de investigar el asesinato de su padre sindicalista, en la D2, si no quería que le ocurriera lo mismo. El gobernador debió deshacerse de Paredes y Farías en septiembre de este año, cuando el fiscal federal Enrique Senestrari desmanteló la red criminal que vinculaba con la comercialización de sustancias estupefacientes de uso prohibido a los jefes policiales encargados de combatirla. Este quiebre del pacto de impunidad tendría consecuencias, como también ocurriría en Santa Fe con un proceso similar. Otro fiscal federal, Juan Patricio Murray, llevó a la cárcel al jefe de la policía provincial, Hugo Tognoli, por su asociación con los traficantes que debía combatir. Algo parecido ocurrió en Tucumán. El fiscal investigador, Diego López Avila, es provincial, pero con la asistencia de una fuerza federal, la Policía de Seguridad Aeroportuaria, consiguió la detención del ex subjefe de Policía Nicolás Barrera y del ex jefe de la Regional Norte, Héctor Brito, por encubrimiento del crimen de Paulina Lebbos, hija de un ex funcionario del gobernador José Alperovich. En todas esas provincias, la policía organizó, favoreció o habilitó los saqueos, como advertencia a los respectivos gobernadores, que cedieron sin dilación. De la Sota prescindió de la cúpula policial que había designado hace apenas tres meses y redujo la jerarquía del ministerio a la de una simple Secretaría, que ocupará Matías Pueyrredón, hombre de enlace entre el poder económico de Córdoba y la Justicia. Como jefe de policía asumió el comisario Julio César Suárez, quien responde al ex jefe Ramón Frías, y como subjefe el comisario Héctor Alberto Laguía, vinculado con Paredes, según me cuenta un estudioso de la institución policial, el periodista Dante Leguizamón. Laguía fue investigado por el pago de adicionales no realizados a un grupo de oficiales jefes, pese a lo cual Paredes lo ubicó en la Dirección General de Administración, que es donde se deciden muchas de las cosas que enojaron a la tropa: el pago de los sueldos, en qué gasta y en qué no su dinero la policía, cómo se pagan los adicionales y las compras. Laguía pasó al ministerio justo cuando comenzaba el reemplazo de los viejos edificios policiales por nuevas sedes. “El negocio fue fenomenal porque se vendía una casona hermosa en plena Nueva Córdoba o un predio de 6 hectáreas en Villa Belgrano que valían fortunas y esa plata era administrada sin ningún tipo de control”, agrega Leguizamón. Suárez y Laguía tienen poca experiencia, pero fogueados asesores, en lo que se aprecia como una recomposición de los pactos rotos en septiembre.Una fuerza de ocupación
Cada persona con la que hablé en esas primeras horas de luz contaba que los saqueos se iniciaron en el barrio donde viven los policías, cerca del acuartelamiento y con métodos de precisión que descartan cualquier espontaneidad. También señalaban la extrema brutalidad de la respuesta posterior. Luego del duro enfrentamiento, De la Sota y la policía se pusieron de acuerdo en señalar como blanco a los barrios populares. Pocos días antes se había realizado la Marcha de la Gorra, que el Colectivo de Jóvenes por Nuestros Derechos convoca desde hace siete años cada 20 de noviembre, aniversario de la sanción de la Convención de los Derechos del Niño. Esta vez asistieron 15.000 personas, que reclamaron la derogación del Código de Faltas provincial, equivalente a los edictos policiales que en la Ciudad de Buenos Aires fueron abolidos por el Estatuto constituyente de 1996 y sustituidos en 2004 por el Código de Convivencia. De la Sota creó el Cuerpo de Acción Preventiva (CAP); firmó un convenio con la Fundación del ex ingeniero Blumberg y el Manhattan Institute, para la instalación de mil cámaras en denominadas zonas críticas y creó un registro de huellas genéticas de sospechosos. Las medidas de patrullaje se reforzaron con la incorporación de helicópteros y la implementación de una “nueva estrategia de ocupación territorial”. También se sancionaron leyes provinciales por las que Córdoba asumió la competencia para investigar y juzgar delitos leves de la ley de estupefacientes y la ley de trata de personas, las mayores cajas policiales junto con la policía caminera.Un informe de la Comisión Cordobesa por la Memoria, en cuyo capítulo sobre la seguridad y la policía intervinieron los académicos de la Universidad Nacional de Córdoba Magdalena Brocca, Susana Morales, Valeria Plaza y Lucas Crisafulli, sostiene que el gobierno provincial provee a su policía cada vez más armamento, tecnología, móviles y efectivos, así como mayor autonomía operativa. Entre 2003 y 2013 el crecimiento del personal policial superó al de cualquier otra repartición pública: de 13.000 a 27.000 efectivos, pese a lo cual las tasas delictivas se mantuvieron y las contravencionales volaron: en 2005 hubo 8.960 detenidos por contravenciones, en 2011, 73.100, ocho veces más. El Cuerpo de Acción Preventiva no responde a la estructura de las comisarías, sino a un mando propio y centralizado, como el Comando Radio Eléctrico de la dictadura. Este cuerpo “define –habilita o restringe– las formas de habitar el territorio urbano de grandes sectores de la población cordobesa”, dice el informe. En consecuencia, Córdoba tiene una policía joven, casi sin formación profesional, salvo un curso de nueve meses, cuyo verdadero aprendizaje se realiza en la calle con el Código de Faltas como hoja de ruta. Esa subcultura policial, vinculada a la jerarquía, la obediencia, la disciplina y el ingreso a una corporación con lógicas violentas, aleja y diferencia a sus miembros de la vida civil. El bajo sueldo básico obliga a realizar adicionales, que la misma policía asigna en forma arbitraria. Durante 2012, para duplicar el básico de 3500 pesos era necesario trabajar 16 horas por día. Esta precarización absoluta, con condiciones laborales indignas, conspira contra la eficiencia y la profesionalidad. La ley de seguridad remeda el modelo neoyorquino de tolerancia cero, pero sin la depuración policial que fue uno de sus aspectos. Permite suprimir las libertades con sólo invocar genéricas “razones de seguridad”. La ley orgánica define el “estado policial”, que obliga incluso a los que están de franco y a los retirados a portar el arma reglamentaria las 24 horas del día, “para prevenir o interrumpir la ejecución de un delito o contravención” en cualquier lugar y momento. Así se profundiza el carácter de corporación separada del resto de la sociedad, y la posibilidad de reacción violenta y armada frente a conflictos cotidianos de menor importancia. El régimen disciplinario de la policía es vago y ambiguo; castiga “la falta de celo o exactitud en el cumplimiento de los deberes”, el “descuido en el aseo personal, uso del cabello largo”, hasta el “contraer deudas con personas de mala reputación” o “prestarse a reportajes o formular declaraciones públicas, referidas a aspectos funcionales o de carácter político, sin contar con la autorización de la superioridad”.
Sin códigos
El Código de Faltas fue sancionado en 1994 por unanimidad de justicialistas y radicales, que también acordaron la creación de juzgados contravencionales que lo aplicarían. Pero aduciendo la falta de presupuesto los gobiernos de ambos partidos los pospusieron una y otra vez. La facultad de instruir y juzgar a todos los contraventores quedó en manos de la policía, que no es entonces un órgano auxiliar de la justicia sino un actor político que disputa el poder en el escenario público. El mismo año en que la Constitución reformada incorporó diez Tratados Internacionales de Derechos Humanos que obligan a todos los estados provinciales, el Código de Faltas suprimió todos esos derechos en Córdoba y se erigió en instrumento de disciplinamiento social de los sectores marginados y herramienta de gobierno de la protesta social. Cada vez que se lo modificó fue para profundizar su carácter represivo. El comisario puede imponer pena de multa, inhabilitación para ejercer una actividad en infracción, decomiso de un bien utilizado en la falta, prohibición de concurrencia a ciertos espectáculos, cursos educativos, tratamiento terapéutico, trabajo comunitario o arresto. En la práctica esta bonita diversidad se reduce al arresto del contraventor, algo que dificulta su acceso al trabajo y la educación. El Código castiga conductas como el merodeo sospechoso, la prostitución molesta o escandalosa, los actos contra la decencia pública o la ebriedad molesta. La vaguedad y la ambigüedad de estos tipos contravencionales, incrementa la discrecionalidad policial y su selectividad, ya que el propio agente que realiza la detención, completa la definición de la conducta prohibida en el Código. No se sabe qué se castiga, pero sí a quién está dirigido: los jóvenes de los sectores altos pasan un máximo de dos días detenidos, dos meses en el caso de los sectores medios y hasta seis meses en el caso de los sectores bajos. Un Código similar que regía en Tucumán, fue declarado inconstitucional por la Corte Suprema de Justicia en 2010, en la causa iniciada por José Gerardo Núñez, con el patrocinio de la agrupación de Abogados del Noroeste Argentino en Derechos Humanos y Estudios Sociales (Andhes). Núñez había gritado en la calle durante una discusión de fútbol y el jefe de policía lo condenó a seis días de arresto. No había pruebas y los únicos testigos fueron los policías que lo detuvieron. La Corte Suprema señaló que al no disponer de un abogado se violó su derecho a la defensa en juicio. Cuando rigieron los edictos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, la Policía Federal nunca apeló una declaración de inconstitucionalidad, para evitar que la causa llegara a un plenario de Cámara o a la Corte Suprema. De ese modo, sólo valía para el caso, y los comisarios seguían aplicando los edictos como siempre. En Córdoba no hay defensores públicos y el 94,5 por ciento de los contraventores no ejercen el derecho de designar un abogado de confianza. La policía realiza el arresto, instruye el sumario, acusa, juzga y controla la ejecución de la pena, casi como un monarca.
La monarquía policial selecciona sus víctimas entre los más vulnerables.
Sí, jefe
Por Horacio Verbitsky
El gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, denunció por sedición a los policías acuartelados pero cedió a sus demandas salariales y, lo que es peor, profesionales. La ley que el gobierno anunció que se aplicaría a partir de marzo establece que los ascensos del personal policial se regirán por concurso público de antecedentes y oposición, una vez que el Poder Ejecutivo fije el número de vacantes. Pero el decreto 4221, del 10 de diciembre, lo enmendó. Su artículo 9 dice que los concursos serán convocados sin cupo. Es decir, que ascenderán todos los oficiales que la junta policial de calificaciones disponga, con lo cual se reforzará la verticalidad y la discrecionalidad de la cúpula.
Por Horacio Verbitsky
Si bien la seguridad es una facultad provincial no delegada en la Nación, dos leyes promulgadas para el sistema educativo señalan caminos posibles para constreñir a las provincias a reformar sus policías, que hoy parecen bandas armadas preestatales que, en negociación inestable con el poder político, controlan el territorio de modo informal, corrupto y violento. Una es la de Financiamiento Educativo, que determina pisos mínimos de salario docente y financiamiento nacional a las provincias insolventes. Otra es la de Educación Nacional, que crea un consejo Federal de Educación, como organismo interjurisdiccional, de carácter permanente, ámbito de concertación, acuerdo y coordinación de la política educativa nacional. Tiene múltiples órganos de aplicación, para ejecutar resoluciones obligatorias. Por tradición y decisión política, el gobierno de la seguridad nunca mereció una preocupación equivalente. Los mejores intentos fueron extrainstitucionales, como el de Néstor Kirchner cuando le impuso a Felipe Solá que Carlos Arslanian fuera el ministro de Seguridad bonaerense. Pero ese carácter aleatorio también permitió la contrarreforma sciolista, con sus horrendos ministros Carlos Stornelli, Ricardo Casal y Qué Boquita Granados. Los programas formales no estuvieron bien encaminados, como el de 2008, de asistencia a los municipios bonaerenses para la compra de cámaras de vigilancia o el de agosto de este año que comenzó con la transferencia de fondos a Buenos Aires para que Scioli licitara 350 patrulleros y continuó con la adhesión de quince provincias. Su ineficacia se demostró en estos días. Pero con las mismas competencias sería posible establecer estándares mínimos de capacitación, reentrenamiento y evaluación profesional, asistiendo a las provincias para que mejoren sus lugares de formación. Esto permitiría retirar de la calle, o de la institución, a quienes carezcan de estándares mínimos profesionales, físicos, intelectuales, éticos o de respeto por los derechos humanos. Equipos mixtos de evaluación podrían proponer planes de mejora profesional, cuyo cumplimiento controlaría el Consejo Federal. Esta injerencia federal puede realizarse por convenio con las provincias, que siempre recurren a la Nación porque no tienen recursos suficientes, como ya ocurre con el equipamiento. El Consejo Federal también puede aprobar normas de actuación en temas como protesta social o uso de la fuerza, evaluar su cumplimiento y en caso de error u omisión enviar equipos a la provincia que se encarguen de aplicarlas. Los protocolos de actuación ante la protesta social fueron aprobados por la ex ministra Nilda Garré, pero nunca se desarrolló un programa serio de asistencia para lograr que las provincias los cumplieran, lo cual hubiera requerido crear cuerpos especiales, seleccionar su personal, fijar su doctrina y entrenarlos de forma permanente, en un centro nacional. Además, el gobierno cordobés declaró que no los aplicaría porque la seguridad en la provincia es autónoma de los lineamientos nacionales. Otro activo del gobierno nacional, que no siempre lo advierte, son las condenas contra el Estado en organismos internacionales por violaciones a los derechos humanos. Muchas veces esos fallos exigen que el Estado federal obligue a las provincias a modificar las lógicas que condujeron a la violación, como en el caso Bulacio, sobre las reglas para la detención de personas. Pero nunca se instaló la comisión que debía encargarse de esa adecuación en todas las provincias. Lo mismo ocurre con los Principios para Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley y los Principios Básicos del Empleo de la Fuerza y las Armas de Fuego, de las Naciones Unidas. Cumplir con esas recomendaciones requeriría la existencia de órganos de control independientes, el seguimiento de todas las causas en las que murieron o fueron heridos policías o civiles. El Ministerio de Seguridad reglamentó en 2012 el programa de uso de la fuerza, pero con la sucesión de cambios aún no logró que la Policía Federal lo aplique de modo sistemático. De las provincias, ni hablar. El demorado Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura, promulgado pero no constitui-do, sería otro instrumento nacional de incidencia en la capacitación y el rediseño de las prácticas provinciales. Por último, aunque tal vez lo más importante, la justicia federal tiene un rol fundamental que cumplir en las provincias, investigando la connivencia de sus policías con las redes de ilegalidad en delitos federales, como contrabando, trata de personas, de estupefacientes o de armas. Así lo demuestran las investigaciones de los fiscales Senestrari y Murray.
OPINION
El orden de los factores
La sedición policial, disparador de la crisis. Las responsabilidades actuales y las que se añejaron largo tiempo. Jefes sin autoridad, sistemas de trabajo perversos. Zonas liberadas, un hecho tremendo que no explica todo. Conductas que se repiten, causas posibles. La desigualdad con los poderosos y dentro de la clase trabajadora. Sistema democrático, Estado y gobierno: confusiones peligrosas.
Por Mario Wainfeld
Por Mario Wainfeld
Imagen: Sandra Cartasso
“Porque tengo razón
“Porque tengo razón
Que no tengo razón
Que me falta un ojal
Que me sobra un botón.”
“El porqué”, José Larralde.
Es impropio hablar de balance cuando se está a mitad de mes y frente a hechos que se diseminan en muchas provincias. Nada está cerrado ni el cronista dispone de un panóptico que le permita ver todas las realidades con sus propios ojos. Pero sí es forzoso ensayar una mirada general de lo sucedido, sus causas, sus autores y sus primeras consecuencias evidentes y profundas.Que me falta un ojal
Que me sobra un botón.”
“El porqué”, José Larralde.
En hechos sociales y políticos el orden de los factores altera el producto y es central para discernir responsabilidades y culpas. Esta vez, que no otras, el detonante único fue el accionar de las policías provinciales, que generaron desprotección y anomia en la mayoría de las provincias y en decenas de ciudades. El abandono súbito de la prevención y la disuasión, agravado por su exteriorización estridente propagada con alegría por los medios dominantes, buscó desestabilizar al poder político. El miedo se incentivó con operativos anunciando el caos inminente a los ciudadanos-vecinos.
Es prematuro concluir que se urdió una conjura previa así como es palpable que durante un tiempo cruel hubo coincidencias en los métodos, intereses objetivos idénticos, una alianza real de uniformados. Se movieron de consuno como asociación ilícita, más allá de si lo acordaron antes o después del comienzo en Córdoba.
La finalidad, parece, no fue golpista en sentido estricto porque se centraba en los reclamos gremiales pero se utilizó (y por ende se acicateó) el debilitamiento de los gobernantes electos. Se quiso sacar tajada desestabilizando al sistema democrático. Ninguno de los insurrectos tenía medida la dosis exacta que lo ponía en jaque sin generar situación de jaque mate.
El chantaje fue, pues, sedicioso en el sentido constitucional del término, implementado por grupos armados por el Estado para defender a la población. La conducta es imperdonable, la mayor responsabilidad en fuerzas militarizadas recae en sus cuadros superiores.
Sería, de todos modos, superficial omitir las hondas raíces históricas en que se asientan las novedades de estas semanas. Las relaciones perversas entre los gobiernos y las fuerzas de seguridad vienen de lejos. La delegación del mando político en las autoridades policiales es una lacra vieja, muy expandida. El ahora diputado provincial y también académico Marcelo Saín no es el único que las viene describiendo y denunciando, aunque sí está entre los más constantes y agudos en el análisis. Su libro El Leviatán azul (publicado en 2008) da debida cuenta de los fenómenos. Un artículo muy reciente (aunque previo a la detonación de las sublevaciones en Córdoba), “Las grietas del doble pacto” (Le Monde Diplomatique de diciembre), puede parecer premonitorio: suelen serlo las detecciones de problemas crónicos que pueden y suelen agravarse. Lo que describe el sociólogo Saín son las transas entre gobernantes y policías por un lado, entre agencias de seguridad y delincuentes por otro. Una de sus sólidas e inquietantes hipótesis es que las autoridades legales han perdido terreno aun dentro de sus acuerdos espurios.
Las policías pactan con los delincuentes o delinquen tout court. En la coyuntura hay testigos presenciales que los vieron azuzando los saqueos, poniendo el cuerpo para incentivar el vandalismo en las zonas liberadas. El cronista recibió testimonios directos de habitantes de Tucumán y el conurbano que los vieron y los conocen.
Con los recursos de comunicación que están al alcance de cualquiera, las palabras se completan con fotos o filmaciones. Las crónicas y las imágenes de otros territorios corroboran que el fenómeno fue muy vasto.
Las circunstancias socioeconómicas de la Argentina son otro factor presente, que ahora fue gatillado adrede pero que forma parte del inquietante contexto. La clase trabajadora ha mejorado sus standards de empleo, ingresos e inclusión pero la desigualdad se mantiene, dentro de un panorama distinto. La marginalidad sobrevive, el rencor y el consumismo también... la oportunidad los aguijonea.
En un modelo que promueve el bienestar y por ende el consumo, el consumismo y las fantasías aspiracionales inaccesibles están, valga la expresión, a la vuelta de la esquina. Los lazos comunitarios o los frenos inhibitorios se relajan ante estímulos ya repetidos. “Los que salen” son minoría pero el problema sociocultural que encarnan dista de ser irrisorio o mero producto de la manipulación.
Cualquier lectura o intento de solución que no pondere, sólo para empezar, todos esos factores estará condenado al fracaso. Aun sopesándolos bien, la solución es ardua e imposible de conseguir en plazos breves.
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Autoridad y demandas: La mayoría de los gobernadores no tenían legitimidad para enfrentar con firmeza a sus aliados de cinco minutos antes.
Ningún jefe policial intentó pactar con sus subordinados una tregua de dos o tres días para negociar en su nombre con los gobernantes un acuerdo digno sin ejercer el chantaje directo. Era una táctica imaginable en una “mesa de arena” pero no en la realidad. No podían intentarlo porque carecen de autoridad ante la tropa.
La paga es mala y se da por hecho que se complementa con cajas negras, que se distribuyen de modo desigual. Otro rebusque, no ilegal pero sí indeseable, es la profusión de tareas adicionales u horas extra.
Como cualquier laburante, el policía tiene derecho a un sueldo digno. No es tal el que forzosamente exige integrarse con horas extra. La duración razonable de la jornada laboral es parte de los derechos básicos de cualquier trabajador. Someterlo a un régimen excesivo los damnifica amén de resentir su capacidad de actuar.
Las reivindicaciones podrán ser razonables total o parcialmente. Es insostenible que no existan cauces institucionales para canalizarlas. La sindicalización, un debate que rebrota por temporadas, es una hipótesis a explorar, aunque cuesta suponer que éste sea el momento, con el cuchillo en la garganta.
La normativa internacional vigente en la Argentina (artículo noveno del Convenio 86 de la Organización Internacional del Trabajo y artículo 6 del Pacto de San José de Costa Rica) exime a los estados miembro de la obligación de sindicalizar a los miembros de las Fuerzas Armadas y de Seguridad. Pero no le prohíbe hacerlo, lo que queda supeditado a los sistemas políticos y laborales nacionales.
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La desigualdad como clave: Ya se dijo, hubo zonas liberadas y complicidad policial en saqueos. Sería reduccionista sentenciar que eso es lo único que se vivió. Pequeños comerciantes de barrios humildes dan cuenta de conocer, por el trato cotidiano, a algunos de los que los saquearon.
Un dirigente baqueano de un movimiento social kirchnerista comenta que en Glew se combinó un corte de luz impiadoso (muchos bonaerenses estuvieron privados de corriente eléctrica durante días o semanas), con “pibes ligados al raterío y al bardo” de barriadas teñidas por la violencia. No percibió un activismo político importante.
La significación de la palabra “bardo” está cada vez más extendida. Grafica procesos sociales hondos y relativamente nuevos, merece más que un subrayado en esta columna.
O sea, también hay un componente social en todos los saqueos que se repiten, en el vaivén de coyunturas cambiantes. Su causa inicial ya no es el hambre sino, cabe razonar, determinantes más complejas. La chocante desigualdad con los estamentos más ricos de la sociedad es una de ellas. El mejor abordaje sobre el punto fue una intervención del antropólogo Pablo Semán. Fijaba su mirada en Córdoba, con su continuo de riqueza arrogante y pobreza, pero al pintar la aldea describió un universo más vasto.
Otro aspecto denso es la desigualdad dentro de la propia clase trabajadora. El crecimiento conjunto de los primeros años del kirchnerismo ayudó a enormes masas a salir del infierno pero ni aún entre ellos la distribución fue igualitaria. Luego, se estancaron mejoras relevantes y conseguidas merced a decididas políticas públicas. La persistencia de un tercio de la clase en el empleo informal es, quizá, la más impactante.
Hay dos tercios de trabajadores sindicalizados, cuyo salario pulsea año a año con la inflación, mientras tienen vacaciones pagas, aguinaldo y obra social. El resto changuea, la pasa peor en los momentos de baja de la actividad, no todos cobran todos los meses.
Según pasan los años, los mejor posicionados se convierten en pequeños propietarios, de autos o hasta de viviendas modestas. El gap con sus pares se ahonda, con su carga de resentimientos, roces y suspicacias.
Hay intérpretes kirchneristas o afines que traducen ese proceso complejo como el acceso a la clase media, insolidaria y hasta potencialmente “gorila”. De todo hay en las viñas del Señor pero lo principal no es eso sino la acentuación de asimetrías que agravan la desigualdad, problema más intrincado y presente que la exclusión estricta.
Por las dudas, se insiste: en este diciembre no hubo estallido social. Pero si se reformularon (y ojalá que no pase) podrían repetirse prácticas instaladas en grupos sociales vulnerables, insatisfechos. La bronca acumulada es un factor de riesgo, los intendentes y gobernadores lo saben por eso precavían los saqueos antes de la barbarie policial.
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Sistema, Estado, Gobierno: El pico más alto de los conflictos, por ahora, coincidió con la evocación de los 30 años transcurridos desde la asunción del presidente Raúl Alfonsín. Se decidió mantener los festejos centrales, una decisión difícil que el cronista considera correcta. El discurso de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner y los actos en el Museo del Bicentenario y en la Plaza histórica se resignificaron. Conjugaron la alegría con la preocupación, la crítica a los desestabilizadores. Y pusieron de manifiesto que la movilización es siempre una herramienta válida. Las palabras de los músicos e intérpretes populares también describieron la contingencia y tomaron partido.
El cronista, que ya escribió argumentos parecidos, recibió mails críticos de lectores y lectores de este diario. Mayormente viven en Tucumán y censuraron la fiesta por desaprensiva y hasta por tener un tufillo unitario. Su pensamiento es digno de ser consignado y respetado, así no se comparta. Prueba lo compleja que es la sociedad y que es imposible tomar decisiones plenamente satisfactorias (aun para los que piensan muy parecido) en un contexto desdichado.
La trama de complicidades en torno de “la Seguridad” es añeja. Destrabarla insumirá años, si es que se emprende un buen camino. La democracia en ínsitamente reformista y trabajosos sus trámites institucionales. Todo modo, es el marco irrenunciable.
En los encendidos debates de la etapa se confunde (a menudo de mala fe) al Gobierno con el Estado. Hoy día hubo quienes se regocijaron con ataques al sistema, aduciendo que sólo tenían por destinatario al Gobierno, que la encarna parcial y transitoriamente.
Defenderlos es el deber de todos los ciudadanos. La celebración de los 30 años ganados abarca a una generación que vivió toda su existencia en democracia. Alegrarse tiene sentido sólo a condición de proponerse que la llama siga activa para otras generaciones y que el sistema ahonde los avances y repare las necesidades pendientes, que son muchas. El progreso no está garantizado por la democracia, pero sin ella es inimaginable.
No es fácil ganar de local
Por Mario Wainfeld
La agenda mediática es volátil cual pluma al viento. Los resultados de las elecciones brillaron alto un par de días. Los relevó la sentencia de la Corte Suprema sobre la ley de medios. Los cambios introducidos por la presidencia en el gabinete nacional ocuparon luego el espacio central. Los ganadores, entonces, eran el gobierno central y los mandatarios provinciales incluyendo al jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Los trágicos hechos de estas semanas (ver nota aparte) los debilitaron y pusieron en aprietos amén de colocar en primera plana a los saqueos y a los policías sublevados.
El sinfín continuará, es lo más presumible. Claro que debe entenderse que “la tapa” no es todo en la vida. El veredicto popular sigue influyendo en la composición del Congreso nacional, de los legislativos provinciales y comunales y en las perspectivas de los dirigentes que ganaron o perdieron.
El nuevo elenco de gobierno y las nuevas competencias otorgadas seguirán vigentes. Los desempeños se verán, el cambio, posiblemente, signará los dos próximos años.
Los gobernadores ascendieron y sufrieron un sofocón. Las dos variables persisten. En el futuro inmediato, tendrán que hacerse cargo del daño causado al tejido social por los crímenes, las vidas segadas, la desolación y el miedo.
Y, claro, de las complicaciones financieras que deberán sobrellevar, de resultas de los pactos con las policías. Los pedidos de ayuda económica a la Nación serán uno de los recursos. También deberán pensar en mejorar la capacidad recaudatoria de sus provincias, de modo que sean los sectores más ricos los que paguen una parte sustancial de la factura.
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El gobernador cordobés José Manuel de la Sota ya está asediado por gremios estatales variados. La escena se replicará en otros territorios: los uniformados adelantaron el escenario que solía abrir su telón con la paritaria docente. Los maestros tienen la herramienta de la huelga, cuya lesividad incide en los hogares de millones de argentinos. Los huelguistas armados pueden causar un daño mayor, irreparable y salvaje, en cuestión de horas.
El bonaerense Daniel Scioli se vio obligado a imitar al Gallego de la Sota en eso de volver zumbando de un viaje al exterior. En ese caso, no lo convocó sólo el incendio. También incidieron llamadas con exigencias precisas emanadas desde Olivos. Scioli se arregló para desmontar la protesta mediante un decreto de aumento. Una táctica pasable para zafar, que no resuelve el dilema estratégico.
Entre otros problemas futuros, tiene uno en su propio elenco, es el flamante ministro de Seguridad Alejandro Granados cuya torpeza en estos días agravaba la ausencia del gobernador.
La relación entre gobiernos provinciales y autoridades policiales es una trama habitualmente nefasta. Y no hay más remedio que los protagonistas que son parte del problema traten de serlo de la solución. Pero Granados no da la impresión de calificar para ese doble rol. Formateado en el menemismo y en el duhaldismo, con modales y jactancia de sheriff, el hombre se dedicó a prometer lo incumplible a las cúpulas policiales. Jamás marcó la distancia necesaria y menos cuestionó la prepotencia e ilegalidad de los reclamos.
Sólo para completar, llamó “mogólico” a alguien que lo criticó. Se disculpó tarde y mal, porque desconoce la corrección política y luce como incapaz para resolverla.
Scioli ya viene pidiendo oxígeno económico, avales para contraer endeudamiento externo. No es el único entre sus pares, más vale.
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Hace mes y medio, la vulgata mediática opositora daba por sentado que los gobernadores “olerían sangre” del Gobierno y correrían a morderlo, cual perros de Pavlov. Hoy día, mandatarios nacionales y provinciales comparten un haz de problemas comunes y el deber de gestionarlos.
Esa es una de las características del sistema democrático. Es imposible “hacer política” en una probeta o en un frasco. Menos que nadie pueden hacerlo quienes gestionan, porque su futuro (y hasta su subsistencia presente) depende de los desempeños cotidianos.
En la década K, los gobernadores y alcaldes han tenido resultados electorales satisfactorios, prevalecieron las revalidaciones en el territorio con eventuales proyecciones “hacia arriba”. Pero ganar de local, como en el fútbol de los domingos, es bien peliagudo. La tribuna decide y no lo hace sólo mirando el color de la camiseta, sino los resultados. Eso suscita coincidencias objetivas de necesidades, que seguramente serán decisivas en los meses y años venideros.
DE LOS “NO” MAS ROTUNDOS AL CUESTIONAMIENTO DE LA MISMA IDEA COMO UNA DISTRACCION
Fuerte debate sobre si deben sindicalizarse
Que los policías tengan sus uniones, como otros trabajadores del Estado, es una idea defendida desde el PRO y el Frente Renovador, pero rechazada en el resto del arco político. Para el CELS, es “opacar” el verdadero problema.
El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó de plano la idea de un sindicato policial.Imagen: DyN
El debate sobre la posibilidad de sindicalizar a las fuerzas policiales dio lugar a un abanico de opiniones que van del “sí” al “no” rotundos, pasando por el “tal vez” y por las dudas acerca de si la alternativa podría servir para ponerles fin a los autoacuartelamientos. Expertos en derechos humanos y en cuestiones de seguridad creen que la discusión tiene que ser para “terminar con el autogobierno policial”. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la posible actividad gremial de los policías porque “aparte de portar armas y no poder tener una estrategia de sindicalización, también tienen una estructura de carácter salarial por componentes que es diferente del resto de la administración pública”, además de “un régimen jubilatorio de privilegio que tiene un costo de financiamiento diferente del resto”. Dirigentes del PRO y del Frente Renovador se mostraron favorables a que los policías tengan representación gremial, mientras que el Frente Amplio Progresista (FAP) se declaró en contra y la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que es un tema que debe ser debatido en profundidad por el Congreso.
El debate sobre la posibilidad de sindicalizar a las fuerzas policiales dio lugar a un abanico de opiniones que van del “sí” al “no” rotundos, pasando por el “tal vez” y por las dudas acerca de si la alternativa podría servir para ponerles fin a los autoacuartelamientos. Expertos en derechos humanos y en cuestiones de seguridad creen que la discusión tiene que ser para “terminar con el autogobierno policial”. El jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, rechazó la posible actividad gremial de los policías porque “aparte de portar armas y no poder tener una estrategia de sindicalización, también tienen una estructura de carácter salarial por componentes que es diferente del resto de la administración pública”, además de “un régimen jubilatorio de privilegio que tiene un costo de financiamiento diferente del resto”. Dirigentes del PRO y del Frente Renovador se mostraron favorables a que los policías tengan representación gremial, mientras que el Frente Amplio Progresista (FAP) se declaró en contra y la Unión Cívica Radical (UCR) señaló que es un tema que debe ser debatido en profundidad por el Congreso.
Gastón Chiller, director ejecutivo del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), consideró que el tema de la sindicalización “está opacando la discusión sobre una posible reforma de la seguridad pública en general”. Chiller sostuvo que “la duda que se nos plantea (ante lo ocurrido en estas semanas) es si la sindicalización hubiese servido para evitar los acuartelamientos y los saqueos”. El dirigente del CELS señaló que lo “realmente importante es la reforma policial, el quiebre de los pactos con sectores políticos, el fin de las fuerzas policiales violentas y corruptas, vinculadas con el crimen organizado”.
Chiller resaltó que “lo realmente preocupante es que se hayan cerrado los conflictos, que tuvieron un carácter extorsivo, sin que se haya advertido una fuerte posición de los gobiernos para que estas situaciones no vuelvan a repetirse”. El director ejecutivo del CELS puntualizó que “algunos conflictos, como el ocurrido en Córdoba, tuvieron relación con las investigaciones que señalan los altos niveles de vinculación entre policías y el narcotráfico”. Insistió en que lo grave es que “no se retome la discusión pública sobre las reformas policiales, que cuando se hicieron (en la provincia de Buenos Aires), sufrieron contrarreformas que ratificaron el poder autónomo de la policía. En este marco, hablar sobre sindicalización es tirar la pelota afuera”.
El sociólogo Juan Pegoraro, director de la revista Delito y Sociedad, admitió que no tiene una “opinión totalmente formada” sobre si es buena o mala la sindicalización. “Es un tema tremendamente complejo, porque no sabemos cómo puede funcionar esa alternativa en una fuerza policial militarizada”. Coincidió con Chiller en la necesidad de “evitar que se repitan estos planteos autoritarios, donde todo parece indicar que las autoridades policiales son las que fogonean a la tropa a generar estas situaciones”. En ese sentido, mencionó lo sucedido en Córdoba y Santa Fe como prueba de que “en esos casos los hechos ocurridos tienen que ver con las investigaciones que se están haciendo sobre la participación policial en delitos graves como el narcotráfico y la trata de personas”.
Pegoraro agregó que, en ese marco, “la sociedad, no sólo en Argentina, sino en toda Latinoamérica, vive en la disyuntiva de, por un lado, necesitar que la policía le dé seguridad y, por el otro, temerle a lo que se ha dado en llamar la maldita policía”. Resaltó, en el mismo sentido, que “nunca como ahora están tan vinculados los delitos paralelos y los negocios policiales, a la vez que también se advierte la participación del Poder Judicial. No es toda la policía, ni todo el Poder Judicial, pero el problema existe, es una realidad”.
“Si no existiera esa vinculación –destacó Pegoraro–, hay muchos delitos que no podrían funcionar tan libremente.” Concluyó que el interrogante es “por qué no se puede lograr que la policía pueda funcionar dentro de normas legales. Cómo hay que hacer para lograr que los policías cumplan con la ley: no torturar, no matar, no robar. Por qué razón es tan difícil terminar con esta impunidad. Cómo es posible que el caso Bulacio haya pasado por 18 jueces, sin que se haga justicia. Los jueces dependen de la policía, pero la policía debería estar sometida al poder político”.
El titular del bloque de la UCR, Gerardo Morales, afirmó que el tema de la sindicalización “debe debatirse a nivel nacional” y que en el Congreso “debe abordarse la Ley de Seguridad Interior e inscribir la propuesta dentro de los parámetros establecidos por la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en los convenios 154 de Negociaciones Colectivas y 87 de Libertad Sindical”. El dirigente radical remarcó que “debe haber fuertes límites en las medidas de acción directa para evitar el acuartelamiento”.
La diputada socialista por Santa Fe Alicia Ciciliani, integrante del Frente Amplio Progresista (FAP), rechazó la sindicalización policial: “Con la policía que tenemos no creo que podamos pensar en esta alternativa. Hay que hacer una reforma policial en un proceso donde sepamos bien qué modelo policial queremos”. Aclaró que “la sindicalización no se puede pretender con el derecho a huelga cuando le damos el poder de la fuerza”.
Desde el PRO, la diputada nacional Patricia Bullrich aseguró que “el modelo de no sindicalización es un modelo de verticalismo donde la persona policía no tiene cómo plantear sus problemas”. Por esa razón recordó que desde el Congreso viene impulsando la sindicalización “como lo hice cuando fui ministra de Trabajo”. Bullrich afirmó que “las experiencias en el mundo son positivas porque fueron una forma de descomprimir los conflictos”. Agregó que debe instrumentarse “un derecho de huelga limitadísimo porque no pueden levantar el servicio de cuidar a la gente”.
El ex titular del bloque del massismo en Diputados, Roberto Mouillerán, se mostró a favor de la sindicalización “siempre que se limite la cuestión de la huelga porque el servicio que prestan es esencial”. Expresó que está “de acuerdo con la sindicalización, en la medida en que la misma contemple que el servicio que brinda la policía es un servicio esencial y por lo tanto se debe limitar la cuestión de la huelga”.
Fuente:Pagina12
El nuevo escenario de la violencia urbana
La sublevación policial y la crisis de los uniformados como "gerentes" delictivos
En medio de los escombros que dejaron los saqueos, aún flota sobre la seguridad urbana un clima vidrioso. La nueva dinámica del crimen organizado y su relación con los agentes del orden no son ajenas al reciente brote de violencia.
Por: Ricardo Ragendorfer
Un año antes, se lo vio en el despacho del ministro de Seguridad bonaerense, Carlos Stornelli. En esa ocasión, fue consultado acerca de cómo optimizar los vínculos entre el poder político y el comisariato. Era el final de las reformas aplicadas por León Arslanian.
Ahora, mientras una yegua de su propiedad peleaba la punta, el sujeto que lo acompañaba insistía en agitar un brazo. Era un ex subordinado suyo: Salvador Baratta. Ese tipo acababa de ser puesto al frente de Coordinación Operativa, el segundo sitio en la jerarquía de la fuerza.
Cuatro años después –ya concejal del Frente Renovador y factótum de un sindicato policial sin personería–, Baratta es señalado por el Poder Ejecutivo nacional como instigador en Buenos Aires de las protestas uniformadas.
En el interín de aquellos dos tiempos, se produjo un thriller que en estos días bien vale ser recordado: el caso Candela. Una pesquisa construida con datos ficticios, pruebas plantadas, testigos no identificados y el arresto de personas inocentes. Semejante montaje no tuvo otro propósito que el de encubrir, en los arrabales de aquel crimen, los negocios policiales con el hampa. Sin embargo, la maniobra en realidad visibilizó tal relación. Aun así, el gobierno provincial decidió preservar la cúpula de la Bonaerense, pese a que un lapidario informe de la comisión investigadora del Senado recomendaba su destitución.
En paralelo, más de 50 tiros sacudieron al barrio rosarino de Villa Moreno durante la primera madrugada de 2012. En una canchita, tres militantes del Frente Popular Darío Santillán yacían sobre charcos de sangre. Habían sido asesinados por error. Con dicha certeza se topó de manera tardía el hombre con chaleco antibala y ametralladora FMK3 que huyó de allí junto a otros cuatro sicarios. Era Sergio "El Quemado" Rodríguez, un jefe barrabrava de Newell's que controlaba la distribución de droga. En realidad, sus balas eran para los soldados de su archienemigo, Ezequiel Villalba, al que buscaba con fines de venganza. A raíz de ello, el aún flamante jefe de la Policía de Santa Fe, comisario general Hugo Tognoli, se prestó a la requisitoria periodística. "Acá hay una guerra mafiosa", fueron sus exactas palabras. Desde entonces, aquel conflicto bélico se cobraría una montaña de cadáveres Y también el destino del propio Tognoli, quien no demoró en convertirse en el primer jerarca de una fuerza policial que termina tras las rejas por sus vínculos con redes de narcotráfico y trata de personas.
Lo cierto es que el caso cordobés fue, por su simpleza aun más estrepitoso. Sólo bastaron las revelaciones televisivas de un soplón despechado para que un oficial principal se volara la tapa de los sesos, mientras era arrestado nada menos que el jefe de la División de Drogas Peligrosas, comisario Rafael Sosa. El asunto también volteó al jefe de la policía provincial, Ramón Frías, y al mismísimo ministro de Seguridad, Alejo Paredes. A todos ellos se los acusa de proteger bandas de narcos y armar causas a personas inocentes.
Es justamente en Córdoba donde estalló la espiral de "rechifles" policiales y los saqueos urdidos desde las catacumbas de las agencias del orden. En esas situaciones, más allá de sus apariencias –"conflicto sindical" y "estallido social", según el moroso análisis ciertos comunicadores– anida un reacomodamiento algo estridente del lazo policial con el crimen organizado.
Sobre la base de que todas las policías del país hicieron de las cajas ilegales su sistema de sobrevivencia, cabe destacar que con sus dividendos también se solventan parte de los gastos operativos. Pero, claro, una fuerza de seguridad que se autofinancia también se autogobierna. Y a través de un pacto explícito con el poder político: presencia policial en las calles para crear una ilusoria sensación de orden a cambio de vista gorda con sus negocios. Tal fórmula se cifra en un dudoso pragmatismo: someter los variados quehaceres del crimen organizado bajo las normas de la recaudación de los uniformados no deja de ser un modo eficaz de graduar los niveles de la violencia urbana. Sin embargo, tal recurso posee sus contraindicaciones: en algunas coyunturas, ciertas actividades reñidas con la ley superan con creces la capacidad policial de regulación y control, provocando –entre otras calamidades– una implosión institucional. Sin duda, el vidrioso panorama actual es –entre otros factores– fruto de tal escenario.
Ello, a su manera, ya había sucedido a fines de 1996, tras el derrumbe de la dupla formada por el secretario de Seguridad, Alberto Piotti, y el legendario jefe de la Bonaerense, Pedro Klodczyk. Aquel acto quirúrgico del gobernador Eduardo Duhalde prometía dar por concluida una avalancha de escándalos protagonizada por efectivos de aquella fuerza. Desde entonces, sin embargo, se desató una sinuosa trama de acciones y reacciones, de acomodamientos y desajustes, en los que su signo más notorio fue el aumento geométrico del caos en el suelo provincial, debido a que los uniformados –en medio de sus pujas internas– habían dejado por el momento de oficiar como gerenciadores del delito. Al tiempo, todo volvió a la normalidad.
En la actual debacle de la Policía de Córdoba, no es un hecho menor la interrupción provisoria de la caja del narcotráfico, a raíz del arresto de Sosa y los suyos, con la consiguiente merma de ingresos entre el personal abonado a sus beneficios. Pero, más allá de dicho escollo circunstancial, la crisis que envuelve a las agencias policiales más picantes de la República tiene que ver con el desarrollo sostenido de las organizaciones delictivas –en particular, las que se dedican al negocio de las drogas–, debido a la formación de un creciente mercado minorista, cuyo abastecimiento está en manos de una estructura de menudeo no menos creciente, diversificada y con un sólido dominio territorial. Lo que está en riesgo, en consecuencia, es nada menos que la subordinación de esos grupos al poder policial. En ese contexto, su rol de regulador es la primera víctima.
En resumidas cuentas, las mafias que logran extenderse en determinados ámbitos geográficos comienzan asimismo a establecer vínculos de igualdad con sus antiguos gerentes de uniforme. Los primeros efectos de este fenómeno están a la vista. Tal pulseada ahora no sólo se ha convertido en un problema de Estado, sino también en su gangrena.
Fiscales
y saqueos
Los procuradores de todas las provincias acordaron en Córdoba una serie de pautas con el propósito de investigar los saqueos ocurridos en el país desde el 3 de diciembre.
cotinúan los allanamientos en entre ríos
Encuentran más productos robados en casas de policías
Cuatriciclos, motos, plasmas, lavarropas, artículos de perfumería, equipos de audio, termotanques, bebidas alcohólicas. Y hasta un acondicionador de aire portátil hallado, en la mañana de ayer, en la casa de un policía.
Durante un allanamiento realizado ayer por la mañana, Zabaletta y Dri encontraron un equipo de aire acondicionado portátil en la casa de un policía de apellido Rodríguez –según informó la agencia Télam–, cuya vivienda había sido señalada por distintos testigos como uno de los lugares en donde se habrían descargado los productos robados durante los saqueos ocurrido en Entre Ríos.
Dri señaló que "hoy (por ayer) se realizaron varios allanamientos en casas de algunos funcionarios públicos", y explicó que fue así como llegaron a la “de un policía donde se encontró un artículo” que pudo haber sido robado. El fiscal explicó que los integrantes de la vivienda allanada no pudieron justificar la compra del aire acondicionado y que el hermano del policía dijo haber comprado a un chico en la calle, en la esquina de su casa, por $ 200.
Eso no fue todo. Anoche, en el marco de otra serie de allanamientos, fue secuestrado un colectivo con varios elementos robados en su interior, informaron los fiscales a Télam.
Dri explicó que muchos agentes policiales fueron denunciados por testigos anónimos y que la fiscalía se encuentra trabajando sobre pruebas gráficas y audiovisuales para intentar avanzar sobre algunas pistas que surgen de las denuncias. Fue así que, el jueves pasado, Dri y Zabaletta detectaron una serie de artículos robados en una vivienda perteneciente a un familiar de un sargento.
Capital del citrus. Concordia fue una de las ciudades más rastrilladas por la justicia entrerriana tras los saqueos. Según informaron el ministro de Gobierno, Adán Bahl; el jefe de la policía de Entre Ríos, Héctor Massuh; y el jefe departamental de la también llamada "capital del citrus", en el marco de unos 500 allanamientos fueron encontrados cuatriciclos, motos, plasmas, acondicionadores de aire, bebidas alcohólicas, lavarropas, entre otra amplia gama de productos. Doscientos de los 500 allanamientos fueron hechos en lo que Bahl denominó "domicilios no fijos". Esto es: terrenos baldíos y casas abandonadas.
"Fue significativa la colaboración de los vecinos, que, de manera anónima, aportaron datos de los distintos lugares donde habían sido escondidas las cosas robadas", dijo Bahl.
Pistas
Fiscalía
El fiscal Germán Dri contó que trabaja sobre pruebas gráficas y audiovisuales para avanzar sobre algunas pistas que surgen de las denuncias de testigos de Entre Ríos.
Escenario
Un punto de inflexión para la política
Los últimos 15 días de planteos policiales en las provincias marcaron el fin de una política en la Argentina.
Luego de tres décadas de democracia el alzamiento de la Policía de Córdoba demostró el fracaso de la autonomía policial que cultivaron la mayoría de los gobiernos provinciales, con algunos intentos esporádicos de reforma luego truncos.
Por: Hernán Dearriba
La política delegó en la propia estructura policial el manejo de la fuerza y en muchos casos hizo la vista gorda frente a mecanismos de financiamiento externo siempre vinculados al delito. El caso de Córdoba es el más evidente por las revelaciones concretas de vínculos entre la conducción policial, la política y el narcotráfico. Pero no es el único.
Que la rebelión de la policía cordobesa haya estallado semanas después de la depuración obligada del Ministerio de Seguridad y la cúpula de la fuerza que rompió la “cadena de la felicidad” del financiamiento espurio no es una casualidad, es una consecuencia.
Desaparecida la recaudación del delito, se hace imperioso conseguir aquellos fondos en la única ventanilla disponible: la del Estado.
De una u otra manera, la política construyó esta policía, convalidando prácticas heredadas de la dictadura, con una fuerza militarizada, lejos del pueblo, que gestiona el delito y se financia en parte por esa vía. Desde la institución se creó el mito de que era imposible encauzar la conducción por parte de un civil, ya que sólo un uniformado podía manejar a los efectivos policiales.
Esa lógica se llevó al paroxismo en Córdoba, donde un uniformado pasó de conducir la policía a transformarse en ministro de Seguridad. Alejo Paredes tuvo que dejar su cargo tras las denuncias sobre los presuntos vínculos con el narcotráfico.
Los alzamientos carapintadas marcaron el fin del partido militar. El kirchnerismo llevó adelante una profunda reforma de las Fuerzas Armadas. Algunos pasos fueron simbólicos y otros estructurales. Hace poco más de un mes, el jefe de la Fuerza Aérea, Mario Callejo, sacó a relucir de las entrañas del horror los documentos de la Junta Militar con revelaciones impactantes que aun quedan por procesar. Ese cambio copernicano que operó en las Fuerzas Armadas es una deuda en las policías provinciales, que en muchos casos hacen ver a la Federal, como una fuerza moderna.
La reforma policial es una cuestión pendiente que tornó urgente luego de la sucesión de autoacuartelamientos de los últimos días.
Los reclamos salariales son válidos, especialmente para trabajadores que aparecen relegados frente a las mejoras que pueden exhibir sus pares de otros gremios. Sin embargo, la utilización de las armas para presionar a las instituciones de la democracia es inaceptable.
Los levantamientos en las provincias reavivaron el debate sobre la sindicalización policial, con el argumento de que la movida se produjo por el retraso salarial y con el agregado de que una regulación gremial impediría la huelga, como sucede en varios países.
Las huelgas en las policías de la Argentina ya están prohibidas, pero eso no impidió la sucesión de levantamientos contra el estado de derecho de las distintas fuerzas en las provincias.
Aquellos que ingresan a la policía saben que son armados por la democracia y no tienen a la huelga como alternativa de reclamo. En ese escenario, sería sano encontrar mecanismos de ajuste salarial válidos, tanto como aplicar todo el peso de la ley a aquellos que rompieron el contrato social y violaron la ley para reclamar mejoras en sus ingresos.
Hay que volver a Córdoba, porque la desastrosa gestión cordobecista fue la que prendió la mecha. El gobernador José Manuel de la Sota primero subestimó los reclamos y después rindió la plaza sin oposición.
Entregó a los peticionantes armados lo que le pedían y desató el vendaval en el resto de las provincias.
Cuál es el mensaje para el resto de los empleados estatales que sienten, con razón, que tienen el mismo derecho para reclamar incrementos salariales similares a los de la policía. Claro que esos sectores no cuentan con armas para extorsionar al poder político. Es a estas horas un interrogante cómo se desarrollará ese escenario.
Frente a ese panorama, los gobernadores intercambiaban información sobre la situación en cada distrito y buscaban un mecanismo común para resolver el conflicto.
Muchos optaron por imitar la decisión del gobernador bonaerense Daniel Scioli de imponer un aumento salarial sin abrir una paritaria paralela con los sediciosos. Pero la mecha estaba encendida con la pólvora cordobesa.
La sucesión de sublevaciones policiales tuvo un mensaje dispar de la política. Un gran número de dirigentes de la oposición sin responsabilidad de gestión pasearon por los estudios de televisión tratando de sacar un rédito político de la compleja situación imperante en las provincias.
Los paradigmas de esa postura fueron el ex presidente Eduardo Duhalde, un habitué de los diciembres calientes que intenta siempre presentarse como un piloto de tormentas; y el camionero Hugo Moyano, que luego de la ruptura con el oficialismo no repara en jugar todas sus fichas cada vez que puede.
El bonaerense, que anunció su retiro de la política después del último traspiés electoral en 2011, quedó colgado del pincel ayer cuando propuso que el gobierno convocara a Roberto Lavagna para afrontar la situación económica. El ex ministro le replicó vía Twitter: "No creo en hombres providenciales", señaló y dejó solo a Duhalde.
Moyano reivindicó los reclamos salariales de los policías, con el argumento de que también son trabajadores, y no tuvo reparo en medio de ese escenario caliente en convocar a una movilización de camioneros para reclamar un plus de fin de año. El secretario general de la CGT disidente está en su derecho de encauzar los reclamos gremiales, pero también debe entender la responsabilidad que le cabe como un actor de la política nacional.
En medio de semejante panorama, Mauricio Macri buscó hacer equilibrio y terminó, como parece ya ser una tradición, haciendo un papelón.
El alcalde porteño y ex presidente de Boca Juniors fue el único que no se enteró que la hinchada de su equipo iba a manifestarse frente al Obelisco. Las imágenes de simpatizantes de Boca rompiendo vidrieras y saqueando negocios, mientras el ministro de Seguridad de la Ciudad, Guillermo Montenegro, subía a las redes sociales una foto de él mismo jugando al fútbol en la Bombonera superan el promedio habitual del papelón PRO.
Esa contradicción se dio apenas unos días después de que la justicia porteña absolvió a los funcionarios del gobierno de la Ciudad en una causa que investigaba la responsabilidad política por la represión en el Borda.
La Metropolitana, la fuerza que creó Macri como herramienta de propaganda política y paradigma del combate a la inseguridad no tiene empachos en reprimir a locos, médicos y periodistas en un hospital psiquiátrico, pero juega a las escondidas si los simpatizantes del club del jefe de gobierno quieren arrasar con el microcentro porteño.
El PRO es la misma fuerza política que obliga a las agrupaciones sociales o partidos que pretenden hacer una movilización por la Ciudad a pedir permiso, claro que ese requisito no parece alcanzar a un grupo de boquenses que entienden que son los protagonistas del espectáculo deportivo y piensan que una camiseta de fútbol les da patente de corso para delinquir.
El bochorno de Boca no llegó a tapar la imposibilidad para gestionar la inscripción de los alumnos para el próximo ciclo lectivo. El PRO aprobó un presupuesto para 2014 que prevé una nueva reducción en los gastos en educación. Está claro que Mauricio Macri tiene otras prioridades, como disponer de una fortuna para una fenomenal campaña publicitaria que incluyó una impresentable carrera entre el triple medallista olímpico Usaín Bolt y la obra insignia del PRO: el metrobus en la misma 9 de Julio que los xeneizes habían copado.
Lejos de esas veleidades, la política se mantiene en estado de alerta. Las rebeliones policiales quedaron atrás, pero aparece en el horizonte una semana que podría presentarse como complicada.
El recuerdo del 19 y 20 de diciembre de 2001 siempre propone jornadas complejas. Las operaciones políticas de las últimas semanas y las constantes amenazas de saqueos no aportan a la concordia.
Fuente:TiempoArgentino
Suciedades líquidas
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Eduardo Anguita
eanguita@miradasalsur.com
(MARTIN KATZ).
Vigilancia líquida trae una frase del director creativo publicitario Josh Rose que define bien la sociedad del control virtual: “Internet no nos roba nuestra humanidad, la refleja. Internet no entra dentro de nosotros, nos muestra lo que hay dentro de nosotros”.
Lo que pasa en la Argentina, de norte a sur y de este a oeste desde hace casi dos semanas, es una muestra de lo que somos y no queremos ver. Una sociedad que no convive en la diferencia. A lo sumo, una sociedad en la que coexisten mundos en los que los mismos que tratan de escapar al panóptico de la vigilancia del gran hermano son quienes después publican en las redes sociales las fotos de los electrodomésticos que se robaron. Una sociedad que en los márgenes desarrolla las mismas culturas de estupidez e impunidad que se respiran en el centro. Cuando un jefe policial hace caja, se compra la cuatro por cuatro. Cuando un político hace una diferencia, se muda al barrio privado. En la era post-panóptica, de pinchaduras de teléfonos, de rastreos satelitales de conversaciones, de drones del tamaño de un colibrí, de dos mil millones de usuarios de Internet escaneados con los más sofisticados programas, los ricos y privilegiados necesitan exhibir lo que creen riquezas. Muestran su notable capacidad de consumir bienes que puedan ser mostrados. A sus vecinos del country, al jardinero que trabaja en negro, a la empleada de casa que trabaja en negro, al vigilante privado que se entera de demasiadas cosas, a sus vecinos. Por supuesto, se los muestra a las autoridades fiscales, que tienen un banco de información útil para utilizarla en la vigilancia líquida y, según el caso, será usada para intimarlo a pagar impuestos.
Sí, esa es la centralidad del poder. Una centralidad que estalló y que, en consecuencia, no tiene conductas que les den esa supuesta ventaja de cincelar el futuro. En las márgenes están las barriadas populares y las villas. Allí, al interior de las casas, hay familias trabajadoras y no sólo violencia doméstica, birra y televisión prendida todo el día.
El polaco Zygmunt Bauman, que tenía 17 años cuando se produjo el levantamiento del Ghetto de Varsovia, estudió la relación entre el Holocausto y la modernidad, con toda la industrialización de la muerte que automatizaba a criminales seriales. Después estudió la postmodernidad y las culturas donde la idea de lo serial y lo sólido se pulverizaron.
En Vidas desperdiciadas: La modernidad y sus parias, define como categoría sociológica la producción de residuos humanos, constituida por excluidos, emigrantes, refugiados y demás parias.
¿Y la conciencia obrera? ¿Dónde queda la ética proletaria? ¿Cómo definen su identidad las capas de asalariados de bajos ingresos que viven en la periferia, viajan como sardinas y ven cómo aumentan el precio del pan, la leche, el plasma o las zapatillas de marca? Atrás van quedando, a escala de un mundo de 7.000 millones de habitantes, las organizaciones obreras. La deslocalización de las industrias manuales y virtuales, la tercerización de procesos para abaratar las cadenas de valor, la financiarización del capital se come la ideología burguesa de la era industrial. Los burócratas de la Organización Internacional del Trabajo, cada vez más, se dedican a dar recomendaciones a los gobiernos sobre tópicos en los que el contrato de trabajo se bastardea. Recomendar o sugerir es lo mismo que nada. El gran capital tiene el poder transnacionalizado.
La nueva oleada de talentosos empresarios de la era virtual consolida esa tendencia. El funcionamiento político es a escala nacional. No tiene márgenes para evitar los mundos de las márgenes.
Con una ácida mirada de la modernidad y la mirada burguesa sobre la identidad obrera, Bauman sostiene que “la cruzada por la ética del trabajo era la batalla por imponer el control y la subordinación. Se trataba de una lucha para obligar a los trabajadores a aceptar, en homenaje a la ética y a la nobleza del trabajo, una vida que ni era noble ni se ajustaba a sus propios principios de moral”. El laburante que sale de su casa para dejar a los chicos en la escuela e ir al trabajo sabe que el espacio público, la puta calle, está acechada por situaciones inclasificables. Mezcla del rumor del vecino, del último caos de tránsito o la última muerte que le muestra la tele. A veces coexiste, otras se contagia, otras queda apenas alienado por un escenario que no puede pensar.
Fin de un año agitado. En ese entramado de miedos perceptibles están ahora las bandas de saqueadores, con alumnos correctos y vagos consuetudinarios. También están los policías que, con mucha eficacia, avisaron que abrían un paréntesis de la vigilancia real. Así, en la percepción del oportunista, el gran hermano se dormía una siesta. ¿De cuánto sirve saber el grado de conspiración de esos agentes y los saqueadores?
¿Alguien piensa que se llegará a detectar a los que la clase política llama autores intelectuales?
Aunque sea prematura una definición, esta implosión de las fuerzas policiales asociada a los desmanes a la propiedad privada constituye uno de los desafíos más grandes a la democracia de estas tres décadas.
Aunque los propios gobiernos provinciales y el nacional insistan con que es una amenaza a las instituciones, parece que el mayor riesgo es que los hechos invisibles hayan salido a la luz. En un país donde la seguridad parecía ser la diseminación de cámaras, los patrulleros inteligentes o los partidos de fútbol sin hinchada contraria, ahora no hay excusas.
En la percepción de los grados bajos de las policías, tanto hablar de inseguridad y no pagar salarios altos, resultó una oportunidad para la rebelión. Hubo y hay escenas para todos los gustos, incluyendo los policías tucumanos reprimiendo a quienes se manifestaron con carteles contra la connivencia de los uniformados con el delito. Hugo Moyano no dudó en decir que así como los camioneros llevan los camiones, los policías deben llevar sus armas a las asambleas, porque son sus herramientas. Nadie tuvo la iniciativa de convocar a un espacio multisectorial que pudiera dar marco y contención al encausamiento de esta crisis. Dos semanas atrás, los ministros Jorge Capitanich y Axel Kicillof intentaban tantear a empresarios y sindicalistas para que la banda de la negociación salarial de 2014 empezara con el 20%. Gente sin derechos sindicales y en franca ilegalidad impuso aumentos entre el 35 y el 50%. Este cronista habló con dirigentes de los trabajadores docentes: están helados, no pueden siquiera configurar por estas horas cómo se sentarán a la mesa paritaria.
El ministro de Seguridad bonaerense, Alejandro Granados, gana notoriedad por querer agarrarse a piñas con un opositor al que calificó de mogólico. Más allá de sus millones y de sus relaciones con el poder, nadie sabe cuál es la ventaja de tener a Granados al frente de la Bonaerense. La ministra de Seguridad de Córdoba, Alejandra Monteoliva, que llegó por la crisis de los narcopolicías, salió eyectada antes de que alguien se enterara de si sabe algo sobre seguridad. De la flamante ministra de Seguridad de Nación, María Cecilia Rodríguez, se dice que es especialista en catástrofes. Pese a este tsunami, no se la escuchó en la crisis. Quien tomó la conducción es su segundo, Sergio Berni, que años antes era su jefe. No queda claro cuáles son las capacidades para que se haya invertido el orden jerárquico entre Rodríguez y Berni.
En tres décadas, si las provincias y la Nación tuvieran que mostrar sus avances en la generación de políticas democráticas en la materia y, sobre todo, en la conducción de fuerzas que reparten su tiempo entre prevenir el delito y gerenciar el delito. Parte de las cajas policiales son la rueda de auxilio de los presupuestos de cada provincia. Parte de las cajas ocultas de la política tienen ese mismo origen. Es muy probable que estas fisuras entre las fuerzas policiales y los gobernadores no sean lo suficientemente fuertes como para que salgan a luz esas zonas oscuras. Sin embargo, en una visión entre optimista e ingenua, esta crisis puede dar lugar a alguna oportunidad para cambiar estas cosas.
Después de los días difíciles
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Daniel Míguez
politica@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Daniel Míguez
politica@miradasalsur.com
A fines de 2003, Néstor Kirchner comenzó a presionar al entonces gobernador bonaerense Felipe Solá para que reestructurara la policía provincial. Primero lo hizo en forma privada, pero ante los nulos resultados se lo reclamó públicamente. Finalmente, Solá cedió y, en abril de 2004, aceptó designar como secretario de Seguridad a León Arslanián, quien comenzó una serie de reformas, entre ellas la creación de una nueva fuerza policial: la Bonaerense 2. Lo novedoso era que la Policía provincial pasaba a tener una conducción política. Es imposible saber qué hubiera ocurrido si la línea de Arslanián hubiera sido continuada en 2007, cuando dejó el cargo con el cambio de gobernador. Lo cierto es que diez años después de aquel reclamo de Kirchner, Cristina vuelve a pedir exactamente lo mismo: adecuación de las fuerzas policiales provinciales a las normas democráticas y conducción política.
La complejidad del problema depende de las características de cada provincia, de sus distintas realidades, sus fortalezas y sus debilidades. Pero los amotinamientos en cascada en la mayoría de las provincias, con el combo de saqueos organizados o instigados, marcaron necesariamente un límite.
Mientras los gobernadores se las ingenian para que hechos como esos no vuelvan a ocurrir en sus territorios, los fiscales y los jueces tienen que dar también su respuesta. Su misión es defender el cumplimiento de las leyes castigando a los que la burlan. La declaración de inconstitucionalidad de la reforma judicial de parte de la Corte Suprema de Justicia, impidió la transparencia de ese poder y, entre muchas otras cosas, que la sociedad pueda identificar más claramente a quienes no se esfuerzan por combatir el delito.
Las acciones de gobernadores y jueces incidirán en que el problema tienda a resolverse o no, pero eso no implica desconocer que hay cuestiones más profundas para el análisis. Un dato insoslayable es que la instigación a los saqueos encontró a mucha gente predispuesta a salir a robar, aun exponiéndose a las balas de algunos comerciantes.
Esto requeriría un análisis político y sociológico que excede una nota periodística. Pero lo que parecería evidente, al menos en la superficie, es que muchos que tuvieron acceso a mejorar su vida a través de políticas activas del Estado no pudieron ser integrados al sistema. Habrá que ver también cómo influyó en esas personas la expansión de la clase media en los últimos diez años y su fiebre consumista, que siempre marca objetivos y genera deseos en los estratos socioeconómicos inmediatamente inferiores.
Varias de las policías provinciales generaron un caos extremo en este diciembre, pero hace un año también hubo saqueos organizados por grupos políticos opositores al Gobierno, y el jueves pasado, tal como ocurrió el 12 de diciembre de 2012, miles de personas se juntaron en el Obelisco para festejar que son hinchas de Boca y algunos cientos de ellos tuvieron la excusa para hacer destrozos y robar comercios. Los miles que no robaron, pero que propiciaron el escenario al concurrir a un festejo absurdo, son víctimas del negocio del fanatismo que los grandes medios de comunicación vienen alentando en las dos últimas décadas. Y aunque este último punto sea harina de otro costal, confluye en la línea general de los consorcios mediáticos de contribuir a conductas sociales autodestructivas, como lo hacen al azuzar el aumento de precios, la suba del dólar o nuevos saqueos, bajo el camuflaje de la información, que tiende a generar el miedo a todo.
¿Qué puede hacer el Gobierno Nacional ante esto? Para las reformas policiales en las provincias está dispuesto a brindar asistencia técnica, auxilio financiero y respaldo político. Paralelamente, tratará de preservar, y en la medida de lo posible, mejorar la calidad de las fuerzas de seguridad nacionales, ya que tanto la Policía Federal, la Gendarmería y la Prefectura están en un nivel más alto respecto de las expectativas de la sociedad. Acertadamente, Cristina les otorgará esta semana un resarcimiento económico y abrirá créditos especiales para sus integrantes. Como gesto adicional, regresará de Santa Cruz para asistir a la ceremonia de ascensos en la Policía Federal.
Por otra parte, frente a la acción psicológica de intereses oscuros que preanuncian nuevos saqueos para el 20 y 21 diciembre, como si fuera una caricaturesca conmemoración de los trágicos hechos de 2001, se están coordinando acciones preventivas.
Con menos urgencia, pero también sin dilaciones, los gobernadores deberán ajustar sus canales de información para estar atentos a lo que ocurre en sus provincias. Si hubieran funcionado correctamente, los hechos de diciembre quizás hubieran podido ser evitados, o, al menos, no los hubiera sorprendido.
Extorsión y paritarias. La forma más expeditiva que encontraron los gobernadores para parar con los amotinamientos y los saqueos fue la de otorgar los aumentos salariales con porcentajes desmesurados respecto a la inflación, tanto a los acotados números del Indec (11%), como a las exageradas estimaciones de la oposición (27%).
Es cierto que en muchos casos esos haberes de los funcionarios policiales estaban muy atrasados y hubiera sido justo un aumento significativo. Pero del modo que se planteó el reclamo, fueron concedidos bajo extorsión.
Sería un error que los gremios –instituciones democráticas que deben ayudar a sostener la gobernabilidad– tomen esos aumentos, otorgados de forma absolutamente irregular, como parámetro para sus aspiraciones salariales en las paritarias que están a punto de reabrirse.
Aun así, hay gremios, básicamente del sector estatal, que están insinuando que el aumento otorgado a los policías les cambia el cuadro de situación y que ahora estarían obligados por las circunstancias a exigir más de lo que tenían pensado inicialmente. Esa “obligación” estaría dada por “la presión de las bases”, con el argumento de que no pueden cobrar menos que un policía. Como estrategia pareciera ser la más complaciente. Un dirigente tiene que dirigir, valga la perogrullada. Esto implica explicarles a sus afiliados el contexto político, recordarles que año a año obtuvieron aumentos salariales por encima de la inflación verdadera, y que ahora seguirán peleando para mejorar el salario real. Lo contrario llevaría a complicar la situación y, en última instancia, a hacerles el juego a los desestabilizadores. No hay espacio político para que, por ejemplo, no funcionen los hospitales o para que no comiencen las clases el año próximo.
Aunque los destinarios de eventuales medidas de fuerza –como el paro de 48 horas que anunció ATE de la provincia de Buenos Aires para la semana próxima– sean los gobernadores, sus consecuencias impactan en el plano nacional. Sobre todo, cuando se trata de la provincia más grande. La historia de los últimos años evidencia que cada vez que apuntaron a Daniel Scioli le pegaron a Cristina.
Otro problema que amaga con tomar más dimensión es que, además de la distancia en el porcentaje salarial que ofrezcan unos y reclamen otros, también habrá diferencias en los mecanismos propuestos.
Lo habitual es que los acuerdos se establezcan por un año. Ahora, los distintos gremios estatales prefieren hacer acuerdos parciales a corto plazo –por caso, seis meses– y que luego se reabran las paritarias para volver a discutir. Por su parte, el Gobierno Nacional también quiere modificar el acuerdo anual, pero al revés: extendiéndolo a dos años, aunque dejando ventanas abiertas por si es necesario algún reajuste. Ante esto, el Gobierno y los gremios tendrán que agudizar la visión política para llegar a una ecuación que promedie plazos y porcentajes de aumentos.
Consciente de que el futuro inmediato no sería plácido, Cristina hizo cambios en el gabinete con los funcionarios más adecuados para esta etapa, en la que busca ordenar algunas variables económicas y que prevalezca el diálogo y la cercanía entre todos los sectores democráticos como lo viene demostrando con múltiples gestos. Los frutos podrán a empezar a verse en 2014. Pero primero, como decían los abuelos, hay que pasar las fiestas en paz.
Una anestesia con resultados inciertos
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Julián Blejmar
politica@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Julián Blejmar
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Los aumentos otorgados por los gobiernos provinciales a sus fuerzas policiales se encuentran muy por encima de sus presupuestos de Seguridad para el próximo año. Que implicancias tendrá esto para el Gobierno Nacional.
Pareciera ser una anestesia, y no una cura, el remedio aplicado por los gobiernos provinciales para resolver el conflicto con las fuerzas de seguridad. Muy posiblemente, no había otra opción en el corto plazo, a raíz del clima desestabilizador que a nivel nacional surgió tras el deficiente manejo de la crisis en Córdoba. Pero lo cierto es que los incrementos otorgados sobrepasan el porcentaje de incremento que cada gobierno provincial dispuso en su Presupuesto 2014 para las partidas de Seguridad y Justicia, una situación que puede tener significativas consecuencias a futuro, y que muy posiblemente impactará en el Gobierno Nacional.
En efecto, como es posible observar en el gráfico adjunto –donde se presentan los casos de las provincias en las que se iniciaron los conflictos–, el aumento del salario mínimo de los oficiales se encuentra holgadamente por encima de los incrementos estipulados en los Presupuestos oficiales para toda el área de Seguridad y Justicia.
Si se tiene en cuenta que el porcentaje de estos incrementos se deberán otorgar en términos cuanto menos similar para los escalafones más altos de las fuerzas –de modo de sostener la proporción jerarquica–, y que el grueso de las partidas de Seguridad se aplica a los sueldos, los gobiernos provinciales se verán ante el dilema de derivar fondos de otras partidas o recurrir al Gobierno Nacional. La primera de estas opciones parece más que lejana, no sólo por las dificultades jurídicas que implica reasignar partidas de un Presupuesto aprobado por el Poder legislativo, sino fundamentalmente a raíz de que ante al aumento otorgado a las fuerzas policiales, diversos gremios de empleados públicos, como los docentes y trabajadores de la salud de Buenos Aires, Córdoba y Neuquén, empezaron a movilizarse en búsqueda de nuevas recomposiciones y subas salariales. En cualquier caso, difícilmente pueda producirse un fuerte ajuste en las demás partidas presupuestarias para compensar la suba salarial de las fuerzas de seguridad, con lo que posiblemente muchas de las provincias volverán a solicitar auxilio al Gobierno Nacional.
Por eso, mucho tendrá que ver la marcha de la economía nacional, y la distribución que el gobierno realice del presupuesto, para saber cuáles serán en términos concretos las consecuencias de esta anestesia temporal.
Por supuesto, siempre y cuando los conflictos obedezcan a un aspecto económico, motivado por el anhelo de no detener la creciente participación de los trabajadores en Producto Bruto (que de acuerdo con datos del Centro Cifra, entre el 2003 y 2012 ascendió del 31,3% al 39%), y no a motivaciones políticas. En este último caso, la marcha de la economía, y los posibles auxilios del gobierno, posiblemente pasarán a tener un carácter secundario en la búsqueda de estabilidad.
Cuando el delito es (de) liberado
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Ramiro Rearte. Desde Tucumán
contacto@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Ramiro Rearte. Desde Tucumán
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Tres periodistas desde las provincias de Santa Fe, Córdoba y Tucumán reflejan las consecuencias que produjeron los acuartelamientos policiales. Complicidades políticas, narcotráfico y cambios de gabinete a punta de pistola.
Atrápame si puedes
Más de 150 policías tucumanos decidieron el domingo pasado a la noche, comenzar a acuartelarse en la Subjefatura de Policía para pedir un supuesto reclamo salarial. Reclaman, subir su salario a 12.000 pesos para la categorías más baja (la del rango de agente). Al otro día, la cifra de hombres de azul, se elevó a cerca de 600 acuartelados. Sin embargo, lo llamativo de la situación, es que a los funcionarios provinciales no se les ocurrió ir hasta el lugar para empezar a negociar y desarticular el mitin policial para evitar males mayores como los que se vivieron en Córdoba. Al mediodía del lunes 9 de diciembre, uno de los voceros dijo textualmente, “la solución era sentarse a negociar a tiempo, finalmente se desbordó porque hay compañeros que tienen menos paciencia que otros. Esto se puede complicar hora tras hora”, decía el oficial Víctor Nacusse a las 11.00 de ese día. Cuatro horas más tarde, San Miguel de Tucumán y sus zonas aledañas eran un caos.
Los saqueos y los robos a locales comerciales fueron certeros; no robaron en cualquier negocio, entraron a los que tenían cierto tipos de mercadería, electrodomésticos, grande supermercados, entre otros lugares. Hubo una coordinación de los delincuentes en empezar a robar desde la periferia al centro de la capital.
Mientras tanto, el gobierno no reaccionaba y la policía seguía acuartelada. Los servicios básicos para la gente dejaron de funcionar, colectivos urbanos, taxis, estaciones de servicio que no expendían combustible, todas las escuelas enviaron a sus alumnos a sus casas, al igual que las diferentes facultades. Mientras tanto, los videos y fotos de los saqueos inundaban las redes sociales. Lo llamativo fue también que desde el canal de aire de todos los tucumanos se decidiera no mostrar nada de lo que pasaba en las calles, mientras que los canales nacionales de noticias como los del Grupo Clarín, difundía todo en vivo y en directo. Le gente se daba cuenta de la diferencia de cobertura y volcaba su bronca en las redes sociales.
Los delincuentes, tuvieron tiempo de sobra para robar lo que quisieron, los primeros movimientos empezaron a las 15.00 y terminaron cerca de la media noche de ese lunes, cuando ya casi no quedaban lugares sin ser saqueados en los barrios de San Miguel de Tucumán. Fue tal la actitud canalla de los policías acuartelados que un grupo reducido salió en camioneta, horas antes de los saqueos a “levantar” a sus propios compañeros de las paradas donde habitualmente trabajaban. Eso en la jerga de los propios policías se llama “zona liberada”. Juan, un trabajador de edificio comentó a este cronista que “yo estaba en la gomería inflando la rueda de mi moto, cuando vi una camioneta de la policía que paró a la par de un patrullero y se pusieron a discutir y le gritaban que se vayan del lugar. No entendía nada. Luego se fueron todos”. Llamativamente, era el momento en que Nacusse declaraba ante los medios que “la situación iba a empeorar”.
La policía local viene siendo denunciada durante los últimos diez años, de estar vinculada con los hechos más aberrantes del territorio. En la desaparición de María de los Angeles Verón, en abril de 2002, su mamá Susana Trimarco, lo primero que dijo fue que los hombres de azules encubrían al clan mafioso de Rubén La Chancha Ale. A Trimarco en esa oportunidad casi nadie le creyó. El pasado miércoles, en una entrevista en Radio Nacional Tucumán, Trimarco se confesó: “El ex jefe Hugo Sánchez, me dijo (éste año) que los prostíbulos no se iban a cerrar, porque sino las calles se iban a llenar de violadores, ¿a vos te parece?”, dijo.
Durante 2006, de nuevo policías implicados en la desaparición y muerte de la joven estudiante de Comunicación, Paulina Lebbos. Su papá, Alberto, quien era funcionario de rango menor de José Alperovich, denunció que la policía había fraguado actas y como si fuera poco, el cuerpo de su hija fue movido del lugar de donde había sido encontrado y fue lavado. En esa oportunidad, pocos le creyeron.
Casualidad o no, varios policías, entre ellos el ex subjefe de Policía Nicolas Barrera, están siendo juzgados por estos días, por falsificación de documentos públicos y por “invitar amablemente” a testigos a que cambien su declaración en torno de la muerte de Paulina.
Durante este año, la Policía Federal Argentina (PFA), en allanamientos de drogas realizados en la capital se dieron con la sorpresa que una mujer policía vendía drogas en las inmediaciones de su domicilio. Sigue detenida y se espera que el juez federal Daniel Bejas siga con las detenciones de policías locales.
Y como si fuera poco, el pasado 4 de diciembre, 5 policías encerraron a una chica trans en la Comisaría 4º de la capital y abusaron de ella, luego de terminar con el atraco la encerraron en la celda con los presos del día. La volvieron a abusar. Tampoco se debe dejar de lado que el pasado viernes se condenó a represores en la Megacausa Arsenales II- Jefatura de Policía II, donde también había ex uniformados.
En todos los casos se tomaron medidas disciplinarias contra éstos “servidores del orden”. Por ende, “el efecto Córdoba” no fue tal.
Finalmente no hubo acuerdo salarial, Alperovich por decreto de necesidad y urgencia (y sin dudas que lo había), aumentó el salario de los policías en 8.700 pesos para la categoría más baja. Después de anunciarlo por conferencia de prensa desde la Casa de Gobierno, hubo gente que se movilizó hasta la Plaza Independencia, para pedir por mayor seguridad y repudiar el accionar policial.
Luego de haber estado ausente por 48 horas de las calles de Tucumán, permitiendo saqueos, los uniformados no tuvieron mejor idea que salir a reprimir a esa gente, porque abollaban los autos oficiales que estaban en la puerta de la casa oficial. Los hechos fueron registrados por el móvil del canal TN, que estaba literalmente al lado del lugar donde comenzó todo. El resto ya se vio miles de veces por la televisión, balas de gomas, gases lacrimógenos, corridas, gente herida, etc. Como para calmar las aguas, renunció el jefe y subjefe de policía por la represión de la noche anterior, pero se conoció que Jorge Racedo se alejó porque por decisión oficial se reincorporó a tres policías exonerados. Al día siguiente, cuatro veces más de gente pedía no sólo más seguridad sino que el gobernador deje su cargo.
Por otra parte, las redes sociales contaban otra realidad; cuando todo estaba calmado, por internet, circularon las versiones más extrañas de una segunda avanzada de saqueos tratando de generar paranoia entre el pueblo. Es más, hicieron circular fotos falsas de supuestos saqueos a las farmacias de los hospitales públicos, hechos que nunca ocurrieron y que la gente sin saber retroalimentaba en sus perfiles.
Al momento de escribir éste artículo todavía no se sabía cuáles fueron las cifras exactas de pérdidas de parte de los comerciantes saqueados y asaltados. El saldo de muertos lo dieron los directores de hospitales estatales, cinco fallecidos durante los saqueos.
Por estos días, Tucumán sigue convulsionada luego de lo vivido, y se espera una rápida reacción del Estado Provincial ante lo sucedido, no sólo para que no se repita sino para dejarle claro al pueblo que fueron extorsionados por policías en épocas de democracia y que deberán rendir cuentas todos aquellos que tuvieron vinculación con los saqueos y las muertes. Todos.
Cambios provocativos
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Adolfo Ruiz. Desde Córdoba
politica@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Adolfo Ruiz. Desde Córdoba
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Parecen aquietadas las aguas de los saqueos y rebeliones de la primera semana de diciembre. Pero aún hay malestar en la fuerza policial tras el cambio de toda su cúpula y el nombramiento de un “mano dura”. Entre medio, De la Sota arregló un diferimiento de la deuda cordobesa con la Nación y renovó la casi totalidad de su gabinete.
Dicen que en la política no hay vacíos. Y apenas si hubo tiempo para acomodar el gesto, cuando el gobernador de Córdoba, José Manuel de la Sota, ya enviaba señales claras de que no estaría dispuesto a resignar ni un milímetro del timón.
En momentos en que el malestar dejado crecer ingenuamente en Córdoba ya explotaba en las manos de otros gobiernos provinciales, De la Sota concretaba su encuentro con Jorge Capitanich y con ello resignaba su principal discurso: “En Buenos Aires no nos atienden”.
Debió volver atrás con aquello de “quemar el DNI porque no somos argentinos”, aunque con el aliciente de haber regresado con el acuerdo del Gobierno federal para la refinanciación de un millonario vencimiento de la deuda de Córdoba con la Nación por más de $700 millones y el compromiso de otorgar avales para el financiamiento internacional para obras. Consiguió lo que pedían, y esta vez no habría margen para seguir echando las cargas afuera. Por eso, el mandamás cordobés ensayó unas tibias “disculpas” con sus comprovincianos por lo sucedido el 3 y 4 de diciembre.
Nuevo escenario. Pocas horas antes de su viaje a Casa Rosada, el cordobés había dado claras muestras de ahora sí estar decidido a sacudir la modorra que con algún grado de irresponsabilidad lo había conducido a esta crisis. Y lo hizo cambiando dos tercios de su gabinete.
No fueron sólo reemplazos de nombres; había más bien una definición política: adiós perfiles técnicos, adentro el poder territorial y político del peronismo local anti K.
Se deshizo rápidamente –tras 78 días de corta y atribulada gestión– de la ministra Alejandra Monteoliva, la misma que había llegado tras el narcoescándalo de septiembre y la renuncia de su antecesor y ex jefe de Policía Alejo Paredes.
Cortó también el crédito de su jefe de Gabinete, Oscar González, uno de esos dirigentes con la habilidad para ser pieza clave en todas las gestiones, pero que había terminado desgastado tras una sucesión de desatinos. El más recordado de ellos, la explicación que dio cuando la Justicia halló cocaína en las dependencias policiales: “No es droga clandestina, es para entrenar a los perros”.
El “ungido” por De la Sota para encauzar el caos (salvando las distancias, una especie de “Capitanich mediterráneo”) fue el intendente de Alta Gracia, Walter Saieg, un histórico hiperdelasotista, leal y dúctil para cualquier función que le sea encomendada.
La novedad fue que su Ministerio de Gobierno pasaría a absorber la cartera de Seguridad, señal manifiesta de que había regresado la hora de la política para intentar poner en cuerda un frente que había traído grandes dolores de cabeza.
El regreso de los azules. También le llegaría el punto final al jefe de policía, César Almada, quien en plena crisis del narcoescándalo había llegado para oxigenar a la fuerza. Se trataba del típico jefe “tropero”, respetado por la gente, con perfil bajo, y al menos sin “muertos en el placard” ni señalamientos por corrupción, lo que no es poco decir en la fuerza de seguridad cordobesa. El estilo de Almada era reconocido por los subalternos, quienes veían en él cierta garantía de razonabilidad y por eso exigían su continuidad, dentro del petitorio planteado en pleno acuartelamiento.
Quizás haya sido ese perfil “bonachón” el que le impidió actuar a tiempo y desactivar la asonada policial cuando todavía estaba en su etapa germinal.
Al menos así parece haberlo evaluado el gobernador, quien no dudó en descabezar a toda la cúpula ni en inclinarse nuevamente por la vieja guardia. Así fue que le inclinó por el comisario Julio César Suárez, hombre afín a la mano dura, a la aplicación hipermetriofiada del Código de Faltas, y tristemente célebre por su afinidad a las detenciones por portación de rostro y recordado por las absurdas competencias por cantidad de aprehendidos que les planteaba a sus subordinados.
Naturalmente, su apellido fue “soplado” al oído del gobernador por los estamentos desplazados en septiembre, como forma de retomar el mando de una policía aún en estado de ebullición.
“Vengo para volver a fomentar las ganas de vestir el uniforme azul”, dijo el flamante jefe. En simultáneo, en las redes comunicativas prolijamente tejidas por los subalternos arreciaban los mensajes de desaprobación y los señalamientos hacia el nuevo jefe.
“En la fuerza no lo quiere nadie, es un déspota”, lo describió Marcelo Izquierdo, ex policía que participó en la organización del acuartelamiento. Izquierdo ubicó a Suárez entre aquellos policías “pendientes de las estadísticas, que te obligaban a llevar detenidos y a armar procedimientos”. También lo calificó como “misógino”, con “alto desprecio por el personal femenino”.
Otro ex uniformado, René Zabala, promotor del sindicato policial, denunció que Suárez “se construyó una casa de 700 mil pesos usando mano de obra esclava con los detenidos y los propios policías que dejaba de recargo”. Ambos consideraron el nombramiento como una “manifiesta provocación a la tropa”.
A ese malestar se le agregaron los movimientos del Tribunal de Conducta Policial, que desconociendo las actas firmadas una semana antes por el gobernador, al día siguiente de la asunción del nuevo jefe comenzó la fina tarea de las represalias internas sobre los acuartelados. Su primera “víctima” fue un oficial principal de la División Motorizada, pasado “a pasiva” por haber emitido un SMS que cuestionaba al nuevo jerarca.
Señales internas que parecen preanunciar el comienzo de una “caza de brujas”, quizá poniendo alegremente en juego la seguridad de los ciudadanos cordobeses, con el inmediato antecedente de su capacidad de replicación en las demás provincias.
En todo este marco, el fin de año aparece como el único condimento que juega a favor. Por eso, el gobierno no tendrá otra que ceder rápidamente a las exigencias de los demás gremios estatales que pugnan por un plus salarial único similar al otorgado a los policías, y que prepara la lanza para la discusión salarial que vendrá en febrero. Hacia allí parecen ahora asentarse las miradas.
Los paros de la narcopolicía
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Carlos del Frade. Desde Santa Fe
politica@miradasalsur.com
Año 6. Edición número 291. Domingo 15 de Diciembre de 2013
Por Carlos del Frade. Desde Santa Fe
politica@miradasalsur.com
De un justo pedido a la multiplicación de la angustia ciudadana.
Si se rompe un auto mientras trabajamos, nos lo descuentan del sueldo. Laburamos muy expuestos. No nos dan elementos para movernos. Yo tuve que comprarme mi handy y me salió 997 dólares. Es mucha guita teniendo en cuenta que gano algo menos de 5 mil pesos, tengo 3 pibes y pago un alquiler. Si quieren que la Policía sea honesta, que nos paguen lo que nos merecemos y se van a terminar los chanchullos –le dijo en un sentido cuasimafioso al diario El Ciudadano uno de los tres policías de civil que cortaba el paso de los autos sobre avenida Ovidio Lagos al 5000, sur rosarino, donde funciona la Jefatura de la Unidad Regional II, el pasado lunes 9 de diciembre, horas después que el gobernador de Santa Fe, Antonio Bonfatti, había dicho que todo estaba tranquilo y que los jefes de la fuerza comunicaron que la tropa aceptaba el primer ofrecimiento salarial. No era verdad. Casi medio millar de manifestantes que se denominaban “asamblea de autoconvocados” y mostraban banderas que hablaban de “la familia policial”, exigían un mayor esfuerzo de parte de la administración socialista. Y eso que el actual mandatario fue durante cuatro años Ministro de Gobierno de la administración de Hermes Binner.
Hasta que el martes 10 de diciembre, por decreto, se impuso un inicial de 8.500 pesos. Durante cuatro días, la provincia de Santa Fe no tuvo servicio de seguridad pública. Lo que en un primer momento se entendió como un justo reclamo había degenerado en una extorsión mafiosa contra el grueso de la población que sentía cada vez más temor, angustia e incertidumbre. Las imágenes que llegaban desde Córdoba, Tucumán o Chaco, aumentaban esos miedos.
Un día antes, la Federación Rosarina de Paseos Comerciales hacía pública una “carta abierta a la familia policial”, encabezada con el saludo: “Queridos Vecinos Policiales”.
“Estamos en un todo de acuerdo en que hay que jerarquizar la fuerza, equiparla y dignificarla, lo que no estamos de acuerdo en que recurra a métodos golpistas y desestabilizadores para llega a su cometido. La sociedad toda apoyará el reclamo de ustedes siempre y cuando sea dentro del marco de la Democracia y el respeto por las Instituciones. Extorsionar al Gobierno manteniendo de rehenes a sus vecinos, no sólo es un mecanismo poco feliz por sus consecuencias, sino que pone en peligro a la sociedad tal cual la conocemos”, apuntaba el texto. Y terminaba diciendo: “Nadie merece pasar otra noche más de angustia e incertidumbre, se los pedimos por sus familias y por las nuestras”.
Es decir que en un primer momento hubo una comprensión del reclamo. Toda una curiosidad: la fuerza tiene hoy alrededor de veinte integrantes condenados por delitos de lesa humanidad, alrededor de 130 oficiales investigados por enriquecimiento ilícito, casi una quincena de uniformados detenidos por sus complicidades con el narcotráfico y todos los días aparecen denuncias de zonas liberadas en los barrios y reaparecieron los casos de gatillo fácil.
A eso hay que sumarle que una semana antes de los hechos de Córdoba, el jueves 28 de noviembre, el director de la Federación de Supermercados Chinos de Rosario, Miguel Calvete, no descartó que detrás de los saqueos o robos a ese tipo de comercios “está metida la interna policial con mano de obra desocupada” tras los pases a disponibilidad de uniformados que dispuso el gobierno provincial.
El 10 de diciembre, Calvete agregaba que “en estos saqueos hay mayor violencia que en 2001, porque los que roban ahora vienen organizados”, explicó Calvete. “Estos robos no son espontáneos. No es gente desesperada de hambre. Son grupos que usan a la gente carenciada, los hacen funcionales a sus maniobras”.
Describía el accionar de los “saqueadores” diciendo que “entran cuatro o cinco personas a los locales, anticipando el asalto. En 15 segundos, llegan 20 o 25 personas más. Previo a esto, hay ‘marcadores’ que pasan en moto. Esto está muy organizado” y a diferencia de 2001, “en la mayoría de las zonas casi no hay policía en la calle, por lo que los comerciantes quedan librados a su suerte”.
Sin embargo, no hubo saqueos en Rosario.
Los más de dos mil efectivos de Gendarmería, Prefectura y Policía Federal enviados por el secretario de Seguridad, Sergio Berni, mantuvieron la llamada “paz social”, algo que no ocurrió en la capital de la provincia, la ciudad de Santa Fe.
Las vueltas de la vida. “Que el gobierno provincial no piense en que se patea su tablero, el reclamo de los trabajadores policiales es justo, ya que debe saber el gobierno que el último de los ascensoristas de la casa gris gana diez mil pesos,en tanto el personal policial gana cinco mil pesos. LA FAMILIA SE HA PUESTO DE PIE. Y el conjunto de la fuerza, ve como una burla los mil quinientos pesos por única vez. HOY ESTUVE EN JEFATURA Y SOBRA LA PACIENCIA, pero ojo, no creo decoroso y digno que se viva con cinco mil pesos que es el sueldo de bolsillo de la mayoría de la tropa. Que no se vean fantasmas, y que la ciudadanía sepa, que el último pinche de la troup gubernamental gana tres veces más que un personal de comando que se juega la vida cuando debe acudir a un llamado del 911,que ese personal no tiene acceso a planes de vivienda ni a planes sociales, que en resumen debe hacer malabares para poder vivir, para servir la seguridad que el gobierno pretende. Que la soberbia del gobierno no empañe los justos reclamos, pero que sepa, que todo se ha puesto en movimiento, que existe un sector, al que la sociedad reclama seguridad, en tanto el gobierno socialista los condena al hambre. Por mi representación a miles de trabajadores policiales, junto a las entidades gremiales pido reflexión y que se piense que mil quinientos pesos por única vez es una burla, es una joda, cuando el salario básico mínimo debe ser de diez mil pesos. Vaya entonces mi apoyo a la lucha que recién comienza, que no es apología del delito, sino sensatez, en tanto uno comprende cuanto debe gastar para vivir cualquier trabajador y que en última instancia, es la Constitución la que garantiza toda protesta y toda petición y que la verdadera responsabilidad de aquí en adelante es de quienes juraron por ella”, escribió el sábado 7 de diciembre en el muro de su facebook, Luis Tomasevich, el abogado que representaba a los autoconvocados. El profesional es un ex preso político de la dictadura y fue candidato a intendente rosarino por un sector de la izquierda peronista a principios de los años noventa llamado
“Encuentro Popular” y su lista llevaba la letra “K”.
El jueves 12 de diciembre, la página de la Asociación Profesional de Policías, Apropol, celebraba el acuerdo con la administración Bonfatti bajo el título: “Un gran triunfo de la familia policial” y subrayaba una expresión de Alberto Martínez, su principal referente que advertía que no les iba a temblar la mano para convocar a las asambleas de autoconvocados y volver “a las medidas de acción directa que sean necesarias ante sanciones o persecuciones a raíz del paro”. Martínez está siendo investigado por supuestas amenazas a través de mensajes de textos al actual gobernador de Santa Fe.
Pero la medida de fuerza terminó convirtiéndose en un hecho político que generó angustia en la población. Una protesta sediciosa. Práctica policial que comienza a hacerse repetida en los últimos años en diversos puntos de América del Sur y Centroamérica: setiembre de 2010 en Ecuador, paros a la administración de
Lugo que sirvió de prólogo al derrocamiento del ex teólogo de la liberación y otras tantas medidas en Brasil, Honduras y Guatemala.
Y fue en Rosario, un día después de los 30 años de democracia, que tuvo lugar un acto que explica la lógica política de estas medidas.
Ellos. –Recuerde: “Cuando el enemigo te acusa, el silencio del Camarada te condena”. Eso dice la invitación para la “nueva reunión” de la llamada “Unión de Promociones. Delegación Rosario”, para la cual convocan a “todos los camaradas de las fuerzas armadas, fuerzas de seguridad, fuerzas policiales y fuerzas penitenciaras. A todos los amigos y compatriotas”, sostiene el mail que invitaba a la reunión que tuvo lugar el miércoles 11 de diciembre a partir de las 20 en el Círculo de Oficiales de la Policía de Rosario en Urquiza al 1900.
En la convocatoria hablan de la “situación de los presos políticos en Argentina y su futuro” y señalan que “hoy, comienzan a soplar sobre nuestro país nuevos vientos, por ello, más que nunca, se necesita la participación activa de todos los miembros retirados de las FF.AA., FF.SS., FF Policiales, Fuerzas Penitenciarias, civiles, familiares y amigos, a fin de brindar toda la ayuda posible a nuestros Camaradas, Presos Políticos y a sus familias. Por ello, Ud. tiene una cita de honor con sus camaradas, con la historia y con la Patria…NO FALTE”, recomendaba la invitación.
Es una clara reivindicación de los delitos de lesa humanidad. Una forma del siempre vivo fascismo argentino, en general, y rosarino, en particular, de “celebrar” los 30 años de democracia.
Hay que tener en cuenta este acto. Parece darle contexto político al proceso que convirtió un justo reclamo salarial en una extorsión a las mayorías populares que hoy se sufre en distintas provincias argentinas. Los paros de las narcopolicías parecen ser los títeres de un proyecto superior que, por ahora, mantiene ocultos a los titiriteros.
Fuente:MiradasalSur
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