el fiscal domingo batule está investigado por mal desempeño y se encamina al juicio político
Jujuy: un caso testigo sobre cómo opera la "familia judicial"
Sin mayores argumentos, el funcionario había sobreseído al cuestionado camarista Rabbi Baldi, acusado de entorpecer un allanamiento contra su cuñado, el represor Marjanov.
Por: Gerardo Aranguren
El caso reveló las estrechas relaciones y complicidades dentro del Poder Judicial de Salta y Jujuy. Además del camarista, otros tres funcionarios judiciales habían sido investigados por entorpecer el procedimiento contra el cuñado de Rabbi Baldi y fueron luego sobreseídos por el fiscal federal suspendido.
El expediente disciplinario contra Batule se inició durante la gestión de Esteban Righi al frente de la Procuración General por una denuncia realizada por el fiscal Jorge Auat, titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, a partir de los hechos denunciados por el fiscal federal de Bahía Blanca, Abel Córdoba. El caso, finalmente, fue elevado al Tribunal de Enjuiciamiento a mediados de noviembre por la actual titular del Ministerio Público Fiscal, Alejandra Gils Carbó.
El jueves pasado, el Tribunal de Enjuiciamiento suspendió a Batule en sus funciones hasta la finalización del proceso en su contra, que continúa con un juicio político. Además, se le embargó el 30 por ciento de su salario.
El caso tiene un antecedente similar y reciente, cuando en octubre fue suspendido el fiscal federal 1 de La Plata, Sergio Franco, quien, investigado por mal desempeño, decidió renunciar a su cargo.
La acusación disciplinaria de Auat señaló que Batule "omitió investigar en profundidad los hechos" y al apresurarse a desestimar la denuncia benefició a Rabbi Baldi, camarista de Salta y una de las máximas autoridades judiciales de Salta y Jujuy.
La actuación del fiscal también favoreció a otros tres funcionarios: Juan Facundo González de Prada, secretario del Juzgado Federal 2 de Jujuy; Pablo Guillermo Najar, abogado designado como conjuez; y el ahora ex juez subrogante Carlos Olivera Pastor, quien debió renunciar al Juzgado Federal 2 de Jujuy tras retrasar durante años los juicios por delitos de lesa humanidad.
LOS HECHOS. A partir de la denuncia penal del fiscal Córdoba en 2011, Batule quedó a cargo de la investigación contra los cuatro funcionarios jujeños por haber entorpecido el allanamiento al domicilio de Marjarov en marzo de 2010.
Según consta en el expediente, luego de la detención del represor bahiense se ordenó a la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) el registro de su casa en San Salvador de Jujuy. El operativo debía ser secreto y, sin embargo, minutos antes de que ocurriera, el juez subrogante Olivera Pastor se comunicó con Rabbi Baldi y le habría informado del allanamiento. Inmediatamente, este se comunicó con el oficial de la PSA a cargo, se presentó como camarista y le pidió que el operativo "se lleve a cabo con la mayor discreción posible, preservando los bienes materiales en la vivienda de su hermana". Por último, cuando se concretó el allanamiento, se encontraba allí otra hermana y también cuñada del represor, quien le dijo que estaba "en conocimiento de la medida que se iba a llevar a cabo", según relató el oficial presente.
En el expediente también quedaron expuestas las relaciones de amistad y familiares dentro del Poder Judicial de Salta y Jujuy. Previo al allanamiento, y por tratarse del cuñado de Rabbi Baldi, dos funcionarios se excusaron de participar del operativo. El primero de ellos fue el juez federal Wenceslao Cardozo, quien alegó violencia moral. Llamativamente, en su juzgado trabaja, en la Secretaría Civil 1, la esposa del fiscal Batule, Rebeca Sandra Cabana.
El otro que se opuso a participar fue el conjuez Najar, quien en un primer momento aceptó intervenir y nueve días después se excusó por mantener una relación profesional y personal con la familia Rabbi Baldi.
La demora que se generó de casi dos semanas en el procedimiento le dio tiempo más que suficiente a Marjarov para prepararse para la medida. Incluso, las tareas de inteligencia revelaron que el militar retirado se había desecho de documentos y elementos vinculados a la causa.
A pesar de la gravedad del hecho, que frustró un allanamiento por delitos de lesa humanidad, la denuncia penal no prosperó. El fiscal Batule desestimó la acusación contra el camarista y procedió de la misma manera con Najar y González de Prada, acusados por las demoras. Batule consideró, por ejemplo, que González Prada "no tuvo intención de dilatar el libramiento de las órdenes" y que la demora se debía al "cúmulo del trabajo". Luego, también sobreseyó a Olivera Pastor, a pesar de que se comprobó que llamó al camarista minutos antes del allanamiento.
LA DENUNCIA. En el expediente disciplinario, el fiscal Auat consideró que resultó "cuanto menos prematura" la decisión de Batule de descartar la denuncia contra el camarista. "No tuvo en cuenta el modo en que el camarista federal entró en conocimiento del contenido del exhorto, el poder que ejerce en la jurisdicción y la circunstancia de que no se limitó a avisar a su pariente de la realización de una medida judicial en su contra –con lo cual es posible que se haya perdido prueba–, sino que actuó directamente sobre el funcionario público que iba a llevarla a cabo", señaló el titular de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad.
Además, Auat criticó "la ligereza" con la que Batule trató la situación de Rabbi Baldi Cabanillas, ya que sostuvo que el llamado al agente de la PSA "no había tenido el propósito de frustrarlo, ni había dado instrucciones de aquellas que los jueces suelen dar a los preventores para lograr el éxito de una diligencia de ese tipo".
En ese sentido, para Auat, "la investigación del doctor Batule no habría agotado todos los medios de prueba". Entre los ejemplos citó que el fiscal jujeño sólo investigó los llamados de Rabbi Baldi durante el día de los allanamientos, el 9 de marzo de 2010, cuando, por el contrario, "lo más lógico era investigar desde, al menos, el 5 de febrero, fecha en que los tribunales federales de Jujuy se habían anoticiado del caso".
La demora de un mes en realizar el allanamiento hizo que la sospecha de haber filtrado la información recayera, según explicó el fiscal, "sobre cada uno de los funcionarios y empleados de la justicia federal de Salta y Jujuy que habían tenido acceso a dichas actuaciones, sobre todo si se repara en que muchos de ellos se excusaron de entender en el caso por mantener un estrecho vínculo con la familia Rabbi Baldi".
Además de la causa penal, que fue desestimada por Batule, Auat denunció la actuación irregular de Rabbi Baldi Cabanillas ante el Consejo de la Magistratura. A pesar del pedido del consejero Mario Cimadevilla, senador por el radicalismo, de desestimar el caso, finalmente el camarista fue citado por el Consejo en los términos del artículo 20 del reglamento de la Comisión de Disciplina y Acusación, que le permite hacer un descargo ante los consejeros de manera presencial o por escrito.
un dictamen unánime
Tras la denuncia del fiscal Jorge Auat, el caso de Batule fue analizado por un Consejo Evaluador, que calificó de "infantiles" sus explicaciones para desestimar la investigación. En el dictamen de noviembre de 2012, el Consejo señaló: "Todos entienden lo que ese llamado (de Rabbi Baldi) significa en el contexto en el que ha sido proferido", y agregó: "Los hechos lesionan el nudo de nuestra función al servicio de la administración de justicia. Los delitos involucrados son varios y el fiscal Batule no los investigó a sabiendas".
Con este dictamen unánime, el expediente fue elevado por la procuradora Alejandra Gils Carbó al Tribunal de Enjuiciamiento del Ministerio Público, que el jueves pasado decidió suspender a Batule. El Tribunal está integrado por siete miembros designados por el Poder Ejecutivo, el Ministerio Público Fiscal (MPF), la Defensoría General de la Nación (DGN), el Senado, la Corte Suprema, la Federación Argentina de Colegios de Abogados (FACA) y el Colegio Público de Abogados porteños.
Su presidente es el secretario de Coordinación y Control Registral del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, Ernesto Kreplak, designado por el Ejecutivo, y su vice es Daniel Eduardo Adler (MPF). Los siguen los vocales Rodolfo María Ojea Quintana (Senado), Juan Octavio Gauna (Corte), Rodrigo Sebastián Bacigalupi (FACA), Adriana Olga Donato (Colegio Público) y María Cristina Martínez Córdoba (DGN).
un juez cuestionado
Renato Rabbi Baldi fue durante diez años secretario letrado de la Corte Suprema, hasta que tuvo la oportunidad de ascender a la Cámara de Apelaciones de Salta. Fue en 2009, con la salida del ex juez Ricardo Lona, acusado por delitos de lesa humanidad.
Extrovertido, Rabbi Baldi tiene una página web propia desde donde se muestra sonriente y describe su formación profesional. En julio del año pasado, fue aceptado como miembro de la Academia Nacional de las Ciencias Morales y Políticas, una institución que tiene al procesado Carlos Blaquier, del Ingenio Ledesma, entre sus miembros. De hecho, Rabbi Baldi debió excusarse de participar del caso cuando llegó a la Cámara.
Desde que asumió su cargo, el magistrado fue señalado por proteger al entonces juez subrogante Carlos Olviera Pastor, que demoró por años los juicios contra el terrorismo de Estado en Jujuy. También fue acusado por "feudalizar" la justicia: además del caso de la esposa del fiscal Batule, que se desempeña en el Juzgado Federal 2 de Jujuy, están el nombramiento de la hija de Olivera Pastor en el Tribunal Oral Federal jujeño y el cargo que ocupa Denise Blajean, esposa de Rabbi Baldi, como secretaria de Derechos Humanos del TOF de Salta.
Fuente:TiempoArgentino
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