se inicia el juicio por delitos en el ex centro clandestino la cacha
"Esperamos que den datos de los chicos que falta encontrar"
Colleen Torre y Emanuel Lovelli hablan del juicio que comienza mañana por los crímenes contra 147 víctimas.
Por: Pablo Roesler
"Este es el primer juicio en La Plata en el que se va a juzgar a personal civil de inteligencia, que aunque era parte del Ejército no era policía, como en el Circuito Camps. Y por otro lado hay una cantidad de chicos nacidos en La Cacha. El tema es que durante el año 1977, que es la parte que llega a juicio, hubo tres chicos nacidos en cautiverio: los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y Natalia Suárez Nelson. Pero pasaron siete embarazadas ese año por el centro", remarcó Torre a Tiempo Argentino.
El debate comenzará mañana a las 10 en la sede de calle 4 del Tribunal Oral Federal N°1 de La Plata, integrado por los jueces Carlos Rozanski, Pablo Vega y Pablo Jantus, y tendrá en el banquillo a 21 acusados, entre civiles, militares, marinos, penitenciarios y policías, acusados por homicidio, privación ilegítima de la libertad y tormentos, entre ellos, Jaime Lamont Smart, el primer ministro civil condenado en diciembre del año pasado en el juicio del Circuito Camps, por el homicidio calificado de Jorge Rubinstein, el abogado y mano derecha del empresario David Graiver.
Dentro de las 147 víctimas están Laura Carlotto, hija de la titular de Abuelas de Plaza de Mayo Estela de Carlotto; Carlos Alaye, hijo de la madre de Plaza de Mayo de La Plata Adelina de Alaye, y el juez federal y docente universitario desaparecido, Antonio Bautista Bettini, padre del actual embajador argentino en España, Carlos Bettini, entre tantas otras personas que fueron liberadas, asesinadas o que continúan desaparecidas. Pero la causa llegó a juicio unificada con la que investiga los homicidios cometidos por la policía en una emboscada en 1976 contra Marcelo Gabriel José Bettini, hermano del diplomático y de su compañero de militancia, Luis Eduardo Sixto Bearzi. El expediente tiene cinco imputados entre quienes se encuentra el condenado ex comisario mayor de la bonaerense, Miguel Osvaldo Etchecolatz.
En la causa, Abuelas de Plaza de Mayo querellará por seis mujeres embarazadas que pasaron por ese centro: Graciela Quesada, Laura Carlotto, Olga Casado, María Elena Corvlán, María Rosa Tolosa de Reggiardo, Cristina Marroco, quien habría perdido su embarazo a causa de la tortura. Y aunque no se van a juzgar las apropiaciones, se ventilarán los casos de los mellizos Matías y Gonzalo Reggiardo Tolosa y Natalia Suarez Nelson, los tres nacidos en 1977 y recuperados por Abuelas.
–¿La participación de civiles es una característica particular del debate?
Lovelli: –Además del personal civil van a ser juzgados personal del Destacamento de Inteligencia 101 que no habían sido tocados hasta este momento. El destacamento tenía una responsabilidad de planificación estratégica de la política represiva de la dictadura y hasta acá estaba silenciada su participación. Desde la causa 44 para acá la investigación se orientó hacia la Policía Bonaerense en el Circuito Camps y la participación del Ejército se pensaba en ese circuito y no en forma autónoma. Lo paradigmático es que el departamento de inteligencia, además de planificar y elaborar la inteligencia, le puso el cuerpo a la represión en un centro clandestino.
–¿Qué buscará probar Abuelas en el juicio?
Torre: –Tenemos testimonios de partos en la Unidad 8 de Mujeres, es decir que durante ese año a las embarazadas las trasladaban al hospital de esa unidad, que está al lado, porque el centro clandestino estaba entre esa y la Unidad 1 de la cárcel de Lisandro Olmos. Lo que no tenemos es un patrón de apropiaciones porque los tres chicos que nacieron son Natalia, que fue apropiada por (el cantante de tangos) Oscar Alonso, que era un civil, fue entregada por (el ex comandante de navío Juan) Hersberg, que para nosotros está probado que prestaba servicios en La Cacha. Y después los mellizos que fueron apropiados por un integrante del Servicio Penitenciario Federal (Samuel Miara) que al menos en ese momento no estaba prestando servicios en ese centro.
L: –Lo que sí hace es probar la misma mecánica con las mujeres embarazadas y los pibes: las mujeres están desaparecidas y los chicos apropiados. Es una prueba más del plan sistemático. Otro dato es el carácter multifuerza del lugar. El caso paradigmático, quizá, es el de Natalia, donde su madre es secuestrada por un tipo de la marina, está detenida en La Cacha que es un lugar del Destacamento de Inteligencia, y el Servicio Penitenciario Bonaerense presta toda la logística para el parto. Y termina con un civil.
–¿La participación de distintas fuerzas en ese centro está evidenciada en los imputados?
T: –Sí. Hay ex miembros del Servicio Penitenciario Bonaerense, del Ejército, de la Marina, del Destacamento de Inteligencia 101 del Ejército y sus civiles y Jaime Smart, que era ministro de gobierno bonaerense que cedió el predio para que allí funcione el centro clandestino.
–A pesar de que en el debate se ventilarán apropiaciones, los presuntos responsables no serán juzgados.
L: –No, porque en el inicio cuando se hizo la primera orden de detención, desde la fiscalía y el juzgado solamente se le imputaron las apropiaciones a Agustín Arias Duval por ser jefe del Destacamento 101. Abuelas pidió que se les amplíen las indagatorias a toda la plana mayor del 101, pero nunca ocurrió. Y con la muerte de Arias Duval los casos de los chicos no quedan como casos en el juicio. Los chicos serán testigos por las desapariciones de sus madres.
–Entre los acusados hay tres hombres del Personal Civil de Inteligencia, cuyos nombres fueron inaccesibles durante más de 20 años, hasta la publicación de las listas del Batallón 601. ¿Cuál era el rol de los civiles en La Cacha?
L: –Primero hay que aclarar que eran personal civil pero pertenecían al Ejército. Es decir, tenían legajo en el ejército pero cumplían otras funciones, como marcar gente en la facultad, en la calle y después ser guardias en el centro. Hay testimonios que lo ubican en peñas (universitarias) y que después los veían en el centro como guardias. Y en ese rol también hacían la inteligencia adentro del centro clandestino sacándoles información a los detenidos en los períodos en los que no estaban siendo torturados. Sabemos que cuando el secuestrado estaba encapuchado se le acercaba para que les den información, pero no podemos afirmar hasta el momento que participaran de las sesiones de tortura.
–¿En el juicio se investigará la apropiación del nieto de la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto?
T: –No, porque Laura dio a luz en junio del año 1978 y los testimonios de las personas que estuvieron con ella mucho tiempo y sobrevivieron son de ese año. Y la parte del expediente que se juzgará ahora es sobre lo que ocurrió en La Cacha en 1977. El tema es que a Laura la secuestraron en noviembre del ‘77 y por eso está como víctima, porque entra como caso su secuestro. El parto fue al año siguiente y en agosto la asesinan. Esperemos que en el próximo juicio por este centro se juzgue la apropiación de (el nieto de Carlotto) Guido.
–¿Qué expectativas despierta el debate?
T: –Va a ser muy importante que quede plasmado el rol del Destacamento de inteligencia en La Plata, con todo el entramado y vinculación con el 601, que era el organismo que centralizaba toda la información y de donde emanaban todas las órdenes, más allá de la autonomía que pudieran tener los distintos destacamentos. Y obviamente, como en todos los juicios, tenemos el anhelo de que alguno (de los imputados) se digne a dar algún dato de todos los chicos apropiados que faltan encontrar. La mayoría de las apropiaciones se dieron en el '78, pero a pesar de los cambios, los imputados siguieron prestando servicios en inteligencia, en otras funciones o destacamentos, pero no se desvincularon. Saben qué pasó, no hay dudas.
Fuente:TiempoArgentino
12/17/2013
Comunicado de JusticiaYa La Plata : Juicio por el CCD y E "La Cacha"
El Centro Clandestino de Detención “ La Cacha ” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos.
Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron El Ejército, la Marina , las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE ( Servicio Inteligencia Ejército). Según los relatos de algunos sobrevivientes el nombre “ La Cacha ” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.
Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por testimonios de sobrevivientes en Brasil año 1983 ( grupo CLAMOR en San Pablo), testimonios en la CONADEP y reconocimiento del predio 1984.
Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Pero recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”.
Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (aún en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.
En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no incluyendo a todos, dejaron causas "residuales" de desaparecidos del 77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo CCD.
Hasta ese momento, el juicio incluía a sólo 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).
En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha , al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.
Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía , Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.
A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.
Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012.
En La Plata llegamos a fin de este año con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.
- Por el Juicio y Castigo a todos los genocidas por todos los compañeros.
- Por juicios completos por Centro Clandestino de detención.
- Por la restitución de la identidad de todos los jóvenes apropiados.
- Por Julio Lopez, Silvia Suppo y los 30.000 compañeros.
CONVOCAMOS A PRESENCIAR EL INICIO DEL JUICIO
Miércoles 18 de DICIEMBRE - 10hs
CONCENTRACIÓN EN EL JUZGADO - 4 Y 51
Las audiencias se realizarán en la ex AMIA (4 entre 51 y 53) los días 18 , 20 y 27 de diciembre desde las 10 hs y continuarán los miércoles y viernes de febrero. El público deberá acreditarse presentando documento de identidad.
Integran Justicia Ya en La Plata :
Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos (AEDD); Asociación de Profesionales en Lucha (APEL); Centro por los Derechos Humanos Hermanos Zaragoza; Centro de Profesionales por los Derechos Humanos (CeProDH); Colectivo de Abogados La Ciega ; Liga Argentina por los Derechos del Hombre (LADH); HIJOS La Plata ; Unión por los Derechos Humanos La Plata ; Federación Universitaria de La Plata (FULP)
Contactos de prensa:
María Laura Bretal (221) 155580751 (Unión por los DDHH, LA PLATA )
Nilda Eloy (221) 155865035 (AEDD)
Pia Garralda (221) 155529756 (APEL)
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María Laura Bretal (221) 155580751 (Unión por los DDHH, LA PLATA )
Nilda Eloy (221) 155865035 (AEDD)
Pia Garralda (221) 155529756 (APEL)
Fuente:CasaPueblos
Envío:Andrea Benítes-Dumont
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