Mié, 12/04/2013

Marta Liliana Snopek
En un nuevo intento por evitar más dilaciones en el juicio por delitos de lesa humanidad que se lleva a cabo en Salta, la Fiscalía Federal insistió ayer en que la jueza Marta Liliana Snopek debe ser separada del tribunal para posibilitar el inmediato reinicio de las audiencias.
En una presentación conjunta, que fue remitida también a la Cámara Nacional de Casación Penal y al Consejo de la Magistratura, los fiscales Ricardo Toranzos y Eduardo Villalba propusieron que se integre el Tribunal Oral Federal de Salta con el juez sustituto, Gabriel Casas, se habilite el domingo 8 de diciembre para retomar el debate, se continúe en las audiencias ya fijadas para el 9, 16 y 17 de este mes y "eventualmente se fijen las fechas necesarias para culminar con el presente juicio antes de fin de año, como estaba previsto".
Como argumentos, los fiscales afirmaron que la suspensión de este proceso hasta el 11 de febrero de 2014, resuelta anteayer por los jueces Carlos Jiménez Montilla y Marcelo Juárez Almaraz (los otros dos integrantes del tribunal), es "una decisión carente de razonabilidad" porque fue tomada sin tener a la vista el certificado médico que daba cuenta del "pico de estrés" sufrido por Snopek cuando se encontraba en Villa Alcaraz, en la provincia de Entre Ríos.
El martes último el Tribunal decidió suspender el juicio hasta el año próximo, luego de que Snopek no se presentara a la audiencia e informara, vía teléfono, que estando fuera de esta provincia había sufrido un "pico de estrés" y debía someterse a reposo por tiempo indeterminado. La sospecha sobre la inexistencia de un certificado médico en ese momento, surgió luego de que el presidente del Tribunal, Jiménez Montilla, eludiera la entrega inmediata de una copia al querellante David Leiva.
Ese mismo martes, el Tribunal ratificó la suspensión a pesar de los pedidos de reconsideración realizados inmediatamente por Leiva y por el fiscal.
Ayer, acompañado por su par de la Fiscalía Federal N° 2, Toranzos volvió a insistir en que "se deje sin efecto la suspensión de las audiencias dispuesta hasta el día 11 de febrero de 2014". Según se explicó en un comunicado, para los representantes del Ministerio Público, "el Tribunal efectuó una errónea interpretación de la normativa procesal pues adoptó esta decisión sin haber tomado vista del correspondiente certificado médico, dado que la constancia de que la doctora Snopek había sufrido un 'pico de estrés' fue recibida vía fax en la Secretaría del Tribunal pasado el mediodía del martes 3, esto es, cuando ya se había suspendido el debate".
Los fiscales añadieron que el Tribunal no conocía cual era la dolencia padecida por la jueza, ni el tratamiento a seguir, ni contaba con la "especificación del tiempo de reposo que eventualmente pudiera corresponder", a pesar de lo cual "los magistrados optaron, mediante una decisión carente de razonabilidad, aplicar la hipótesis de máxima que prevé la norma procesal", que establece hasta 30 días hábiles de suspensión.
Para los fiscales resulta igualmente "inexplicable" la suspensión teniendo a la vista el certificado médico, que da cuenta de "un episodio de 'angustia y llanto' (…) que derivó en la sugerencia de 'reposo laboral con actividad al aire libre' y consulta con servicio psicológico", pero en la que no se indica "una imposibilidad tan prolongada" de realizar actividad laboral. "En todo caso (afirmaron Toranzos y Villalba), el tribunal debió suspender la audiencia por unos pocos días hasta obtener mayores precisiones con relación al tiempo necesario de recuperación de la magistrada".
Fuente:NuevoDiarioSalta
05.12.2013
Ante la postergación, organismos de DDHH habían anunciado que pedirían un jury
Salta: Sorpresivamente, la jueza Snopek decidió sentirse bien y prometió reicorporarse el lunes
Jueza Snopek: Ante la posibilidad de que se designara el cuarto juez para seguir con el juicio, decidió ponerse bien.
Salta.- El juicio por 34 delitos de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura en Salta se reanuadará el próximo lunes, pese a que había sido reprogramado para febrero por la indisposición de la jueza Marta Snopek, que integra el Tribunal Oral Federal a cargo. Este juicio iniciado en mayo de 2012 "se va a reiniciar el próximo lunes", confirmó hoy a Télam el fiscal federal Ricardo Toranzos. La postergación para el 11 de febrero del alegato de la fiscalía, que debía comenzar el pasado martes, había provocó malestar en los querellantes, familiares de las víctimas y en el mismo Toranzos. En consecuencia, el fiscal había realizado una presentación en la que consideró "excesivo el plazo" hasta febrero y solicitó la reincorporación de la jueza Snopek o la designación del cuarto juez, para "acortar los tiempos y cumplir con un cronograma que el mismo tribunal había fijado", según explicó.
Este jueves, el camarista Mario Marcelo Juárez Almaraz firmó una resolución por la cual citó a las partes para el próximo lunes a las 8.30 en la sala de Grandes Juicios del Poder Judicial, para reanudar la audiencia en la que el fiscal expondrá su alegato.
La jueza, que adujo problemas de salud el martes pasado, sosrpresivamente se sintió bien y avisó que se reincorporará, después de que organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas anunciaran que estudiaban promover su remoción.
El martes, tras la decisión del tribunal, Toranzos calificó de "inesperada" la resolución y dijo a Télam que "esperaba que se hiciera aplicación del nombramiento del cuarto juez" para resolver la falta de un miembro y no dilatar tanto el proceso. Se trata del juicio oral y público, que por 18 causas de lesa humanidad, con 34 víctimas de la época de la última dictadura cívico militar, se desarrolla en Salta desde mayo de 2012 y que se encuentra en la etapa de alegatos.
Con esta marcha atrás en la resolución previa del tribunal que postergaba los alegatos finales para febrero de 2012, se estima que el proceso oral y público podría concluir hacia fines de diciembre próximo.
Toranzos, que contará con ocho horas para formular su exposición, adelantó que presentará un doble alegato, teniendo en cuenta la cantidad de casos y de imputados comprendidos en la causa. Esta doble presentación tendrá "una parte escrita, que cuenta con aproximadamente 600 fojas" y una oral, "que tratará de resumir en ocho horas, que es el tiempo que dispuso el tribunal para alegar, todos los hechos que se juzgan en este proceso", explicó. "El alegato de la acusación es el que va a cerrar todos los hechos, porque las querellas solo alegaron por una decena de casos y quedan 24 hechos más que resolver", señaló Toranzos.
En este proceso se analizan 18 causas con 20 imputados -de los cuales dos murieron, uno en agosto y otro en diciembre del año pasado- en perjuicio de 34 víctimas que sufrieron los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Los alegatos comenzaron el lunes 4 de noviembre, tras el paso de más de 270 testigos durante el desarrollo del juicio con 16 acusados, entre ellos un ex jefe del Ejército, Héctor Ríos Ereñú. También están acusados Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray, Carlos Mulhall, Jacinto Vivas, Felipe Caucotta, Miguel Gentil, Julio Correa, Raúl Toledano, Mario Pachao, Virtom Mendiaz, Juan Manuel Ovalle, Ricardo de la Vega, Fernando Chain, Marcelo Gatto y Joaquín Cornejo Aleman.
El tribunal está integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Snopek y Juárez Almaraz, con Gabriel Casas como cuarto juez. La causa principal fue caratulada "Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía, como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda".
A esta causa se le acumulan otras 17, por hechos cometidos en esta provincia entre 1975 y 1978, con un total de 34 víctimas. Se investigan, entre otros hechos, la privación ilegal de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Brizzi, Carlos Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, algunos de ellos docentes de la Universidad Nacional de Salta.
Fuente:Telam
La jueza, que adujo problemas de salud el martes pasado, sosrpresivamente se sintió bien y avisó que se reincorporará, después de que organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas anunciaran que estudiaban promover su remoción.
El martes, tras la decisión del tribunal, Toranzos calificó de "inesperada" la resolución y dijo a Télam que "esperaba que se hiciera aplicación del nombramiento del cuarto juez" para resolver la falta de un miembro y no dilatar tanto el proceso. Se trata del juicio oral y público, que por 18 causas de lesa humanidad, con 34 víctimas de la época de la última dictadura cívico militar, se desarrolla en Salta desde mayo de 2012 y que se encuentra en la etapa de alegatos.
Con esta marcha atrás en la resolución previa del tribunal que postergaba los alegatos finales para febrero de 2012, se estima que el proceso oral y público podría concluir hacia fines de diciembre próximo.
Toranzos, que contará con ocho horas para formular su exposición, adelantó que presentará un doble alegato, teniendo en cuenta la cantidad de casos y de imputados comprendidos en la causa. Esta doble presentación tendrá "una parte escrita, que cuenta con aproximadamente 600 fojas" y una oral, "que tratará de resumir en ocho horas, que es el tiempo que dispuso el tribunal para alegar, todos los hechos que se juzgan en este proceso", explicó. "El alegato de la acusación es el que va a cerrar todos los hechos, porque las querellas solo alegaron por una decena de casos y quedan 24 hechos más que resolver", señaló Toranzos.
En este proceso se analizan 18 causas con 20 imputados -de los cuales dos murieron, uno en agosto y otro en diciembre del año pasado- en perjuicio de 34 víctimas que sufrieron los delitos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y homicidio. Los alegatos comenzaron el lunes 4 de noviembre, tras el paso de más de 270 testigos durante el desarrollo del juicio con 16 acusados, entre ellos un ex jefe del Ejército, Héctor Ríos Ereñú. También están acusados Joaquín Guil, Juan Carlos Alzugaray, Carlos Mulhall, Jacinto Vivas, Felipe Caucotta, Miguel Gentil, Julio Correa, Raúl Toledano, Mario Pachao, Virtom Mendiaz, Juan Manuel Ovalle, Ricardo de la Vega, Fernando Chain, Marcelo Gatto y Joaquín Cornejo Aleman.
El tribunal está integrado por los jueces Carlos Jiménez Montilla, Snopek y Juárez Almaraz, con Gabriel Casas como cuarto juez. La causa principal fue caratulada "Guil, Joaquín y Alzugaray, Juan Carlos, sobre privación ilegítima de la libertad como funcionarios públicos y aplicación de tormentos, en concurso real con el homicidio calificado por alevosía, como autor mediato y como partícipe primario, en perjuicio de Eduardo Fronda".
A esta causa se le acumulan otras 17, por hechos cometidos en esta provincia entre 1975 y 1978, con un total de 34 víctimas. Se investigan, entre otros hechos, la privación ilegal de la libertad y homicidios de Silvia Benjamina Aramayo, Martín Miguel Cobos, Víctor Brizzi, Carlos Figueroa Rojas, Héctor Domingo Gamboa y Gemma Ana María Fernández Arcieri de Gamboa, algunos de ellos docentes de la Universidad Nacional de Salta.
Fuente:Telam

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