Por Juan Carlos Tizziani
LA JUSTICIA FEDERAL ABRIO UNA CAUSA PARA INVESTIGAR A LOS POLICIAS AMOTINADOS
Ahora, nombres, apellidos y jerarquías
Un fiscal federal de Santa Fe pidió al ministro Lamberto que identifique a los principales sediciosos. Además se trabajará sobre posibles vínculos entre el alzamiento y la ola de violencia y robos que azotó a comercios de la provincia.
Por Juan Carlos Tizziani
Desde Santa Fe
El fiscal federal Walter Rodríguez abrió ayer una causa para investigar a los policías amotinados en la provincia por el supuesto delito de "sedición" y establecer posibles vínculos entre el alzamiento y la ola de violencia y robos que azotó a comercios de Santa Fe. La denuncia fue hecha por el fiscal de Estado Pablo Saccone ante directivas del gobernador Antonio Bonfatti, por lo que ahora el fiscal le pidió al ministro de Seguridad Raúl Lamberto que identifique a los principales sediciosos. "Fueron actos de sedición, que están tipificados en el Código Penal. Se puede conversar, dialogar, pero nunca con un arma en las manos, pinchando cubiertas de los móviles policiales", dijo Bonfatti. Lamberto reveló que durante los cuatro días del alzamiento, los cabecillas "usaron sus armas para que los compañeros no vayan a trabajar o cruzarle el patrullero a los que estaban defendiendo la ciudad".
En la denuncia, el doctor Saccone aportó pruebas y fotografías del copamiento de la plaza de Mayo, frente a la Casa Gris, donde operaron patrulleros y hasta vehículos particulares con las patentes tapadas.
En su primer decreto, el fiscal Rodríguez asumió la dirección de la causa y pidió a la Prefectura Nacional un "relevamiento" de los hechos denunciados por el gobierno. El objetivo es identificar a los policías que "portaban armas" en la manifestación frente a la Casa Gris e individualizar a los "vehículos y bienes del Estado" que utilizaron en el reclamo. Prefectura solicitará también a los canales de TV "imágenes y audios de interés" y realizará "una búsqueda en redes sociales de los sujetos que podrían encontrarse vinculados a la causa".
Otra línea de la investigación será determinar "las consecuencias que trajo aparejado la ausencia de policías en lugares donde habitualmente cumplía funciones de prevención del delito". Y precisar "si existieron saqueos u otros hechos que perturbaron la tranquilidad pública en comercios, establecimientos o lugares particulares ubicados en la ciudad de Santa Fe, que guarden alguna vinculación con las protestas policiales y resulten el emergente de una hipótesis delictiva que involucre conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional", dice el dictamen fiscal al que tuvo acceso Rosario/12.
El ministro Lamberto deberá informar al fiscal, entre otras cosas y "de manera urgente", los "nombres, apellidos y jerarquía dentro de la fuerza, de quienes tenían asignado el patrullero policial dominio MIL 410, entre el 7 el 10 de diciembre", a raíz de las fotos aportadas por la Fiscalía de Estado, en la denuncia. Y el doctor Saccone, informar "los datos que se encuentren en su poder relativos a personas que pudieron haber intervenido en los hechos denunciados y, particularmente, los números de los abonados telefónicos de quienes entablaron negociaciones sobre mejoras en las condiciones laborales de los integrantes de las fuerzas de seguridad provincial, que son de público y notorio conocimiento".
Ayer, Bonfatti comparó el alzamiento policial con los golpes carapintadas en los 80. "Son actos de sedición que están tipificados en el Código Penal. Se puede conversar, dialogar sobre estos temas, pero nunca con un arma en las manos, pinchando cubiertas de los móviles policiales", afirmó. Y después ratificó que la denuncia presentada por Saccone ante el fiscal federal es "por actos de sedición".
Lamberto coincidió: "Son hechos muy graves", dijo por LT10. "Muchos tendrán que pensar lo que hicieron porque una cosa es la protesta y otra es dejar en inseguridad a la población de la provincia. Hay que ver que pasó y lo vamos a ver. Es más, ya he recibido oficios de jueces federales que nos piden los nombres de quienes actuaron en cada unidad regional contraviniendo las disposiciones de la democracia y generando elementos irritantes y de alto grado de inseguridad. Por supuesto, que nosotros vamos a informar", adelantó.
"He recibido oficios de los jueces federales de la provincia que me piden informes de todas las unidades regionales. Pero hay que diferenciar. Ayer, me preguntaron: usted va a sancionar la protesta? Es un reclamo y no puedo sancionar el reclamo. Pero una cosa es la protesta y otra el delito y la falta grave".
-Una cosa es la protesta y otra la instigación al delito o la sublevación -le planteó un colega.
-Sí, usar armas para que los compañeros no vayan a trabajar o cruzarle el patrullero a los que estaban defendiendo la ciudad -respondió el ministro de Seguridad.
El doctor Rodríguez informó también sobre la apertura de la causa en Santa Fe a la comisión de fiscales creada esta semana por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó para "investigar delitos contra el orden constitucional". La comisión está integrada por los fiscales José Ignacio Candioti (Paraná), Federico Martín Carniel (Resistencia), Adolfo Raúl Villate (Rosario) y Rodolfo Fernando Domínguez (San Isidro), quien actúa como coordinador.
DETENCIONES EN SANTA FE
Cuántos y por qué
Desde Santa Fe
El Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos y otras veinte organizaciones políticas y sociales denunciaron ayer "las detenciones indiscriminadas e injustificadas" de jóvenes en barrios de Santa Fe, entre ellos una tallerista de teatro, Leonela Barba, a quien la Gendarmería confundió entre los saqueadores de un supermercado en la zona sur de la ciudad, el lunes a la tarde, pero luego recuperó su libertad. Y exigieron a la justicia que informe "la cantidad de detenidos" por los hechos de esta semana y asegure "las garantías constitucionales de todos los detenidos, sea cual sea su situación procesal".
"Las comisarías de Santa Fe se colmaron de personas que, por racismo y estigmatización, están siendo detenidas, golpeadas y maltratadas", revelaron. "Una vez más somos testigos en nuestros barrios de detenciones indiscriminadas, abusos, vejaciones y criminalizaciones que sufren cientos de jóvenes. Nuevamente la radicalización de la represión a las clases populares es la forma de resolver una crisis social".
La jueza Susana Luna (Instrucción 4) "ha ordenado prorrogar el estado de detención e incomunicación de los detenidos, violando todas las garantías constitucionales y agravando aun más la situación de indefensión de los mismos".
"La desinformación instalada impide conocer la situación real y fortalece un marco justificatorio que habilita a mayores niveles de abuso de autoridad y de represión".
"Es justamente en casos como el de Leonela Barba, detenida e imputada injustamente, que estos mecanismos represivos se hacen visibles. A partir de la denuncia pública de su situación que hicimos las organizaciones sociales se logró su liberación. Sin embargo, denunciamos que continúa detenido un número aún indeterminado de personas".
La denuncia fue avalada por el MEDH, el gremio de docentes universitarios, Corriente Clasista y Combativa, Centro Cultural y Social El Birri, Iglesia Evangelista Metodista Argentina, Movimiento Socialista de los Trabajadores y Partido Comunista Revolucionario.
"Las comisarías de Santa Fe se colmaron de personas que, por racismo y estigmatización, están siendo detenidas, golpeadas y maltratadas", revelaron. "Una vez más somos testigos en nuestros barrios de detenciones indiscriminadas, abusos, vejaciones y criminalizaciones que sufren cientos de jóvenes. Nuevamente la radicalización de la represión a las clases populares es la forma de resolver una crisis social".
La jueza Susana Luna (Instrucción 4) "ha ordenado prorrogar el estado de detención e incomunicación de los detenidos, violando todas las garantías constitucionales y agravando aun más la situación de indefensión de los mismos".
"La desinformación instalada impide conocer la situación real y fortalece un marco justificatorio que habilita a mayores niveles de abuso de autoridad y de represión".
"Es justamente en casos como el de Leonela Barba, detenida e imputada injustamente, que estos mecanismos represivos se hacen visibles. A partir de la denuncia pública de su situación que hicimos las organizaciones sociales se logró su liberación. Sin embargo, denunciamos que continúa detenido un número aún indeterminado de personas".
La denuncia fue avalada por el MEDH, el gremio de docentes universitarios, Corriente Clasista y Combativa, Centro Cultural y Social El Birri, Iglesia Evangelista Metodista Argentina, Movimiento Socialista de los Trabajadores y Partido Comunista Revolucionario.
HABEAS CORPUS DE MARTINEZ
Recurso rechazado
La Justicia rechazó el recurso de hábeas corpus presentado por el dirigente de Apropol, Alberto Martínez, en la causa que investiga los mensajes de texto intimidantes que recibió el gobernador Antonio Bonfatti, los primeros días del conflicto policial. La resolución del juez Javier Beltramone, en subrogancia del juzgado de Instrucción 14, por la "probable comisión del delito de amenazas, a través de un celular", tiene que ver con la presentación que hizo el abogado de Martínez y su esposa, Catalino Portillo, tras el allanamiento en su vivienda, donde se secuestró un aparato telefónico. Para los investigadores llamó la atención la presentación del recurso cuando los implicados no están detenidos. De hecho, la Justicia espera su presencia recién para hoy, a una declaración informativa, debido a que la pareja estaba de viaje en el sur cuando se ordenó el allanamiento y secuestró del aparato.
"No se ha acreditado restricción ilegal alguna o amenazas ilegales respecto de la libertad individual de los mencionados que sean finalmente violatorias de las normas constitucionales pertinentes y no habiendo razón plausible para litigar: con costas", reza una parte de la resolución desestimatoria.
La Justicia dio con el aparato telefónico del que provendrían los mensajes, tras una serie de allanamientos realizados el fin de semana. El mismo, correspondería a la esposa del titular del sindicato no reconocido de los policías, quien también fue solicitada a declarar.
Apenas los mensajes intimidantes llegaron al celular del mandatario, se decidió hacer la denuncia en la Fiscalía de Causas con Imputados no Individualizados (NN) a cargo de Marcelo Vienna, quien concurrió al despacho de Bonfatti y se llevó pruebas de la intimidación.
El lunes pasado, el abogado Portillo presentó el recurso. "La acción de hábeas corpus interpuesta en favor de sus asistidos fundamenta su petición estimando que (sus clientes) se encuentran en el sur, desconociendo el motivo de la medida de allanamiento. Estiman que no pueden llevar una vida normal alterando completamente el habitual ritmo de vida", según planteó el letrado.
Font apuntó al socialismo y Mollaghan
El criminólogo dijo que la demanda policial es consecuencia de no haber encarado una reforma de la fuerza y afirmó: “No puede ser que los que lideraron esta situación tengan la impunidad garantizada por el obispo”
El ex secretario de Seguridad Comunitaria durante la gestión de Hermes Binner, Enrique Font, consideró que “lo primero que salta a la vista son los efectos de no haber encarado una tarea de reforma y democratización de la fuerza policial. Este fenómeno que vimos en estos días es el resultado de que la institución está atravesada por una serie de conflictos muy significativos. El principal de ellos es el que genera el hecho de que la institución en su conjunto participe como un actor que regula el delito, que se involucra en el mismo y que lo aprovecha más que ser un actor clave para abordarlo en términos de prevención y control”.
En el mismo sentido, Font remarcó: “La combinación con esa peligrosísima situación es un gobierno que ha ido cediendo cada vez más terreno y de manera cada vez más frecuente se va encontrando con problemas, desde tener a un ex jefe de policía detenido y con dos procesamientos hasta la reiteración, porque el año pasado pasó algo parecido en Rosario, con una protesta que más allá de la legitimidad de los reclamos está totalmente atravesada por lo que el delito produce hacia afuera y hacia adentro de la institución policial”.
“Si la cosa no fue más grave es que por suerte hubo una reacción bastante rápida del gobierno nacional. La presencia de Gendarmería desinfló la parte más extorsiva de la demanda policial porque garantizó que la cosa no se desmadrara. Sabemos qué es lo que pasa cuando se desmadra el tema de los saqueos: eso hubiese sido un baño de sangre”, remarcó el criminólogo.
Por último, el ex funcionario señaló: “No puede ser que los policías que lideraron esa situación se vayan a su casa con la impunidad garantizada por el obispo de Rosario José Luis Mollaghan. Es un escándalo lo que estamos viviendo. Es un gobierno que cede, cede, cede, da autonomía y encima garantiza impunidad para hechos de una gravedad muy significativa. Cuando digo impunidad no digo la gente que hizo un reclamo, estoy hablando de los que tuvieron conductas claramente delictivas. Son un grupo fácilmente identificable”, concluyó.
Fuente:PoliticaPlus
12.12.2013
DECLARACIONES
Para Lamberto, el conflicto fue un retroceso en la imagen de la policía
El Ministro de Seguridad de Santa Fe opinó que todo lo que se había avanzado en la credibilidad de la fuerza deberá reconstruirse. "Habrá que empezar de nuevo", lamentó. Recomendó a la población "no entrar en pánico ni en ola de rumores" para retomar la normalidad.
Lamberto con policías
“Habíamos avanzado bastante pero esto ha sido un retroceso importante y habrá que empezar de nuevo. A los que más perjudica es a los integrantes de las fuerzas policiales”, lamentó el ministro en diálogo con La primera de la tarde, programa que conduce Sergio Roulier por Radio 2.
De todas maneras, el funcionario indicó que los uniformados quedan subordinados al poder político y dijo estar convencido “que el 90 por ciento no quería plegarse” al cese de funciones, aunque estuviera de acuerdo con un aumento salarial.
Por otra parte, Lamberto confirmó que este miércoles fueron detenidas ocho personas en Rosario por intentar alterar el orden público. En algunos casos, fueron sujetos con antecedentes similares. Uno de los arrestados fue hallado frente a la sede del Ministerio de Desarrollo Social de la provincia, intentando quemar un contenedor de basura. “Eso no es necesidad, es delito”, dijo el ministro.
“Es necesario que las ciudades estén funcionando normalmente”, respondió ante la consulta sobre si los comercios tenían garantías para abrir sus puertas de cara a las fiestas. Y agregó: “Si se genera pánico respondemos a las bandas, que quieren que la gente se sienta intranquila”. Por eso, el ministro de Seguridad pidió “no entrar en la ola de rumores, porque eso favorece a los que quieren delinquir”.
Lamberto confirmó que las fuerzas federales –(Gendarmería, Prefectura y Policía Federal) que habían llegado en medio del conflicto con los efectivos provinciales– se retirarán del territorio santafesino.
“Lo del sábado fue un refuerzo especial. Hoy nos comunicaron que la provincia está normalizada y que las fuerzas debían ser destinadas a otros lugares con conflictos”, dijo el ministro.
Aclaró que “lo que se retira es este apoyo especial” pero expresó que en diciembre se quedarán en Rosario los gendarmes que fueron gestionados en las reuniones con los funcionarios del Ministerio de Seguridad de la Nación en los meses anteriores.
12.12.2013
La Justicia Federal abrió una causa para investigar a los policías amotinados
El Fiscal Federal de Santa Fe, Walter Rodríguez, abrió ayer una causa para investigar a los policías amotinados en la provincia por el supuesto delito de "sedición". El Ministerio de Seguridad deberá identificar a los principales sediciosos y enviar sus nombres a la Justicia. Además se trabajará sobre posibles vínculos entre el alzamiento y la ola de violencia y robos que azotó a comercios de la provincia.
Casa de Gobierno - Protesta de policías
En la denuncia, el doctor Saccone aportó pruebas y fotografías del copamiento de la plaza de Mayo, frente a la Casa Gris, donde operaron patrulleros y hasta vehículos particulares con las patentes tapadas.
En su primer decreto, el fiscal Rodríguez asumió la dirección de la causa y pidió a la Prefectura Nacional un "relevamiento" de los hechos denunciados por el gobierno. El objetivo es identificar a los policías que "portaban armas" en la manifestación frente a la Casa Gris e individualizar a los "vehículos y bienes del Estado" que utilizaron en el reclamo. Prefectura solicitará también a los canales de TV "imágenes y audios de interés" y realizará "una búsqueda en redes sociales de los sujetos que podrían encontrarse vinculados a la causa".
Otra línea de la investigación será determinar "las consecuencias que trajo aparejado la ausencia de policías en lugares donde habitualmente cumplía funciones de prevención del delito". Y precisar "si existieron saqueos u otros hechos que perturbaron la tranquilidad pública en comercios, establecimientos o lugares particulares ubicados en la ciudad de Santa Fe, que guarden alguna vinculación con las protestas policiales y resulten el emergente de una hipótesis delictiva que involucre conductas propias de atentados contra el orden público, los poderes públicos y el orden constitucional", dice el dictamen fiscal al que tuvo acceso Rosario/12.
El ministro Lamberto deberá informar al fiscal, entre otras cosas y "de manera urgente", los "nombres, apellidos y jerarquía dentro de la fuerza, de quienes tenían asignado el patrullero policial dominio MIL 410, entre el 7 el 10 de diciembre", a raíz de las fotos aportadas por la Fiscalía de Estado, en la denuncia. Y el doctor Saccone, informar "los datos que se encuentren en su poder relativos a personas que pudieron haber intervenido en los hechos denunciados y, particularmente, los números de los abonados telefónicos de quienes entablaron negociaciones sobre mejoras en las condiciones laborales de los integrantes de las fuerzas de seguridad provincial, que son de público y notorio conocimiento".
Ayer, Bonfatti comparó el alzamiento policial con los golpes carapintadas en los 80. "Son actos de sedición que están tipificados en el Código Penal. Se puede conversar, dialogar sobre estos temas, pero nunca con un arma en las manos, pinchando cubiertas de los móviles policiales", afirmó. Y después ratificó que la denuncia presentada por Saccone ante el fiscal federal es "por actos de sedición".
Lamberto coincidió: "Son hechos muy graves", dijo por LT10. "Muchos tendrán que pensar lo que hicieron porque una cosa es la protesta y otra es dejar en inseguridad a la población de la provincia. Hay que ver que pasó y lo vamos a ver. Es más, ya he recibido oficios de jueces federales que nos piden los nombres de quienes actuaron en cada unidad regional contraviniendo las disposiciones de la democracia y generando elementos irritantes y de alto grado de inseguridad. Por supuesto, que nosotros vamos a informar", adelantó.
"He recibido oficios de los jueces federales de la provincia que me piden informes de todas las unidades regionales. Pero hay que diferenciar. Ayer, me preguntaron: usted va a sancionar la protesta? Es un reclamo y no puedo sancionar el reclamo. Pero una cosa es la protesta y otra el delito y la falta grave".
-Una cosa es la protesta y otra la instigación al delito o la sublevación -le planteó un colega.
-Sí, usar armas para que los compañeros no vayan a trabajar o cruzarle el patrullero a los que estaban defendiendo la ciudad -respondió el ministro de Seguridad.
El doctor Rodríguez informó también sobre la apertura de la causa en Santa Fe a la comisión de fiscales creada esta semana por la procuradora general de la Nación, Alejandra Gils Carbó para "investigar delitos contra el orden constitucional". La comisión está integrada por los fiscales José Ignacio Candioti (Paraná), Federico Martín Carniel (Resistencia), Adolfo Raúl Villate (Rosario) y Rodolfo Fernando Domínguez (San Isidro), quien actúa como coordinador.
Fuente:AgenciaFe
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